CE - 012333000202300174011SENTENCIA20231109155010

Demandante: Procurador 8 Judicial II Agrario Ambiental de Valledupar

Demandado: Corporación Autónoma Regional del Cesar

Radicación No.: 20001-23-33-000-2023-00174-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., nueve (09) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 20001-23-33-000-2023-00174-01

Accionante: PROCURADOR 8 JUDICIAL II AGRARIO Y AMBIENTAL

DE VALLEDUPAR

Accionado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Tema: Confirma – Accede a pretensiones.

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SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionada contra la sentencia de 21 de septiembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Cesar.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. El señor Camilo Vence de Luques, actuando en calidad de Procurador 8

Judicial II Agrario y Ambiental de Valledupar, promovió acción de cumplimiento contra la Corporación Autónoma Regional del Cesar (en adelante Corpocesar). Con s u solicitud pretende que se le ordene a la autoridad accionada el

Judicial II Agrario y Ambiental de Valledupar, promovió acción de cumplimiento contra la Corporación Autónoma Regional del Cesar (en adelante Corpocesar). Con s u solicitud pretende que se le ordene a la autoridad accionada el acatamiento de lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la Resolución 627 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial1.

2. Como consecuencia del obedecimiento de la s normas invocadas, solicitó que se le ordene a Corpocesar la elaboración del mapa de ruido ambiental de la ciudad de Valledupar y con ocasión a este, el plan de descontaminación respectivo, con su cronograma de implementación.

2. Hechos

3. La parte accionante manifestó que, a través de oficio N.º 3600008 – 095 del 13 de marzo de 2023 , requirió a la accionada para que informara si había realizado; (i) el mapa de ruido correspondiente a la ciudad de Valledupar y; (ii) el plan de descontaminación por ruido de dicho territorio.

1 Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.Demandante: Procurador 8 Judicial II Agrario Ambiental de Valledupar

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4. A través de oficio DG 433 del 27 de marzo de 2023, Corpocesar manifestó que ha venido adelantado acciones de monitoreo de ruido ambiental y emisiones

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4. A través de oficio DG 433 del 27 de marzo de 2023, Corpocesar manifestó que ha venido adelantado acciones de monitoreo de ruido ambiental y emisiones de ruido conforme la normatividad legal vigente. Precisaron que en los años 2021 y 2022 realizaron monitoreos en dicha capital y con base en ellos, efectuarían las gestiones de elaboración y/o actualización del mapa de ruido según la capacidad técnica y financiera de dicha entidad.

5. De conformidad con la respuesta proporcionada por la corporación accionada, la Procuraduría 8 Judicial II Agraria y Ambiental de Valledupar libró el oficio N.º 3600008 – 159 del 14 de abril de 2023. El propósito de este escrito era constituir en renuencia a la entidad accionada . En dicho documento solicitó el cumplimiento de los artículos 22 y 25 de la Resolución 627 de 2006 del Ministerio

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

6. Corpocesar, por su parte, manifestó en oficio 03750 del 17 de mayo de 2023 que ya había proporcionado respuesta a través del oficio DG – 0433 del 27 de marzo de 2023.

3. Actuaciones procesales en primera instancia

7. La demanda inicialmente correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar. Esta autoridad judicial, en providencia del 10 de julio de 2023 , admitió la acción de cumplimiento en primera instancia. En consecuencia, ordenó la notificación personal de Corpocesar y del Agente del Ministerio público delegado ante ese despacho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del CPACA.

admitió la acción de cumplimiento en primera instancia. En consecuencia, ordenó la notificación personal de Corpocesar y del Agente del Ministerio público delegado ante ese despacho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del CPACA.

8. Una vez surtidas las notificaciones personales , mediante auto de 11 de agosto de 2023, la autoridad judicial remitió la demanda al Tribunal Administrativo del Cesar. Esta decisión por considerar que el competente para adelantar la controversia de la referencia es el referido tribunal.

9. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Cesar avocó conocimiento de la demanda de cumplimiento en providencia del 29 de agosto de 2023.

4. Contestaciones e informes

4.1. Corporación Autónoma del Cesar – CORPOCESAR10. Solicitó que no se accediera a las pretensiones de la demanda habida cuenta que dicha autoridad ha venido adelantando las actuaciones pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto por las normas.

11. Refirió que, dentro de las acciones que han realizado está el «Diagnóstico de ruido ambiental y plan estratégico de gestión para la descontaminación del ruido en la cabecera municipal de Valledupar, departamento del Cesar» , el cualDemandante: Procurador 8 Judicial II Agrario Ambiental de Valledupar

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se encuentra en actualización. Agregó que han venido ejecutando labores

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se encuentra en actualización. Agregó que han venido ejecutando labores tendientes al monitoreo del ruido ambiental, los cuales servirían de base como insumos técnicos para la elaboración y ejecución del mapa de ruido.

12. Adicionalmente, adujo que la demanda es improcedente teniendo en cuenta que las normas invocadas tienen implícita la condición de requerir para su cumplimiento erogaciones o gastos dispuesto en el artículo 9 de la Ley 393 de

1997. Finalmente, solicitó de manera subsidiaria que, en caso de acceder a las pretensiones, se estableciera un término prudencial para su cumplimiento.

5. Fallo de primera instancia

13. En sentencia de 21 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del César accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento. Para fundamentar su decisión explicó que Corpocesar incumplió la obligación contenida en los artículos 22 y 25 de la Resolución 627 de 2006 expedida por el

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

14. En este orden, señaló que la Resolución 627 de 2006 contiene un mandato imperativo e inobjetable que resulta incuestionable para Corpocesar. Máxime si se tiene en consideración de que los resultados del censo nacional de población y vivienda realizado por el DANE para el año 2019 se determinó que la ciudad de Valledupar tiene una población de 459.349 habitantes2.

15. Adicionalmente, señaló que, si bien la accionada refirió que efectuó el

y vivienda realizado por el DANE para el año 2019 se determinó que la ciudad de Valledupar tiene una población de 459.349 habitantes2.

15. Adicionalmente, señaló que, si bien la accionada refirió que efectuó el «Diagnóstico de ruido ambiental y plan estratégico de gestión para la descontaminación del ruido en la cabecera municipal de Valledupar, departamento del Cesar» lo cierto es que no se verifica que hubiera elaborado el mapa ni el plan de descontaminación por ruido. Esto, a criterio del a quo, transgrede el concepto del plazo razonable, comoquiera que ha tenido un lapso superior a 12 años para atender la exigencia impuesta.

16. Finalmente, en relación con el argumento desplegado por el accionado en torno a la improcedencia de la demanda por el requisito de gasto, señaló que la obligación está desde el año 2006, motivo por el cual , dicha erogación al presupuesto debió estar asignada por parte de la entidad desde el año 2007.

17. En vista de ello, otorgó el término de 4 meses contados a partir de la notificación de la providencia para que Corpocesar diera cumplimiento a las previsiones contenidas en las normas invocadas y elabore el mapa de ruido ambiental para la ciudad de Valledupar y su plan de descontaminación respectivo.

2 El artículo 22 impone la obligación de crear un mapa de ruido ambiental en aquellos municipios que superen la cifra de 100.000 habitantes.Demandante: Procurador 8 Judicial II Agrario Ambiental de Valledupar

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que superen la cifra de 100.000 habitantes.Demandante: Procurador 8 Judicial II Agrario Ambiental de Valledupar

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6. Impugnación

18. La autoridad accionada, solicitó que se revocara la providencia de primera instancia. De forma subsidiaria, pidió que se estableciera un término prudencial para el cumplimiento de las obligaciones, pues a su juicio, el plazo de 4 meses no resulta suficiente para adelantar de manera juiciosa el acatamiento de las disposiciones.

19. Iteró los argumentos presentados en el escrito de contestación de la presente demanda. Por un lado, señaló que elaboró el «Diagnóstico de ruido ambiental y plan estratégico de gestión para la descontaminación del ruido en la cabecera municipal de Valledupar, departamento del Cesar», con el cual ha dado cabal observancia a la obligación contenida en las disposiciones objeto del presente trámite. Refirió que dicho elemento constituye el insumo a tener como fundamento técnico para la elaboración y ejecución del mapa de ruido de la ciudad de Valledupar.

20. Por otro lado, e xpuso que la jurisprudencia pacífica de esta corporación ha considerado la improcedencia de medio de control, cuando se pretende el cumplimiento de una norma de implique gasto.

7. Actuaciones de segunda instancia

20. Por otro lado, e xpuso que la jurisprudencia pacífica de esta corporación ha considerado la improcedencia de medio de control, cuando se pretende el cumplimiento de una norma de implique gasto.

7. Actuaciones de segunda instancia

21. Por auto de 17 de octubre de 2023, el magistrado ponente de esta decisión le ordenó a la Secretaría General de la corporación requerir piezas procesales al Tribunal Administrativo del Cesar. Esto, en atención a que no obraba dentro del expediente la contestación de la demanda realizada por Corpocesar, ni los documentos contenidos a índices 7 y 19 de Samai dentro del radicado 20001-2333-000-2023-00174-00 adelantado por la autoridad judicial de primer grado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

22. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por Corpocesar contra la sentencia de 21 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1253, 1504 y 2435 de la Ley 1437 de 2011 6, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. Esta última disposición establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación

3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20. 4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26. 5 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62. 6 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26. 5 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62. 6 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]Demandante: Procurador 8 Judicial II Agrario Ambiental de Valledupar

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para conocer de «…las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

23. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

24. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»

(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento.

25. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]7.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello (artículos 5.º y 6.º).

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda (artículo 8.º).

requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda (artículo 8.º).

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).

7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Procurador 8 Judicial II Agrario Ambiental de Valledupar

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(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración (artículo 9.º).

2.3. De la renuencia

26. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto administrativo con citación precisa de éste 8 y que ésta se ratifique en el

en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto administrativo con citación precisa de éste 8 y que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

27. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»9.

28. Sobre este tema, esta Sección10 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la

expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y , para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido

Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto) 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo. 10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.Demandante: Procurador 8 Judicial II Agrario Ambiental de Valledupar

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expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.Demandante: Procurador 8 Judicial II Agrario Ambiental de Valledupar

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de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos11”. (Negrillas fuera de texto).

29. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece

lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

30. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así; por ello, basta con adve rtir del contenido de la petición que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

no lo prevé así; por ello, basta con adve rtir del contenido de la petición que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

31. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».12

32. La parte actora probó que le dirigió una petición a la accionada el 14 de abril de 2023. En el escrito solicitó expreso cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la Resolución 627 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. En consecuencia, requirió a Corpocesar la elaboración del mapa de ruido de la ciudad de Valledupar, así como el plan de descontaminación por ruido.

33. De acuerdo con lo anterior, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la presente acción de cumplimiento , la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia de la norma cuya atención solicita, ante la autoridad accionada.

34. Así, la Sala debe reiterar que la renuencia busca que se atienda una obligación establecida en una norma con fuerza de ley o acto administrativo. Por ende, no es suficiente con que conteste la petición o el requerimiento en renuencia. Para que no sea procedente la acción de cumplimiento se debe demostrar que se acató la obligación que se le exige.

11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

demostrar que se acató la obligación que se le exige.

11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla 12 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002, exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.Demandante: Procurador 8 Judicial II Agrario Ambiental de Valledupar

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2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento

35. La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que se ordene a Corpocesar que, en cumplimiento d e los artículos 22 y 25 de la Resolución 627 de 2006 del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se elabore el mapa de ruido y plan de descongestión de la ciudad de Valledupar. Por ende, es evidente que se cumple con el requisito de que la norma que se solicita acatar tenga rango de ley o acto administrativo.

36. Igualmente se satisface el requisito de que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas. Lo anterior porque expresamente la obligación fue atribuida a las Corporaciones Autónomas Regionales, a las de Desarrollo

atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas. Lo anterior porque expresamente la obligación fue atribuida a las Corporaciones Autónomas Regionales, a las de Desarrollo Sostenible y a las Autoridades Ambientales.

37. Respecto del requisito de subsidiariedad, se evidencia que lo pretendido por el accionante no involucra la protección directa de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela. Tampoco existe otro mecanismo judicial para hacer efectiv a la obligación establecida en los artículos 22 y 25 de la Resolución 627 de 2006. Adicionalmente, se advierte que la norma de la que es objeto de la demanda se encuentra actualmente vigente, en la medida en que no fue derogada, modificada o sustituida en el ordenamiento jurídico.

38. Finalmente, respecto del gasto, previo a definir esta situación, se realizará un análisis de las normas invocadas para evaluar si se satisface este requisito de procedibilidad. Para tal efecto, es importarte empezar por transcribir la s normas

en cuestión:

Artículo 22. Obligatoriedad de la realización de mapas de ruido. Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 de 20 02, elaborar, revisar y actualizar en los municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores de cien mil (100.000) habitantes, mapas de ruido ambiental para aquellas áreas que sean consideradas como prioritarias. En cada uno de estos municipios, la elab oración del primer estudio y sus respectivos mapas de ruido se deben efectuar en un período

habitantes, mapas de ruido ambiental para aquellas áreas que sean consideradas como prioritarias. En cada uno de estos municipios, la elab oración del primer estudio y sus respectivos mapas de ruido se deben efectuar en un período máximo de cuatro (4) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. Los estudios y mapas de ruido de los municipios mayores de cien mi l (100.000) habitantes se deben revisar y actualizar periódicamente cada cuatro (4) años. Los mapas de ruido se elaborarán de acuerdo con las especificaciones del Anexo 5. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridad es Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 entregarán copia del mapa de ruido por municipio al IDEAM. Artículo 25. Planes de descontaminación por ruido. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, deben establecer y ejecutar planes de descontaminación por ruido. Estos planes deben ser desarrollados con base en los mapas de ruidoDemandante: Procurador 8 Judicial II Agrario Ambiental de Valledupar

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elaborados para cada una de las áreas evaluadas de que trata el artículo 22. (Sic a toda la cita).

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elaborados para cada una de las áreas evaluadas de que trata el artículo 22. (Sic a toda la cita).

39. Lo primero que, a juicio de la Sala, resulta importante destacar es que la parte actora con el ejercicio de esta acción busca que la autoridad accionada acate la norma nacional de emisión de ruido ambiental. En ese sentido, pidió que Corpocesar elabore «el plan de descontaminación de ruido ambiental con su cronograma de implementación, debiendo remitir tanto el mapa de ruido ambiental como el plan de descontaminación a la Alcaldía Municipal de

Valledupar».

40. Por su parte, Corpocesar aseguró que no ha incumplido las normas cuyo cumplimiento se depreca, pues profirió el «Diagnóstico de Ruido Ambiental y Plan Estratégico de Gestión para la descontaminación del ruido en la cabera municipal de Valledupar, departamento del César». En dicho instrumento habría adoptado todas las medidas tendientes a la adecuación y ejecución de planes de descontaminación por ruido. En seguida, refirió que es el insumo a tener como fundamento técnico para la realización del mapa de ruido.

41. Con todo, precisó que el acatamiento de las disposiciones invocadas, se enmarca dentro de la situación prevista en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997. De conformidad con la norma en cita, la acción de cumplimiento no es procedente para perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

42. Así las cosas, a efectos de verificar si se configura la causal de improcedencia en estudio, conviene destacar que la jurisprudencia de esta

es procedente para perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

42. Así las cosas, a efectos de verificar si se configura la causal de improcedencia en estudio, conviene destacar que la jurisprudencia de esta corporación ha establecido en otras oportunidades que cuando la norma cuya aplicación se solicita implica una obligación de hacer, se entiend e que la misma no genera gasto.

43. Sobre el particular, se resalta la sentencia del 24 de febrero de 2022 , en la cual se estudió la procedencia de la acción de cumplimiento del artículo 324 de la Ley 1955 de 2019 relacionado con la formulación de una política ambiental13. En dicha oportunidad la Sala consideró que la disposición implicaba una obligación de hacer y por lo mismo, encontró acreditado el presupuesto general de procedencia de la acción de cumplimiento.

44. En sentencia del 24 de agosto de 2023 , la corporación estudió la procedencia de la acción de cumplimento respecto del artículo 87 de la Ley 2277 de 2022 a efectos de que la UGPP determinara un esquema de