CE - 012333000202300947011SENTENCIASENTENCIA20231207150624

Demandante: Uriel Ortiz Castro Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM– Radicación: 05001-23-33-000-2023-00947-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 05001-23-33-000-2023-00947-01

Demandante: URIEL ORTIZ CASTRO

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Tema: Revoca improcedencia, en su lugar, se niegan las pretensiones de la demanda de cumplimiento porque el deber reclamado no es exigible a la demandada.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia de 7 de noviembre de 2023. En la providencia mencionada, la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud

El señor Uriel Ortiz Castro, en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, demandó a la Agencia Nacional de Minería –ANM–, con el fin de exigir el cumplimiento del artículo 2.º de la Resolución 4322 de 12 de diciembre de 2016 1,

1997, demandó a la Agencia Nacional de Minería –ANM–, con el fin de exigir el cumplimiento del artículo 2.º de la Resolución 4322 de 12 de diciembre de 2016 1, emitida por el vicepresidente de contratación y titulación de la mencionada entidad. Las pretensiones principales2 fueron las siguientes:

1 «Por medio de la cual se evalúa un trámite de cesión de derechos dentro del contrato en virtud de aporte No. CHG-081 y se toman otras determinaciones» 2 En el escrito de solicitud de cumplimiento se formularon las siguientes peticiones subsidiarias: De forma supletiva, y en caso de considerar que a la presente acción le corresponde el trámite de una acción constitucional de tutela, sin perjuicio o renuncia a los recursos contra las decisiones que se emitan en tal sentido, se solicita: 1) Que, se le dé el trámite Constitucional, Legal y Reglamentario que corresponde. 2) Que, se amparen los derechos fundamentales que se acrediten vulnerados y/o amenazados, y se ordene a la Agencia Nacional de Minería, realizar, dentro de un lapso de 48 horas 15 , la insc ripción a mi nombre de los derechos vinculados al título CHG-081, en una proporción del 2.7778%, conforme figuran discriminados o individualizados en el acto administrativo Resolución No. 001737 del 20 de mayo de 2016, Acto que quedó ejecutoriado y en firme el día 18 de julio de 2016, según el cual la empresa MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. (Hoy SAS), identificada con Nit. 9000399989, cede en favor de URIEL ORTIZ CASTRO, identificado con c. c.

firme el día 18 de julio de 2016, según el cual la empresa MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. (Hoy SAS), identificada con Nit. 9000399989, cede en favor de URIEL ORTIZ CASTRO, identificado con c. c. N°4.445.573., conforme lo ordenado por la Resolución número 004322 del 12 de diciembre del año 2016 emanada Agencia Nacional de Minería, Vicepresidencia de Contratación y Titulación. 3) Consecuencia de lo anterior, se le ordene a la accionada, certificar las condiciones de inscripción y cumplimiento de lo previamente resuelto por orden judicial, so pena de las sanciones legales.Demandante: Uriel Ortiz Castro Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM– Radicación: 05001-23-33-000-2023-00947-01

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1. Que, se le dé el trámite Constitucional, Legal y Reglamentario que corresponde a la presente acción de cumplimiento.

1. Que, previos los trámites judiciales correspondientes, se conceda la protección solicitada, se declare renuente a la entidad accionada y, se le ordene, realizar la inscripción a mi nombre, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 11 , de los derechos vinculados al título CHG-081, en una proporción del 2.7778%, conforme figuran discriminados o individualizados en el acto administrativo Resolución No. 001737 del 20 de mayo de 2016, Acto que quedó ejecutoriado y en firme el día 18

figuran discriminados o individualizados en el acto administrativo Resolución No. 001737 del 20 de mayo de 2016, Acto que quedó ejecutoriado y en firme el día 18 de julio de 2016, segú n el cual la empresa MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. (Hoy SAS), identificada con Nit. 9000399989, cede en favor de URIEL ORTIZ CASTRO, identificado con c. c. N°4.445.573., conforme lo ordenado por la Resolución número 004322 del 12 de diciembre del año 2016 emanada Agencia Nacional de Minería, Vicepresidencia de Contratación y Titulación.

1. Que, se ordene a la autoridad de control pertinente, adelantar la investigación del caso para efectos de responsabilidades penales o disciplinarias, en razón a que se considera que la conducta de la accionada no tiene justificación legal.

1. Consecuencia de lo anterior, se le ordene a la accionada, certificar las condiciones de inscripción y cumplimiento de lo previamente resuelto por orden judicial, so pena de las sanciones legales.

1. Que, se condene a la accionada a pagar, en favor del accionante, costas 14 y agencias en derecho, estas últimas a la tasa máxima permitida por el Consejo Superior de La Judicatura, según ACUERDO No. PSAA16-10554, o aquel que lo modifique y/o adicione [3].

2. Hechos

Del expediente digital contenido en el aplicativo SAMAI4, la Sala resume los supuestos fácticos de la demanda a continuación:

La empresa Nacional Minera Limitada -Minercol Ltda.- y unos ciudadanos domiciliados en el municipio de Marmato (Caldas) celebraron contrato de minería

supuestos fácticos de la demanda a continuación:

La empresa Nacional Minera Limitada -Minercol Ltda.- y unos ciudadanos domiciliados en el municipio de Marmato (Caldas) celebraron contrato de minería CHG-081, para la explotación de oro y plata en ese territorio, por un término de 30 años, contados a par tir del 4 de febrero de 2002 , momento en que se inscribió el negocio en el Registro Minero Nacional5.

Mediante la Resolución 4789 de 11 de agosto de 2010, confirmada en auto 922 de 16 de septiembre de 2010, la Unidad de Delegación Minera de la Gobernación de Caldas aceptó el cambio de razón social de la sociedad Compañía Minera de Caldas S.A., por Minerales Andinos de Occidente S.A., para el contrato CHG -081, compuesto de 28 minas, entre ella la denominada Villonza.

3 Se transcribe tal cual incluso con posibles errores del accionante. 4 Índice 2. 5 Asimismo, el 25 de marzo de 2003, según el actor, se inscribió en el mencionado registro la Resolución 00029 de 23 de enero de 2 003, a través de la cual la Unidad de Delegación Minera de la Gobernación de Caldas, acepto y declaró perfeccionada la cesión parcial de los derechos mineros del contrato CHG -081 en favor del actor y otros ciudadanos.Demandante: Uriel Ortiz Castro Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM– Radicación: 05001-23-33-000-2023-00947-01

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La empresa Minerales Andinos de Occidente S.A. contactó al actor, cesionario, para recibir la cesión de derechos y obligaciones equivalentes 2,7778 % , derivados del contrato CHG-081, lo cual se realizó ante la ANM y el departamento de Caldas . Dicho negocio se autorizó mediante la Resolución 001737 de 20 de mayo de 20166, y cuya inscripción en el Registro Nacional Minero se dispuso en el artículo segundo de la Resolución 004322 de 12 de diciembre de 20167.

En escrito remitido por correo electrónico de 4 de julio de 2023 , el demandante requirió a la Agencia Nacional de Minería el cumplimiento del artículo 2.º de la Resolución 004322 de 12 de diciembre de 2016, que dispus o la inscripción de la cesión en el Registro Nacional Minero , autorizada en la Resolución 001737 de 20 de mayo de 2016. Sin embargo, según el actor, a la fecha de la presentación de la demanda tal registro no se ha efectuado por parte de la demandada.

3. Admisión de la demanda

En providencia de 24 de agosto de 2023, el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Medellín admitió la solicitud de cumplimiento8. Sin embargo, en auto de 27 de septiembre remitió por competencia funcional el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia, de acuerdo con las previsiones del artículo 152 del

Circuito de Medellín admitió la solicitud de cumplimiento8. Sin embargo, en auto de 27 de septiembre remitió por competencia funcional el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia, de acuerdo con las previsiones del artículo 152 del CPACA. En consecuencia, en decisión de 28 de septiembre de 2023, el ponente del Tribunal avocó el conocimiento del caso y ordenó notificar a la ANM y al agente del Ministerio Público.

4. Informe

La ANM se opuso a las pretensiones de la demanda, en síntesis, argumentó que, si bien la entidad ordenó mediante actos administrativos expedidos con anterioridad a la sentencia de la Corte Constitucional SU 133 de 2017, la inscripción de cesiones de derechos mineros, correspondientes a la empresa Minerales Andinos de Occidente S.A., a favor del señor Uriel Ortiz Castro, también lo es que, a partir de dicha decisión judicial se tutelaron los derechos de los habit antes del municipio de Marmato, de los mineros tradicionales, de la comunidad indígena y negras asentadas en Marmato, a ser consultadas, de manera previa, libre e informada sobre el impacto de autorizar cesiones de derecho s, por lo que hasta cuando se realice la consulta previa y demás actuaciones ordenadas en la mencionada

6 Según se dispuso en el literal primero del mencionado acto administrativo la ANM dispuso « AUTORIZAR la cesión total del 2.7778% de los derechos y obligaciones correspondientes a la empresa MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. identificada con Nit No. 900039998-9, en su condición de cotitular dentro del Contrato en Virtud de Aporte No. CHG-081, a favor del señor URIEL ORTIZ CASTRO identificado con cédula de ciudadanía

DE OCCIDENTE S.A. identificada con Nit No. 900039998-9, en su condición de cotitular dentro del Contrato en Virtud de Aporte No. CHG-081, a favor del señor URIEL ORTIZ CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.445 .573, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia». 7 En el escrito de cumplimiento, el actor argumento que el artículo 333 de la Ley 685 de 2001 «la inscripción de los actos y documentos sometidos a registro deberán inscribirse dentro de los quince (15) días siguientes a su perfeccionamiento o vigencia», sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda no se ha inscrito la cesión. 8 Previo a la admisión el asunto a través de auto de 18 de agosto de 2023.Demandante: Uriel Ortiz Castro Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM– Radicación: 05001-23-33-000-2023-00947-01

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decisión, no puede continuar con la inscripción de cesiones en el Registro Minero Nacional. En consecuencia, indicó que no ha incurrido en el incumplimiento alegado.

5. Sentencia de primera instancia

Por medio de fallo de 7 de noviembre de 2023, la Sala Tercera de Decisión Oral de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró improcedente la acción de cumplimiento. En ese sentido, el a quo explicó que no podía ordenarse la inscripción de la cesión contractual a favor del actor en el Registro Nacional Minero, porque de

Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró improcedente la acción de cumplimiento. En ese sentido, el a quo explicó que no podía ordenarse la inscripción de la cesión contractual a favor del actor en el Registro Nacional Minero, porque de conformidad don la sentencia SU -133 de 2017 de la Corte Constitucional, los derechos mineros están en suspenso hasta cuando se dé cumplimiento a lo ordenado en esa decisión judicial, aunado a que, mediante esta acción, no es posible verificar si se acató o no con lo dispuesto por la Corte Constitucional.

Finalmente, en cuanto a petición subsidiaria del actor de adecuar el tr ámite al de tutela, el Tribunal indico que «no se observa por parte de esta Corporación vulneración alguna [de derechos fundamentales], pues como se indicó, para poder proceder con la inscripción de la cesión de derechos mineros, debe agotarse unos trámites administrativos, ya dispuestos por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación».

6. Impugnación

El accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que fuera revocada. En primer lugar, alegó que la ANM se contradice al aceptar que autorizó y ordenó la inscripción de la cesión del contrato minero a favor del actor, pero que en virtud del fallo de la Corte Constitucional no puede cumplir su propia decisión.

En segundo lugar, el impugnante discrepó de la interpretación que realizó el juez de cumplimiento de primera instancia, respecto de la sentencia SU-133 de 2017 de la Corte Constitucional. A partir de la transcripción de apartes de los antecedentes y consideraciones de la mencionada providencia, el demandante sostuvo que su «contexto es la concentración de derechos de explotación en pocas manos o

Corte Constitucional. A partir de la transcripción de apartes de los antecedentes y consideraciones de la mencionada providencia, el demandante sostuvo que su «contexto es la concentración de derechos de explotación en pocas manos o personas, LO QUE PARA NADA ES EL CASO MIO, DONDE LA CESIÓN ES DESDE LA EMPRESA PRIVADA HACIA EL PEQUEÑO MINERO, OSEA, TODO LO CONTRARIO DE LO QUE PREOCUPA A LA CORTE CONSTITUCIONAL [cesión de los derechos mineros amparados por el título CHG -081 a compañías que hoy hacen parte del grupo empresarial Gran Colombia Gold y en cuanto a otro lugar del municipio de Marmato –cerro el Burro–]». Igualmente, alegó que la decisión judicial no suspendió ni realizó ningún juicio en cuanto a la validez o legalidad de los actos que autorizaron y ordenaron la inscripción de la cesión particular y concreta a su favor, por lo que debió accederse a lo pretendido.Demandante: Uriel Ortiz Castro Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM– Radicación: 05001-23-33-000-2023-00947-01

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 7 de noviembre de 2023 de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 7 de noviembre de 2023 de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 7 de noviembre de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en renuencia a la accionada, respecto del artículo 2.º de la Resolución 004322 de 12 de diciembre de 2016, que dispus o la inscripción de la cesión en el Registro Nacional Minero, autorizada en la Resolución 001737 de 20 de mayo de 2016 , de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

De ser superados los anteriores interrogantes, ¿debe revocarse la sentencia de primera instancia y ordenar el cumplimiento de la disposición invocada por la parte actora?

3. Razones jurídicas de la decisión

De ser superados los anteriores interrogantes, ¿debe revocarse la sentencia de primera instancia y ordenar el cumplimiento de la disposición invocada por la parte actora?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto; y (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo9 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial

9 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001 -23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000 -23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.Demandante: Uriel Ortiz Castro Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM– Radicación: 05001-23-33-000-2023-00947-01

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(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.Demandante: Uriel Ortiz Castro Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM– Radicación: 05001-23-33-000-2023-00947-01

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para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte Constitucional señaló.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo10.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación

cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

10 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C -157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.Demandante: Uriel Ortiz Castro Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM– Radicación: 05001-23-33-000-2023-00947-01

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(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]11.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos, la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala

[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos, la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política12.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción

de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»13.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de

11 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices. 12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546. 13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-20040047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.Demandante: Uriel Ortiz Castro Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM– Radicación: 05001-23-33-000-2023-00947-01

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cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin reseñado14.

cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin reseñado14.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a normas que generen gastos,15 a menos que estén apropiados;16 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86 superior17.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este18 y que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»19. Igualmente, esta Sección20 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-0002011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E). 15 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-20004673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla. 16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-0002015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro. 17 Sentencia antes citada. 18Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l] a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible». 19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011 -01063

precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible». 19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011 -01063 (ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo. 20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-201100024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.Demandante: Uriel Ortiz Castro Demandado: Agencia Nacional de Minería –ANM– Radicación: 05001-23-33-000-2023-00947-01

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El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción

expresament