CE - 012333000202300122011SENTENCIA20231019103648

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Radicación: 18001-23-33-000-2023-00122-01

Accionante: Vilma Rocío Perdomo Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 18001-23-33-000-2023-00122-01

Accionante: Vilma Rocío Perdomo Vargas Accionados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

(Huila) y otros

Tema: Acción de tutela por la no expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para conceder las vacaciones individuales de empleada de la Rama Judicial adscrita al Juzgado

Sexto Penal Municipal de Florencia, Caquetá.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnaci ón formulada por el coordinador del Área de Asistencia Legal de la Nación, Rama Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá , Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) y Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá), Delio Andrés Artunduaga Losada, en contra de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2023 por el Tribunal

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) y Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá), Delio Andrés Artunduaga Losada, en contra de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual amparó los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al descanso remunerado de la señora Vilma Rocío Perdomo Vargas.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones2

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En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Vilma Rocío Perdomo Vargas promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas y al descanso remunerado. Como consecuencia de lo anterior , requirió lo siguiente:

a) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) (i) adelantar, de forma inmediata, todas las acciones administrativas necesarias para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para sufragar las erogaciones que requiera el nombramiento de un empleado que la remplace mientras disfruta de su período de descanso y (ii) efectuar el trámite pertinente para la obtención del certificado de disponibilidad cada vez que se

sufragar las erogaciones que requiera el nombramiento de un empleado que la remplace mientras disfruta de su período de descanso y (ii) efectuar el trámite pertinente para la obtención del certificado de disponibilidad cada vez que se soliciten las vacaciones, con el fin de no incurrir en temeridad, pues no es posible que cuando nieguen la concesión de sus vacaciones por no contar con ese certificado tenga que acudir a la acción de amparo.

b) Ordenar al juez sexto penal municipal de Florencia, Álvaro Parra Ramón, o a quien haga sus veces, una vez expedido y remitido el certificado de disponibilidad presupuestal, conceder, en el menor tiempo posible, las vacaciones individuales solicitadas y efectuar el nombramiento provisional para su remplazo.

c) Prevenir a la Dirección precitada para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron lugar a interponer la tutela y que, de hacerlo, será sancionada de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.

1.1.2. Hechos de la solicitud

Del escrito de tutela se extraen los siguientes hechos:

1. La señora Vilma Rocío Perdomo Vargas, quien se encuentra vinculada como oficial mayor en el Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia (Caquetá) el 6 de julio de 2023 solicitó al titular de ese despacho judicial conceder sus vacaciones individuales,3

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por haber laborado de forma continua e ininterrumpida durante el período comprendido entre el 1.° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de igual anualidad, las cuales comenzaría a disfrutar a partir del 11 de septiembre de 2023.

1. El 10 de julio de 2023, la autoridad precitada requirió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, para la designación de l remplazo de la señora Perdomo Vargas durante el disfrute de sus vacaciones.

1. Sin embargo, el 14 de ese mes y año, el coordinador del área de Talento Humano de la Dirección mencionada, Hernán Darío Castaño Castañeda, mediante el Oficio núm. DESAJNE023-2246, resolvió desfavorablemente lo solicitado.

1. Por lo anterior, el 24 de igual mensualidad y anualidad, el juez sexto penal municipal de Florencia, mediante la Resolución núm. 016, negó el disfrute del período vacacional pretendido, por la necesidad del servicio.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La accionante consideró que el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) y el Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia (Caquetá) vulneraron sus derechos fundamentales a la

La accionante consideró que el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) y el Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia (Caquetá) vulneraron sus derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, al descanso remunerado y al trabajo en condiciones dignas y justas, por no disponer los recursos para el nombramiento y pago de su reemplazo mientras el disfrute de su período de descanso.

Para el ef ecto, explicó que en su despacho la planta de personal se encuentra conformada por un juez, un secretario, un oficial mayor, un escribiente y un citador, por lo que no existe personal que pueda cubrir su ausencia durante el período vacacional, de ahí que el Juzgado colapsaría, al no poder encargar en los demás empleados la labor de sustanciar. Adicionalmente, afirmó que en reiterada jurisprudencia se ha ordenado la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, para designar el remplazo del empleado que disfruta de vacaciones individuales. Concretamente, citó las sentencias proferidas4

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por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el proceso con número 2018-00756-01; la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en el expediente 12087 -2019, y el Tribunal Superior Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, radicado 202100159-00.

la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en el expediente 12087 -2019, y el Tribunal Superior Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, radicado 202100159-00.

Por último, alegó que es imprescindible vincular al Consejo Superior de la Judicatura, para que explique los alcances de la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, comoquiera que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) se ampara en este acto administrativo para negar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal , bajo el argumento de que en esa Circular no se encuentran incluidos los empleados de la Rama Judicial del régimen de vacaciones individuales y, por tanto, no es posible emitir el referido certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar a otra persona en reemplazo durante el periodo de vacaciones.

1.2. Actuación procesal

El 4 de agosto de 2023, el despacho de la magistrada Edith Alarcón Bernal del Tribunal Administrativo del Caquetá (i) admitió la acción de la referencia en contra del Consejo Superior de la Judicatura, de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) y del Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia (Caquetá) y (ii) ordenó a las dos últimas autoridades allegar el expediente administrativo correspondiente a la señora Vilma Perdomo Vargas y rendir informe sobre los hechos materia de la solicitud de amparo, para lo cual les otorgó el término de un (1) día.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila)

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila)

El coordinador del Área de Asistencia Legal, Delio Andrés Artunduaga Losada, indicó que actualmente cuenta con la respectiva programación y disponibilidad presupuestal para el disfrute de las vacaciones de la accionante por pertenecer a la planta permanente y que está previst o dentro del plan de necesidades que se presenta anualmente ante la Dirección de Planeación Nacional.5

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Igualmente, advirtió que no resulta procedente obligar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila), Coordinación Administrativa de Florencia, expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de quien remplazará a la peticionaria mientras disfruta de sus vacaciones, cuando el régimen legal no prevé tal privilegio, pues, conforme a la Circular PSAC 11-44 del 23 de noviembre de 2011, dicho presupuesto únicamente está previsto para aquellas personas que ostenten la calidad de funcionarios y no para empleados públicos, como es el caso de la accionante y que , precisamente, fue en ese sentido que se dio respuesta a la petición elevada por el juez sexto penal municipal de Florencia.

Asimismo, precisó que es al despacho judicial mencionado, como autoridad nominadora de la accionante, a quien le corresponde definir sobre la concesión de las

respuesta a la petición elevada por el juez sexto penal municipal de Florencia.

Asimismo, precisó que es al despacho judicial mencionado, como autoridad nominadora de la accionante, a quien le corresponde definir sobre la concesión de las vacaciones de la peticionaria, atendiendo únicamente a las necesidades del servicio, en virtud de lo previsto en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, por lo que el derecho al descanso no puede verse limitado por situaciones de orden presupuestal.

Además, resaltó que el Oficio DEAJRHO17-5287 de 2017 expedido por la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó de manera expresa que la expedición de CDPs para el remplazo de vacaciones solo es para funcionarios y, excepcionalmente, en aras de no afectar la normal prestación del servicio, en el caso de empleados para los Despachos Judiciales con plantas de personal que cuenten con 3 o menos cargos, situación que no se aplica en el caso de la accionante, toda vez que su despacho se encuentra conformado por cinco personas, esto es, un nominador y cuatro empleados, por lo que no ameritaba la designación de un remplazo.

De otra parte, afirmó que la accionante dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para discutir el régimen de las vacaciones individuales y la respuesta brindada por esa dependencia, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que frente a este pueda oponerse un carácter de insuficiencia, pues las eventuales dificultades que imponen los términos judiciales no pueden ser razón para considerar que la acción de tutela sea el único, principal y

restablecimiento del derecho, sin que frente a este pueda oponerse un carácter de insuficiencia, pues las eventuales dificultades que imponen los términos judiciales no pueden ser razón para considerar que la acción de tutela sea el único, principal y definitivo medio para que los nominadores que tienen a su cargo planificar, organizar6

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y otorgar los periodos de vacaciones cumplan de manera responsable con la facultad discrecional que la ley les confiere en tan importante materia. Agregó que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio, por lo que no es posible flexibilizar el requisito de subsidiariedad y analizar el asunto de fondo.

Finalmente, señaló que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, Coordinación Administrativa de Florenci a, carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no es la llamada a responder por las presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales reclamados por la parte accionante. En todo caso, puntualizó que la administración ha dado un trato digno y respetuoso a la accionante en todas y cada una de las solicitudes presentadas, por lo que se desvirtúa amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, solicitó desvincular a la entidad precitada y declarar improcedente el amparo deprecado.

1.3.2. Consejo Superior de la Judicatura

o vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, solicitó desvincular a la entidad precitada y declarar improcedente el amparo deprecado.

1.3.2. Consejo Superior de la Judicatura

La magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura Margarita María Becerra Dawson requirió la desvinculación del presente trámite constitucional, debido a que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, comoquiera que las acciones u omisiones que atribuye la accionante como transgresoras recaen exclusivamente en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila), entidad que actúa como ordenador del gasto, conforme a los ordinales 2.° y 6.° del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, y que tiene a cargo expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para designar los reemplazos de los empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones.

1.4. Sentencia impugnada

El 11 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, amparó los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al descanso remunerado de la señora Vilma Rocío Perdomo Vargas y, en consecuencia, dispuso lo siguiente:7

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«[…] SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que

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«[…] SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que en el término de cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a apropiar los recursos, para que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administr ación Judicial de Neiva - Huila emita dentro de los cinco (5) días siguientes el certificado de disponibilidad presupuestal para el remplazo por vacaciones de la señora Vilma Rocío Perdomo Vargas.

TERCERO: Una vez el Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia reciba la respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Huila, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores deberá proferir acto administrativo a través del cual se decida sobre las vacaciones individuales solicitadas por la señora Vilma Rocío

Perdomo Vargas […]».

Para soportar la anterior decisión, en primer lugar, aclaró que si bien era cierto que la negativa al disfrute y pago de las vacaciones de la accionante constituía un acto administrativo particular y concreto susceptible de ser demandado por la vía de nulidad y restablecimiento del derecho, también lo era que el carácter fundamental del derecho a las vacaciones hace ineficiente ese medio de defensa, pues no puede quedar suspendido a la espera de que se debata la validez de la resolución correspondiente, por lo que exigirle que acuda a la jurisdicción contencioso administra tiva constituiría una carga desproporcionada, pues implicaría agotar términos excesivos para la solución de la controversia, con una eventual, pero probable, afectación de otros derechos.

una carga desproporcionada, pues implicaría agotar términos excesivos para la solución de la controversia, con una eventual, pero probable, afectación de otros derechos.

En segundo lugar, frente al caso en concreto, encontró que sí exis tía vulneración de los derechos fundamentales de la demandante, toda vez que asuntos de índole administrativa no podían afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste. Adicionalmente, sostuvo que, de acuerdo con el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, la demandante no tenía que soportar el hecho de que el Consejo Superior de la Judicatura no tuviera regulado el procedimiento que garantizara la expedición del respectivo CDP que permitiera cubrir los remplaz os de los empleados judiciales que tenían derecho a las vacaciones y, de contera, que ello cercenara su derecho fundamental al descanso. Finalmente, precisó que las órdenes las impartiría en el mismo sentido que lo realizó el máximo tribunal de lo contenci oso administrativo en la acción de tutela con radicado 18001-23-33-000-2023-00047-01.

1.5. Impugnación8

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El coordinador del área de Asistencia Legal, Delio Andrés Artunduaga Losada, impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual afirmó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) y la Coordinación Administrativa

El coordinador del área de Asistencia Legal, Delio Andrés Artunduaga Losada, impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual afirmó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) y la Coordinación Administrativa de Fl orencia carecen de legitimación en la causa por pasiva, puesto que ninguna acción u omisión alegada por la accionante compromete su responsabilidad, en el margen de las competencias legales atribuidas, comoquiera que es al director ejecutivo nacional de ad ministración judicial a quien le corresponde actuar como ordenador del gasto.

Asimismo, indicó que a la Seccional referida no le corresponde expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de quien remplace a la accionante, mientras esta goza de sus vacaciones, por cuanto dicha prerrogativa no se encuentra prevista en ninguna disposición legal, pues la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 regló unas situaciones relacionadas con el disfrute y expedición de recursos para el nombramiento de remplazos, pero solo para aquellas personas que ostentan la condición de funcionarios y no para los empleados p úblicos, como es el caso de la accionante; y el Oficio DEAJRHO17-5287 de 2017 solo permite la expedición de dicho certificado cuando los Despachos Judiciales cuenten con 3 o menos cargos, situación que no se aplica en el caso en concreto, toda vez que el Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia se encuentra conformado por cinco personas, esto es, un nominador y cuatro empleados, por lo que no ameritaba la designación de un remplazo.

Por otro lado, insistió en que la solicitante dispone de otro medio de defensa judicial

personas, esto es, un nominador y cuatro empleados, por lo que no ameritaba la designación de un remplazo.

Por otro lado, insistió en que la solicitante dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para discutir el régimen de las vacaciones individuales y la respuesta brindada por esa dependencia, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que frente a este pueda oponerse un carácter de insuficiencia, pues las eventuales dificultades que imponen los términos judiciales no pueden ser razón para considerar que la acción de tutela sea el único, principal y definitivo medio para que los nominadores que tienen a su cargo planificar, organizar y otorgar los periodos de vacaciones cumplan de manera responsable con la facultad discrecional que la ley les confiere en tan importante materia. Además, señaló que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención9

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del juez constitucional, por lo que no es posible flexibilizar el requisito de subsidiariedad y analizar el asunto de fondo.

En esos términos, solicitó 1) revocar el fallo de tutela proferido el 11 de agosto de 2023; 2) desvincular a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva (Huila) y a la Coordinación Administrativa de Florencia del presente trámite

1. desvincular a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva

(Huila) y a la Coordinación Administrativa de Florencia del presente trámite constitucional y 3) declarar improcedente el amparo deprecado por la señora Vilma Rocío Perdomo Vargas.

1.6. Actuaciones adelantadas en el trámite de segunda instancia

1.6.1. El 15 de septiembre de 2023, el despacho del magistrado s ustanciador vinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y, en consecuencia, le concedió el término de tres (3) días para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones en se fundamenta la presente solicitud de amparo.

1.6.2. El 22 de igual mes y anualidad, el abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , Luis Felipe Delgado Hernández, indicó que el derecho al disfrute de un periodo vacacional no es competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dado que esas atribuciones están a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial, tal y como lo prevé el artículo 99 de la Ley 270 de 199 6. Adicionalmente, sostuvo que es improcedente lo pretendido en esta acción, por cuanto la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 solo reglamentó lo relacionado con el disfrute de vacaciones de los funcionarios judiciales; sin embargo, la accionante no ostenta esta calidad, sino la de empleada judicial, por lo que no podría expedirse el certificado de disponibilidad presupuestal para ese efecto.

De otra parte, resaltó que es el nominador quien se niega a conceder las vacaciones

de empleada judicial, por lo que no podría expedirse el certificado de disponibilidad presupuestal para ese efecto.

De otra parte, resaltó que es el nominador quien se niega a conceder las vacaciones solicitadas por la peticionaria, sin que le sea nombrado un reemplazo para el desarrollo de sus funciones, situación que termina afectando los derechos fundamentales de aquella, debido a que la autoridad judicial ya tiene conocimiento sobre la imposibilidad de destinar recur sos para el nombramiento de un remplazo de la accionante, al no tener este la condición de funcionario, por lo que la orden conminatoria debe librarse10

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en contra del nominador, para que no condicione la concesión de las vacaciones de esta a la expedición de un CDP que por norma no es posible expedir.

De igual forma, afirmó que el nominador desconoce los principios administrativos de planeación y de presupuesto, ya que esta situación podría evitarse con un cronograma que le permitiera a l a accionante el disfrute de sus vacaciones, como conseguir practicantes o judicantes que ayuden a alivianar la carga que manifestó. Asimismo, precisó que no pueden ampararse los derechos reclamados, debido a que el juez de tutela no está facultado para ordenar a una entidad pública la disposición y destinación de los recursos públicos.

Finalmente, consideró que la acción de tutela no está llamada a prosperar, debido a que no es el medio judicialmente idóneo para reclamar la protección del derecho

tutela no está facultado para ordenar a una entidad pública la disposición y destinación de los recursos públicos.

Finalmente, consideró que la acción de tutela no está llamada a prosperar, debido a que no es el medio judicialmente idóneo para reclamar la protección del derecho laboral, ya que ello le corresponde al juez contencioso administrativo o laboral, y l a accionante tampoco demostró la existencia de un perjuicio irremediable que flexibilice este mecanismo constitucional.

Por otro lado, aseguró que el presente trámite se encuentra viciado de nulidad, puesto que no se conformó en debida forma la parte accionada, comoquiera que no se vinculó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien es el ente del Poder Ejecutivo que establece el presupuesto y hace las asignaciones para el cumplimiento de los fines, funciones y competencias administrativas del sector público, entre ellos, el servicio de justicia.

En ese orden de ideas , solicitó (i) decretar la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no estar la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial llamada ni obligada a la disposición de recursos que permitan la contratación del remplazo para la concesión del periodo de vacaciones; la improcedencia de la acción de tutela y la ausencia de un perjuicio irremediable; (ii) ordenar a la autoridad nominadora conceder el período de vacaciones reclamado por la accionante y (iii) vincular al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2. Consideraciones11

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Hacienda y Crédito Público.

2. Consideraciones11

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2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación formulada por el coordinador del Área de Asistencia Legal de la Nación, Rama Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá , Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) y Coordinación Administrativa de Florencia (Caquetá) , Delio Andrés Artunduaga Losada, en contra de la sentencia proferida el proferida el 11 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente».

2.2. Cuestión previa

Previo a plantear el problema jurídico, la Subsección aclara qu e no accederá a la solicitud formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, comoquiera que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no es la entidad llamada a garantizar el derecho a las vacaciones de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y, en esa medida, tampoco considera que se h ubiese integrado en forma inadecuada el contradictorio.

el derecho a las vacaciones de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y, en esa medida, tampoco considera que se h ubiese integrado en forma inadecuada el contradictorio.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, como lo decidió el juez de primera instancia, deben ampararse los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas y al descanso remunerado, cuya vulneración le atribuye al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva (Huila) , al no emitir el certificado de disponibilidad presupuestal para el goce de sus vacaciones y al Juzgado Sexto Penal Municipal de Florencia (Caquetá) al suspender el período vacacional solicitado.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial12

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2.4.1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello, el artículo 6.º, numeral 1.°, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimi