CE - 012333000202300059011SENTENCIA20230502185713

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 50001-23-33-2023-00059-01

Accionante: MARLENY MOSQUERA TIRADO

Accionado: CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD DE ACACIAS - META Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO – se declara improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad – la parte actora dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para obtener la salvaguarda de los derechos fundamentales

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra de la sentencia de 10 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Marleny Mosquera Tirado solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al trabajo, mínimo vital, vida digna, seguridad social, salud, vida, a la protección especial como prepensionada y al acceso a la pensión de vejez […]», cuya vulneración le atribuyó al Juez Coordinador del Centro de Servicios

fundamentales «[…] al trabajo, mínimo vital, vida digna, seguridad social, salud, vida, a la protección especial como prepensionada y al acceso a la pensión de vejez […]», cuya vulneración le atribuyó al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias - Meta, con ocasión de su desvinculación del cargo que ocupaba en la Rama Judicial.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que, mediante Resolución No. 041 de 9 de diciembre de 2022, la Jueza Coordinadora del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias - Meta, la nombró, en provisionalidad, en el cargo de Asistente Social, grado 18, del referido Centro de Servicios; empleo del cual tomó2

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Accionante: Marleny Mosquera Tirado

posesión y posteriormente desempeñó de manera ininterrumpida hasta el 16 de febrero de 2023.

2.2. Señaló que su nombramiento en provisionalidad obedeció a la renuncia presentada por el doctor Yesid Rodríguez Velandia, a partir del 12 de diciembre de 2022, quien desempeñaba el cargo en provisionalidad, debido a la licencia no remunerada de la titular del cargo, Havva Harrieth Narváez Espinoza.

por el doctor Yesid Rodríguez Velandia, a partir del 12 de diciembre de 2022, quien desempeñaba el cargo en provisionalidad, debido a la licencia no remunerada de la titular del cargo, Havva Harrieth Narváez Espinoza.

2.3. Refirió que el día 1° de febrero de 2023 visualizó en el portal de la Rama Judicial la publicación del «[…] formato de opción de sedes, del cargo de Asistente Social Grado 18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de Acacías, Meta, debido a la situación administrativa de vacancia definitiva del mismo […]».

2.4. Manifestó que, con base en la anterior situación, y dado que consideraba cumplir con la condición de prepensionada, solicitó al aquí accionado1 la aplicación en su favor la figura jurídica de protección laboral, la cual fue despachada desfavorablemente por su nominador, sin permitirle responder un requerimiento que él mismo le hiciera, y sin esgrimir razones de fondo.

2.5. Puntualizó que goza del derecho de prepensionada dado que cuenta con 54 años de edad y «[…] 1.159,57 semanas de cotización en la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones […]».

2.6. Relató que el día 14 de febrero de 2023 le fue comunicado que su cargo como Asistente Social, grado 18, del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías – Meta se encuentra en vacancia definitiva en razón al traslado de la señora Havva Harrieth Narváez Espinoza, «[…] quien en su momento tenía la propiedad en dicho cargo […]».

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías – Meta se encuentra en vacancia definitiva en razón al traslado de la señora Havva Harrieth Narváez Espinoza, «[…] quien en su momento tenía la propiedad en dicho cargo […]».

2.7. Refirió que, con fecha 17 de febrero de 2023, la Secretaría del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias – Meta le hizo entrega del Oficio No. COOR2023-018/16-02-2023, en el que se le informa que: «[…] en razón a la renuncia de la doctora Havva Harrieth Narváez Espinoza, se ha culminado su vinculación laboral con esta dependencia judicial […]».

2.8. Manifestó que, en fecha de 16 de febrero de 2023, se procedió a hacer la publicación del cargo de Asistente Social, grado 18, del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Penas de Acacías - Meta y, como consecuencia de todo el procedimiento adelantado, «[…] la autoridad accionada decidió, efectuar un nuevo nombramiento, en tercera persona que al parecer el día 20 de febrero de 2023 ha tomado posesión del mencionado cargo […]».

2.9. Expresó que debe entenderse que la condición legal de su nombramiento en provisionalidad debe permanecer independientemente de la causa que le haya dado

1 Al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, Meta, quien actúa al mismo tiempo como Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.3

Radicación: 50001-23-33-2023-00059-01

Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.3

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Accionante: Marleny Mosquera Tirado

origen, ya sea licencia temporal no remunerada de la titular o renuncia o traslado de la misma, y, por lo tanto, «[…] debe entenderse que si una vacancia temporal se convierte en definitiva, como sucedió con el traslado de la doctora HAVVA HARRIETH NARVAEZ ESPINOZA, lo procedente es la aplicación de los mecanismos de provisión definitiva señalados para la Rama Judicial y si inclusive, agotados dichas órdenes de provisión, la condición de vacancia definitiva persiste, se puede mantener [su] nombramiento en provisionalidad, sin que para el efecto sea procedente adelantar un nuevo proceso de convocatoria interna para proveer el cargo que personalmente [se] hallaba ocupando […]».

2.10. Señaló que: «[…] en un acto administrativo carente de motivación, se produjo [su] desvinculación del cargo que ocupaba en la Rama Judicial […] y, al parecer, se procedió a la designación de tercera persona en provisionalidad, quien no hace parte de los funcionarios pertenecientes a la Rama Judicial inscritos en carrera judicial ni tampoco es integrante de la lista de elegibles para dicho cargo, sin que, iter[a], exista acto administrativo motivado y obligatorio que [le] permita controvertir las decisiones que, además, afectan derechos de rango constitucional de los que [es] titular […]».

III. PRETENSIONES

3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:

que, además, afectan derechos de rango constitucional de los que [es] titular […]».

III. PRETENSIONES

3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] De manera procedente le solicito al señor juez de tutela que, en la forma como he expuesto, ampare mis derechos fundamentales invocados y vulnerados por la autoridad accionada y/o aquellos que c on ocasión de la actuación judicial se logre establecer que igualmente han sido desconocidos.

En consecuencia de lo anterior, se ordene:

1. Se declare la ilegalidad de mi desvinculación y se disponga mi reintegro al cargo que ocupaba en provisionalidad, sin ninguna solución de continuidad.

1. Se disponga y/o declare, igualmente, que soy beneficiaria del derecho de estabilidad laboral reforzada en condición de prepensionada, por reunir los requisitos exigidos.

1. Se dispongan todas aquellas otras decisiones a que tengo derecho como consecuencia de la actuación judicial preferente y sumaria […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El Tribunal Administrativo de l Meta, a través del magistrad o a cargo de la sustanciación, mediante auto de 27 de febrero de 202 3 admitió el presente mecanismo de amparo en contra del «[…] JUEZ COORDINADOR del CENTRO DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de ACACIAS […]».

5. En la misma providencia, vinculó como terceros con interés directo en los resultados de este proceso «[…] al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA4

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de ACACIAS […]».

5. En la misma providencia, vinculó como terceros con interés directo en los resultados de este proceso «[…] al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA4

Radicación: 50001-23-33-2023-00059-01

Accionante: Marleny Mosquera Tirado

DEL META SALA ADMINISTRATIVA , a las personas que integren el registro de elegibles del cargo de ASISTENTE SOCIAL CENTRO SERVICIOS EJECUCIÓN PENAS y MEDIDAS SEGURIDAD – GRADO 18, a la señora HAVVA HARRIETH NARVÀEZ ESPINOZA, así como a la persona que ocupa actualmente dicho cargo en el CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de ACACIAS […] a los JUZGADOS 1, 3 y 4 de EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

DE ACACIAS […]».

V. INTERVENCIONES

6. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas , se

allegaron los siguientes informes:

6.1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, por intermedio de su directora, rindió informe en el que se opuso a la s pretensiones de amparo, al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora.

6.2. Advirtió que la competencia para determinar o establecer la concesión de la estabilidad laboral reforzada del servidor nombrado en provisionalidad corresponde al nominador.

considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora.

6.2. Advirtió que la competencia para determinar o establecer la concesión de la estabilidad laboral reforzada del servidor nombrado en provisionalidad corresponde al nominador.

6.3. Señaló que, al momento de expedir el acto administrativo de la lista para provisión del cargo de Asistente Social, grado 18, no se había informado sobre ninguna protección a la est abilidad laboral reforzada por la calidad de prepensionada de la aquí accionante.

6.4. Los Jueces 1º, 2º y 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias – Meta, conjuntamente, rindieron informe en el que precisaron que el acto de nombramiento en provisionalidad de la tutelante tendría la misma duración de la licencia no remunerada, solicitada por la titular del cargo, Havva Harrieth Narváez Espinoza.

6.5. Advirtieron que, contrario a lo afirmado por la tutelante, su desvinculación no se dio con ausencia de motivación, pues su nombramiento se extendía por el término de duración de la licencia no remunerada concedida a la titular del cargo, la señora, Havva Narváez Espinoza , la cual terminó a partir del 16 de febrero de 2023.

6.6. Agregaron que se hizo una publicación respecto de la vacante en el micrositio de cada uno de los Juzgados de Ejecución de Penas de Acacías – Meta y se recibieron tres hojas de vida, incluida la hoja de vida de la tutelante . Luego se procedió a una reunión de todos los jueces y se decidió unánimemente, en

recibieron tres hojas de vida, incluida la hoja de vida de la tutelante . Luego se procedió a una reunión de todos los jueces y se decidió unánimemente, en cumplimiento de l Acuerdo No. 781 de 24 de mayo de 2000 “Por el cual se reglamenta el nombramiento de los empleados de los centros de servicios administrativos”, nombrar en el cargo de Asistente Social, grado 18, a la doctora Luz Angela Escobar Lotta, a partir del 20 de febrero de 2023.5

Radicación: 50001-23-33-2023-00059-01

Accionante: Marleny Mosquera Tirado

6.7. Por último, indicaron que la «[…] la accionante cuenta con una vía ordinaria ante la jurisdicción contencioso administrativa para controvertir los actos que estima ilegales, la cual no puede ser subvertida por la vía de la tutela ante la inexistencia de elementos de conocimiento que permit an abducir la existencia de un perjuicio irremediable que la habilite como mecanismo transitorio […]».

6.8. La señora Havva Harrieth Narváez Espinoza rindió informe en el que manifestó lo siguiente: (i) que ejerció el car go de Asistente Social, grado 18, del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Acacías - Meta, desde el 12 de enero de 2022; (ii) que se le concedió licencia no remunerada por dos años , y (iii) que pidió tra slado como Asistente Social, grado 18, al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de

licencia no remunerada por dos años , y (iii) que pidió tra slado como Asistente Social, grado 18, al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio – Meta; solicitud que fue aprobada y en razón de ello, presentó renuncia a la licencia no remunerada, la cual le fue aceptada mediante Resolución de 16 de febrero de 2023.

VI. FALLO IMPUGNADO

7. El Tribunal Administrativo de l Meta, mediante sentencia de 10 de marzo de 2023, resolvió declarar improcedente el amparo deprecado p or la accionante, por

las siguientes razones:

[…] debe advertirse que si bien realizada la desvinculación de la tutelante, y siendo conocida su situación de pre pensión, aunque no los JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de ACACÍAS, pudieron brindarle una eventual protección a MOSQUERA TIRADO, nombrándola en el cargo ahora en vacante definitiva, lo cierto es que realizaron el procedimiento prima facie, de manera correcta, solicitando información sobre la existencia de lista de elegibles para el cargo, y procediendo luego a un nuevo nombramiento en PROVISIONALIDAD, el cual no podría en principio cuestionarse, pues ya había cesado la vinculación de la tutelante y a la misma nunca se le realizó un efectivo reconocimiento de su condición de pre pensionada, sin que formulara algún reparo al respecto.

Bajo estos criterios, este Juez colegiado estima que si bien MARLENY MOSQUERA TIRADO se encuentra próxima a pensionarse y ocupaba un cargo en PROVISIONALIDAD en la RAMA JUDICIAL, en el caso no es procedente el

algún reparo al respecto.

Bajo estos criterios, este Juez colegiado estima que si bien MARLENY MOSQUERA TIRADO se encuentra próxima a pensionarse y ocupaba un cargo en PROVISIONALIDAD en la RAMA JUDICIAL, en el caso no es procedente el reconocimiento y amparo de la ESTABILIDAD RE FORZADA reclamada, pues la misma no puede considerarse irrestricta ni operar automáticamente, pues en todo caso, se trata de una prerrogativa especial, con la que se pretende la salvaguarda de unos derechos fundamentales, que si no se ven en riesgo inminente no pueden ser amparados, máxime cuando en el caso, a modo de enunciación, no se evidenció la vulneración del derecho al MINÍMO VITAL, ni otra garantía fundamental que permita la intervención del Juez de tutela.

Nótese que si la tutelante estima que se presentó en su caso una desvinculación arbitraria, debido a una presunta irregularidad, por la tardía renuncia al cargo de ASISTENTE SOCIAL, grado 18 del CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS de ACACIAS, y la correlativa renuncia a la LICENCIA NO REMUNERADA otorgada a HAVVA NARVÁEZ ESPINOSA, lo cierto es que podría acudir a los medios ordinarios de defensa judicial, a través del medio de control de NULIDAD Y6

Radicación: 50001-23-33-2023-00059-01

Accionante: Marleny Mosquera Tirado

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, enjuiciando los actos administrati vos que reputa como carentes de motivación e irregulares, siendo ese escenario

Accionante: Marleny Mosquera Tirado

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, enjuiciando los actos administrati vos que reputa como carentes de motivación e irregulares, siendo ese escenario judicial eficaz y eficiente para resolver sobre el particular.

Entonces, la ACCIÓN DE TUTELA promovida resulta IMPROCEDENTE, pues se ejerce para cuestionar actuaciones administ rativas del Nominador, que condujeron a la terminación del vínculo laboral, situaciones que a todas luces pueden ser rebatidas ante el Juez ordinario y no en sede de tutela, máxime cuando no se observa la vulneración al MINIMO VITAL ni otras garantías fundamentales […].

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La accionante presentó impugnación en contra de l fallo de primera instancia, al considerar, en primer lugar, que dicha decisión es incongruente, por cuanto el a quo «[…] advierte de manera clara en qué casos procede la protección al prepensionado y aquellos por los que considera que la accionante podría ser objeto de la protección especial que reclama. Sin embargo, estima que se deben analizar otras circunstancias para determinar si opera la protección reclamada […]».

9. Asimismo, resaltó lo siguiente: «[…] obra dentro del texto de la demanda que la signataria, así como demandó protección al derecho a la estabilidad laboral reforzada, igualmente lo hizo para el debido proceso y del principio de publicidad, la estabilidad laboral relativa o intermedia, la vida digna, la seguridad social, el mínimo vital y el trabajo ; sin embargo, ninguno de ellos mereció miramiento del juez constitucional […]».

publicidad, la estabilidad laboral relativa o intermedia, la vida digna, la seguridad social, el mínimo vital y el trabajo ; sin embargo, ninguno de ellos mereció miramiento del juez constitucional […]».

10. En lo concerniente a su derecho fundamental al debido proceso, la impugnante consideró que este se vulneró «[…] en el mismo instante en que la estabilidad relativa se desatendió con un nombramiento en provisionalidad que el juez de primera instancia calificó como procedimiento correcto; sin tener en cuenta que, como la misma Sala lo expresa, la desvinculación en provisionalidad solo procede, primero, por el nombramiento de una persona que ganó el concurso o, segundo, por razones objetivas que deben ser claramente expuestas en el acto de desvinculación […]».

11. La impugnante puso de presente que la naturaleza del nombramiento del cargo que ejerció, en razón a la licencia no remunerada de la titular del cargo, «[…] pasa a convertirse en provisionalidad definitiva y por ello la Coordinación del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, debe verificar la aplicación de los mecanismos de provisión definitiva señalados, si agotados dichos órdenes de provisión la condición de vacancia definitiva persiste, podrá mantener el nombramiento provisional en el servidor en que inicialmente recayó, sin que sea procedente adelantar un nuevo proceso de convocatoria interna para proveer el empleo […]».

12. Destacó que la desvinculación laboral afectó su derecho al mínimo vital, ya que su «[…] trabajo siempre ha sido la fuente de [su] sustento, no [tiene] otros ingresos

proceso de convocatoria interna para proveer el empleo […]».

12. Destacó que la desvinculación laboral afectó su derecho al mínimo vital, ya que su «[…] trabajo siempre ha sido la fuente de [su] sustento, no [tiene] otros ingresos con los que pueda atender [sus] necesidades diarias y las de [sus] padres, así como7

Radicación: 50001-23-33-2023-00059-01

Accionante: Marleny Mosquera Tirado

la carencia de recursos para poder seguir haciendo los aportes necesarios de salud y pensión […]».

13. Por lo anterior, la parte impugnante consideró que «[…] ni [sus] nominadores, ni el fallador, ahondaron en tal sentido dejando pasar por alto [su] manifestación

[respecto a su afectación a su mínimo vital] , máxime cuando [es] un sujeto de especial protección constitucional en virtud de la estabilidad laboral reforzada que se deriva de [su] condición de prepensionada y, además, teniendo en cuenta que cumpl[e] los requisitos reglamentarios y legales para poder acceder en la calidad antes mencionada a la pensión mínima de vejez al encontrar [se] a menos de tres (3) años para adquirir dicho derecho […]».

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la impugnación presentada por la accionante, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de

por la accionante, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 3 y, en armonía, con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20184, respecto de la distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

VIII.2. Problemas jurídicos

15. De acuerdo con la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

b) Si ello es así, determinar si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales del extremo accionante, con ocasión de su desvinculación del cargo que ocupaba en la Rama Judicial.

16. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto: (i) de la estabilidad laboral reforzada; (ii) de la estabilidad laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad; (iii) del marco jurisprudencial respecto de la condición de prepensionados ; procediendo posteriormente a (iv) resolver el caso concreto.

2 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

respecto de la condición de prepensionados ; procediendo posteriormente a (iv) resolver el caso concreto.

2 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”8

Radicación: 50001-23-33-2023-00059-01

Accionante: Marleny Mosquera Tirado

VIII.3. La estabilidad laboral reforzada

17. Con fundamento en el artículo 13, inciso 2º, de la Constitución Política, el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas afirmativas en favor de los grupos discriminados. También dispensará protección a las personas en estado de debilidad manifiesta, entre las cuales se encuentran los suje tos que por su condición de salud están en situación desfavorable para el desarrollo de su trabajo.

18. El artículo 46 de la Carta Política le impone al Estado el deber de adelantar una política de prevención, rehabilitación e integración social, en favor de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 superior, los empleadores quedan integrados en la labor de ofrecerles capacitación a los trabajadores y les imponen el deber de propiciarles un trabajo

disminuidos físicos, sensoriales y síquicos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 superior, los empleadores quedan integrados en la labor de ofrecerles capacitación a los trabajadores y les imponen el deber de propiciarles un trabajo acorde a quienes se encuentran en situación de discapacidad.

19. La estabilidad laboral reforzada encuentra fundamento en el artículo 3º, numeral 1º, de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, y en el numeral 1º del artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad.

También viene reconocida como garantía en el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 82 de 1988.

20. En suma, la estabilidad laboral reforzada adquiere la connotación de derecho fundamental5 debido a d iversas razones de índole constitucional, como son: i) la existencia de mandatos de protección especial vinculantes para todos los actores sociales y el Estado 6; ii) el principio de solidaridad social y de eficacia de los derechos fundamentales7, y iii) el principio y derecho a la igualdad material, que comporta la adopción de medidas afirmativas en favor de grupos desfavorecidos, o de personas en condición de debilidad manifiesta8.

21. Ahora bien, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada ha sido definido por la jurisprudencia como: i) el derecho a conservar el empleo que tiene el trabajador; ii) a no ser despedido en razón a la vulnerabilidad que lo afecte o por

21. Ahora bien, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada ha sido definido por la jurisprudencia como: i) el derecho a conservar el empleo que tiene el trabajador; ii) a no ser despedido en razón a la vulnerabilidad que lo afecte o por presentar una afectación grave en su estado de salud, y iii) a permanecer en el cargo para el cual fue contratado.

5 Sentencias T-198 de 2006 y C-531 de 2000, reiteradas en la sentencia T-812 de 2008. 6 Estos mandatos se encuentran contenidos en los artículos 13,47, y 54 de la Constitución Política. 7 A partir de los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política. 8 Artículo 13, inciso 2º. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Inciso 4: El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y san cionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.9

Radicación: 50001-23-33-2023-00059-01

Accionante: Marleny Mosquera Tirado

VIII.4. La estabilidad laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad

22. Sea lo primero indicar que el derecho al trabajo -regulado en el artículo 25 superiorlleva implícito el principio de estabilidad en el empleo; sin embargo, quienes ocupan cargos en provisionalidad, tiene n una garantía de carácter relativo e intermedio, comoquiera que el constituyente en el artículo 125 ibidem establece que «[…] los

lleva implícito el principio de estabilidad en el empleo; sin embargo, quienes ocupan cargos en provisionalidad, tiene n una garantía de carácter relativo e intermedio, comoquiera que el constituyente en el artículo 125 ibidem establece que «[…] los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera […]», por lo que las condiciones de ingreso y permanencia en cargos públicos están sujetas al mérito y no a la discrecionalidad del nominador9.

23. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:

[…] cuando el principio de estabilidad en el empleo involucra cargos públicos, debe analizarse bajo la perspectiva de la carrera administrativa, que es el mecanismo preferente para la gestión de los empleos públicos. Esto quiere decir que cuando una persona es nombrada en provisionalidad, su permanencia en ese cargo depende de la implementación de ese mecanismo, justamente porque lo que se privilegia en la Carta es el ingreso al empleo público a través de los concursos de méritos […]10. (negrillas por fuera del texto original)

24. De lo anterior se desprende que la terminación del vínculo laboral en provisionalidad como consecuencia del nombramiento de una persona que fue seleccionada en el concurso de méritos no co mporta e l desconocimiento de los derechos de esta clase de funcionarios, toda vez que dicha estabilidad relativa cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso de méritos, por lo que la estabilidad de los servidores en provisionalidad está condicionada al término de duraci ón del proceso de selección y a las etapas del concurso de méritos11.

VIII.5. Marco jurisprudencial respecto de la condición de los prepensionados

está condicionada al término de duraci ón del proceso de selección y a las etapas del concurso de méritos11.

VIII.5. Marco jurisprudencial respecto de la condición de los prepensionados

25. La figura de “prepensionado” es de creación jurisprudencial y tiene como objeto proteger las expectativas del empleado que está próximo a causar su derecho de pensión de vejez o jubilación, en el sentido de no poder ser retirado o despedido de su empleo hasta tanto no se les haya reconocido dicha prestación económica.

26. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-897 de 2012, sostuvo que:

[…] las personas beneficiarias de la protección especial, es decir los prepensionados, serán aquellos servidores que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez […]. (negrillas de la Sala)

9 Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón. 10 Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 11 Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.10

Radicación: 50001-23-33-2023-00059-01

Accionante: Marleny Mosquera Tirado

27. En relació n con los trabajadores que se encuentran vinculados en cargos de

Radicació