CE - 012339000201400211011SENTENCIASENTENCIA20231101192335

____________________________________________________ Rdo.: 20001 23 39 000 2014 00211 01 (65192)

Demandante: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación 20001-23-39-000-2014-00211-01 (65192)

Demandante: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López

Demandado: Rafael Antonio Zabaleta Romero

Referencia: Acción de Repetición

Tema 1. Acción de repetición. Subtema 1.1. Presupuestos de la acción de repetición. Subtema 1.2. Elemento subjetivo –culpa grave del servidor público.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 2005 1, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada el quince (15) de agosto de dos mil diecinueve ( 2019) por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones.

I. SÍNTESIS

La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López resultó condenada en el proceso de reparación directa adelantado ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo d el Cesar , en primera y segunda instancia, respectivamente, por la falla en la prestación de los servicios médicos derivados de la intervención quirúrgica practicada a la señora Luc Dari Navarro Sánchez2 el 18 de mayo

Valledupar y el Tribunal Administrativo d el Cesar , en primera y segunda instancia, respectivamente, por la falla en la prestación de los servicios médicos derivados de la intervención quirúrgica practicada a la señora Luc Dari Navarro Sánchez2 el 18 de mayo de 2005. En este escenario contencioso, pretende la aludida Empresa Social del Estado que se declare la responsabilidad ––por culpa grave –– del Médico Cirujano Rafael Antonio Zabaleta Romero, quien, a su juicio, ocasionó el daño antijurídico producido a partir de la realización de la cirugía , y, en consecuencia, que sea condenado al pago de las sumas canceladas a los afectados por tal acontecimiento.

II. ANTECEDENTES:

2.1. El veintiséis (26) de junio de do s mil catorce (2014)3, la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López presentó demanda contra el médico cirujano Rafael Antonio Zabaleta Romero, en ejercicio de la acción de repetición, con la cual pretende que: (i) se lo declare responsable , por culpa grave , en los hechos que dieron lugar a la declaración de responsabilidad y condena en reparación directa, asociados a la falla en la prestación de los servicios médicos brindados a Lu c Dari Navarro Sánchez en la intervención quirúrgica practicada el 18 de mayo de 2005 , así como en la atención postoperatoria que le “ocasionó daños y secuelas irreparables”; y que, (ii) se lo condene al pago de las sumas que la entidad canceló a los afectados.

2.1.1. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante manifestó, en síntesis, lo siguiente:

al pago de las sumas que la entidad canceló a los afectados.

2.1.1. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante manifestó, en síntesis, lo siguiente:

1 Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005. 2 Nombre de pila según documento de identidad No. 49.688.912 a folio 459 C.2. 3 Folio 109 y 110 C.1.Rdo.: 20001 23 39 000 2014 00211 01 (65192)

Demandante: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López

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2.1.1.1. Que el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar declaró administrativamente responsable a la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López por el daño antijurídico causado a Luc Dari Navarro Sánchez y varios de sus familiares, derivado de la falta de diligencia y cuidados requeridos durante la intervención quirúrgica practicada a la señora Navarro el 18 de mayo de 2005 , así como en el cuidado postoperatorio. En tal sentido, concluyó que el quehacer del personal médico vinculado a la ESE que la atendió fue determinante y exclusivo en la causación del daño ; decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar.

2.1.1.2. Que la parte resolutiva del fallo en comento dispuso: “SEGUNDO: Declarar administrativamente responsable al Hospital Rosario Pumarejo de López, por la falla en la prestación de los servicios médicos en que incurrió en la intervención quirúrgica practicada a la señora Luc Dari Navarro Sánchez, el 18 mayo de 2005,

administrativamente responsable al Hospital Rosario Pumarejo de López, por la falla en la prestación de los servicios médicos en que incurrió en la intervención quirúrgica practicada a la señora Luc Dari Navarro Sánchez, el 18 mayo de 2005, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia” /Se destaca/.

2.1.1.3. Que, como el médico cirujano Rafael Antonio Zabaleta Romero fue quien realizó el procedimiento quirúrgico cuestionado, es el llamado a responder por la falla en el servicio endilgada a la ESE., y, específicamente por la condena que le fue impuesta.

2.1.1.4. Que, de acuerdo con las consideraciones de las sentencias declarativas de responsabilidad, la paciente presentó un cuadro de peritonitis postquirúrgico que fue manejado inoportuna y equivocadamente, falencia que, inclusive, llevó a que la Junta de Calificación de Invalidez del Cesar estableciera un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 13.70% . En consecuencia, la referida Empresa Social del Estado fue condenada a pagar CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($438.290. 482,45), suma que se canceló al abogado Saúl Alexander Trujillo, mandatario judicial de Luc Dari Navarro y otros.

2.1.2. A modo de sustento jurídico de las pretensiones, la demandante hizo referencia al inciso 2º del artículo 90 de la Constitución, canon 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y, artículo 5 de la Ley

referencia al inciso 2º del artículo 90 de la Constitución, canon 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y, artículo 5 de la Ley 678 de 2001, para lo cual , manifestó que esta última disposición legal definió las presunciones para establecer los eventos en que la conducta es gravemente culposa4. Sobre el actuar del agente llamado por pasiva -arguyó- de acuerdo con las consideraciones de la sentencia declarativa de responsabilidad, que, si bien en el fallo no se mencionó directamente al galeno demandado, su determinación en los hechos que dieron origen a la condena puede inferirse de los medios de convicción con base en los cuales se resolvió el asunto.

2.2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto del 24 de julio de 20145, proveído notificado al Md. Rafael Antonio Zabaleta 6, quien presentó oportunamente contestación a través de la que se opuso a las pretensiones7.

Al punto , el demandado alegó que la condena impuesta en contra de Institución Hospitalaria provino de una incorrecta estrategia de defensa judicial desplegada por la

4 Folio 106 y 107 C.1. 5 Folio 29 C.1. 6 Folios 118 a 127 C.1. 7 Folios 132 a 156 C.1.Rdo.: 20001 23 39 000 2014 00211 01 (65192)

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ESE, pues la sentencia se sustentó en un informe médico legal cuyas conclusiones fueron erradas , dado que al paciente se le prest aron las atenciones pre y post

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ESE, pues la sentencia se sustentó en un informe médico legal cuyas conclusiones fueron erradas , dado que al paciente se le prest aron las atenciones pre y post operatorias requeridas; no obstante, precisó que tal como se advirtió por el juez de daños en los fallos declarativos, el Hospital contaba con condiciones estructurales precarias para la época de los hechos, tales como : falta de camillas, ropaje y disponibilidad de quirófanos, entre otras insuficiencias institucionales que incidieron en la materialización del daño alegado , aunado a que la patología tratada se hallaba en estado avanzado, particularidad que obs taculizó el proceso de recuperación de la paciente. Con base en lo expuesto, formuló las excepciones intituladas: i) el doctor […] no incurrió en culpa grave o dolo que permita su condena […]; ii) inexistencia de fundamento de responsabilidad dentro del proceso de acción de reparación directa imputable al doctor […]; iii) las fallas del servicio derivadas de la falta de recursos físicos del Hospital […], demora en la atención de la paciente […] y d emás señaladas como causas del daño no son imputables a Rafael Antonio Zabaleta; iv) las fallas de defensa judicial de la entidad en el proceso de reparación directa […] no son imputables a Rafael Antonio Zabaleta y fueron determinantes para la condena de la entidad demandante; v) no existe una sola referencia dentro de los fallos condenatorios a la culpa grave o dolo de Rafael Antonio Zabaleta; vi) la demanda desconoce la eventual concurrencia de culpa al reclamar la totalidad de la condena al doctor […] ; y, vii) genérica.

1. no existe una sola referencia dentro de los fallos condenatorios a la culpa grave o dolo de Rafael Antonio Zabaleta; vi) la demanda desconoce la eventual concurrencia de culpa al reclamar la totalidad de la condena al doctor […] ; y, vii) genérica.

2.3. Durante la audiencia inicial celebrada el 13 de mayo de 20158, el Tribunal fijó el litigio en los siguientes términos (Núm. Art. 180 íd.): “[…] En relación con las partes: (i) si el doctor RAFAEL ANTONIO ZABALETA ROMERO en su calidad de médico del HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ, es el responsable directo a título de culpa grave o dolo por la condena impuesta a ese ente hospitalario a través de fallo judicial de fecha 30 de agosto de 2012 en acción de reparación directa, y confirmado en segunda instancia por esta Corporación, por la suma de $438.290.482,45 producto de las afecciones a la salud de la paciente; (ii) si la deficiente dotación del HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ tuvo alguna incidencia en la atención médica brindada a la paciente y por ende debe analizarse la responsabilidad imputable al demandado a la luz de la figura de la culpa compartida; y, (iii) fue la falta de una adecuada defensa en el proceso judici al adelantado en contra del HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ la causa determinante de que éste hubiese resultado condenado y no la existencia de una falla médica propiamente dicha” , decisión que contó con el beneplácito de las partes.

En el curso de la citada audiencia, el Tribunal, al momento del decreto de pruebas ,

resultado condenado y no la existencia de una falla médica propiamente dicha” , decisión que contó con el beneplácito de las partes.

En el curso de la citada audiencia, el Tribunal, al momento del decreto de pruebas , incorporó el acervo documental aportado por los sujetos procesales y accedió al solicitado por ambas partes, asimismo, decretó la prueba testimonial y pericial pedida por el galeno llamado por pasiva , medio de convicción , este último , que se le encomendó al médico cirujano Oncólogo Jorge Luis Zaccaro Arregocés de la Universidad del Magdalena , quien entregó el trabajo asignado 9. Decisión que no fue objeto de reproche por las partes10.

2.4. La audiencia de pruebas se evacuó en sesión celebrada el 10 de mayo de 201911, subetapa en la que se dio a conocer a las partes el contenido de la prueba documental recaudada, sobre la cual, no se formuló reproche o tacha alguna; adicionalmente , se dejó constancia que los sujetos procesales no presentaron solicitud de aclaración, complementación u objeción por error grave a la experticia presentada 12; y, finalmente,

8 Folios 392 a 405 C.2. 9 Folios 827 a 830 C.3. 10 Folios 398 a 403 C.2. 11 Acta de folios 895 a 899 C.3. 12 Al dictamen se le corrió traslado mediante auto del 22 de abril de 2019, ver folios 877 y 878 C.3.Rdo.: 20001 23 39 000 2014 00211 01 (65192)

Demandante: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López

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se recaudaron los testimonios solicitados por el accionado13. Cumplidas las demás sub etapas previstas en los artículos 180 a 182 de la Ley 1437 de 2011 , el Juez Colegiado dictó sentencia de primera instancia.

2.5. El Tribunal Administrativo d el Cesar, en sentencia del 15 de agosto de 2019 14, denegó las pretensiones. Encontró acreditados los siguientes elementos objetivos: i) la condición de exagente del Estado del médico cirujano Rafael Antonio Zabaleta Romero, ii) la existencia de una condena judicial, y, iii) el pago de la condena 15. Sin embargo, frente al presupuesto subjetivo concluyó que, “de conformidad con el material probatorio recopilado en este asunto, no hay ningún elemento que permita afirmar que el doctor […] actuó dolosamente o que haya actuado con culpa grave durante la atención médica que se le prestó a la señora LUC DARI N AVARRO SÁNCHEZ. Se resalta que la condena impuesta a la ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ por las fallas en la atención médica que se le prestó a la señora […] no implica necesariamente que el cirujano que le realizó el procedimiento quirúrgico haya a ctuado dolosamente o con culpa grave, en todo caso, resulta necesario para que proceda este tipo de condena, que dicha situación se encontrara probada en el plenario, requisito con el cual no cumplió la entidad […]”.

2.6. La parte actora, inconforme con el fallo de primer grado, interpuso recurso de apelación16 a través del cual solicitó su revocación, y en su lugar, el reconocimiento de

no cumplió la entidad […]”.

2.6. La parte actora, inconforme con el fallo de primer grado, interpuso recurso de apelación16 a través del cual solicitó su revocación, y en su lugar, el reconocimiento de las súplicas. El único motivo de disenso radicó en que la providencia objeto de reproche “no desvirtúa la sentencia radicado 2008 -0005 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar”, con la cual se decidió la primera instancia del proceso de reparación directa. En tal sentido, para sustentar el actuar gravemente culposo del galeno, citó nuevamente varios extractos del análisis realizado por el juez de daños al interior del proceso declarativo de responsabilidad, para concluir que “las afirmaciones hechas por el a quo contrarían la motivación de la sentencia” de reparación directa.

2.7. La apelación fue concedida17, admitida18 y se corrió traslado para alegaciones de las partes y concepto del Ministerio Público19. Esta oportunidad fue aprovechada por el galeno demandado20, quien solicitó la confirmación de la sentencia impugnada con fundamento en la reiteración de los descargos contenidos en cada medio exceptivo propuesto desde la contestación ; también intervino el delegado d el Ministerio Público21, quien, a través de Concepto 006/2021 presentado por el Procurador Primero Delegado ant e el Consejo de Estado, Luis Ramiro Escandón Hernández , sugirió la confirmación del fallo recurrido, debido a que , en su criterio, “(…) no se demostró el obrar culposo del demandado, pues no hay evidencia probatoria que indique un actuar contrario a los protocolos médicos para el diagnóstico y procedimiento quirúrgico

confirmación del fallo recurrido, debido a que , en su criterio, “(…) no se demostró el obrar culposo del demandado, pues no hay evidencia probatoria que indique un actuar contrario a los protocolos médicos para el diagnóstico y procedimiento quirúrgico practicado a la paciente para la época de los hechos”.

III. PROBLEMA JURÍDICO

13 Se tomó la atestación de los doctores Luis Joaquín Palomino Sánchez, Luís Carlos Farak Arrieta y Guillermo Girón Quintana, así como el de Inés Margarita Ospino Rodríguez, en su calidad de miembro del comité de conciliación de la Empresa Social del Estado demandante. 14 Folios 937 a 946 del cuaderno principal. 15 Folio 939 y 940 del cuaderno principal. 16 Folios 949 a 951 del cuaderno principal. 17 Auto del 19 de septiembre de 2019, folio 953 del cuaderno principal. 18 Auto del 9 de junio de 2020, folio 961 del cuaderno principal. 19 Auto del 20 de enero de 2021, folio 963 del cuaderno principal. 20 Ver índice 13 de SAMAI. 21 Ver índice 15 de SAMAI.Rdo.: 20001 23 39 000 2014 00211 01 (65192)

Demandante: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López

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3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada 22— el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior

en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada 22— el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o refo rme la decisión ”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328 del CGP.

Así las cosas, la competencia funcional del juzgador de segunda instancia se circunscribe a los argumentos expuestos por el recurrente en contra de la decisión que se hubiera adoptado en primera instancia, y que resultó desfavorable o perjudicial a sus derechos o interés. Por lo cual, en principio, los demás aspectos se excluyen del debate en la instancia superior, pues en el recurso de apelación opera tanto el principio de ninguna reforma para empeorar (non reformatio in pejus) como el principio dispositivo, según el cual, es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue.

3.2. Ahora bien, en el fallo recurrido 23 se encontró acreditada la obligación reparatoria dispuesta en la sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil once (2011), dictada por el Juzgado Sexto del Circuito Judicial de Valledupar confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar 24-25 . De igual manera , la sentencia recurrida encontró acreditado tanto el pago de la condena 26 como la condición de exagente de l

por el Juzgado Sexto del Circuito Judicial de Valledupar confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar 24-25 . De igual manera , la sentencia recurrida encontró acreditado tanto el pago de la condena 26 como la condición de exagente de l demandado27, sin que la prueba de estos presupuestos objetivos hubiera sido rebatida en la apelación , pues solo se cuestionó lo atinente a l elemento subjetivo de la culpa grave endilgada al galeno.

3.3. Así pues, al haber quedado zanjada la litis sobre los mencionados presupuestos objetivos de la pretensión de repetición previstos en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 y de la jurisprudencia reiterada de esta Corporación , la Sala se circunscribirá a verificar si, con las pruebas que obran en el expediente, se encuentra acreditada la culpa grave del demandado y, por ende, si las súplicas del escrito inicial están llamadas a prosperar en su contra, esto, en función del único cargo de la alzada. En tal sentido, en virtud del principio dispositivo, la competencia de la Colegiatura se circunscribe a darle respuesta al siguiente problema jurídico:

3.3.1. ¿Se configuró la culpa grave de Rafael Antonio Zabaleta Romero , por las secuelas que sufrió la señora Luc Dari Navarro Sánchez a consecuencia de una peritonitis secundaria a intervención quirúrgica, que le produjo una pérdida de la capacidad laboral del 13.70% y que conllevó a que la entidad Hospitalaria fue ra condenada dentro del proceso de reparación directa No. 2008-00005 a indemnizar a la afectada y a sus familiares?

capacidad laboral del 13.70% y que conllevó a que la entidad Hospitalaria fue ra condenada dentro del proceso de reparación directa No. 2008-00005 a indemnizar a la afectada y a sus familiares?

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, rad. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ). 23 Folios 937 a 946 del cuaderno principal. 24 Sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012). Folios 23 a 42 C.1. 25 Allí se declaró la responsabilidad de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, por la falla en la prestación de los servicios médicos en que incurrió a partir de la intervención quirúrgica realizada a Luc Dari Navarro Sánchez, y se la condenó al pago de los perjuicios materiales (en la modalidad de lucro cesante por dieciocho millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con cuarenta y cinco centavos ($18’932.482,45); daños morales (80 SMLMV para la víctima directa, 40 SMLMV pa ra sus hijos, 30 SMLMV para sus padres, y, 20 SMLMV para sus hermanos); y, daño a la vida de relación (100 SMLMV para la víctima directa, y, 40 SMLMV para cada pariente demandante). 26 Folio 940 del cuaderno principal y Oficio GA-CA-06.238 del 17 de julio de 2015 visto a folio 458 C.2 27 Folio 940 del cuaderno principal, y comprobantes de pago a infolios 50 A 88 C.1. por valor total de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

27 Folio 940 del cuaderno principal, y comprobantes de pago a infolios 50 A 88 C.1. por valor total de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($438.290.482,45)Rdo.: 20001 23 39 000 2014 00211 01 (65192)

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IV. CONSIDERACIONES

4.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001 28. En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)29, así como el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 200130.

4.2. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 200131 y el CPACA32, pues la demanda de repetición se presentó el veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014)33

De acuerdo con el literal l) del artículo 164 del CPACA, la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo

término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas. En este caso, el cómputo del inicio del plazo bienal corresponde al previsto en el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA)34, esto es, dieciocho (18) meses, pues el proceso de reparación directa que culminó con la sentencia condenatoria fue tramitado bajo esa norma adjetiva35.

En este caso se encuentra acreditado que, en virtud d el acuerdo de pago suscrito el veintiséis (26) de diciembre dos mil doce (2012)36, las partes del proceso de reparación directa consensuaron que la cancelación del monto de la condena se realizaría en tres (3) desembolsos. De acuerdo con la certificación expedida por el tesorero general del Hospital Rosario Pumarejo de López37 y las constancias de transacciones bancarias exitosas38, el pago total de la suma se acreditó el veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013), tal como consta en las tres (3) transferencias realizadas a la cuenta bancaria del apoderado de los beneficiarios39, el primero (1°), por ciento treinta millones de pesos ($130.000.000)40

28 LEY 678 DE 2001. “Artículo 7. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición […]”. 29 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales administrativos […]”.

[…]”. 29 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales administrativos […]”. 30 LEY 678 DE 2001. “Artículo 7. Jurisdicción y competencia. Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acu erdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto”. En el presente asunto, se observa que la primera instancia del presente asunto fue resuelta por el mismo Tribunal que emitió la sentencia condenatoria de la cual surgió la obligación de pago del ente estatal y que ahora pretende le sea reembolsada. 31 Según el artículo 31 de la Ley 678 de 2001, "La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias", y ésta fue publicada en el Diario Oficial No. 44.509 de 4 de agosto de 2001. 32 Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. 33 Folio 109 y 110 C.1.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. 33 Folio 109 y 110 C.1. 34 CCA. "Articulo 177. [...] Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiacione s para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria". 35 Folios 8 a 22 C.1. 36 Folios 50 a 52 C.1. 37 Folio 711 C.3 38 Folios 62, 77 y 88 C.1. 39 Folios 62, 77 y 88 C.1. 40 2 de enero de 2013.Rdo.: 20001 23 39 000 2014 00211 01 (65192)

Demandante: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López

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y los dos (2) restantes, por ciento cincuenta y cuatro millones ciento cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y un pesos ($154.145.241), cada uno41.

En ese orden, como la demanda que inició este contencioso fue radicada veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014)42, esto es, dentro del término de dos (2) años contados desde el vencimiento del plazo para el pago de la condena objeto de acuerdo, que acaeció el veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013) 43, la acción de repetición fue incoada oportunamente.

desde el vencimiento del plazo para el pago de la condena objeto de acuerdo, que acaeció el veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013) 43, la acción de repetición fue incoada oportunamente.

4.3. Está acreditado que la acción fue ejercida por el apoderado designado por el Gerente de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de Lópe z44; por lo que, al ser el órgano condenado en sede de reparación directa, está legitimado en la causa por activa a través de su representante o delegado . Se encuentra demostrada la legitimación en la causa por pasiva del médico cirujano Rafael Antonio Zabaleta Romero, puesto que, de conformidad con el Oficio CA -CA-06.238 del 17 de julio de 2015 45 expedido por la ESE demandante, se constató en “los libros de registro de patología del día 18 de mayo de 2005” que el citado galeno fue quien le practicó el procedimiento quirúrgico a la paciente por el cual se fundamentó la presentación de esta demanda ; por lo tanto, se encuentra habilitado para concurrir al proceso y ejercer su derecho de contradicción.

Régimen jurídico aplicable al asunto

4.4. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcion almente, puede tener efectos retroactivos46. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán

retroactivos46. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior47, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconci liable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”. Por ende, como en este caso la intervención quirúrgica que originó el hecho dañoso atribuido al centro asistencial ocurrió el 18 de mayo de 2005, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001.

41 31 de enero y 28 de febrero de 2013. 42 Folio 109 y 110 C.1. 43 Folio 50 a 52 C.1. 44 Según el poder conferido, decreto de nombramiento 000062 del 1