CE - 012333000202300076011SENTENCIA20231026163503

Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01

Accionantes: Claudia Isabel Lasprilla Toro Accionados: Presidencia de la República y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01

Accionante: CLAUDIA ISABEL LASPRILLA TORO

Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Cumplimiento del parágrafo 1.° del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 – Subrogación de obligaciones contractuales de la E.S.E. Francisco de Paula Santander – Inexistencia de cosa juzgada – legitimación en la causa por pasiva

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide las impugnaciones interpuestas por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 4 de mayo de 2023, que

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 4 de mayo de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el cumplimiento del parágrafo 1.°1 del artículo 52 de la Ley 489 de 1998.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

1. Mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2023, la señora Claudia Isabel Lasprilla Toro ejerció la acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del

1 «PARÁGRAFO 1.- El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de los servidores públicos».Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01

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Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de obtener el acatamiento del pará grafo 1.° del

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Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de obtener el acatamiento del pará grafo 1.° del artículo 52 de la Ley 489 de 1998.

2. Del escrito de la demanda se deriva que lo pretendido es que se le ordene a las accionadas que en cumplimiento del parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 2, se establezca qué entidad subrogaría las obligaciones contractuales de la E.S.E. Francisco de Paula Santander liquidada.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

3. Mediante el Decreto 810 de 2008 el Gobierno nacional ordenó la supresión y liquidación de la E.S.E. Francisco de Paula Santander , pero «no dispuso que entidad subrogaría en sus obligaciones contractuales de la entidad liquidada, toda vez, que el Patrimonio Autónomo de Remanente de la ESE Francisco de Paula de Santander ni la Fidupopular S.A., en su condición de vocera y administradora del citado fideicomiso, no son continuadores del proceso liquidatario de la citada entidad liquidada, ni subrogatorios a ningún título de la extinta entidad».

4. Según la ciudadana, el Gobierno nacional lo hizo cuando expidió el Decreto 415 de 2022, que reguló lo relacionado con la subrogación de obligaciones en materia de condena de sentencias contractuales y extracontractuales, el cual se emitió en cumplimiento del fallo del 29 de abril de

2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, expediente n.º 54001 -23-33000-2020-00616-01. En concreto, la demandante puntualizó:

Que en una situación similar el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2020, confirmada a través de sentencia de 29 de abril de 2021, proferida por la Sala Contencioso AdministrativaSección Quinta del Consejo de Estado, dentro de la acción de cumplimiento No. 54001 -23-33-000-2020-00616-01 estableció que el Gobierno Nacional deberá dar cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en el sentido de disponer sobre la subrogación de las obligaciones de la extinta ESE Francisco de Paula Santander, en materia de condena de sentencias contractuales y extracontractuales, al considerar que dicha materia no fue reglamentada dentro del decreto que ordenó la liquidación de la mencionada empresa social del estado y por ello el Gobierno Nacional profirio al Decreto 415 del 24 de marzo de 2022 pero se guardó silencio sobre las obligaciones netamente contractuales las cuales tambien deben se r subrogadas conforme el Parágrafo 1º del Articulo 52 de la ley 489 de 1998 (el texto transcrito corresponde al original de la demanda, por lo que puede tener errores).

2 «Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los num erales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.»Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01

atribuciones previstas en los num erales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.»Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01

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5. El 15 de febrero de 2023, la señora Lasprilla Toro le envió a las accionadas un requerimiento para que cumplieran lo dispuesto en el parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 en relación con las obligaciones de carácter contractual.

6. Con Oficio n.º 202311700422001 de 2 de marzo de 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social l e contestó que aquella obligación se cumplió con el Decreto 415 de 2022. En igual sentido respondió la cartera de justicia y del derecho con el Oficio n.º MJDOF123 -0007122GDJ10400 de 1.º de marzo de

2023.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

7. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto del 28 de marzo de 2023, admitió la demanda y ordenó notificar a la demandante , a las demandadas3 y al agente del Ministerio Público. Además, vinculó como tercera con interés a la Fiduciaria Popular S.A. – Patrimonio Autónomo de Remanentes de la E.S.E. Francisco de Paula Santander.

1.3.1. Contestaciones de la demanda

con interés a la Fiduciaria Popular S.A. – Patrimonio Autónomo de Remanentes de la E.S.E. Francisco de Paula Santander.

1.3.1. Contestaciones de la demanda

8. En la siguiente tabla se incorpora la síntesis de las respuestas recibidas.

Entidad Síntesis de la respuesta Presidencia de la República Se opuso a las pretensiones. En primer lugar, explicó que la entidad no es competente para atender los requerimientos de la actora, tampoco es la destinataria de las normas presuntamente desacatadas. En ese orden, advirtió que carece de legitimación en la causa por pasiva porque la Presidencia de la República es un departamento administrativo diferente del presidente de la república. Además, conform e a los artículos 115 de la Constitución y 159 del CPACA, la representación de los actos que expide el Gobierno nacional está en cabeza del ministro o director correspondiente y no del primer mandatario.

En segundo lugar, señaló que existe cosa juzgada y, solicitó que se declare la improcedencia de la acción, porque se expidió el Decreto 415 de 2022, que reguló la subrogación de obligaciones en materia de condena de sentencias contractuales y extracontractuales, a partir de la orden del fallo del 29 de abr il de 2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, exp. 2020-00616-01. Ministerio de Hacienda y Crédito Público Afirmó que existe cosa juzgada porque mediante sentencia del 29 de abril de 2021, exp. 2020 -00616-01, el Consejo de Estado se pronunció sob re las mismas pretensiones.

Hacienda y Crédito Público Afirmó que existe cosa juzgada porque mediante sentencia del 29 de abril de 2021, exp. 2020 -00616-01, el Consejo de Estado se pronunció sob re las mismas pretensiones.

3 En el auto del 28 de marzo de 2023 se indicó que el extremo demandado estaba conformado por «PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO – MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL – MINISTERIO DEL INTERIOR – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA».Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01

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Ministerio de Salud y Protección Social Se opuso a lo pedido en la demanda porque aquello fue satisfecho con el Decreto 415 de 2022, a través del cual se dio cumplimiento a la sentencia del 29 de abril de 2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, exp. 2020-00616-01. Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho En primer lugar, señaló que en el presente caso existe cosa juzgada porque lo pedido ya fue objeto de pronunciamiento en el fallo del 29 de

2020-00616-01. Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho En primer lugar, señaló que en el presente caso existe cosa juzgada porque lo pedido ya fue objeto de pronunciamiento en el fallo del 29 de abril de 2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, exp. 202000616-01, en virtud del cual se expidió el Decreto 415 de 2022.

En segundo lugar, solicitaron la desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que esas carteras no tienen competencia para adoptar lo pedido en la demanda. Departamento Administrativo de la Función Pública En primer lugar, afirmó que no existe el incumplimiento denunciado en la demanda porque las obligaciones y el pago de las providencias judiciales contractuales y extracontractuales está a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, autoridad que, en virtud de la orden judicial del 29 de abril de 2021, exp. 2020 -0061601 del Consejo de Estado, se expidió el Decreto 415 de 2022.

En segundo lugar, formuló la excepción de inepta demanda por incumplimiento de los requisitos formales, dado que no se formuló ninguna pretensión.

Finalmente, solicitó que se declaren probadas las excepciones de cosa juzgada y de falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo similares argumentos a los que expusieron las entidades demandadas. Fiduciaria Popular S.A. – Patrimonio Autónomo de Remanentes de la E.S.E. Francisco de Paula Santander Se opuso a las pretensiones de la demanda porque no se ha incumplido

Fiduciaria Popular S.A. – Patrimonio Autónomo de Remanentes de la E.S.E. Francisco de Paula Santander Se opuso a las pretensiones de la demanda porque no se ha incumplido el parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en tanto que se expidió el Decreto 415 de 2022.

En esa medida, propuso la excepción de cosa juzgada porque la misma cuestión fue estudiada en la sentencia del 29 de abril de 2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, exp. 2020-00616-01. Finalmente, adujo que existe carencia actual de objeto por hecho superado porque lo pedido está incorporado en el Decreto aludido.

1.3.2. Fallo de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante fallo del 4 de mayo de 2023, i) declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y de cosa juzgada, ii) consideró que las accionadas no habían cumplido el parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y iii) les ordenó a las autoridades que, en el plazo de dos meses, contados a partir de la ejecutoria de ese proveído, dispongan la subrogación de obligaciones de la extinta E.S.E. Francisco de Paula Santander «en materia de obligaciones contractuales».

1.3.3. Impugnaciones

10. El Ministerio del Interior, con memorial enviado el jueves 11 de mayo de 2023 a las 4:50 p. m., reiteró que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada y que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que en las funciones

10. El Ministerio del Interior, con memorial enviado el jueves 11 de mayo de 2023 a las 4:50 p. m., reiteró que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada y que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que en las funciones de esa cartera no se encuentra «la obligación de establecer o determinar cuál oRadicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01

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cuáles deben ser la entidad(es) que subroguen a las entidades prestadoras de salud cuya liquidación ha sido ordenada en sus obligaciones contractuales».

11. El Ministerio de Justicia y del Derecho , a través de escrito radicado el viernes 12 de mayo de 2023 a las 4:35 p. m., solicitó que se le reconociera personería a su apoderado por cuanto en el numeral «TERCERO» de la decisión controvertida no se hizo mención a ello, a pesar de que presentó el poder y los anexos correspondientes.

12. En cuanto a sus argumentos de inconformidad, insistió en que se cumple con los presupuestos para declarar la cosa juzga da y que «le corresponde establecer, proponer, adoptar, ejecutar, y evaluar la política pública del sector administrativo de justicia y del derecho y no del sector administrativo de salud y protección social».

13. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorial remitido

establecer, proponer, adoptar, ejecutar, y evaluar la política pública del sector administrativo de justicia y del derecho y no del sector administrativo de salud y protección social».

13. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorial remitido el martes 16 de mayo de 2023 a las 3:15 p. m., reitero que se expidió el Decreto 415 de 2022, según el cual es competencia de esa cartera «asumir el pago de las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas, derivadas de las obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo de la liquidada Empresa

Social del Estado Francisco de Paula Santander».

14. De otra parte, explicó que el régimen aplicable a la liquidación de la E.S.E.

Francisco de Paula Santander es el Estatuto Orgá nico del Sistema Financiero, en virtud del cual, todos aquellos que consideren que tienen una acreencia, debían presentar la reclamación y le correspondía al liquidador calificar y graduar la deuda. En este punto, explicó que las obligaciones contractuales , generalmente son quirografarias, dependiendo de la prelación de créditos establecida, y su pago depende de la disponibilidad de recursos.

15. Agregó que todas las obligaciones de la E.S.E. Francisco de Paula Santander debieron reclamarse en el proceso liqui datorio y «las únicas obligaciones que a hoy no hacen parte del proceso liquidatorio son las sentencias contractuales o extracontractuales », pues ya se «graduaron y calificaron las acreencias u obligaciones».

16. Para finalizar, insistió en que «hoy únicamente pueden ser exigibles a través de un proceso judicial, que termina con una sentencia judicial de origen contractual y extracontractual», lo cual fue resuelto con el Decreto 415 de 2022,

16. Para finalizar, insistió en que «hoy únicamente pueden ser exigibles a través de un proceso judicial, que termina con una sentencia judicial de origen contractual y extracontractual», lo cual fue resuelto con el Decreto 415 de 2022, por lo que concluyó que el Gobierno nacional «cumplió con su obligación y en el presente caso, es claro que existe cosa juzgada».Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01

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17. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República , con escrito enviado el martes 16 de mayo de 2023 a las 4:40 p. m., cuestionó que se considerara que se le constituyó en renuencia, por lo siguiente:

En efecto, la accionante, seguramente en un acto de confusión, demandó a la Presidencia de la República, cuyo director la representa, de manera que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de constitución en renuencia frente al director de la entidad, que, repito, fue a quien se demandó y frente a quien se admitió la demanda, entonces, en los términos del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 y, aunque se hubiera elevado petición al director de la entidad, en todo caso, la demanda es improcedente en su contra, porque el director de la Presidencia de la República no es la autoridad competente para atender el requerimiento de la accionante.

18. Por otra parte, aseguró que el Tribunal Administrativo de Norte de

la demanda es improcedente en su contra, porque el director de la Presidencia de la República no es la autoridad competente para atender el requerimiento de la accionante.

18. Por otra parte, aseguró que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no se pronunció sobre la excepción de falta de legitimación en la causa que propuso respecto del director de ese departamento administrativo, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución, por lo que insistió en ella.

19. Igualmente, aseguró que se configuró e l fenómeno de la cosa juzgada y que, en cumplimiento de las decisiones de los jueces, se expidió el Decreto 415 del 24 de marzo de 2022.

20. El Departamento Administrativo de la Función Pública , mediante memorial remitido el 16 de mayo de 2023 a las 10:48 p. m., indicó que en el fallo controvertido no se indicó que recursos procedían contra esa decisión, por lo que se vulneró el derecho al «debido proceso administrativo».

21. En cuanto a la controversia de fondo, reiteró que se emitió el Decreto 415 de del 24 de marzo de 2022 y que no es de su competencia «tal iniciativa» por lo que le resulta «imposible modificar lo modificado, aclarar lo aclarado, adicionar lo adicionado, en nuevo Decreto, que mod ifique, aclare y/o sustituya» la referida norma.

22. Además, estimó que se cumplía con los presupuestos para que se declarara la cosa juzgada.

23. En consecuencia, solicitó expresamente4:

1. Pretensión principal:

Revocar en su integridad la sentencia apelada de fecha 04 de mayo de 2023,

declarara la cosa juzgada.

23. En consecuencia, solicitó expresamente4:

1. Pretensión principal:

Revocar en su integridad la sentencia apelada de fecha 04 de mayo de 2023, dictada por el H. Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, declarar que el Gobierno Nacional no incurrió en el cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, al expedir el Decreto 810 de 2008, “Por

4 Se hace esta aclara ción, comoquiera que el memorial que se presentó tiene como asunto «RECURSO DE APELACIÓN Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN».Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01

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el cual se suprime la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander y se ordena su liquidación”, en tanto existe plena claridad sobre la subrogación de obligaciones en materia de condena de sentencias contractuales y extracontractuales.

2. Pretensión subsidiaria:

En caso de que no se acceda a la revocatoria integral del fallo, se solicita a la H. Corporación excluir al Departamento Administrativo de la Función Pública de las cargas de re glamentación impuestas a las accionadas en el numeral 3° de la parte resolutiva del fallo apelado, en tanto que si bien suscribió el Decreto 810 de 2008, por estar tangencialmente vinculado a un tema de “estructura” de una de

parte resolutiva del fallo apelado, en tanto que si bien suscribió el Decreto 810 de 2008, por estar tangencialmente vinculado a un tema de “estructura” de una de las entidades enlistadas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 (art. 13 Decreto 430 de 2016), lo cierto es que mi representada carece de competencia en torno a los temas de subrogación, administración o pago de las obligaciones y derechos de las entidades suprimidas o liquidadas del sector salud (arts. 6° y 121 Superiores), asunto que material y funcionalmente compete a otras autoridades administrativas; declarando, por consecuencia, la falta de legitimación en la causa por pasiva de mi representada, propuesta en la contestación o, en su defecto, de manera oficiosa, la indebida integración por pasiva del contradictorio.

1.3.4. Actuaciones posteriores

24. La oficial mayor de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander, el 17 de mayo de 2023, envío el expediente al despacho del magistrado sustanciador del Tribunal y suscribió el siguiente informe:

25. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de auto del 19 de mayo de 2023, sostuvo y dispuso:Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01

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En sentencia del día 04 de mayo de 2023 se accedió a las pretensiones de la

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En sentencia del día 04 de mayo de 2023 se accedió a las pretensiones de la demanda, en el caso bajo estudio, conforme a las consideraciones expuestas en esa providencia. Decisión que [fue] notificada el día 09 de mayo de 2023 y contra la cual se presentó recurso de impugnación, por parte del MINISTERIO DEL

INTERIOR, MINISTE RIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, MINISTERIO DE

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, remitiéndose y pasándose al Despacho para proveer sobre su concesión el día 17 de mayo de 2023.

Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 393 de 1997, por ser procedentes los recursos interpuestos y haberse presentado estos dentro de la oportunidad consagrada por el legislador para tal efecto, habrá de concederse los mismos en efecto suspensivo, ante el Honorable Consejo de Estado, previo las anotaciones secretariales de rigor.

1.4. Trámite de la acción de cumplimiento en segunda instancia

1.4.1. Sentencia de segunda instancia

26. La Sección Quinta del Consejo de Estado, med iante sentencia del 8 de junio de 2023 5, confirmó el fallo dictado el 4 de mayo de 2023 por el Tribunal

Administrativo de Norte de Santander.

27. En esta providencia únicamente se resolvió la impugnación que interpuso el Ministerio de Salud y Protección Social.

Administrativo de Norte de Santander.

27. En esta providencia únicamente se resolvió la impugnación que interpuso el Ministerio de Salud y Protección Social.

1.4.2. Solicitud de adición

28. El 21 de junio de 2023, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó adición de la sentencia del 8 de junio de 2023, por cuanto «se omitió darle trámite a la impugnación» que presentó.

1.4.3. Sentencia de segunda instancia complementaria

29. La Sala de Decisión, con sentencia complementaria del 6 de julio de 2023, se pronunció sobre la petición del Departamento Administrativo de la Presidencia

de la República y decidió:

PRIMERO: ADICIONAR e l numeral 1° de la sentencia del 8 de junio de 2023 proferida por la Sección Quinta de esta corporación, en el sentido de que se

5 La sentencia fue notificada por correo electrónico el 13 de junio de 2023 y enviada a los buzones web clauditalasprilla@hotmail.com, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co, notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co, notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co, notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co, notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co y servicioalcliente@fidupopular.com.co.Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01

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confirma en su integridad el fallo de 4 de mayo de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión (Negrita propia del texto).

1.4.4. Actuaciones secretariales relevantes

30. El 10 de julio de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó electrónicamente la sentencia de segunda instancia complementaria y la envió únicamente a los buzones web clauditalasprilla@hotmail.com,

notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co y dsalinas@funcionpublica.gov.co.

31. La referida dependencia, a través del Oficio PAP 00624 del 18 de julio de 2023, envío el expediente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander por ser la entidad de origen.

32. La Secretaría General del Consejo de Estado, mediante Oficio No. PAP 00624 del 13 de septiembre de 20 23, le indicó al secretario del Tribunal

Administrativo de Norte de Santander:

Con toda consideración y de la manera más respetuosa me permito solicitar su amable colaboración en el sentido de que se haga caso omiso de la devolución del expediente de la r eferencia, que fue efectuada mediante oficio PAP 00624 de 18 de julio de 2023.

Lo anterior, en atención a que se advierte que la notificación de la providencia de fecha 6 de julio de 2023, no fue realizada a todos los sujetos procesales.

de julio de 2023.

Lo anterior, en atención a que se advierte que la notificación de la providencia de fecha 6 de julio de 2023, no fue realizada a todos los sujetos procesales.

33. El 13 de septiembre de 2023, se notificó electrónicamente la sentencia de segunda instancia complementaria y fue enviada a los buzones web

notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co, notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co, notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co, notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co y notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co.

1.4.5. Incidente de nulidad

34. El 14 de septiembre de 2023, el Ministerio de Justicia y del Derecho

propuso incidente de nulidad y aseguró que:

6. Por parte del Honorable Consejo de Estado, solamente hasta el día 13 de septiembre de 2023 a las 3:54 p.m. se tuvo conocimiento de la segunda instancia notificando la providencia del 6 de julio de 2023 mediante la cual se complementó la sentencia de esa instancia, de fecha 8 de junio de 2023, que no fue ni ha sido notificada al Ministerio de Justicia y del Derecho.Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01

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7. Revisado el buzón del correo electrónico institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de su administrador, se ha encontrado que evidentemente

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7. Revisado el buzón del correo electrónico institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de su administrador, se ha encontrado que evidentemente desde el 16 de mayo de 2023 hasta el 12 de septiembre de 2023 no se recibió notificación alguna de este proceso y, menos aún, proveniente del Honorable Consejo de Estado referente a esta causa o a la accionante.

35. Igualmente, como razones que sustentan la nulidad expuso las siguientes:

Respetuosamente, se solicita a la Honorable Corporación se deje sin efecto y/o se anule la sentencia del 8 de junio de 2023 y se dec lare la nulidad de la misma por indebida o falta de notificación, y, por ende, de la sentencia complementaria del 6 de julio de 2023, al no haberse notificado tal a este Ministerio, tal como lo dispone el artículo 22 de la ley 393 de 1997, puesto que es ev idente la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa de esta cartera ministerial, en principio por no haberse notificado de la sentencia de segunda instancia y, en segundo lugar, porque una vez revisada la misma, se encuentra que no se estudió, y ni siquiera se hizo mención, al recurso de apelación que este apoderado había interpuesto en contra de la decisión del a quo, lo que ostensiblemente quebranta el ordenamiento jurídico al no haberse revisado la impugnación (mecanismo defensivo en esa instancia de la entidad) y al no haberse notificado la decisión de la segunda instancia para poder impugnar en este mismo sentido; se solicita la declaratoria de la nulidad, amparado en el artículo 133, 134 y 135 del Código General del Proceso,

instancia de la entidad) y al no haberse notificado la decisión de la segunda instancia para poder impugnar en este mismo sentido; se solicita la declaratoria de la nulidad, amparado en el artículo 133, 134 y 135 del Código General del Proceso, estando legitimado en la causa por pasiva para ello por estar reconocido como apoderado de la demandada Ministerio de Justicia y del Derecho en el presente proceso y ser afectada con la falt