CE - 012333000202300342011SENTENCIA20231019165658

Demandante: Héctor Javier Valero González Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Ibagué y otros Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 73001-23-33-000-2023-00342-01

Demandante: HÉCTOR JAVIER VALERO GONZÁLEZ

Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE IBAGUÉ Y OTROS

Temas: Tutela de fondo - vacaciones de empleados de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia del 25 de septiembre de 2023 del Tribunal Administrativo del Tolima, que amparó los derechos fundamentales del señor Héctor Javier Valero González.

I.ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 15 de septiembre de 2023 , el señor Héctor Javier Valero González, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Dirección

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 15 de septiembre de 2023 , el señor Héctor Javier Valero González, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué y el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué , con el fin de que sea n amparados sus derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad.

2. Consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión a la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué para conceder la asignación presupuestal correspondiente al reconocimiento del disfrute de un período de vacaciones, por haber laborado al servicio del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué, en forma continua e interrumpida durante un año.

3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de sus garantías constitucionales y como consecuencia pidió:Demandante: Héctor Javier Valero González Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Ibagué y otros Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01

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2 2.1. Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Judicial de Ibagué – Tolima, la provisión de los recursos necesarios para que el Juez

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2 2.1. Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Judicial de Ibagué – Tolima, la provisión de los recursos necesarios para que el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, adopte las medidas que sean necesarias para conceder las vacaciones del actor que están pendientes y que fueron solicitadas.

2.2. Se ordene al Juez Coordinador de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, para que una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Ibagué apropie los recursos solicitados, se conceda a la actora el disfrute de las vacaciones solicitadas

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. Mediante la resolución 076 del 11 de octubre de 2011, el señor Valero González fue nombrado escribiente de circuito en grado nominado en propiedad del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué, con efectos fiscales a partir del 9 de diciembre de 2011.

5. El 4 de septiembre del present e año, elevó petición ante el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, para que se le concedieran sus vacaciones por el término de 25 días continuos a partir del 8 de noviembre hasta e l 1 de diciembre de 2023, inclusive,

Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, para que se le concedieran sus vacaciones por el término de 25 días continuos a partir del 8 de noviembre hasta e l 1 de diciembre de 2023, inclusive, correspondiente a los servicios prestados entre el 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023.

6. En atención a la petición, el secretario del Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué solicitó el 5 de septiembre a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Ibagué disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo por motivo de vacaciones del actor en el cargo de escribiente del circuito gra do nominado , en atención a la carga laboral e imposibilidad de la distribución de las tareas que desempeña el actor, debido a que sus compañeros escribientes cuentan con una alta carga laboral y recibir sus funciones durante sus vacaciones sería una sobrecarga laboral.

7. Mediante oficio DESAJIBO23 -1674 del 11 de septiembre de 2023, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué informó que no existía disponibilidad presupuestal para el nombramiento del reemplazo del actor, pero sí contaban con el presupuesto disponible para conceder las vacaciones al mencionado servidor judicial.

8. Luego, el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué a través de la resolución 0139 del 12 de septiembre de 2023, negó las vacaciones por necesidad del servicio.Demandante: Héctor Javier Valero González

Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del

septiembre de 2023, negó las vacaciones por necesidad del servicio.Demandante: Héctor Javier Valero González Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Ibagué y otros Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01

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1.3. Fundamentos de la vulneración

9. Planteó el accionante que, al habérsele negado las vacaciones, se le vulneraron sus derechos al trabajo en condiciones dignas, al descanso, a la salud física y mental, a la familia, a la igualdad entre otros, ya que, al no contar con disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo durante el periodo de vacaciones, todos aquellas tareas relacionadas con las funciones que desempeña, serían acumuladas hasta el reintegro del mismo, debido a que durante su ausencia no hay quien desempeñe las labores propias del cargo.

10. Precisó que, en repetidas oportunidades los escribientes del Centro de Servicios de la especialidad han informado de la grave situación de sobre carga laboral y de la necesidad de la creación de cargos de apoyo para esas funciones, por lo que esta situación es de pleno conocimiento de la administración judicial, razón por la cual resulta una violación flagrante al principio de igualdad, porque para algunos funcionarios (jueces y magistrados), si se proveen los recursos para los reemplazos, y siempre son los empleados judiciales a quienes con mayor frecuencia se le vulneran sus derechos.

11. Sumado a ello, indicó que no es posible distribuir su carga laboral en forma

siempre son los empleados judiciales a quienes con mayor frecuencia se le vulneran sus derechos.

11. Sumado a ello, indicó que no es posible distribuir su carga laboral en forma proporcionada dentro de los empleados del Centro de Servicios, porque generaría sobrecarga laboral y estrés en los compañeros que reciban esas funciones, o en caso contrario, se represarían hasta su posible reintegro del periodo de vacaciones o esta imposibilidad sea óbice para desconocer el derecho al descanso remunerado.

12. Resaltó varios pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado en estos casos, a través de los cuales amparan la protección invocada , pero también hizo énfasis el artículo 41 del Acuerdo Colectivo entre el Consejo Superior de la Judicatura y las Organizaciones Sindicales de la Rama Judicial 2021-2022, el cual establece que «Art.41 REEMPLAZO DE PERSONAL EN VACACIONES INDIVIDUALES. El Consejo Superior de la judicatura se compromete a gestionar la disponibilidad presupuestal suficiente, que permita garantizar el nomb ramiento de reemplazos para los servidores judiciales con derecho las vacaciones individuales, tales como juzgados de control de Garantías, Centros de Servicios judiciales y de Ejecución de penas entre otros, a fin de garantizar la continuidad del servicio de justicia para los ciudadanos. Igualmente se deja constancia que el presente artículo se incluirá en el proyector de Refirma a la ley Estatutaria de Administración de Justicia».

13. Concluyó que, la vulneración a sus derechos a la vida en condiciones d ignas, en conexidad al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia existe de manera real

13. Concluyó que, la vulneración a sus derechos a la vida en condiciones d ignas, en conexidad al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia existe de manera real con el hecho atacado y dicha vulneración persiste, pues ante la renuencia y falta de actividad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de apropiar los recursos necesarios para su reemplazo, no se ha logrado establecer la fecha de disfrute de los periodos de vacaciones a que tiene derecho y se encuentran pendientes.Demandante: Héctor Javier Valero González Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Ibagué y otros Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01

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1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

14. Mediante auto del 15 de septiembre de 2012 se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación tanto a la parte accionante como a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de

Ibagué.

15. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial.

1.5. Intervenciones

16. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las

siguientes intervenciones:

1.5.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

1.5. Intervenciones

16. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las

siguientes intervenciones:

1.5.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

17. Solicitó su desvinculación del presente trámite por carecer de legitimación en la causa por pasiva, al no estar llamada ni obligada a la disposición de recursos que permitan la contratación del remplazo de la parte accionante para la concesión del periodo de vacaciones que ha solicitado ante su nominador.

18. Igualmente, requirió declarar la improcedencia de la acción al estar dirigida intrínsecamente contra un acto administrativo de carácter general y abstracto, como lo es la circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011 y por no cumplir los requisitos para ser tenida como un mecanismo provisional para salvaguardar un derecho fundamental.

19. Estimó que la tutela era la vía idónea para lograr la protección a la que aspira la parte accionante respecto de su derecho a disfrutar de las vacaciones. Pero frente al análisis de legalidad de la referida circular, se cuenta con otros mecanismos de defensa idóneos para resolver la problemática presupuestal que impide el nombramiento de las personas que reemplazarán a quienes disfruten de sus vacaciones.

1.5.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué

20. Requirió su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva, ya que no era posible expedir el CDP para cubrir el disfrute de las vacaciones de la parte actora, puesto que según la normatividad vigente la disponibilidad presupuestal está

20. Requirió su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva, ya que no era posible expedir el CDP para cubrir el disfrute de las vacaciones de la parte actora, puesto que según la normatividad vigente la disponibilidad presupuestal está prevista solamente para aquellas personas que ostentan la calidad de funcionariosDemandante: Héctor Javier Valero González Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Ibagué y otros Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01

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5 judiciales y no, de empleados judiciales, correspondiéndole por tanto a su nominador conceder las vacaciones.

21. Precisó que tiene la disponibilidad presupuestal para el pago de las vacaciones del actor, pero no para el nombramiento de un reemplazo, razón por l a cual no le puede endilgar responsabilidad por la negación del disfrute de las vacaciones, es más, advirtió que quien otorga el disfrute de las vacaciones a cada empleado, es su nominador que, para el presente caso, es el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativo de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de

Ibagué.

22. Concluyó que, a la fecha, no se ha dado la orden por parte de ninguna autoridad judicial ni por parte del Consejo Superior de la Judicatura de inaplicar la circular PSAC1144 del 23 de noviembre de 2011, «y como es de su conocimiento las Direcciones Ejecutivas Seccionales no podemos desatender dicha orden a nosotros impartida por el

PSAC1144 del 23 de noviembre de 2011, «y como es de su conocimiento las Direcciones Ejecutivas Seccionales no podemos desatender dicha orden a nosotros impartida por el Consejo Superior de la Judicatura».

1.5.3. Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué

23. Explicó que se negó el disfrute, debido a que dicho empleado tiene asignada la función de recepción de apoyo de los escribientes adscritos a los 9 juzgados de la especialidad, lo que aunado a la alta carga laboral y el poco personal impide que sus funciones puedan ser asignadas y desempeñadas por otros servidores del Centro de Servicios Administrativos, pues tal situación equivaldría a un trato desigual y discriminatorio hacia estos.

24. Advirtió que, conceder las vacaciones al actor sin contar con disponibilidad presupuestal para designar un reemplazo, significa indudablemente un traumatismo en la prestación en el servicio de la administración de justicia, pue s aun cuando en dicha dependencia existe once cargo de escribiente del circuito grado nominado, quienes si bien cumple funciones similares al asignarle tales labores se estaría no solo ante la asignación de una carga desproporcionada, sino que adicionalmente afectaría la oportuna y eficiente prestación del servicio a los usuarios.

25. Concluyó que no solo se estaría vulnerando los derechos fundamentales del actor, sino, adicionalmente, está incumpliendo con su obligación de implementar las medidas necesarias para que este Centro de Servicios pueda prestar el servicio esencial de la Administración de Justicia, sin traumatismo alguno y sin la necesidad de que sus servidores no puedan disfrutar del derecho a las vacaciones.Demandante: Héctor Javier Valero González

necesarias para que este Centro de Servicios pueda prestar el servicio esencial de la Administración de Justicia, sin traumatismo alguno y sin la necesidad de que sus servidores no puedan disfrutar del derecho a las vacaciones.Demandante: Héctor Javier Valero González Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Ibagué y otros Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01

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6 1.6. Sentencia de primera instancia

26. El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 25 de septiembre de 20231 amparó el derecho al trabajo, descanso e igualdad del empleado judicial Héctor Javier Valero González y como consecuencia de lo anterior, dispuso:

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ que, en el término de cuarenta y ocho (48) contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones del señor Héctor Javier Valero González. Una vez obtenida, respuesta de la provisión de los recursos, deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal y comunicarlo en forma INMEDIATA, al Juez Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, para que se c onceda el derecho a las vacaciones y garantice

Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, para que se c onceda el derecho a las vacaciones y garantice el nombramiento provisional del respectivo reemplazo, sin que se afecte el buen funcionamiento del servicio.

TERCERO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – NIVEL CENTRAL, que en el término de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué conforme al numeral anterior, provea los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo para las vacaciones de la actora.

CUARTO: ORDENAR al Juez Coordinador del CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE IBAGUÉ que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la comunicación en donde se informará la expedición del correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, se conceda la solicitud de vacaciones del empleado judicial Héctor Javier Valero González, de forma que se garantice su derecho al descanso.

27. Al respecto, advirtió que el derecho al goce y disfrute de las vacaciones no puede ser afectado por asuntos de índole administrativo, máxime si se tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.

28. Aclaró que la vulneración de las garantías de la parte actora proviene de la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de su reemplazo,

28. Aclaró que la vulneración de las garantías de la parte actora proviene de la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de su reemplazo, hecho que obligó a la referida juez a negar las vacaciones por necesidad del servicio, pues el centro de servicios no podía funcionar con un empleado menos ni resultaba viable recargar a los demás servidores que laboral allí.

1 Notificada el 26 de septiembre de 2023.Demandante: Héctor Javier Valero González Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Ibagué y otros Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01

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7 1.7. Impugnación

29. Inconforme con la decisión, m ediante escrito presentado el 26 de septiembre de 2023 la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la impugnó, en el que reiteró íntegramente los argumentos expuestos en la contestación de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

30. El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia del 25 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que amparó los derechos fundamentales del actor, de conformidad con lo establecido en

interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia del 25 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que amparó los derechos fundamentales del actor, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Solicitud de desvinculación

31. Se tiene que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carece n de legitimación en la caus a por pasiva, lo cual no fue resuelto por el a quo.

32. No obstante, dichas peticiones serán negadas ya que sus vinculaciónes se hicieron debido a que fueron las entidades demandadas por la parte actora en su escrito de tutela, además dichas entidades intervienen en el trámite de la apropiación de los recursos para disponer el referido reemplazo , y en tal sentido, su comparecencia al presente trámite tutelar se tornaba necesaria en aras de que pudieran defender sus intereses y ejercer el derecho de defensa y contradicción que les asiste, así como para determinar su presunta responsabilidad en la vulneración de las garantías de l accionante.

2.3. Problema jurídico

33. Corresponde en este caso establecer si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia, a través del cual el Tribunal Administrativo del Tolima amparó los derechos fundamentales del señor Valero González y, en consecuencia, ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué

el fallo de primera instancia, a través del cual el Tribunal Administrativo del Tolima amparó los derechos fundamentales del señor Valero González y, en consecuencia, ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué adelantar las gestiones pertinentes para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal necesario para que e l Juez Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué designe el reemplazo del actor y así se materialice su derecho al disfrute de sus vacaciones.Demandante: Héctor Javier Valero González Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Ibagué y otros Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01

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34. Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) el derecho al descanso del servidor judicial ; (iii) procedencia excepcional de la acción de tutela y; (iv) el caso concreto.

2.4. Panorama general de la acción de tutela

35. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

36. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El

las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

36. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

37. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

2.5. El derecho al descanso del servidor judicial

38. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época muy temprana2, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del artículo 25 ibídem que señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

39. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el Pa cto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 3 en su artículo 7º determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran “el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así

2 Ver entre otras: Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004, C-035 de 2005. 3 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,

2005. 3 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966".Demandante: Héctor Javier Valero González Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Ibagué y otros Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01

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9 como la remuneración de los días festivos”. En similar sentido lo indica el artículo 7º 4 del Protocolo de San Salvador5.

40. La Sala Plena de la Corte Constitucional, tiene una amplia línea jurisprudencial que ha establecido que “uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga”6. En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática7 del artículo 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo8.

4 Artículo 7º Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo . Los Estados parte en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que

principios mínimos fundamentales del trabajo8.

4 Artículo 7º Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo . Los Estados parte en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentr o de su trabajo para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio; d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de j usta separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación prevista por la legislación nacional; e. la seguridad e higiene en el trabajo; f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una

menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida; g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos; h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales. 5 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996. “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Proto colo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.” 6 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. //A propósito en dicha sentencia se expresó la siguiente: “Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo tiene como fines, entre otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrad