CE - 012333000202300021011SENTENCIA20230517120011

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 17001-23-33-000-2023-00021-01

Accionante: YURI VIVIANA HERRERA SERNA

Accionado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS

Y OTRO

Tema: Concurso de méritos / protección laboral reforzada de prepensionado / vinculación de empleada por provisión de lista de elegibles / principio de mérito

Acción de tutela - sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la señora Carmen Liliana Gallego Bernal, quien actúa como tercero interesado en las resultas del proceso, contra la sentencia del 24 de febrero de 2023 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Caldas concedió el amparo constitucional solicitado por la señora Yuri Viviana Herrera Serna.

I. ANTECEDENTES

La señora Yuri Viviana Herrera Serna , actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a cargos públicos, así como el principio d e igualdad , con fundamento en los siguientes:ACCI ÓN DE TUT E L A

interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a cargos públicos, así como el principio d e igualdad , con fundamento en los siguientes:ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 17001 -23 -33 -000 -2023 -00021 -01

Accionante: Yuri Viviana Herrera Serna

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1. HECHOS

1.1. La señora Yuri Viviana Herrera Serna , luego haber superado el concurso de mérito mediante la Resolución n.° CSJCAR21-357 del 3 de noviembre de 2021, fue incluida en la lista de elegibles para la provisión del cargo de oficial mayor de los juzgados del circuito del departamento de Caldas.

1.2. Con posterioridad, esto es, el 1.º de febrero de 2022, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales publicó el cargo vacante de oficial mayor.

1.3. Por medio del Acuerdo CSJCAA22-102 del 1.º de marzo de 2022 el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas suscribió la lista de elegibles en la que la hoy accionante ocupó el puesto 7.

1.4. Por lo anterior, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito, a través de la Resolución n.° 008 de 16 de marzo de 2022 nombró al señor Jhonatan Gómez Carrillo, por ser la persona que se encontraba en el

1.4. Por lo anterior, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito, a través de la Resolución n.° 008 de 16 de marzo de 2022 nombró al señor Jhonatan Gómez Carrillo, por ser la persona que se encontraba en el primer lugar.

1.5. No obstante, por medio de la Resolución n.° 011 del 22 de marzo de 2022 , el despacho judicial en mención resolvió suspender la notificación del nombramiento , porque la señora Carmen Liliana Gallego Bernal, quien ocupaba provisionalmente el cargo, ostentaba la calidad de prepensionada.

1.6. Indicó que en este momento ocupa el primer puesto, porque las personas que se encontraban del 1 al 6 en la lista de elegibles en la actualidad se encuentran posesionados en otros despachos judiciales y algunos declinaron de la designación.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 17001 -23 -33 -000 -2023 -00021 -01

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1.7. Así las cosas, el 21 de noviembre de 2022 solicitó al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales efectuar su nombramiento en el cargo de oficial mayor, petición que fue negada el 2 de diciembre de 2022, al considerar que había reconocido la calidad de prepensionada a la seño ra Carmen Liliana Gallego Bernal , además, porque no

el cargo de oficial mayor, petición que fue negada el 2 de diciembre de 2022, al considerar que había reconocido la calidad de prepensionada a la seño ra Carmen Liliana Gallego Bernal , además, porque no interpusieron los recursos correspondientes frente a resolución que dispuso el nombramiento en provisionalidad.

2. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1.- Que sean tutelados mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, TRABAJO, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS E IGUALDAD los cuales vienen siendo trasgredidos por el Juzgado 7° Penal del Circuito de Manizales y por el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas.

2.- Que se ordene al Juzgado 7° Penal del Circuito de Manizales proceder en forma inmediata a dar cumplimiento al inciso segundo del artículo 167 de la Ley 270 de 1996 efectuando mi nombramiento en el cargo vacante de Oficial Mayor de dicho despacho judicial.

3.- Que de considerarse necesario dar protección constitucional a la señora Carmen Liliana Gallego Bernal atendiendo a su calidad de “prepensionada” -en contravía de lo señalado por la sentencia SU-003 de 2018se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas disponer el traslado de la referida empleada a otro cargo vacante para el cual no exista lista de elegibles para su provisión.»

3. INFORMES

Mediante auto del 13 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo de Caldas admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales y al Consejo Seccional

3. INFORMES

Mediante auto del 13 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo de Caldas admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales y al Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas como accionado s y a la señora Carmen Liliana Gallego Bernal como tercera interesada en las resultas del proceso.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 17001 -23 -33 -000 -2023 -00021 -01

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3.1. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales por conducto de la titular del despacho, manifestó que la accionante tuvo la oportunidad de prese ntar los recursos ordinarios en contra de Resolución n.° 011 del 22 de marzo de 2022, la cual fue notificada en debida forma a los integrantes de la lista de elegibles conformada mediante el Acuerdo n.° CSJCAA22-99 del 18 de febrero de 2022 modificado por el Acuerdo n.° CSJCAA22-102 del 1.° de marzo de 2022, para el respectivo cargo, circunstancia que no aconteció, por lo que el acto administrativo en mención cobró firmeza.

Así pues, insistió en que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para desplazar otros medios ordinarios de defensa que permiten

acto administrativo en mención cobró firmeza.

Así pues, insistió en que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para desplazar otros medios ordinarios de defensa que permiten controvertir las decisiones contenidas en un acto administrativo.

En ese contexto , solicitó se declar e la improcedencia del mecanismo constitucional por inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

3.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas pidió ser desvinculado del presente proceso por falta de legitimidad en la causa por pasiva.

3.3. La señora Carmen Liliana Gallego Bernal describió que, en efecto, se encuentra vinculada al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales en el cargo de Oficial Mayor en provisionalidad en virtud de lo dispuesto en la Resolución n.º 011 del 22 de marzo de 2022 , acto administrativo que no fue objeto de recursos por las personas que conforman la lista de elegibles contenida en el Acuerdo n.º CSJCAA2299 del 18 de febrero de 2022, modificado por el Acuerdo n.º CSJCAA22-ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 17001 -23 -33 -000 -2023 -00021 -01

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5 102 del 1 .º de marzo de 2022 , razón por la que solicitó se declare

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5 102 del 1 .º de marzo de 2022 , razón por la que solicitó se declare improcedente el amparo constitucional.

Con posterioridad, a través de proveído del 28 de marzo de 2023 el despacho sustanciador dispuso remitir el expediente de la referencia al Tribunal Administrativo de Caldas a fin de que se pronunciara frente a la solicitud de adición de sentencia presentada por la señora Carmen Liliana Gallego Bernal, el cual fue resuelto negativamente mediante auto del 13 de abril de la presente anualidad.

4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia del 24 de febrero de 2023 , el Tribunal Administrativo de Caldas resolvió amparar los derechos fundamentales invocados por la accionante en la demanda de tutela y, como consecuencia de ello, ordenó:

«Primero: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos públicos e igualdad invocados por la señora Yuri Viviana Herrera Serna.

Segundo: Ordenar a la Jueza Séptima Penal del Circuito de Manizales, que en el término perentorio de 48 horas hábiles siguientes a la notificación de este fallo, proceda a nombrar y notificar dicho nombramiento a la señora Yuri Viviana Herrera Serna, quien se identifica con cédula de ciudadanía número 1.060.647.682, por ser la persona que ocu pa el primer lugar en la lista de elegibles del cargo de oficial mayor o sustanciador de Juzgado Circuito,

con cédula de ciudadanía número 1.060.647.682, por ser la persona que ocu pa el primer lugar en la lista de elegibles del cargo de oficial mayor o sustanciador de Juzgado Circuito, Nominado, Código 260619, ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales.

Respecto de la posesión en el cargo habrán de cumplirse los postulados del inciso final y del parágrafo del artículo 133 de la Ley 270 de 1996.

Tercero: Desvincular del presente trámite de tutela al Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas.

Cuarto: Negar las demás pretensiones formuladas por la parte actora»

Al respecto, señaló que la señora Carmen Liliana Gallego Bernal no cumplió con los criterios fijados por la Corte Constitucional para quienes, en calidad de prepensionados , ocupan un cargo en provisionalidad, en tanto el único requisito que a la fecha no ha bíaACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 17001 -23 -33 -000 -2023 -00021 -01

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6 cumplido era el de la edad, porque cotizó 1150 semanas al Sistema General de Pensiones. En esa medida, insistió en que dicho requisito no era objeto de protección constitucional, toda vez que no estaba sujeto a la permanencia en el empleo público.

Así pues , encontró demostrada la vulneración de los derechos

General de Pensiones. En esa medida, insistió en que dicho requisito no era objeto de protección constitucional, toda vez que no estaba sujeto a la permanencia en el empleo público.

Así pues , encontró demostrada la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos públicos e igualdad de la parte actora en el trámite de nombramiento del cargo de oficial mayor en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, porque esta ocupaba el primer lugar en la lista de elegibles y, pese a ello, la nominadora se negó a efectuar dicho nombramiento bajo el argumento de la protección laboral reforzada a quien ocupaba el cargo en provisionalidad por ser prepensionada, lo que, en sentir del Tribunal, desconoce el principio del mérito.

5. IMPUGNACIÓN

La señora Carmen Liliana Gallego Bernal , como tercera interesada , recurrió el fallo de primera instancia, argumentando que se desempeña en la actualidad en el cargo de oficial mayor en provisionalidad por virtud de la Resolución n.° 011 del 29 de marzo de 2022 suscrita por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales en calidad de prepensionada, acto administrativo que fue notificado a todos los integrantes que conformaban la lista de elegibles contenida en el Acuerdo n.° CSJCAA-22-99 del 28 de febrero de 2022 la cual no fue objeto de recursos, razón por la que se encuentra en firme.

Igualmente, s eñaló que no se demostró un perjuicio irreme diable, porque una vez consultada la página web del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas la accionante se encuentra en lista de elegiblesACCI ÓN DE TUT E L A

porque una vez consultada la página web del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas la accionante se encuentra en lista de elegiblesACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 17001 -23 -33 -000 -2023 -00021 -01

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7 ante el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Manizales 1; el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales2 y el Juzgado Segundo Penal de Circuito para Adolescentes de Manizales3, máxime cuando en la actualidad esta nombrada, a través de la Resolución n.° 001 del 31 de enero de 2023 como oficial mayor en provisionalidad desde el 1 .º de febrero de 2023 en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento para Adolescentes de Manizales.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer si las autoridades demandadas transgredieron los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a cargos público , al abstenerse de efectuar el nombramiento en propiedad de la accionante en el cargo de oficial mayor en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales teniendo en cuenta que se encuentra en el primer lugar en la lista de elegibles.

2. Fundamentos de decisión

oficial mayor en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales teniendo en cuenta que se encuentra en el primer lugar en la lista de elegibles.

2. Fundamentos de decisión

2.1. De los concursos de méritos en la Rama Judicial

La carrera administrativa cuyo origen constitucional se encuentra en el artículo 125 de la Constitución Política, es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia

1 Acuerdo n.° CSJCAA22-197 del 19 de octubre de 2022 2 Acuerdo n.° CSJCAA22-182 del 22 de agosto de 2022 3 Acuerdo n.° CSJCAA23-29 del 20 de febrero de 2023ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 17001 -23 -33 -000 -2023 -00021 -01

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8 de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. En este sentido, la carrera administrativa funge, entonces, como un principio y una garantía constitucional.

Al efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado que «La Constitución de 1991, con las salvedades que ella misma indica, ha hecho del sistema de carrera el general y obligatorio para la provisión de cargos al servicio del Estado, en tod as sus ramas y órganos, para el ascenso dentro de la jerarquía de cada uno de ellos,

indica, ha hecho del sistema de carrera el general y obligatorio para la provisión de cargos al servicio del Estado, en tod as sus ramas y órganos, para el ascenso dentro de la jerarquía de cada uno de ellos, para la permanencia de los empleados y para el retiro del servicio público».

En este sentido, esa corporación ha expresado reiteradamente que los funcionarios deberán se r nombrados por concurso público cuando el sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, esto es, cuando se trate de cargos de elección popular, de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Así pues, el concurso de méritos está dirigido a garantizar la selección objetiva del aspirante, según la evaluación y determinación de su capacidad e idoneidad para asumir las funciones a desempeñar, de manera que se impida la subjetividad o arbitrariedad del nominador o criterios contrarios a los principios y valores constitucionales.

En lo que se refiere a la carrera judicial, la Ley 270 de 1996, reformada por la Ley 1258 de 2009, establece que ésta se funda en el carácter profesional de los servidores, la eficacia de su gestión, la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función pública y en laACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 17001 -23 -33 -000 -2023 -00021 -01

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9 consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y promoción en el servicio.

En efecto, el artículo 160 ibídem señala los requisitos exigidos para ocupar cargos en la carrera judicial, entre ellos el concurso:

«Para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama Judicial se requiere, además de los requisitos exigidos en disposiciones generale s, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la previa aprobación del curso de formación judicial en los términos que señala la presente ley.

PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de formación judicial, no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán las respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Con arreglo a la presente ley y dentro del año siguiente a su entrada en vigencia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará todas las medidas que sean necesarias para que el curso de formación judicial sea exigible, con los alcances que esta ley indica, a partir del 1o. de enero de 1997».

Así, el proceso de selección contenido en el artículo 162 comprende las

adoptará todas las medidas que sean necesarias para que el curso de formación judicial sea exigible, con los alcances que esta ley indica, a partir del 1o. de enero de 1997».

Así, el proceso de selección contenido en el artículo 162 comprende las siguientes etapas: concurso de méritos, conformación del registro nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación.

En este sentido, las personas que superen el concurso de méritos entran a formar parte del registro de elegibles para los cargos por los que optaron y concursaron, en orden descendente por los puntajes obtenidos en los procesos de selección, la especialidad y las sedes territoriales para las que aplicaron.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 17001 -23 -33 -000 -2023 -00021 -01

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10 Las valoraciones de estos factores se deben realizar por medios técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente determinados.

Las etapas siguientes son la conformación del registro de elegibles, el nombramiento, la comunicación, la aceptación, la confirmación y la posesión, las cuales se encuentran reguladas específicamente en los artículos 133, 165 y s.s. de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, para el caso de los empleados se omite la etapa de confirmación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162 ibidem. Veamos el procedimiento

artículos 133, 165 y s.s. de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, para el caso de los empleados se omite la etapa de confirmación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162 ibidem. Veamos el procedimiento que para estas etapas señala la norma:

«ARTÍCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. La Sala Administrati va de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente Registro de Elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los siguientes principios.

La inscripción en el registro se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento.

La inscripción individual en e l registro tendrá una vigencia de cuatro años. Durante los meses de enero y febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar.

Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las corporaciones judiciales nacionales el concurso y la incorporación al registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; en los demás casos dicha función corres ponde a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

PARÁGRAFO. En cada caso de conformidad con el reglamento, los aspirantes, en cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales de su interés.

[…]

ARTÍCULO 167. NOMBRAMIENTO. Cada vez que se presente una vacante en cargo

cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales de su interés.

[…]

ARTÍCULO 167. NOMBRAMIENTO. Cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatu ra, según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 17001 -23 -33 -000 -2023 -00021 -01

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Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los tres días siguientes, solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional que corresponda, el envío de la lista de elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de elegibles, previa verificación de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3) días siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes».

En cuanto al término perentorio para efectuar la posesión en los cargos, el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 señala que el elegido dispondrá de 15 días para tomar posesión del cargo:

«ARTÍCULO 133. TÉRMINO PARA LA ACEPTACIÓN, CONFIRMACIÓN Y

cargos, el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 señala que el elegido dispondrá de 15 días para tomar posesión del cargo:

«ARTÍCULO 133. TÉRMINO PARA LA ACEPTACIÓN, CONFIRMACIÓN Y POSESIÓN EN EL CARGO. El nombramiento deberá ser comunicado al interesado dentro de los ocho días siguientes y éste deberá aceptarlo o rehusarlo dentro de un término igual.

Quien sea designado como titular en un empleo para cuyo ejercicio se exijan requisitos y calidades, deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora, mediante la presentación de las pruebas que acrediten la vigencia de su cumplimiento. Al efecto, el interesado dispondrá de veinte (20) días contados desde la comunicación si reside en el país o de dos meses si se halla en el exterior.

La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá negarla cuando no se alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se est ablezca que el nombrado se encuentra inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del cargo.

Confirmado en el cargo, el elegido dispondrá de quince (15) días para tomar posesión del mismo.

PARÁGRAFO. El término para la posesión en el ca rgo podrá ser prorrogado por el nominador por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y que la solicitud se formule antes del vencimiento».

2.3. Estabilidad laboral de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempe ñan cargos de carrera administrativa4

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido el “derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada”, que se deriva del

en provisionalidad que desempe ñan cargos de carrera administrativa4

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido el “derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada”, que se deriva del principio de derecho a la igualdad de trabajo y que se materializa con

4 Se hace referencia, in extenso, a la providencia del T-464 de 2019.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 17001 -23 -33 -000 -2023 -00021 -01

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12 medidas diferenciales en favor de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad5.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha manifestado que la estabilidad laboral se trata de:

“una garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. La doctrina ha entendido entonces que el principio de estabilidad laboral configura, en cabeza de los trabajadores, un verdadero derecho jurídico de resistencia al despido, el cual es expresión del hecho de que los fenómenos laborales no se rigen exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad, ya que están en juego otros valores constitucionales, en especial la propia dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor igualdad entre patrono y empleado. Por ello, en función del principio de la

principio de la autonomía de la voluntad, ya que están en juego otros valores constitucionales, en especial la propia dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor igualdad entre patrono y empleado. Por ello, en función del principio de la estabilidad laboral, y de la especial protección al trabajo (CP arts 25 y 53), no basta el deseo empresarial para que pueda cesar una relación de trabajo sino que es necesario que se configure una justa causa, en los términos señalados por la ley, y en armonía con los valores constitucionales”.

Las personas que gozan de estabilidad laboral reforzada son aquellas personas que se encuentran amparadas por el fuero sindical, en condición de invalidez o discapacidad y las mujeres en estado de embarazo. De igual manera, la Corte ha manifestado que aque llos trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas se encuentran en situación de debilidad manifiesta y, por lo tanto, son beneficiarios de una estabilidad laboral reforzada. Esta limitación a la que hace alusión la Corte hace referencia a una aplicación extensiva de la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones” a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad man ifiesta por causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacidad o invalidez6.

5 Sentencia T-014 de 2019. 6 La jurisprudencia constitucional ha sostenido dos líneas sobre la aplicación de la Ley 361 de 1997, una que ha asumido que la protección brindada por la Ley 361 de 1997 es predicable exclusivamente de los sujetos con una pérdida de la

6 La jurisprudencia constitucional ha sostenido dos líneas sobre la aplicación de la Ley 361 de 1997, una que ha asumido que la protección brindada por la Ley 361 de 1997 es predicable exclusivamente de los sujetos con una pérdida de la capacidad para trabajar comprobada; y otra, más abierta, que admite su aplicación a personas que sufren limitacionesACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 17001 -23 -33 -000 -2023 -00021 -01

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13 Ahora bien, en el caso de los servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera, la Corte Constitucional ha manifestado que gozan de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que únicamente pueden ser removidos por causales legales que deben expresarse de manera clara en el acto de desvinculación. De esta manera, la Corte ha reiterado que la terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso “no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos”7.

Al respecto, en la sentencia SU-446 de 2011, la Corte precisó que:

“la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa,

al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos”7.

Al respecto, en la sentencia SU-446 de 2011, la Corte precisó que:

“la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa, encuentra protección constitucional, en la medida en que, en igualdad de condiciones pueden participar en los concursos y gozan de estabilidad laboral, condicionada al lapso de duración del proceso de selección y hasta tanto sean reemplazados por quien se haya