CE - 012333000202300006011SENTENCIA20230414143618

Radicado: 20001-23-33-000-2023-00006-01

Demandante: CATALINA PINEDA ÁLVAREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 20001-23-33-000-2023-00006-01

Demandante: CATALINA PINEDA ÁLVAREZ

Demandado: COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA RAMA

JUDICIAL, SECCIONAL CESAR

Temas: Tutela contra actuación administrativa. Derecho fundamental al debido proceso en procedimiento preliminar de acoso laboral -entrega de copia de la quejaSENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte accionante, quien actúa en nombro propio , contra la sentencia de 27 de enero de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, en la que negó las pretensiones de la acción de tutela por no evidenciarse una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la información.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

en la que negó las pretensiones de la acción de tutela por no evidenciarse una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la información.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que como titular del Juzgado Pr omiscúo Municipal de San Martín, Cesar, realizó controles propios de las funciones de los empleados judiciales tal como lo ordena la norma tividad y que, en razón a ello, la señora María Patricia Colón Arias, secretaria del juzgado , consideró que est o constituía actos de “acoso laboral” , po r lo que presentó queja en su contra ante la Rama Judicial.

Afirmó que el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial, Seccional Cesar, la citó a audiencia para el 15 de diciembre de 2022, y que en dicho escrito se men ciona que hay unos hechos narra dos por la señora María Patricia Colón Arias relativos a presuntos actos de acoso laboral, los cuales desconoce.

Indicó que el 14 de diciembre de 2022, a través de apoderado , radicó solicitud de aplazamiento de la audiencia y, a su vez , pidió al citado Comité que le remitiera copia del escrito presentado por la señora María Patricia Colón Arias por cuanto no conoce los hechos por los cuales se le acusaba . Lo anterior, con el fin de ejercer su defensa té cnica, a lo que agregó que se encontr aba en periodo de vacaciones y descanso en un lugar donde se le dificultaba realizar conexiones virtuales.

Sostuvo que el Comité de Convivencia Laboral en respuesta a la solicitud,

ejercer su defensa té cnica, a lo que agregó que se encontr aba en periodo de vacaciones y descanso en un lugar donde se le dificultaba realizar conexiones virtuales.

Sostuvo que el Comité de Convivencia Laboral en respuesta a la solicitud, manifestó lo siguiente:Radicado: 20001-23-33-000-2023-00006-01

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2 “Estimada Doctora, en el día de hoy el Comité de Convivencia Laboral recibió memorial mediante el cual otorga poder al doctor ANDRES FELIPE MAESTRE.

Me permito informar que el Comité de Convivencia Laboral tiene funciones meramente conciliatorias, no somos competente s para investigar ni sa ncionar, solo realizamos el procedimiento consignado en la norma para intentar restablecer la armonía en los Despachos cuando somos llamados a ellos, si el asunto no se soluciona en esta instancia damos traslado a las dependencias co mpetentes; por lo tanto no podemos reconocer personería jurídica al togado, ni se hace necesario que la represente, pues esto no es un proceso disciplinario, solo es una entrevista donde dialogaremos al respecto de la queja.

Por lo tanto, ninguno ajeno al Comité y a los citados pueden concurrir a la audiencia, ya que esta es confidencial.

En cuanto a solicitud de aplazamiento de entrevista virtual, esta queda aplazada y será fijada para el día 13 de enero de 2023 a las 10:00 a.m.”.

que esta es confidencial.

En cuanto a solicitud de aplazamiento de entrevista virtual, esta queda aplazada y será fijada para el día 13 de enero de 2023 a las 10:00 a.m.”.

Por último, señaló que no se dio respuesta a la solicitud d e copia de la comunicación o queja presentada por la señora María Patricia Colón Arias , configurándose así una vulneración a los derechos de información y debido proceso, toda vez que se le está citando a una diligencia para que rinda versión dentro de un trámite del cual no tiene acceso a su contenido.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales al debido proceso y de información, supuestamente vulnerados por el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial , Seccional Cesar, porque no brindó respuesta a la petición en la que solicitó copia de la queja por acoso laboral que se interpuso en su contra.

Relató que l a jurisprudencia co nstitucional ha definido el derec ho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su t rámite se respet en sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.

Agregó que conforman las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante las autoridades superiores y al cumplimiento de lo decidido en

jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante las autoridades superiores y al cumplimiento de lo decidido en el fallo, (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer ju risdicción en det erminado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley y (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empl eo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable.

Sostuvo que de ese derecho fundamental se desprenden el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa , los derechos a la asistencia de u n abogado c uando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. Igualmente, el derecho a un proceso público desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el p roceso o la actua ción no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables, el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución Política la tarea de admini strar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y el derecho a la independencia eRadicado: 20001-23-33-000-2023-00006-01

Demandante: CATALINA PINEDA ÁLVAREZ

de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y el derecho a la independencia eRadicado: 20001-23-33-000-2023-00006-01

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3 imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos conforme a los imperativos del orden jurídico, si n designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

De otra parte, indicó que para garantizar el derecho fundamental de petición y de acceso a la información resulta necesario tener claridad acerca del conteni do y alcance del acceso a la información , con el fin de establecer si estuvo o no garantizado por la entidad accionada.

Señaló que el artículo 15 de la Constitución Política prescribe que todas las personas tienen derecho a conocer las informaciones que s e hayan recogido en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. Asimismo, el artículo 20 consagró la garantía de toda persona a la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial. Igualmente, el artículo 74 dispuso que todas l as personas tienen derecho a acceder a l os documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley.

Agregó que la Corte Constitucional en sentencia T -578 de 1993 1, distinguió tres manifestaciones del derecho fundamental a la información así: i) un debe r del Estado y los particulares de emitir una respuesta frente a la solicitud de información requerida; ii) un derecho de toda persona a recibir información y iii) un

manifestaciones del derecho fundamental a la información así: i) un debe r del Estado y los particulares de emitir una respuesta frente a la solicitud de información requerida; ii) un derecho de toda persona a recibir información y iii) un derecho de los profesionales de construir la información con libertad y responsabilidad social.

Finalmente, mani festó que la Corte Constitucional enfatizó que la libertad de información es un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y, a su vez, involucra obligaciones y responsabilidades, por cuanto es un derechodeber, esto es, un derecho no a bsoluto que supone una carga que condiciona su realización.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERO: Se tutelen los derechos fundamentales a la información y debido proceso, los cuales están siendo vulnerados por e l COMITÉ DE CONVI VENCIA LABORAL - RAMA JUDICIAL

SECCIONAL CESAR.

SEGUNDO: Se ordene al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - RAMA JUDICIAL SECCIONAL CESAR, se sirva suspender la audiencia programada para el día 13 de enero de 2023 a las 10 :00 am, hasta tanto no s e tenga copia del proceso que se adelanta en mi contra por presunto acoso laboral”.

4. Pruebas relevantes

La demandante aportó copia de los siguientes documentos:

• Citación a audiencia convocad para el 15 de diciembre de 2022. • Solicitud de aplazamiento de la audiencia. • Respuesta del Comité de Convivencia Laboral de 13 de diciembre de 2022.

5. Trámite procesal

• Citación a audiencia convocad para el 15 de diciembre de 2022. • Solicitud de aplazamiento de la audiencia. • Respuesta del Comité de Convivencia Laboral de 13 de diciembre de 2022.

5. Trámite procesal

Por auto de 18 de enero de 2023, el T ribunal Administrativo del Cesar admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la demandante y a la parte accionada. Asimismo, negó la medida provisional solicitada.

1 M.P.: Alejandro Martínez Caballero.Radicado: 20001-23-33-000-2023-00006-01

Demandante: CATALINA PINEDA ÁLVAREZ

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6. Oposición

6.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar

En escrito de 19 de enero de 202 3, el director pidió que se des vinculara a la entidad p or carecer de leg itimación en la causa por pasiva, pues el Comité de Convivencia Laboral cuenta con una cuota de representación de los empleados de esta dirección designados como miembros principales y suplentes, en cumplimiento de las funciones descritas en el artículo 6 de la Resolución No. 652 de 30 de abril de 2012 del Ministerio del Trabajo, con la independencia y autonomía propia de sus funciones y competencias, además del margen de reserva necesario para los asuntos que se ventilan.

6.2. Respuesta d el Comité de Conv ivencia Laboral de la Rama Judicial,

autonomía propia de sus funciones y competencias, además del margen de reserva necesario para los asuntos que se ventilan.

6.2. Respuesta d el Comité de Conv ivencia Laboral de la Rama Judicial, Seccional Cesar

En escrito de 20 de enero de 2023, la vicepresidenta solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y , a su vez , que se desvincule a la entida d del trámite constitucional.

Afirmó que el 14 de diciembre de 2022, la accionante radicó mediante apoderado una solicitud de reconocimiento de personería para representarla. Así mismo, que fuera expedida copia de la comunicación allegada por la señora Ma ría Patricia Colón Arias como quejosa, para poder realizar una defensa técnica.

Agregó que quien afirmó ser su apoderado pidió que se fijara una nueva fecha para realizar la entrevista virtual que se le practicaría, teniendo en cuenta el periodo de descanso en el que se encontraba la accionante, para lo cual aportó la Resolución No. 129 de 21 de noviembre de 2022 , por medio de la cual le fueron concedidas sus vacaciones.

Sostuvo que el 14 de diciembre de 2022, el Comité de Convivencia Laboral envió respuesta a l a solicitud de la accionante a la dirección de correo electrónico comiteconlvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Aclaró que este comité tiene como único objeto la atención y prevención de las conductas de acoso laboral, promoviendo las relaciones laborales, la salud mental y el respeto a la d ignidad de los empleados de todos los niveles jerárquicos de la Corporación, arbitrando la resolución de conflictos, y desarrollando actividades de

conductas de acoso laboral, promoviendo las relaciones laborales, la salud mental y el respeto a la d ignidad de los empleados de todos los niveles jerárquicos de la Corporación, arbitrando la resolución de conflictos, y desarrollando actividades de sensibilización, capacitación y vigilancia periódica.

Indicó que e l comité únicamente es co mpetente para adelantar trámites conciliatorios, no judiciales, a lo que agregó que dentro del procedimiento institucionalmente establecido en casos de presunto acoso laboral, se le da un espacio para el di álogo a las partes con el fin de que de manera libre y expresa realicen las declaraciones a que haya lugar, y planteen de manera igualitaria sus argumentos, por lo que no se evidencia violación al derecho a la defensa de la accionante, dentro del trámite conciliatorio en el que po drá exponer su versión de lo ocurrido.

Señaló que en el reglamento interno del Comité se establece que se debe escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja, lo que lleva a concluir que se trata de in formación confidencial.Radicado: 20001-23-33-000-2023-00006-01

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5 Agregó que uno de los deberes de los integrantes del Comité es guardar estricta confidencialidad y reserva de la información que conozcan en el ejercicio de sus funciones.

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5 Agregó que uno de los deberes de los integrantes del Comité es guardar estricta confidencialidad y reserva de la información que conozcan en el ejercicio de sus funciones.

Afirmó que el 16 de enero de 2023, la accionante remitió u n correo electrónico en el que informó a l Comité de Convivencia Laboral que sigue con quebrantos de salud, con el fin de que sea tenido en cuenta al momento de fijar la nueva fecha para escucharla en entrevista.

Para terminar, manifestó que resulta improcedente acceder a la solic itud de copia del escrito de queja presentando por la señora María Patricia Col ón Arias, porque ello iría en contra de la reglamentación prevista por la Corte Suprema de Justicia , así como del procedimiento institucional.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo del Cesar por sentencia de 27 de enero de 2023, negó las pretensiones de la acción de tutela, bajo el argumento de que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la información.

Afirmó que la entidad accion ada explicó e informó a la accionante que no podía acceder a la solicitud de copia de la queja presentada por la señora María Patricia Colón Arias, al considerar que se trata de información que guarda estricta confidencialidad y reserva.

Sostuvo que la en tidad accionada sustentó la negativa en el reglamento del Comité de Convivencia Laboral expedido por la Corte Suprema de Justicia, el cual en el numeral 3 del artículo 4 establece que las partes involucradas en el

Sostuvo que la en tidad accionada sustentó la negativa en el reglamento del Comité de Convivencia Laboral expedido por la Corte Suprema de Justicia, el cual en el numeral 3 del artículo 4 establece que las partes involucradas en el procedimiento institucionalmente establecido en casos de presunto acoso laboral deben ser escuchadas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Así mismo, en el artículo 5 numeral 3 señala que uno de los deberes de los integrantes del com ité es guardar estri cta confidencial idad y reserva de la información que conozcan en ejercicio de sus funciones.

Agregó que según lo advertido por el Comité de Convivencia Laboral se entiende que su objeto es la atención y prevención de las conduct as de a coso laboral, promoviendo las relaciones laborales, la salud mental y el respeto a la dignidad de los empleados de todos los niveles jerárquicos de la Corporación, para lo cual le corresponde arbitrar la resolución de conflictos y desarrolla r actividades d e sensibilización, capacitación y vi gilancia periódica, por lo que su competencia es adelantar trámites conciliatorios en los que se brind e a las partes un espacio para que de forma libre y expresa realicen las declaraciones a que haya lugar y planteen de manera igualitaria sus argumentos, no judiciales o disciplinarios como aparentemente lo entiende la accionante.

Indicó que l as explicaciones dadas por el Comité se enmarcan en las previsiones de la Ley 1010 de 2006 y las diversas resoluciones que p ara reg lamentarla ha expedido el Ministerio del Trabajo, por lo que considera que la actuación de esa instancia no vulnera derecho alguno de la accionante, en la medida que la

de la Ley 1010 de 2006 y las diversas resoluciones que p ara reg lamentarla ha expedido el Ministerio del Trabajo, por lo que considera que la actuación de esa instancia no vulnera derecho alguno de la accionante, en la medida que la reglamentación citada no impone dar traslado de la queja escrita presentada por la empleada, como paso previo a ser escuchada en la sesión del comité.

Por último, manifestó que el no haber rec ibido la información solicitada no vulnera el derecho al debido proceso, pues la actora puede ejercer su derecho a la defensa dentro del trámite conciliatorio donde podrá exponer su vers ión de loRadicado: 20001-23-33-000-2023-00006-01

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6 ocurrido, tal como está propendiendo el Comité accionado con la citación para la entrevista virtual, la cual no se ha podido llevar a cabo por las solicitudes de aplazamiento presentadas por la accionante.

8. Escrito de impugnación

Dentro del t érmino previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicit ó que se revocara el fallo que negó sus pretensiones y, en su lugar, que se accediera al amparo constitucional solicitado, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Agregó que “que continúa la afectación de mis derechos fundamentales al debido

constitucional solicitado, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Agregó que “que continúa la afectación de mis derechos fundamentales al debido proceso y derecho de petición y acceso a la información, toda vez que, a la fecha, no se me ha remitido copia del proceso que se adelanta en mi contra por presunto acoso laboral, proceso que cursa en el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial Seccional Cesar”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto e n los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. De los escritos de tutela e impugnación, la accionante invoca la supuesta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la información, en razón a que no se le remitió copia de la queja por lo que considera necesario contar con elementos de juicio para adelantar su defensa ante el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial, Seccional Cesar . Por consiguiente, la Sala entiende , como lo hizo el a quo, que el análisis del c aso se delimitará a verificar si a la demandante le vulneraron el derecho fundamental al debido proceso.

2.2. A partir de lo anterior, le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 27 de enero de 202 3,

proceso.

2.2. A partir de lo anterior, le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 27 de enero de 202 3, dictada por el Tribunal Administ rativo del Cesa r que negó las pretensiones de la acción de tutela , en tanto el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial, Seccional Cesar, vulneró el derecho fundamental al debido proceso al no ponerle en conocimiento el contenido de la queja por acoso laboral solicitada en escrito de 14 de diciembre de 2022.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela par a reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la om isión de cualquier auto ridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de ampar o, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de de fensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.Radicado: 20001-23-33-000-2023-00006-01

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7 Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo m omento y lugar,

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7 Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo m omento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protecci ón inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando q uiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las casos que señale este Decret o. Todos los días y hor as son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, l a acció n de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos resulten v ulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La accionante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la información , al considerar que se vul neraron por el Comité de C onvivencia Laboral de la Rama Judicial, Seccional Cesa r, al no entregar copia de la q ueja por acoso laboral solicitada en escrito de 14 de diciembre de 2022, para poder ejercer su defensa en el marco del procedimiento que se viene adelantando.

El Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia de 27 de enero de 2023, negó las pretensiones de la solic itud, bajo el a rgumento de que el reglamento del

el marco del procedimiento que se viene adelantando.

El Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia de 27 de enero de 2023, negó las pretensiones de la solic itud, bajo el a rgumento de que el reglamento del Comité de Convivencia Laboral exp edido por la Corte Suprema de Justicia, establece en el numeral 3 del artículo 4 que las par tes involucradas en el procedimiento institucionalmente establecido en casos de presunto acoso laboral deben ser escuchadas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Así mismo, en el artículo 5 numeral 3 señala que un o de los deberes de los integrantes del comité es guardar estricta confidencialidad y reserva de la información que conozcan en ejercicio de sus funciones.

Adicionalmente, señaló que la solicitud de copia era improcedente, toda vez que el objeto del comité accionado es el de crear escenarios de conciliación para que las partes lleguen a un acuerdo sobre la c onvivencia laboral, lo cual se encuentra sujeto a unos criterios de confidencialidad.

La demandante impugnó la anterior decisión , en el sentido de rei terar los argumentos del escrito de tutela, haciendo énfasis en que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, porque no se entregó copia de la queja por acoso laboral presentada en su contra para ejercer su derecho de defensa.

4.2. En el asunto bajo examen, la parte actora , por conducto de apoderado, presentó solicitud el 14 de diciembre de 2022 ante el Comit é de Convivencia Laboral de la Rama Judicial, Seccional Cesar, en la que pidió lo siguiente:

presentó solicitud el 14 de diciembre de 2022 ante el Comit é de Convivencia Laboral de la Rama Judicial, Seccional Cesar, en la que pidió lo siguiente:

“ANDRÉS FELIPE MAESTRE LABRADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.065.578.810 expedida en Valledupar, abogado en ejercicio con tarjeta profesional No . 200.061 del C.S.J., actuando en calidad de apoder ado de la Doc tora CATALINA PINEDA ÁLVAREZ, dentro del presente trámite, me permito con todo el respeto solicitarle aplazar la audiencia que se llevará a cabo el día 15 de diciembre de 2022, en de conformidad con lo siguiente:

1. Mi poderdante, la Dra. CAT ALINA PINEDA ÁLVAREZ está disfrutando su periodo de vacaciones y descanso, por lo que en el lugar dond e se encuentra se le dificulta realizar conexiones virtuales.

2. En el escrito donde se cita a la Dra. CATALINA PINEDA ÁLVA REZ se manifiesta que la audiencia es para escuchar la versión frente a hechos narrados por el presunto acoso laboralRadicado: 20001-23-33-000-2023-00006-01

Demandante: CATALINA PINEDA ÁLVAREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 realizado por la Doctora MARÍA PATRICIA COLON ARIAS, sin embargo a mi poderdante no se le ha enviado copia de dicha c omunicación para conocer los hechos por los que se le acusa de

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8 realizado por la Doctora MARÍA PATRICIA COLON ARIAS, sin embargo a mi poderdante no se le ha enviado copia de dicha c omunicación para conocer los hechos por los que se le acusa de un posible acoso laboral, restringiendo así la posibilidad de una defensa té cnica necesari a en este tipo de casos.

En ese sentido, ruego a ustedes, reconocer personería al suscrito, remitir co pia de la comunicación allegada por la señora MARÍA PATRICIA COL ON ARIAS y fijar nueva fecha para la entrevista virtual teniendo en cuenta el periodo de descanso en el que se encuentra mi poderdante” (subrayas y negrillas por fuera del texto original).

El mismo día , el Comité accionado emitió respuesta a las solicitu des de la demandante, en la que se indicó:

“Estimada Doctora, en el día de hoy el Comité de Convivencia Laboral recibió memorial mediante el cual otorga poder al doctor ANDRES FELIPE MAESTRE.

Me pe rmito informar que el Comité d e Convivencia Laboral tien e funciones meramente conciliatorias, no somos competentes para investigar ni sancionar, solo realizamos el procedimiento consignado en la norma para intentar restablecer la armon ía en los Despachos cuando somos llamados a ellos, si el asunto no se solucio na en esta instancia damos traslado a las dependencias competentes; por lo tanto no podemos reconocer personería jurídica al togado, ni se hace necesario que la represente, pues e sto no es un proceso disciplinario, solo es una entrevista donde dialogaremos al respecto de la queja.

las dependencias competentes; por lo tanto no podemos reconocer personería jurídica al togado, ni se hace necesario que la represente, pues e sto no es un proceso disciplinario, solo es una entrevista donde dialogaremos al respecto de la queja.

Por lo tanto, ninguno ajeno al Comité y a los ci tados pueden concurrir a la audiencia, ya que esta es confidencial.

En cuanto a solicitud de aplazamien to de entrevista virt ual, esta queda aplazada y ser á fijada para el día 13 de enero de 2023 a las 10:00 a.m.”.

Esa comunicación se notificó mediante co rreo electróni co remitido el 14 de diciembre de 2022, a las direcciones burodeasesoriaydefensajuridica@gmail.com y catalinapineda2@hotmail.com, tal como se evidencia en la constancia de envío aportada como prueba al expediente de tutela:

De conformidad con lo expuesto y a partir de las raz ones expuestas en la respuesta de 1 4 de diciembre de 20 22, la Sala evidencia , en primer lugar , que el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial, Seccional Cesar , señaló que en virtud de sus funciones no p odía adelantar ninguna investigación o proceso disciplinario porque es u na instancia creada para ge nerar un escenario de conciliación entre las partes y que, si en dado caso el asunto no se soluciona allí, se da traslado a las dependencias competentes.

De igual modo , le indicó que no tiene facultades para reco nocer personería a su abogado y que, además, lo tramitado ante el Comité de Convivencia Lab oral