CE - 012333000202300157011SENTENCIA20231017161730

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 170012333000-2023-00157-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: María Edith Ortiz Osorio

TESIS: SE CONFIRMA FALLO IMPUGNADO . LA ACCIÓN DE TUTELA

ES IMPROCEDENTE POR NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE

LA SUBSIDIARIEDAD. EL PROCESO ORIGEN DE LA CONTROVERSIA

ESTÁ EN TRÁMITE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 15 de septiembre de 2023, proferida en primera instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS1 que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por incumplir el requisito general de la subsidiariedad.

1 En adelante SECCIÓN QUINTA.2

Número único de radicación: 170012333000 2023 00157 01

Actora: María Edith Ortiz Osorio

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I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

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I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora MARÍA EDITH ORTIZ OSORIO , actuando a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO NO VENO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES 2 al proferir en primera instancia el auto de 15 de agosto de 2023, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 170013333003-2022-00048-00, a través del cual, por un a parte, tuvo como extemporáneo el pronunciamiento efectuado por aquella frente al traslado de las excepciones y, por otra, negó una solicitud de suspensión procesal.

I.2.- Hechos

Indicó que el 16 de febrero de 2022, promovió demanda en ejercicio

2 En adelante en el JUZGADO.3

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del medio de control de reparación directa contra la NUEVA

EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A -NUEVA EPS3, la E.S.E.

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del medio de control de reparación directa contra la NUEVA

EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A -NUEVA EPS3, la E.S.E.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA, la E.S.E. HOSPITAL

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS, la IPS MEDICINA INTENSIVA DEL TOLIMA S.A y FRESENIUS MEDICAL CARE con la finalidad de que se le reparar a por la presunta falla en la prestación del servicio médico que condujo al fallecimiento de su esposo.

Manifestó que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 170013333003 -2022-00048-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO que, mediante auto de 2 de mayo de 2022, admitió la demanda.

Expuso que el 1o. de marzo de 2023 el JUZGADO corrió traslado de las excepciones propuestas durante 3 días , por lo que el término finalizó el 6 de marzo siguiente.

Comentó que el 6 de marzo de 2023 a las 5:01 p.m., a través de correo electrónico, su apoderada remitió al JUZGADO el

3 En adelante NUEVA EPS.4

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pronunciamiento frente a las excepciones y adjunt ó pruebas que pretendía hacer valer.

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pronunciamiento frente a las excepciones y adjunt ó pruebas que pretendía hacer valer.

Precisó que el mismo día a las 5:09 p.m. su apo derada envió al JUZGADO un correo con una prueba que no pudo presentar en el anterior mail, no obstante, evidenció que la dirección electrónica había sido digitada incorrectamente, por lo que a las 5:12 p.m. envió nuevamente el pronunciamiento al correo que correspondía.

Explicó que el 7 de marzo de 2023 su apoderada remitió un memorial al JUZGADO en el que expuso que estaba en estado de incapacidad médica desde el 4 de marzo anterior, por lo que desde ese momento debían entenderse suspendidos los términos procesales.

Anotó que, mediante auto de 15 de agosto de 2023, el JUZGADO estimó “[…] que el estado de incapacidad médica de los apoderados judiciales no suspende términos y, en cuanto a la presentación de memoriales, adujo que estos deben presentarse antes del cierre del despacho judicial […]”.

I.3.- Fundamentos de la solicitud5

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Afirmó que al proferir la providencia cuestionada el JUZGADO incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, “[…] pues el escrito contentivo del pronunciamiento fue presentado

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Afirmó que al proferir la providencia cuestionada el JUZGADO incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, “[…] pues el escrito contentivo del pronunciamiento fue presentado al despacho un segundo (1 segundo) después de la hora de cierre del despacho, no puede ir en contra de los derechos fundam entales al debido proceso […]”.

Señaló que, además la autoridad judicial accionada desconoció que su apoderada “[…] estaba en estado de incapacidad médica, por lo cual era procedente que se accediera a la solicitud de suspensión de términos judiciales […]”.

Agregó que conforme con el artículo 11 de l Código General del Proceso -CGP4, al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.

Sostuvo que el JUZGADO incurrió en el defecto sustantivo, comoquiera que si bien el artículo 109 del CGP prevé que los memoriales se entenderán recibidos en término, siempre y cuando

4 En adelante CGP.6

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los mismos se reciban antes del cierre de la agencia judicial correspondiente, pasó por alto que la norma aplicable era el artículo 67 del Código Civil que regula la forma como se cuentan los plazos judiciales sin partir del supuesto de apertura o cierre del despacho,

correspondiente, pasó por alto que la norma aplicable era el artículo 67 del Código Civil que regula la forma como se cuentan los plazos judiciales sin partir del supuesto de apertura o cierre del despacho, en concordancia con los artículos 59 y 60 de la Ley 4 de 20 de agosto 19135, conforme con los cuales debía entenderse que los plazos se extienden hasta la medianoche del día en que se vencen.

Indicó que conforme con el artículo 159 del CGP, teniendo en cuenta la incapacidad de su apoderada, era procedente la sus pensión procesal.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] 1. En consideración a la incapacidad médico laboral de la suscrita apoderada, solicito comedidamente se ordene la suspensión de los términos dentro del presente proceso, por el término de duración de la misma (5 días).

2. En aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, debido proceso y evitar la configuración de un exceso ritual manifiesto, comedidamente le solicito al despacho que se tenga por recibido dentro del término legal los pronunciamientos a las

5 “Sobre régimen político y municipal”.7

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excepciones presentadas dentro del radicado de la referencia […]”

I.6.- Defensa

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excepciones presentadas dentro del radicado de la referencia […]”

I.6.- Defensa

I.6.1.- El JUZGADO manifestó que la presente acción de tutela es improcedente por incumplir el requisito general de la subsidiariedad, comoquiera que contra la providencia cuestiona da procedía el recurso de reposición, sin que la actora lo haya agotado.

Agregó que, en todo caso, se remitía a los argumentos expuestos en la referida providencia, en la que determinó tener por extemporáneo el pronunciamiento que la actora hizo frente a l as excepciones propuestas por su contra parte.

I.6.2.- El HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E , vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que la autoridad judicial accionada no cometió ninguna irregularidad que haga procedente la solicitud de amparo.

Advirtió que las causales de suspensión del proceso son taxativas, por lo que mal hubiera hecho el JUZGADO en admitir alguna no prevista en la ley, como lo es la incapacidad médica de la apoderada8

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de la actora.

Sostuvo que en la medida en que conforme con el artículo 109 del

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de la actora.

Sostuvo que en la medida en que conforme con el artículo 109 del CGP se entiende que los memoriales incluidos en mensajes de datos son presentados oportunamente, si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término, era claro que la actora se pronunció de forma inoportuna sobre las excepciones.

I.6.3.- La NUEVA EPS S.A ., vinculada en calidad de tercer a con interés directo en las resultas del proceso , señaló que no fue configurado el defecto procedimental alegado por la actora, dado que el JUZGADO solo dio “[…] cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106 del Código General del Proceso, la cual resulta ser norma especial aplicable al procedimiento contencioso administrativo […]”.

Destacó que en ningún momento el JUZGADO efectuó actos contrarios a derecho, sin que tenga vocación de prosperar el argumento de la actora relativo a la suspensión procesal, dado que tal solicitud no se hizo de forma previa a la concesión del término, ni durante el tiempo en que corrió.9

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II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 15 de septiembre de 2023,

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II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 15 de septiembre de 2023, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por falta del requisito general de subsidiariedad.

Indicó que conforme con el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA6, el recurso de reposición procede contra todos los autos, por lo que la actora debió interponerlo y, al no hacerlo, la acción de tutela se torna improcedente, además porque no demostró alguna razón que justificara tal omisión.

Explicó que la actora no acreditó la falta de idoneidad y eficacia del recurso ordinario que se encontraba a su alcance para controvertir el auto que negó su solicitud, ni demostró la consumación de un perjuicio irremediable, así como tampoco que se tratara de un sujeto de especi al protección constitucional o que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta.

6 En adelante CPACA.10

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia indicando que con el memorial con el que se opuso a las excepciones propuestas por su contra parte remitió un dictamen médico pericial.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia indicando que con el memorial con el que se opuso a las excepciones propuestas por su contra parte remitió un dictamen médico pericial.

Reiteró que el 7 de marzo de 2023 su apoderada remitió un memorial al JUZGADO a través del cual expuso que se encontraba “[…] en estado de incapacidad médica debido a un legrado uterino, lo cual impedía presentar el pronunciamiento dentro del horario laboral […]”.

Insistió en que constituye una vía de hecho que el JUZGADO haya estimado que la incapacidad médica de su apoderada no configuraba una causal de suspensión procesal, ade más que haya estimado que el memorial de oposición a las excepciones debía haberse presentado antes de la hora de cierre del despacho , en los términos de los artículos 67 del Código Civil, 59 y 60 de la Ley 4 de 1993 y 159 del CGP.

Sostuvo que al declarar improcedente la acción de tutela, el TRIBUNAL: “[…] no tuvo en cuenta las circunstancias excepcionales11

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presentes en este caso, donde se configuró un exceso ritual manifiesto y se desconoció el derecho de acceso a la justicia […]”.

Afirmó que e l recurso de reposición es inane, dado que la misma

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presentes en este caso, donde se configuró un exceso ritual manifiesto y se desconoció el derecho de acceso a la justicia […]”.

Afirmó que e l recurso de reposición es inane, dado que la misma autoridad que profirió la providencia cuestionada es la misma que debería resolverlo , lo cual hubiese llevado a que se confirmara la decisión, puesto que en la contestación aquella se remitió a las consideraciones plasmadas en la decisión acusada.

Anotó que la negativa a considerar las circunstancias excepcionales del caso “[…] podría llevar a una situación en la que se vulneren los derechos fundamentales de la demandante sin posibilidad de reparación posterior, lo que constituye un claro supuesto de perjuicio irremediable, por cuanto no contará con otro momento procesal idóneo para aportar las pruebas con que pretende derruir las excepciones planteadas por la contraparte […]”.

Agregó que además debe tenerse en cuenta que su apoderada se encontraba en una incapacidad médica, lo que justificaba la falta de interposición del recurso de reposición.

Indicó que la prevalencia del derecho al acceso a la administración12

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de justicia a través de la acción de tutela sobre los requisitos especiales de procedencia, como el de subsidiariedad, se fundamenta en varios principios y consideraciones fundamentales co mo el

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de justicia a través de la acción de tutela sobre los requisitos especiales de procedencia, como el de subsidiariedad, se fundamenta en varios principios y consideraciones fundamentales co mo el perjuicio irremediable, la eficacia del amparo y el carácter supletorio de esta.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 8 0 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo13

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Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:14

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, e l juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjui cio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la

en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrif icarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar15

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claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la prot ección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defe ctos que adelante se explican.16

demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defe ctos que adelante se explican.16

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente

fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto el17

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auto de 15 de agosto de 2023, proferido por el JUZGADO dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 170013333003-2022-00048-00, a través del cual, por un a parte, tuvo como extemporáneo el pronunciamiento efectuado por aquella frente al traslado de las excepciones y, por otra, negó una solicitud de suspensión procesal.

El proceso aludido tiene origen en la muerte del esposo de la actora,

efectuado por aquella frente al traslado de las excepciones y, por otra, negó una solicitud de suspensión procesal.

El proceso aludido tiene origen en la muerte del esposo de la actora, hecho que atrib uye a una falla médica de las instituciones allí demandadas.

El disenso de la actora deriva del hecho de que el JUZGADO haya tenido por extemporáneo el pronunciamiento que hizo al traslado de las excepciones, por cuanto el memorial respectivo fue radicado vía mail después del cierre del despacho en el último día del término respectivo. Además, aquella reprochó que no se haya suspendido el proceso, como consecuencia de una incapacidad médica dada a su apoderada.

Con base en lo anterior la actora afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y sustantivo, este último, porque aquella estima que tenía18

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hasta las 12 a.m. del último d ía del traslado, conforme con los artículos 67 del Código Civil y 59 y 60 de la Ley 4 de 1913, además porque la incapacidad de su apoderada sí daba lugar a la suspensión del proceso, de acuerdo con el artículo 159 del CGP.

En el curso de la primera instancia de la presente acción de tutela el TRIBUNAL declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito general de subsidiariedad, comoquiera que la actora no

del proceso, de acuerdo con el artículo 159 del CGP.

En el curso de la primera instancia de la presente acción de tutela el TRIBUNAL declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito general de subsidiariedad, comoquiera que la actora no interpuso el recurso de reposición contra la decisión cuestionada.

En la impugnación la actora iteró los argumentos iniciales e indicó que el recurso de reposición es inane, además que no podía interponerlo porque su apoderada estuvo incapacitada y se producirá un perjuicio irremediable porque no podrá presentar las pruebas que pretendía con el traslado de las excepciones.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si el JUZGADO vulneró los derechos deprecados, al proferir el auto de 15 de agosto de 2023 aludido.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los19

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requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del requisito de subsidiariedad

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del requisito de subsidiariedad

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable . La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un carácter excepcional y subsidiario , pues solo es procedente cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.20

Número único de radicación: 170012333000 2023 00157 01

Actora: María Edith Ortiz Osorio

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Así