CE - 012339000201400264011SENTENCIA20231201160950

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 20001 23 39 000 2014 00264 01 (4758–2015)

Demandante: Carlina Mercedes Perea Amaya.

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Temas: Reconocimiento de p ensión gracia . Tiempo de servicio docente de carácter nacionalizado. Sucesión procesal.

Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015) por el Tribunal Administrativo de l Cesar, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de demanda.

ANTECEDENTES

La señora CARLINA MERCEDES PEREA AMAYA instauró demanda en contra

de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

pretensiones de demanda.

ANTECEDENTES

La señora CARLINA MERCEDES PEREA AMAYA instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones (i) RDP 057514 de 19 de diciembre de 2013 y (ii) RDP 003340 de 31 de enero de 2014, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la demandante y se confirmó tal decisión respectivamente. Que a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación conforme a las prevenciones de la ley 114 de 1913, así como el retroactivo de las mesadas adeudadas por dicho concepto.

1 Folios 40 a 50 del expediente.Radicado: 20001233900020140026401 (4758-2015)

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HECHOS

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la demandante nació el 18 de febrero de 1961. Que durante su vida laboral

2

HECHOS

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la demandante nació el 18 de febrero de 1961. Que durante su vida laboral se desempeñó como docente en el departamento del Cesar desde el 26 de agosto de 1980 , esto en virtud del nombramiento efectuado por la misma autoridad territorial, siendo trasladada en dos ocasiones a diferentes municipios del departamento.

Que el 12 de diciembre de 2013, la señora Perea Amaya radicó ante la UGPP una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio.

Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de la Resoluciones RDP 057514 de 19 de diciembre de 2013 y RDP 003340 de 31 de enero de 2014 le fue negado el reconocimiento prestacional.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 28 de agosto de 2014 y notificada a la UGPP, quien presentó memorial de contestación 2 en el cual manifestó que prestó servicio como docente nacional entre 1980 y 1981, lo cual no resulta válido para acceder a la pensión gracia, en el sentido que no cumplió con el requisito de haber prestado servicio docente del orden territorial antes del 31 de diciembre de 1980.

En la audiencia inicial3 se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo

las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

En la audiencia de pruebas se recaudaron los medios de convicción decretados y se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 10 de septiembre de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la entidad demandada. Al respecto, analizó las pruebas allegadas al expediente y

2 Folios 77 a 85 del expediente. 3 Folios 137 a 141 y en CD anexado a folio 142 del expediente. 4 Folios 185 a 205 del expediente.Radicado: 20001233900020140026401 (4758-2015)

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 determinó que la señora Carlina Mercedes Perea Amaya cumplió los requisitos exigidos par a ser beneficiaria de una pensión gracia, principalmente haber ejercido como docente del orden territorial o nacionalizada desde antes del 31 de diciembre de 1980. En línea de lo anterior, consideró que el estatus pensional lo adquirió el 18 de febrero de 2011, fecha en la que cumplió 50 años de edad y, por tanto, le era procedente el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir

adquirió el 18 de febrero de 2011, fecha en la que cumplió 50 años de edad y, por tanto, le era procedente el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del 12 de diciembre de 2010 (sic) por configuración de la prescripción trienal.

EL RECURSO DE APELACIÓN.5

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP presentó escrito en el que señaló que la docente allegó documentos que llevan a establecer que el nombramiento ocurrido con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 fue del orden nacional, por lo que no cumplió con el requisito de 20 años de servicios del orden territorial o nacionalizado y, por ende, no puede ser beneficiaria de una pensión gracia en los términos de la Ley 114 de 1913.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP6, actuando por intermedio de apoderado, allegó escrito en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia, en la medida que la demandante laboró en un colegio del orden nacional, incumpliendo con el requisito de 20 años de servicio territorial o nacionalizado.

El apoderado de Carlina Mercedes Perea Amaya7 aportó escrito con el que solicitó confirmar la decisión, pues considera que es claro que cumple con todos los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia, principalmente por cuanto prestó servicio como docente nacionalizada.

La Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia, principalmente por cuanto prestó servicio como docente nacionalizada.

La Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo al tiempo de servicio con carácter de territorial o nacionalizado.

5 Folios 212 y 213 del expediente. 6 Folio 305 del expediente. 7 Folios 160 a 172 del expediente.Radicado: 20001233900020140026401 (4758-2015)

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 Cuestión previa - Sobre el recurso de reposición contra el auto que no avocó conocimiento para unificación de jurisprudencia

Conforme al memorial visible en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI, se observa que el apoderado de la UGPP interpuso recurso de reposición en contra del auto mediante el cual esta Sala resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de unificación presentada por dicha entidad.

Al respecto, resalta la Subsección que el artículo 271 del CPACA 8 prevé en su inciso sexto que el auto que decide si avoca o no conocimiento, no es susceptible de recursos, razón por la cual en el presente asunto resulta improcedente la

Al respecto, resalta la Subsección que el artículo 271 del CPACA 8 prevé en su inciso sexto que el auto que decide si avoca o no conocimiento, no es susceptible de recursos, razón por la cual en el presente asunto resulta improcedente la reposición formulada por la parte accionada, al punto de tener que ser rechazada por esa misma razón sin más consideraciones sobre el particular.

En consecuencia, se abordará seguidamente la apelación de la sentencia objeto de análisis en esta instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de s ervicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta.

8 Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021.Radicado: 20001233900020140026401 (4758-2015)

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del

en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»9. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año» . De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación,

servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: (..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la

9 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C.

P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Radicado: 20001233900020140026401 (4758-2015)

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jub ilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sal a Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199710 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados

sentencia S-699 del 26 de agosto de 199710 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 11 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos lo cales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones ,

ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 11 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Radicado: 20001233900020140026401 (4758-2015)

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio

generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos re cursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se pued e acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente

respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .»

(Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valgaRadicado: 20001233900020140026401 (4758-2015)

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ -030CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,12 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial

de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos.

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

12 Proceso identificado con radicación 15001 -23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma

Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.Radicado: 20001233900020140026401 (4758-2015)

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar el derecho a la pensión gracia.

No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se centran y limitan en verificar si la naturaleza jurídica de las vinculaciones de la demandante como docente oficial, fueron del orden territorial o nacionalizado que le permitan acumular los 20 años de servicio necesarios para consolidar el derecho pensional en litigio.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se observa que la señora Carlina Mercedes Perea Amaya nació el 18 de febrero de 196113, razón por la cual, el 18 de febrero de 2011 cumplió 50 años de edad.

Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la reclamante como docente territorial o nacionalizad a, se advierte en primer lugar que conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 30 de noviembre de 2017 14 por la Secretaría de Educación de Valledupar , efectivamente la demandante mantuvo las siguientes

lugar que conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 30 de noviembre de 2017 14 por la Secretaría de Educación de Valledupar , efectivamente la demandante mantuvo las siguientes vinculaciones bajo una vinculación que según dicho documento, se asegura que fue nacionalizada.

13 Copia de la cédula de ciudadanía visible en el folio 17 del expediente. 14 Folio 353 del expediente. Nacional X Departamental Municipal DistritalNacionalizado

TIPO DE VINCULACIÓN SITUACIÓN LABORAL d m y d m y d m y d m y

Situación Administrativa NOMBRAMIENTO Plantel Educativo

ESCUELA RURAL

MIXTA EL

CAUDALOSO

Municipio LA JAGUA DE

IBIRICO

Calidad docente PROPIEDAD Situación Administrativa TRASLADO Plantel Educativo

ESCUELA RURAL

MIXTA LA

VICTORIA

Municipio LA JAGUA DE

IBIRICO

Calidad docente PROPIEDAD Situación Administrativa TRASLADO Plantel Educativo NACIONAL

LOPERENA

Municipio VALLEDUPAR Calidad docente PROPIEDAD Situación Administrativa RETIRO Plantel Educativo NACIONAL

LOPERENA

Municipio VALLEDUPAR Calidad docente PROPIEDAD 6431 4 1956 05-dic-12 07-dic-12 3 29 26-ene-95 26-ene-95 26-ene-95 07-dic-12 50 2 2572 28-oct-80 28-oct-80 26-ene-95 5128 1 1951 26-ago-80 08-sep-80 08-sep-80 28-oct-80 Tipo y Nro. de A.A.

50 2 2572 28-oct-80 28-oct-80 26-ene-95 5128 1 1951 26-ago-80 08-sep-80 08-sep-80 28-oct-80 Tipo y Nro. de A.A.

FECHA A.A. FECHA

POSESIÓN DESDE HASTA TOTAL

DÍAS (360

X AÑO) NOVEDADESRadicado: 20001233900020140026401 (4758-2015)

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Pues bien, sobre el punto se destaca que en el expediente reposa la Resolución 001951 de 26 de agosto de 1980 15 por medio del cual el gobernador del departamento del Cesar nombró a la accionante en el cargo de maestra de la la Escuela Rural Mixta El Caudaloso del municipio de La Jagua de Ibirico , posesionada para el efecto el 8 de septiembre de 198016, ello sin que se observe intervención o autorización de financiamiento por parte del delegado del Ministerio de Educación ante el FER de dicha entidad territorial, tal como se aprecia de la siguiente transcripción:

«DEPARTAMENTO DEL CESAR GOBERNACION RESOLUCION 001951 DE 26 AGO 1980

Por la cual se causan unas novedades en Educación Básica Primaria EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE: […] ARTICULO 5º. – Nómbrase a: CARLINA PEREA SIERRA, maestra de

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

[…]