CE - 012333000202300080011SENTENCIA20230426121344

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2023-00080-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: HELLEN CECILIA STEVENSON RODRÍGUEZ

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DE CLARÓ LA

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO , LAS

CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS QUE GENERARON LA PRESUNTA

VULNERACIÓN DESAPARECIERON. LA SUSPENSIÓN TRANSITORIA

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS RESULTA

IMPROCEDENTE, TODA VEZ QUE CARECE DEL REQUISITO DE

SUBSIDIARIEDAD.

DERECHO FUNDAMENTAL : DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 15 de marzo de 2023, mediante la cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO1 declaró, por una parte, la carencia actual de objeto por hecho superado y, por otra, la improcedencia de la acción de tutela por carecer del requisito de la subsidiariedad.

1 En adelante el Tribunal.2

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2023-00080-01

improcedencia de la acción de tutela por carecer del requisito de la subsidiariedad.

1 En adelante el Tribunal.2

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Actora: HELLEN CECILIA STEVENSON RODRÍGUEZ

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora HELLEN CECILIA STEVENSON RODRÍGUEZ , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA 2 y el MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLÁNTICO3 al haber incurrido en una presunta mora judicial injustificada, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 08001-33-33-005-2022-00071-00, por cuanto no se ha concedido el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 28 de julio de 2022 , que denegó la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los actos administrativos que la declararon insubsistente en el cargo en provisionalidad que venía desempeñando.

2 En adelante el Juzgado. 3 En adelante el Municipio.3

suspensión provisional de los actos administrativos que la declararon insubsistente en el cargo en provisionalidad que venía desempeñando.

2 En adelante el Juzgado. 3 En adelante el Municipio.3

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Actora: HELLEN CECILIA STEVENSON RODRÍGUEZ

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I.2.- Hechos

Manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el MUNICIPIO, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos que resolvieron la declaratoria de insubsistencia del cargo de Profesional Universitario en provisionalidad que venía desempeñando en el área de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de SoledadAtlántico.

Señaló que la demanda le correspondió por reparto al JUZGADO que, en auto de 28 de julio de 2022, denegó la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los actos administrativos acusados.

Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual a la fecha de la presentación de la demanda no ha sido concedido por el JUZGADO.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho junto con la respectiva solicitud de4

demanda no ha sido concedido por el JUZGADO.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho junto con la respectiva solicitud de4

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medida cautelar y, pese a que instauró en tiempo el recurso de apelación contra la decisión que denegó la suspensión provisional de los actos acusados , la autoridad judicial accionada ha tardado más de cinco meses sin que se le dé trámite al recurso de alzada.

Adujo que es necesario que se proceda al estudio de fondo de la acción de tutela, pues considera que los mecanismos judiciales existentes no proporcionan una protección eficaz.

Señaló que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos con desviación de poder y la actuación de la administración al retirarla del cargo afecta gravemente sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, causándole un perjuicio irremediable en tanto no devenga un salario que garantice su subsistencia.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] Tutelar los Derechos fundamental al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, en consecuencia, ordenar que, en un término no mayor a 48 horas, el Municipio de Soledad

como violados, en los siguientes términos:

“[…] Tutelar los Derechos fundamental al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, en consecuencia, ordenar que, en un término no mayor a 48 horas, el Municipio de Soledad (Atlántico) – Secretaria de Educación Municipal, suspend a de manera transitoria y hasta tanto no se resuelva de fondo la litis ante la jurisdicción contenciosa administrativa, los acto s administrativos contenido dentro de las Resoluciones números5

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1117 de 01 de octubre de 2021, por medio de la cual se declara terminada la actuación administrativa iniciada según resolución nº 0585 de 06 de mayo de 2021 y 1149 del 11 de noviembre de 2021, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra el acto administrativo nº 1107 de octubre 1 de 2021; el Decreto 019 del 28 de enero de 2022, “por medio de la cual se declara insubsistente el cargo de un funcionario administrativo en provisionalidad.”; Decreto 019 del 28 de enero de 2022, por medio de la cual se declara insubsistente el cargo de un funcionario administrativo y Decreto 051 del 06 de abril de 2022, por medio del cual se resuelve un recurso de reposición contra el ato administrativo decreto 019 de enero 28 de 2022 […]”.

I.5.- Defensa

funcionario administrativo y Decreto 051 del 06 de abril de 2022, por medio del cual se resuelve un recurso de reposición contra el ato administrativo decreto 019 de enero 28 de 2022 […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO señaló que las actuaciones adelantadas por el despacho, han sido adoptadas dentro de los términos oportunos y razonables.

Aseguró que el hecho que motivó el ejercicio de la acción de tutela se encuentra superado, por cuanto el pasado 10 de marzo de 2023, profirió auto mediante el cual concedió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que denegó la medida de suspensión provisional y, que para la fecha de la presentación del informe , el auto se encontraba en proceso de notificación y en el término de ejecutoria.

Manifestó que la tardanza en la concesión del recurso obedeció a que el escrito de alzada no fue enviado al buzón de correo destinado para6

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tal efecto y , pese a dicha circunstancia , se concedió el recurso en aplicación preferente del derecho al acceso a la administración de justicia.

I.5.2.- El MUNICIPIO solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la referencia, al considerar que no goza de legitimación en la causa por pasiva para pronunciarse sobre lo pretendido por l a

justicia.

I.5.2.- El MUNICIPIO solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la referencia, al considerar que no goza de legitimación en la causa por pasiva para pronunciarse sobre lo pretendido por l a actora.

Indicó que el amparo constitucional se dirige contra la decisión proferida por el juez contencioso administrativo, razón por la que la entidad territorial no está llamada a proteger los derechos señalados como vulnerados.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 15 de marzo de 2023, el TRIBUNAL declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la presunta mora judicial alegada y declaró improcedente el amparo por carecer del requisito de subsidiariedad frente a las pretensiones relacionadas con la suspensión provisional de los acto s administrativos acusados en sede ordinaria.7

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Afirmó que: […] es claro que en el curso de la acción constitucional se satisfizo la petición que dio origen a la presente tutela, configurándose así, el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, como quiera que entre la presentación de la tutela de autos y el momento de proferirse la presente sentencia, se profirió el auto reclamado por la actora, razón por la cual, así habrá de declararse […].

objeto por hecho superado, como quiera que entre la presentación de la tutela de autos y el momento de proferirse la presente sentencia, se profirió el auto reclamado por la actora, razón por la cual, así habrá de declararse […].

Igualmente, señaló que […] respecto a la pretensión de “suspender de manera transitoria y hasta tanto no se resuelva de fondo la litis ante la jurisdicción contenciosa administrativa, los actos administrativos […] es claro, que la accionante, cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, el cual ya ejerció y para el efecto, solicitó la medida cautelar de suspensión provisional precisamente de dichos actos administrativos, medida, negada por el Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y contra el cual, se concedió el recurso de apelación, el cual, deberá ser resuelto por el superior del accionado, por lo que la acción de tutela, se torna improcedente […].

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora cuestionó la providencia de primera instancia, al señala r8

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que el a quo no efectuó un análisis de las motivaciones que llevaron a instaurar la acción de tutela como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable y gravoso, en tanto no cuenta con un ingreso para su sustento mínimo.

que el a quo no efectuó un análisis de las motivaciones que llevaron a instaurar la acción de tutela como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable y gravoso, en tanto no cuenta con un ingreso para su sustento mínimo.

Precisó que: […] lleva más de un año desvinculada de la entidad, sin generar ingresos que garanticen su mínimo vital, además si se llegare a conceder las pretensiones de la demanda de conformidad con la jurisprudencia esta sólo tendría derecho a máximo el pago de 24 meses, tiempo que se cumpliría este año, generándose un daño irremediable […].

En ese sentido, solicitó revocar el fallo impugnado y, en su lugar, que de manera transitoria se suspendan los efectos de los actos administrativos acusados.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela9

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establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLÁNTICO , formuló petición de desvinculación en la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se10

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pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las

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pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés

derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Ahora bien, la Sala advierte que el MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLÁNTICO actúa como parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 08001-33-33-005-2022-00071-00,11

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objeto del presente estudio, razón por la que a la citada entidad, en calidad de tercera , le asiste interés directo en la decisión que se adopte en la acción constitucional de la referencia , por lo que se denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

adopte en la acción constitucional de la referencia , por lo que se denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamen tales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin12

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de

deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.13

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años despué s de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolució n de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos

conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de ma nera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por

no pueden prolongarse de ma nera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,14

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para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinc ulante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de15

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fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de15

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justicia, los cuales estimó vulnerados por el JUZGADO y el MUNICIPIO, por cuanto no se ha concedido el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 28 de julio de 2022 que denegó la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los actos administrativos que la declararon insubsistente en el cargo en provisionalidad que venía desempeñando.

Los disensos de la actora radican en que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho junto con la respectiva solicitud de medida cautelar y , pese a que instauró en tiempo el recurso de apelación contra la decisión que denegó la medida cautelar, la autoridad judicial accionada h a tardado más de cinco meses sin que se le dé trámite al recurso de alzada.

Asimismo, aseguró que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos con desviación de poder y la actuación de la administración al retirarla del cargo afecta gravemente sus derechos causándole un perjuicio irremediable , toda vez que no puede devengar un salario que garantice su subsistencia.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el TRIBUNAL que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la presunta mora judicial alegada y declaró16

devengar un salario que garantice su subsistencia.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el TRIBUNAL que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la presunta mora judicial alegada y declaró16

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improcedente el amparo por carecer del requisito de subsidiariedad respecto a las pretensiones relacionadas con la suspensión provisional de los actos administrativos acusados en sede ordinaria.

La actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia, al considerar que el TRIBUNAL no efectuó un análisis razonado de las motivaciones que la llevaron a instaurar la acción de tutela como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable y gravoso, en tanto no cuenta con un ingreso para su sustento mínimo.

Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a los argumentos expuestos en la impugnación y procederá a determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora.

En ese orden de ideas, la Sala entrará a examinar i) si el JUZGADO incurrió en una presunta mora judicial injustificada dentro del proceso ordinario aludid o y, ii) si frente a las pretensiones encaminadas a obtener la suspensión transitoria de los actos administrativos acusados en sede ordinaria, se cumple con el

incurrió en una presunta mora judicial injustificada dentro del proceso ordinario aludid o y, ii) si frente a las pretensiones encaminadas a obtener la suspensión transitoria de los actos administrativos acusados en sede ordinaria, se cumple con el requisito de la subsidiariedad.

De la mora judicial17

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Esta figura ha sido definida como un “ […] fenómeno multicausal y estructural […] ”4 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones proce