CE - 012333000202300460011SENTENCIA20230613000000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00460-01

Accionante: LIFARE YEISON BONILLA SANTOS

Accionado: COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

ANTIOQUIA Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se revoca el fallo impugnado – se configura la carencia actual de objeto por hecho superado

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la sentencia de 11 de mayo de 2023, proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Lifare Yeison Bonilla Santos presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la igualdad e integridad personal, cuya vulneración le atribuyó al Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó, con ocasión de la supuesta omisión de dar respuesta al derecho de petición radicado el 10 de octubre de 2022; y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con ocasión de la expedición del auto de 28 de febrero de 2023.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con ocasión de la expedición del auto de 28 de febrero de 2023.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que el 10 de octubre de 2022 presentó un derecho de petición ante la Fiscal Noventa y S iete (97) Seccional de Apartadó, en el que solicitó información sobre «[…] las noticias criminales N°050456000324201500225 y 050456000324201500284 […] y copia de las «[…] noticias criminis y del programa metodológico […]»; frente a lo cual no ha recibido respuesta.

2.2. Refirió que, debido a la falta de respuesta del derecho de petición de 10 de octubre de 2022 , el 12 de enero de 2023 radicó una queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.2

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Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos

2.3. Relató que , mediante auto de 28 de febrero de 2023 , la magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, Gloria Alcira Robles Correal, profirió auto inhibitorio, el cual le fue notificado el 13 de marzo de 2023.

2.4. Adujo que lo decidido en el auto inhibitorio no es correcto.

2.5. Posteriormente, y en el trámite de la presente acción de tutela, manifestó que

2.4. Adujo que lo decidido en el auto inhibitorio no es correcto.

2.5. Posteriormente, y en el trámite de la presente acción de tutela, manifestó que recibió contestación al derecho de petición , pero que la respuesta brindada no contiene la totalidad de los archivos solicitados.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: tutelar mis DERECHOS FUNDAMENTALES INCOADOS AL

DEBIDO PROCESO, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y HONRA, EN CONEXO

CON LA INTEGRIDAD PERSONAL.

SEGUNDO: se disponga por parte del señor juez de tutela aperturar queja disciplinaria en contra de la doctora GLORIA ALCIRA ROBLES CORREAL.

Presidente Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.

TERCERO: que se apertura queja disciplinaria en contra del funcionario que tenía la obligación de notificarme.

CUARTO: se disponga por parte del máximo ente acusador el cual ocupa el cargo el respetado doctor FRANCISCO BARBOSA DELGADO aperturar queja disciplinaria en contra del fiscal 97 seccional por demora en los procesos de las dos noticias criminis 050456000324201500225, 050456000324201500284, ya que han transcurrido alrededor de cuatro años el cual se encontraba en impulso procesal, programa metodológico el cual considero que ya era tiempo de que a los investigados le hayan imputado cargos, o se le haya realizado las respectivas audiencias.

QUINTO: ya que el derecho de petición señor fiscal FRANCISCO BARBOSA DELGADO empezaban a corre r los términos desde el día 10 de octubre del

respectivas audiencias.

QUINTO: ya que el derecho de petición señor fiscal FRANCISCO BARBOSA DELGADO empezaban a corre r los términos desde el día 10 de octubre del

2022.

SEXTO: de comprobarse la mala conducta solicito respetuosamente, que sean investigados disciplinaria y penalmente.

SÉPTIMO: quiero dejar salvedad que la fiscalía general de la nación no tenía conocimiento de que su subalterno es un irresponsable y que viola mis derechos fundamentales de la carta magna de 1991, el cual presento la acción de tutela con el objetivo de que se le de celeridad al asunto antes expuesto […].

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 2 de mayo de 2023, admitió la acción de tutela de la referencia.3

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Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se produjeron las

siguientes intervenciones:

6. El Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó rindió informe en el que señaló que el derecho de petición al que hace alusión el actor fue radicado ante el

Fiscal Ciento Diecisiete (117) Seccional de Apartadó.

7. Agregó que al entrar a revisar dentro de los expedientes físicos y digitales de las noticias criminales N°050456000324201500225 y 050456000324201500284 no

Fiscal Ciento Diecisiete (117) Seccional de Apartadó.

7. Agregó que al entrar a revisar dentro de los expedientes físicos y digitales de las noticias criminales N°050456000324201500225 y 050456000324201500284 no encontró registro que acreditara la efectiva presentación de la referida petición . A ello agregó q ue, un a vez conoció d el contenido de la petición , procedió a dar respuesta de fondo al accionante y a notificarle dicha respuesta, a través del correo electrónico yeisonbonillasantos1987@gmail.com.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

8. Mediante fallo de tutela de 11 de mayo de 2023, la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia decidió negar las pretensiones incoadas por el señor Bonilla Santos, con fundamento en los siguientes argumentos:

8.1. En relación con la vulneración de los derechos fundamentales del actor por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con ocasión del auto de 28 de febrero de 2023, expuso que la parte actora había omitido identificar los defectos en los que se habría incurrido en la providencia judicial tutelada , y al respecto señaló:

[…] De los hechos narrados por el accionante se desprende que el señor Bonilla Santos, presentó derecho de petición en contra del Fiscal 97 de Apartadó el día 10 de octubre de 2022 y dado que este no dio respuesta a lo pedido, radicó queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Mediante auto del febrero de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Medellín – Antioquia, resolvió inhibirse de adelantar actuación disciplinaria

queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Mediante auto del febrero de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Medellín – Antioquia, resolvió inhibirse de adelantar actuación disciplinaria en contra del Fiscal Noventa y Siete Seccional de Apartadó.

Argumentó su posición señalando que los hechos sustento de la queja se narran de manera inconcreta y difusa, a más que el quejoso no atina a enunciar los motivos por los cuales el funcionario adscrito a la Fiscalía Noventa y Siete Seccional de Apartadó podría estar incurso en falta disciplinaria, así como tampoco individualiza el radicado del proceso penal que conoce la fiscalía denunciada, no siendo relevante para el asunto bajo examen el simple hecho que no haya vuelto a saber de su denuncia, como quiera que es a la parte en un proceso penal a quien le corresponde estar al tanto de las actuaciones que se surtan en el respectivo trámite, para lo cual puede hacer uso de los medios tecnológicos puestos a disposición para el efecto. (…) Y por la otra parte, se tiene que el accionante presenta acción de tutela en contra de providencia judicial sin el lleno de los requisitos, pues si bien en el4

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escrito de tutela aduce algunas razone por las cuales no está de acuerdo con el citado pronunciam iento, lo cierto es que nada dijo sobre los defectos que adolece el auto, que son requisitos necesarios para la presentación de la acción de tutela contra providencia judicial. (…) Esto sin dejar de lado que el accionante no señaló ninguna de las causales

adolece el auto, que son requisitos necesarios para la presentación de la acción de tutela contra providencia judicial. (…) Esto sin dejar de lado que el accionante no señaló ninguna de las causales específicas y tal como lo dijo la Corte Constitucional, en la sentencia antes citada “la acción de tutela contra providencias judiciales debe cumplir con los requisitos generales de procedencia excepcional y sumado a ello se debe invocar aunque sea una de las causales específicas que se identifican como defectos de la decisión judicial.” […]

8.2. Por otro lado, y en cuanto a la vulneración del derecho fundamental de petición por parte de la Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó, el a quo señaló lo siguiente:

[…] Con el escrito de tutela, el interesado aportó copia de número de guía RA392799579CO, con fecha de envío del 5 de octubre de 2022 y entregado el 11 del mismo mes y año y copia de derecho de petición con fecha del 19 de septiembre de 2022 dirigido a la Fiscalía 97 Seccional.

Al revisar el número de guía en la página web de la empresa de correo 472 se encontró que el derecho de petición fue dirigido a dos partes, a la Fiscalía 97 Seccional y a la Fiscalía 117 Seccional, desconociéndose realmen te quien recibió el escrito de petición, (…) Así las cosas, es posible, tal como aduce la Fiscalía 97 Seccional, en el escrito mediante el cual dio respuesta a la acción, que el derecho de petición presentado por el señor Lifare Yeison Bonilla Santos no hubiera sido entregado a ellos y por tanto no tendrían conocimiento de la existencia del mismo.

mediante el cual dio respuesta a la acción, que el derecho de petición presentado por el señor Lifare Yeison Bonilla Santos no hubiera sido entregado a ellos y por tanto no tendrían conocimiento de la existencia del mismo.

En consideración a lo señalado, puede decirse que la Fiscalía 97 Seccional de Apartadó, conoció la existencia de la petición el día 2 de mayo de la anualidad, momento en el cual se notificó la acción de la referencia, por lo que tendría hasta el 22 de mayo de 2023, para dar respuesta de fondo. (…) Por otra parte, con la respuesta a la acción de la referencia, la entidad accionada adujo que dio respuesta al derecho de petición. Sin embargo, el accionante señala que la respuesta dada no es fondo al no contener la totalidad de los archivos. Pasa entonces la Sala a examinar si con la citada respuesta dio respuesta al derecho de petición presentado por la parte actora. (…) De lo anterior se desprende que, la Fiscal, además de indicar al accionante el estado de la denuncia, supuestamente adjuntó noticia Criminal N° 050456000324201500225 y 050456000324201500284, con sus correspondientes programas metodológicos, sin embargo, en lo enviado por la entidad a esta Corporación no se evidencian los archivos supuestamente adjuntos […].

9. En resumen, se observa que en el fallo de primera instancia se concluyó que el actor había omitido identificar los defectos en los que se habría incurrido en el auto de 28 de febrero de 2023, proferido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, por lo que esta acción constitucional resultaba improcedente.5

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de Antioquia, por lo que esta acción constitucional resultaba improcedente.5

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Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos

10. En cuanto a la vulneración del derecho fundamental de petición en el caso de autos, se precisó que al no existir certeza sobre la radicación del derecho de petición ante la funcionaria accionada, se concluía que la Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó solo había tenido conocimiento de la petición desde la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, motivo por el cual no había transcurrido el término previsto en el artículo 14 del CPACA, para responder el derecho de petición.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

11. El accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, argumentando que (i) «[…] la Fiscalía General de la Nación debió haber ejercido el derecho a la defensa y no la fiscalía 97 seccional […]»; y (ii) que la respuesta brindada a su derecho de petición por parte de la Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó eran «[…] falacias sin ningún sustento alguno […]».

12. Al respecto expuso lo siguiente:

[…] primero: si bien es cierto el suscrito impetro acción de tutela contra la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, el cual sin temor a equivocarme es el máximo ente acusador.

SEGUNDO: una cosa es el fiscal general de la nación y una cosa muy distinta el fiscal 97 secciona de apartado – antioquia (…)

TERCERO: mal hubiera hecho impretar acción de tutela en contra del fiscal 97

SEGUNDO: una cosa es el fiscal general de la nación y una cosa muy distinta el fiscal 97 secciona de apartado – antioquia (…)

TERCERO: mal hubiera hecho impretar acción de tutela en contra del fiscal 97 seccional de apartado ya que el suscrito se vio en la necesidad de impetrar acción de tutela contra la fiscalía 97 seccional por que no respondienron derecho de petición el cual obra mediante radicado 05045310300220180007201 (…) (…) SEXTOS: como cosita rara su señoría la fiscalía 97 seccional de apartado se convirtio costumbre violar el artículo 23de la carta magna de 1991 (…) el cual no podía impetrar acción de tutela porque ya había agotado ese recurso decidí interponer queja (…) (…) 5) suministraron respuesta del derecho de petición en cumplimeiento de la acción de tutela, el cual pareciera que hay un conflor por parte del tribunal administrativo de Antioquia y la fiscal 97 (…) (…) En conclucion tendiendo en cuen ta lo antes expuesto solicito revocar la sentencia proferid apor el tribunal administrativo de antioquia (…) y en consecuencia negar el derecho de petición de fecha 04 de mayo de 2023 en viada a mi correo electrónico (…) […]. [sic en toda la transcripción]

13. Como se puede apreciar del escrito de impugnación, en síntesis , el actor cuestiona dos puntos del fallo de primera instancia: en primer lugar, la omisión de vincular al presente trámite constitucional a la Fiscalía General de la Nación; y , en segundo lugar, por la repuesta emitida por la Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional

cuestiona dos puntos del fallo de primera instancia: en primer lugar, la omisión de vincular al presente trámite constitucional a la Fiscalía General de la Nación; y , en segundo lugar, por la repuesta emitida por la Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó la que, en criterio del actor, no satisface el objeto de su petición.6

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00460-01

Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20173.

VIII.2. Problema jurídico

15. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se configuró o no la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del derecho de petición radicado el 10 de octubre de 2022, ante la Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó.

b) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, respecto del auto de 28

de 2022, ante la Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó.

b) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, respecto del auto de 28 de febrero de 2023, proferido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

16. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fond o de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

17. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 5 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00460-01

Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos

18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ést a tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánic o, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión 8» que se encaje en dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

6 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 7 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto , que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo , existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o

demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo , existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o d erecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política» 8 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00460-01

Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

23. El ciudadano Lifare Yeison Bonilla Santos presentó acción de tutela con miras

03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

23. El ciudadano Lifare Yeison Bonilla Santos presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la igualdad e integridad personal, cuya vulneración le atribuyó al Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó, con ocasión de la supuesta omisión de dar respuesta al derecho de petición radicado el 10 de octubre de 2022; y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con ocasión del auto de 28 de febrero de 2023.

24. Es preciso indicar que, de acuerdo con las pretensiones planteadas en el escrito de tutela, el accionante dirig ió su acción de amparo en cont ra de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y de la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la falta de respuesta al derecho de petición radicado por el actor ante la Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó, y en razón a la providencia que archivó la queja disciplinaria promovida por el accionante en contra del funcionario que había omitido dar respuesta a su derecho de petición.

25. Sin embargo, al momento de admitirse este mecanismo de amparo , el juez de primera instancia la adecuó, en el sentido de entender que la misma se dirigía contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia por haber proferido el auto de 28 de febrero de 2023, a través del cual se «[…] inhibió de adelantar la actuación disciplinaria […]»; y en contra de la Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de

de 28 de febrero de 2023, a través del cual se «[…] inhibió de adelantar la actuación disciplinaria […]»; y en contra de la Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó por haber omitido responder el derecho de petición de 10 de octubre de 2022.

26. En la sentencia de primera instancia, se negaron las pretensiones de la acción de amparo . En lo atinente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia se afirmó que: «[…] el accionante no indicó de forma clara los defectos contenidos de la providencia cuestionada, esto es, el auto Inhibitorio por inexistencia de falta disciplinaria […]». Mientras que respecto de la Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó se señaló «[…] que en el expediente no reposa prueba que

[demuestre] la [radicación del derecho de] petición ante [esa] entidad, por lo que se entiende que la Fiscalía accionada solo tuvo conocimiento de lo pedido por el actor, el momento de la notificación de la acción de la referencia […]».

27. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora presentó impugnación, señalando que, en su criterio, debió vincularse a la Fiscalía General de la Nación y no al Fiscal Noventa y Siete (97) Seccional de Apartadó; y puso de presente que la respuesta a su derecho de petición «[…] [eran] falacias sin ningún sustento […]».9

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00460-01

Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos

28. En atención a lo anterior, la Sala analizará la procedencia de este mecanismo constitucional respecto del auto de 28 de febrero de 2023, y posteriormente

Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos

28. En atención a lo anterior, la Sala analizará la procedencia de este mecanismo constitucional respecto del auto de 28 de febrero de 2023, y posteriormente estudiará si se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con la petición de 10 de octubre de 2022.

VIII.4.1. De la carga argumentativa como presupues to para tener como satisfecho el requisito atinente a la relevancia constitucional en lo concerniente al auto de 28 de febrero de 2023

29. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental9 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones10.

30. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales 11, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los der echos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12.

31. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación13, que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado

requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación13, que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal

9 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 10 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 11 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.

agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 11 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 12 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 13 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012 -02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.10

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00460-01

Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos

requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]. [Negrillas fuera de texto]

32. Por ende, y de