CE - 012333000202300018011AUTOQUERESUEL20231120115736

Radicación: 88001-23-33-000-2023-00018-01

Accionantes: Edgar Javier Jay Stephens y otros Accionados: Armada Nacional de Colombia y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 88001-23-33-000-2023-00018-01

Accionantes: EDGAR JAVIER JAY STEPHENS Y OTROS

Accionados: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA Y OTROS

Temas: Declara nulidad – transgresión del artículo 29 de la Constitución en el trámite del proceso judicial

AUTO QUE DECLARA NULIDAD

OBJETO DE LA DECISIÓN

Sería del caso decidir la impugnación interpuesta por los demandantes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 25 de septiembre de 2023, que declaró improcedente la acción de cumplimiento; de no ser porque el Despacho observa que en el proceso se configuró una nulidad insaneable consistente en un defecto procedimental que transgrede el derecho al debido proceso de los demandantes.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. Los señores Edgar Javier Jay Stephens, Santiago Taylor, Ling Jay

configuró una nulidad insaneable consistente en un defecto procedimental que transgrede el derecho al debido proceso de los demandantes.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. Los señores Edgar Javier Jay Stephens, Santiago Taylor, Ling Jay Robinson, Harvey Robinson, Israel Livingston, Paola Margarita Jaimes Garcés, Ralph Newball, Edgardo Martínez y Soledad García Oñoro , en nombre propio , presentaron demanda contra la Dirección General Marítima, la Armada Nacional, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Oficina de Control de Circulación y Residencia con el fin de que se protegieran varios derechos colectivos que consideraron transgredidos por distintas acciones y omisiones relacionadas con la pesca en ese departamento.

2. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

1. Que se ordene a la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, proteger nuestro derecho a la conservación de las prácticas culturales asociadas a la actividad de la pescaRadicación: 88001-23-33-000-2023-00018-01

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artesanal ancestral, hoy amenazada por la probada sobreexplotación pesquera, nuestra soberanía alimentaria, y el equilibrio ambiental de nuestras áreas marinas protegidas.

2. Que se ordene suspender la pesca ejercida por personas foráneas que no

nuestra soberanía alimentaria, y el equilibrio ambiental de nuestras áreas marinas protegidas.

2. Que se ordene suspender la pesca ejercida por personas foráneas que no cumplen con el requisito de residencia permanente, que establecían las resoluciones derogadas a través de la Resolución 2565 de 2023 de la

Gobernación del Departamento Archipiélago.

3. Que se ordene a la OCCRE, la suspensión inmediata del otorgamiento de permisos temporales para ejercer la pesca artesanal en las áreas marinas del

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

4. Que deje de considerarse el mero arrendamiento de las embarcaciones como una actividad de pesca artesanal ancestral.

5. Que se suspendan los permisos de trabajo temporal otorgados por la OCCRE a pescadores foráneos y las autorizaciones para ejercer actividades de pesca en estas condiciones, emitidas por la Secretaría de Agricultura y Pesca del

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

6. Que se suspenda inmediatamente todo permiso de pesca a embarcaciones industriales en las áreas marinas del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en aplicación del principio de precaución consagrado en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993.

7. Que se ordene a la Armada Nacional y a la Dirección General Marítima, la rendición de un informe público mensual, respecto de las actividades de control y vigilancia sobre las embarcaciones que realizan actividades de pesca en el

Departamento Archipiélago.

3. Además, como medida cautelar requirieron:

rendición de un informe público mensual, respecto de las actividades de control y vigilancia sobre las embarcaciones que realizan actividades de pesca en el Departamento Archipiélago.

3. Además, como medida cautelar requirieron:

1. Que se ordene a la Armada Nacional – Cuerpo de Guardacostas del Departamento Archipiélago, la creación de una mesa permanente de monitoreo de la pesca ilegal en nuestras áreas marinas y se tomen las medidas necesarias para detener la pesca de la langost a espinosa en la actual temporada de veda esta especie.

2. Que se cancelen los permisos de pesca artesanal a las embarcaciones que realizan la actividad con personas que no pertenecen al Pueblo Raizal o no cuentan con residencia permanente en el Departamento Archipiélago.

3. Que se emitan los actos administrativos correspondientes, por la Dirección General Marítima – DIMAR y la Secretaría Departamental de Agricultura y Pesca, para evitar la operación de las embarcaciones que impiden a la empresa CI ANTILLANA cumplen con el requisito de "tener como mínimo el sesenta por ciento (60%) del tonelaje muerto de la totalidad de la flota representado en naves de bandera nacional".

4. Que se tomen las medidas necesarias para proteger la especie langosta espinosa (panolirus argus).

5. Que se ordene un monitoreo en Cayo Quitasueño, ya que este cayo está siendo sobre explotado, irrespetando las vedas, y realizando de especies no permitidas en esta zona y con métodos de pesca prohibidos.Radicación: 88001-23-33-000-2023-00018-01

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permitidas en esta zona y con métodos de pesca prohibidos.Radicación: 88001-23-33-000-2023-00018-01

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6. Que se suspendan todos los permisos de pesca a las embarcaciones mencionadas en el numeral 26 del acápite de pruebas, hasta que se realice la investigación correspondiente.1

2. Hechos

4. Los demandantes indicaron que la pesca artesanal representa, para el pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina, el elemento más importante de cohesión social y económica, toda vez que a partir de esta práctica se: i) movilizan cuerpos de saberes ancestrales propios del pueblo raizal y los transmite de generación en generación, y ii) hace posible la puesta en práctica de modelos de gestión comunitarios de vital importancia para esa comunidad, porque se generan recursos económicos que no van ligados, ni a las prácticas burocráticas estatales ni a la dependencia del comportamiento del sector turístico.

5. Precisaron que, en la actualidad, las amenazas a sus derechos colectivos, se derivan no solo de la desnaturalización y falta de observancia de sus derechos territoriales relacionados con la pesca ancestral artesanal, sino de la irrupción de embarcaciones extranjeras que saquean sus recursos.

6. Sostuvieron que ha existido una «renuencia» generalizada de la Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago y de la

embarcaciones extranjeras que saquean sus recursos.

6. Sostuvieron que ha existido una «renuencia» generalizada de la Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento Archipiélago y de la OCCRE2, para aplicar las normas jurídicas que protegen los derechos de pesca artesanal ancestral, entendida como una actividad reservada para el pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina, y por extensión, a los residentes permanentes legalmente reconocidos.

7. Manifestaron que a través de la Resolución 2565 de 2023, fue modificada la norma que exigía a los tripulantes de embarcaciones pesqueras artesanales, cumplir con el requisito de residencia permanente en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , dejando sin piso jurídico los permisos temporales a los trabajadores foráneos para que ejerzan la pesca artesanal en las áreas marinas que ancestralmente han pertenecido al pueblo raizal.

8. Pusieron de presente que los pescadores artesanales de Providencia y Santa Catalina se han visto gravemente afectados , toda vez que los efectos de permisividad por parte de la OCCRE, la DIMAR y la misma Secretaría de Agricultura y Pesca, consistente en el ingreso de pescadores foráneos para realizar actividades de pesca artesanal, a través de permisos de trabajo a personas sin residencia permanente, ahora fue legalizada por la Gobernación de ese departamento, situación que atenta contra sus derechos como grupo étnico sobre todo, contra la posibilidad de ejercer controles reales a la presión que la pesca ejerce sobre los recursos naturales ubicados en las áreas marinas.

1 Trascripción realizada incluso con errores.

ese departamento, situación que atenta contra sus derechos como grupo étnico sobre todo, contra la posibilidad de ejercer controles reales a la presión que la pesca ejerce sobre los recursos naturales ubicados en las áreas marinas.

1 Trascripción realizada incluso con errores. 2 Oficina de Control, Circulación y Residencia.Radicación: 88001-23-33-000-2023-00018-01

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9. Señalaron que de la expedición de la Resolución 2565 de 2023, se deriva la violación del derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación, específicamente a la práctica ancestral de la pesca artesanal por parte del pueblo raizal del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la amenaza a la soberanía alimentaria y al equilibrio ambiental de los ecosistemas marinos que permite el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y pesqueros en particular, y pone en riesgo la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como la conservación de las especies animales y veget ales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.

10. Agregaron que la violación de sus derechos, además, se deriva del

situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.

10. Agregaron que la violación de sus derechos, además, se deriva del incumplimiento del artículo 159 del Decreto 2324 de 1984, del numeral 5 del artículo 101 del Decreto 2256 de 1991 y la expedición de un permiso de pesca industrial en zona prohibida.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Auto que adecúa el medio de control y admite la demanda

11. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante auto del 13 de junio de 2023, adecuó la demanda para impartirle el trámite de la acción de cumplimiento, al considerar lo

siguiente:

Si bien la Ley 472 de 1998 indicó que mediante la acción popular se tiene como objeto la protección de derechos e intereses colectivos cuando estos estén amenazados o están siendo vulnerados por la acción y la omisión, generada en ejercicio de funciones administrativas o con fu ero de atracción con ésta, ello no significa que la acción popular es apta frente a toda conducta administrativa, por este solo hecho; es necesario que la conducta que se indique como causante de amenaza o vulneración realmente así lo sea, pues la acción p opular tiene como objeto, entre otros, hacer cesar o detener.

Atendiendo estos presupuestos considera el Despacho que, pese a que en la presente demanda se refieren los actores, a las afectaciones de derechos colectivos, la amenaza y su vulneración radican en el incumplimiento de disposiciones normativas especiales y preexistentes que rigen la materia de

presente demanda se refieren los actores, a las afectaciones de derechos colectivos, la amenaza y su vulneración radican en el incumplimiento de disposiciones normativas especiales y preexistentes que rigen la materia de pesca en el Departamento Archipiélago.

Nótese que en este caso particular, los demandantes piden que se emitan una serie de órdenes dirigidas al cumplimiento de las normas a diferentes autoridades departamentales, entidades del orden nacional y particulares, tendientes a proteger el derecho a l a conservación de las prácticas culturales asociadas a la actividad de la pesca artesanal ancestral, hoy presuntamente amenazada por laRadicación: 88001-23-33-000-2023-00018-01

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sobreexplotación pesquera, la soberanía alimentaria, y el equilibrio ambiental de áreas marinas protegidas.

Solicitan, además, suspender la pesca ejercida por personas foráneas que no cumplen con el requisito de residencia permanente, que establecían las Resoluciones derogadas a través de la Resolución 2565 de 2023 proferida por el Gobernador del Departamento Ar chipiélago. La suspensión inmediata del otorgamiento de permisos temporales para ejercer la pesca artesanal e industrial en las áreas marinas del Departamento Archipiélago y los permisos de trabajo temporal otorgados a pescadores foráneos y autorizaciones para ejercer actividades de pesca emitidas por la Secretaría de Agricultura y Pesca

en las áreas marinas del Departamento Archipiélago y los permisos de trabajo temporal otorgados a pescadores foráneos y autorizaciones para ejercer actividades de pesca emitidas por la Secretaría de Agricultura y Pesca Departamental. También solicitan que se ordene a la autoridad marítima que ejerza el control y vigilancia sobre las embarcaciones que realizan actividades de pesca.

Empero, el Despacho observa que lo que se desprende directamente de los hechos y fundamentos de la violación de derechos que se demanda, es el incumplimiento de la Ley 915 de 2004, Ley 2288 de 2022, Ley 99 de 1993, del Decreto 2324 de 1984 y Decreto 2256 d e 1991, Acuerdo 002 de 2019 y otras Resoluciones expedidas por la entidad territorial y autoridad ambiental del Departamento. Lo anterior, teniendo en cuenta que existen disposiciones normativas especiales y vigentes que rigen la actividad de pesca, conser vación de recursos naturales y protección ambiental en jurisdicción del Archipiélago. No obstante, sostienen los demandantes que las autoridades locales competentes, algunas entidades de orden nacional y empresas privadas y particulares han transgredido dicho régimen, todo lo cual amenaza los derechos colectivos que por medio de la presente acción popular se busca sean amparados en sede judicial.

[…]

Por lo dicho en precedencia, el Despacho estima la adecuación de esta demanda de acción popular para que sea tramitada bajo la cuerda de la acción de cumplimiento, por cuanto se infiere que si se da el cumplimiento de las normas de control y prohibición ap licables a la situación fáctica que se presenta en el caso concreto, la consecuencia directa sería garantizar la protección de los derechos invocados.

cumplimiento, por cuanto se infiere que si se da el cumplimiento de las normas de control y prohibición ap licables a la situación fáctica que se presenta en el caso concreto, la consecuencia directa sería garantizar la protección de los derechos invocados.

De acuerdo a lo antes dicho, se torna necesario verificar si en el particular, se cumple con los requisitos para la procedencia de la acción de cumplimiento, entendiendo que esta acción procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de Ley o actos administrativos. Cabe señalar que conforme indica el artículo 1 de la Ley 393 de 1998, este mecanismo jurisdiccional cabe para solicitar el cumplimient o de normas con fuerza material de Ley y actos administrativos. No puede utilizarse para solicitar el cumplimiento de las normas constitucionales.

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro d e los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en el cual d eberá ser sustentado en la demanda.Radicación: 88001-23-33-000-2023-00018-01

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demanda.Radicación: 88001-23-33-000-2023-00018-01

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En el caso que nos atañe, se observa que se relaciona en el acápite de pruebas documento denominado “Requerimiento previo como requisito de procedibilidad para iniciar acción de cumplimiento / acción popular y/o acción de nulidad simple contra actos de con tenido particular y concreto”, y de su lectura observa el Despacho que dicho escrito fue presentado ante el Departamento Archipiélago, Junta de Pesca, Procuraduría Regional, Procuraduría Ambiental y Agraria, empresa CI Antillana S.A., Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, Defensoría del Pueblo Regional y Oficina de Control de Circulación y Residencia -OCCRE, cada una de estas autoridades y entidades a través de sus representantes.

En la solicitud previa se indica que tiene por objeto exigir el cumplimiento de las normatividades pesqueras creadas con la única razón de preservar y salvaguardar los recursos hidrobiológicos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina islas, además de todos sus cayos, bancos e islotes toda vez que los recursos hidrobiológicos para su preservación y cuidado, merecen la implementación de normatividades dirigidas exclusivamente a aquellas personas naturales y jurídicas que ya sea por consumo propio, subsistencia o por comercialización se acentúan en estas áreas marinas y costeras.

Siendo así las cosas, encuentra el Despacho agotado el requisito de

aquellas personas naturales y jurídicas que ya sea por consumo propio, subsistencia o por comercialización se acentúan en estas áreas marinas y costeras.

Siendo así las cosas, encuentra el Despacho agotado el requisito de procedibilidad respecto de la acción de cumplimiento con la solicitud presentada ante las autoridades y entidades ya indicadas, por uno de los aquí accionantes.

12. En ese sentido, el ponente del Tribunal admitió la demanda , rechazó de plano la medida cautelar solicitada, ordenó notificar al Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, al Ministerio de Defensa, a la Armada Nacional, a la Dirección General Marítima y a la Oficina de Control de Circulación y Residencia.

13. Además, vinculó a la Defensoría del Pueblo Regional, a la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para asuntos ambientales y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de ese departamento.

1.3.2. Recurso de reposición

14. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de reposición con el que insistió que ejerció una acción popular y que a su demanda se le debía dar ese trámite.

15. Sobre el particular, precisó lo siguiente:

Pues bien, aunque los demandantes tomamos con el mayor respeto el prudente criterio del honorable magistrado, queremos llamar la atención a propósito de que, en el sentido de lo planteado por su despacho, las normas jurídicas de mayor e imperativa necesidad de cumplimiento, esto es, las Resoluciones 1514 de 2006

criterio del honorable magistrado, queremos llamar la atención a propósito de que, en el sentido de lo planteado por su despacho, las normas jurídicas de mayor e imperativa necesidad de cumplimiento, esto es, las Resoluciones 1514 de 2006 y 2465 de 2016, mismas que contenían el requisito de residencia permanente en el territorio ancestral del Pueblo Raizal del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y su maritorio, fueron precisamente derogadas por la Resolución 2565 de 2023, y en ese sentido ya no existen en el ordenamiento jurídico, luego, lo que los demandantes observamos, son los efectos dañinos de esta última para con los derechos territoriales ancestrales deRadicación: 88001-23-33-000-2023-00018-01

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nuestro pueblo, nuestra cultura, y en particular con el carácter ancestral de la pesca artesanal que se desarrolla en nuestro territorio y áreas marinas.

[…]

No obstante lo anterior, el sentido de interponer esta acción popular, es la necesidad de hacer cesar las omisiones administrativas narradas en el escrito de demanda, omisiones que no señalamos de manera caprichosa, sino en virtud a que efectivamente existe un ordenamiento jurídico que está siendo quebrantado por parte de las entidades demandadas, no por causas accidentales, sino con el sentido de desconocer nuestros derechos como pueblo étnico, que a su vez

que efectivamente existe un ordenamiento jurídico que está siendo quebrantado por parte de las entidades demandadas, no por causas accidentales, sino con el sentido de desconocer nuestros derechos como pueblo étnico, que a su vez encuadran con los derechos colectivos previstos en la Ley 472 de 1998.

[…]

Por lo anterior, solicitamos encarecidamente al Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reconsiderar su decisión de adecuar el medio de control, y en consecuencia, dar trámite a la acción popular planteada.

1.3.3. Auto que resuelve el recurso de reposición

16. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de auto del 24 de julio de 2023, confirmó

la decisión recurrida, al concluir:

Con todo, se reitera que lo que se vislumbra en el asunto de la referencia como se dijo en el auto recurrido, es el incumplimiento de otras normas existentes, por parte de las entidades y autoridades demandadas y de lograr su cometido, la consecuencia directa será la protección de los derechos colectivos aquí demandados.

[…]

Ante la imposibilidad de que esta Corporación ordene revivir los actos referidos, en donde se establecen los requisitos para ejercer la actividad de pesca artesanal por medio de la acción popular, esta autoridad judicial ha decidido adecuar el medio de control a la acción de cumplimiento para que, al ser tramitada bajo la cuerda de este proceso, pueda verificar el cumplimiento o no de otras disposiciones normativas, en aras de garantizar la protección de los derechos amenazados o violados.

1.3.4. Contestación de la demanda

cuerda de este proceso, pueda verificar el cumplimiento o no de otras disposiciones normativas, en aras de garantizar la protección de los derechos amenazados o violados.

1.3.4. Contestación de la demanda

17. La Dirección General Marítima sostuvo que sus actuaciones son conforme a derecho, en aras de proteger y salvaguardar el derecho al medio ambiente sano, así como a la existencia del equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

18. Aseguró que es la encargada de ejecutar la política del gobierno en esta materia, contando con una estructura que contribuye al fortalecimiento del poder marítimo nacional, velando por la seguridad integral marítima, la protección de laRadicación: 88001-23-33-000-2023-00018-01

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vida humana en el mar, la promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación.

19. Así las cosas, solicitó que se desestime la petición de la parte actora toda vez que es de competencia del cuerpo de guardacostas en virtud del decreto 1874 de 1979 artículo 2° numeral 9° «proteger los recursos naturales».

20. El departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina manifestó que la acción de cumplimiento era improcedente toda vez que se observa que los actores consideran que, para detener los efectos dañinos sobre

20. El departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina manifestó que la acción de cumplimiento era improcedente toda vez que se observa que los actores consideran que, para detener los efectos dañinos sobre los derechos invocados, se debe mantener incólume las disposiciones que a través de la Resolución 2565 de 2023 de nivel departamental fueron dejadas sin efectos.

21. Sostuvo que los accionantes tienen por finalidad la aplicación de las Resoluciones 1514 de 2006 y 2465 de 2016 que exigen la residencia permanente para los pescadores artesanales aseverando que la expedición de la Resolución 2565 de 2023 es contraria a la Constitución y las leyes.

22. Aseguró que no se agotó el requisito de procedibilidad de la acción de cumplimiento, por cuanto una vez cotejado el escrito aportado en el anexo 5 de la demanda, se evidencia que no coincide el escrito de renuencia con la demanda presentada, pues no son las mismas normas y actos administrativos calificados como incumplidos.

23. Precisó que la parte actora constituyó en renuencia al departamento para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, la Ley 47 de 1993, la Ley 99 de 1993, la Ley 915 de 2004 y la Ley 2268 de

2022. No obstante, en las pretensiones de la demanda se indica que la violación de derechos se deriva de la expedición de un acto administrativo en el cual su parte resolutiva indica que se fundamenta en la Resolución 1485 de 2022, esta última norma reciente, por lo que no había sido expedida al momento de radicada

de derechos se deriva de la expedición de un acto administrativo en el cual su parte resolutiva indica que se fundamenta en la Resolución 1485 de 2022, esta última norma reciente, por lo que no había sido expedida al momento de radicada la solicitud ante la entidad mediante la cual se pretende dar cumplimiento al requisito de renuencia.

24. Estimó que las normas cuyo cumplimiento aquí se pretenden, no son claras e imperativas y los actores contaban con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo de defensa judicial con el objeto de anular la Resolución 2565 de 2023.

25. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca manifestó que , en el presente asunto por cuenta de la narración de los hechos y de las pretensiones se deduce que el trámite que se está surtiendo, no resulta ser el acertado para el litigio que se ventila.Radicación: 88001-23-33-000-2023-00018-01

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26. Señaló que como puede apreciarse de la descripción fáctica realizada por la parte actora, se advierte que existe una presunta afectación por cuenta del contenido de un acto administrativo de carácter general, el cual corresponde a la Resolución 2565 del 07 de marzo de 2023 por la cual se derogan las Resoluciones 1514 de 2006 y 2465 de 2016 expedidas por e l Departamento

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Resolución 2565 del 07 de marzo de 2023 por la cual se derogan las Resoluciones 1514 de 2006 y 2465 de 2016 expedidas por e l Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

27. Indicó que al tratarse de un proceso en el que los efectos de un acto administrativo resultan presuntamente negativos y afectan derechos de uno o varios habitantes, se debería acudir a una acción de simple nulidad consagrada en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

28. Propuso como excepción, además de la indebida escogencia de la acción, la falta de legitimación en la causa por pasiva por considerar que no existe una sola disposición que haya sido incumplida por parte de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y que deba ser acatada de conformidad con las funciones descritas en el Decreto 4181 de 2011, sumado al hecho de que en efecto en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el seguimiento de la actividad pesquera y de la acuicultura se encuentra a cargo de

Secretaria de Agricultura y Pesca.

29. Precisó que , en las acciones de cumplimiento, la demanda debe estar dirigida en contra de la entidad que deba cumplir el precepto normativo, reglamentario o administrativo, sin embargo, no se observa que dichos aspectos se configuren en torno de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

1.3.5. Fallo de primera instancia

30. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante sent