CE - 012339000201500058011SENTENCIA20230324163632

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 20001 2339 000 2015 0 0058 01 ( 0975 -20 16 )

Demandante: Lucas Eduardo Jaimes Gil Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPPTema: Re liquidación de pensión de jubilación. Decreto 546 de 1971

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la s parte s contra la sentencia del 21 de octubre de 2015 , por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar 1, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 2

2. El señor Lucas Eduardo Jaimes Gil , actuando por conducto de apoderad o y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Cont ribuciones Parafiscales de la Protección Social – en adelante

restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Cont ribuciones Parafiscales de la Protección Social – en adelante

1 Con ponencia del magistrado Alberto Espinosa Bolaños. 2 Folios 35 y s.s.Radi cado : 20 001 2 339 000 2 015 00058 01 ( 0975 -2 016) Dem and ante : Lu cas Ed uar do Ja im es Gi l

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UGPP -, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad parcial de la Resolución RDP 022670 de 22 de julio de 2014 , dictada por la UGPP por medio de la cual se le negó su solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación de acuerdo con el Decreto 546 de 1971 y la inclusión de todos los factores de salario percibidos en el último año de servicios .

(ii) Declarar la nulidad parcial de la Resolución RDP 029338 de 25 de septiembre de 2014 por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, confirmándola .

(i ii ) Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad demandada a re liquidarle la pensión de jubilación «[…]

de apelación interpuesto contra la anterior decisión, confirmándola .

(i ii ) Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad demandada a re liquidarle la pensión de jubilación «[…] ca lculada con todos los factores de salario devengados en el último año de servicio, teniendo en cuenta para su cálculo, la Asignación Básica Mensual, Gastos de Representación, 1/12 de la prima de servicios, 1/12 de la prima de navidad, 1/12 de la prima de vacaciones, 1/12 de Bonificación judicial y 1/12 de la bonificación por actividad judicial y cualquier ot ro emolumento que el actor demuestre haber adquirido en ese periodo como contraprestación de su relación laboral, pensión que ha de pagarse en cuan tía mensual no inferior a $4.141.375.88 efectiva a partir del 2 de julio de 2008 , ordenando aplicar los reajustes de la ley 100/93, sobre la cuantía pretendida no inferior a $4’141.375.88» .

(iv) Igualmente solicitó que se ordene a la entidad demandad a pagarle las diferencias de mesadas entre lo que se ha venido cancelando por concepto de las Resoluciones 05367 de 18 de febrero de 2008 y UGM 7423 de 12 de septiembre de 2008 y lo que se determine pagar en la sentencia, efectivas desde el 2 de julio de 2008.

(vi) Que las sumas adeudadas sean ajustadas de conformidad con el índice de precios al consumidor o al por mayor y tal como lo autoriza el artículo 187 del CPACA, que se d é cumplimiento a la

2008.

(vi) Que las sumas adeudadas sean ajustadas de conformidad con el índice de precios al consumidor o al por mayor y tal como lo autoriza el artículo 187 del CPACA, que se d é cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.Radi cado : 20 001 2 339 000 2 015 00058 01 ( 0975 -2 016) Dem and ante : Lu cas Ed uar do Ja im es Gi l

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2.1.2. Fundamentos fácticos

3. De acuerdo con la demanda, los hechos en los cuales se fundan

las pretensiones son los siguientes:

(i) El señor Lucas Eduardo Jaimes Gil nació el 10 de febrero de 1941 y laboró al servicio del Estado por más de 20 años, de los cuales 10 por lo menos fueron al servicio de la Rama Judicial, por lo que cumplió el estatus de pensionado el 21 de mayo de 2005, y su retiro definitivo se produjo en el mes de julio de 200 8.

(ii) A través de la Resolución UGM 05367 de 18 de febrero de 2008 la Caja Nacional de Previsión Social le reconoció una pensión en cuantía de $2808.986,59 efectiva a partir del 26 de julio de 2007, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio .

(iii) Dicha prestación se reliquidó a través de la Resolución UGM

cuantía de $2808.986,59 efectiva a partir del 26 de julio de 2007, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio .

(iii) Dicha prestación se reliquidó a través de la Resolución UGM 7423 de 12 de septiembre de 2008, en la cual se incluyeron nuevos factores de conformidad con el Decreto 546 de 1971 , en cuantía de $2808.986,59 efectiv a a partir del 26 de julio de 2007 , la cual incluyó la asignación básica, los gastos de representación, la s prima s de navidad, de servicios y de vacaciones, pero se omitió los gastos de representación y la bonificación por actividad judicial.

(iv) El 9 de mayo de 2014 el demandante solicit ó la reliquidación de su pensión de conformidad con el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971 y el Decreto 717 de 1978 a efectos de que se incluyeran todos los factores salariales percibidos.

(v) Mediante Resolución RDP 022670 de 22 de julio de 2014 se negó su solicitud , señalando que no era posible , en virtud de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C258 de 2013.

(vi) A través de la Resolución RDP 0029338 de 25 de septiembre 2014 se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión , confirmándola en su integridad.

(vii) De conformidad con la demanda de ben incluirse los gastos de representación más una doceava pa rte de la bonificación por

anterior decisión , confirmándola en su integridad.

(vii) De conformidad con la demanda de ben incluirse los gastos de representación más una doceava pa rte de la bonificación por actividad judicial, lo que generó una mesa da pensional deRadi cado : 20 001 2 339 000 2 015 00058 01 ( 0975 -2 016) Dem and ante : Lu cas Ed uar do Ja im es Gi l

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$4141.375,88 con efectividad a partir del 1.° de julio de 2008.

(viii) El último cargo desempeñado por el demandante correspondió al de fiscal delegado ante los jueces m unicipales y promiscuos en el municipio de Valledupar.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas las siguientes: el preámbulo y los artículos 2.°, 13, 25, 48 , 53 y 58 de la Constitución Política, las Leyes 57 y 153 de 1887 , los artículo s 6.° del Decreto 546 de 1971, 12 del Decreto 717 de 1978 , 11, 36 y 289 de la Ley 100 de 1993, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, las Leyes 33 y 62 de 1985 y el Decreto 1158 de 1994 .

5. Al desarrollar el concepto de la violación , se indicó que los

las Leyes 33 y 62 de 1985 y el Decreto 1158 de 1994 .

5. Al desarrollar el concepto de la violación , se indicó que los actos acusados son nulos por expedición irregular pues desconocen los derechos adquiridos del demandante como quiera que laboró al servicio de la Rama Judicial y el Ministerio Público por más de 20 años, siendo aplicable para su caso el régimen prev isto en el Decreto 546 de 1971 y 717 de 1978 que consagra el pago de la pensión en un 75% de lo que por todo concepto haya devengado en el último año de servicio y se ha establecido vía jurisprudencial que no s ólo debe entenderse la remuneración básica s ino todo lo que el funcionario y el empleado perciba por concepto de salario, es decir, todo lo que devengue como retribución de su servicio.

6. Según el demandante, la entidad demandada desconoci ó lo establecido en el Decreto 546 de 1971 y el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 al darle una aplicación restrictiva, desfavorable y retroactiva de la sentencia C – 258 de 2013.

7. Finalmente adujo que la jurisdicción contenciosa ha establecido que no realizar aportes al sistema sobre determinados factores no es óbice para tenerlos en cuenta al momento del reconocimiento de la pensión , pues esta situación no puede constituirse un obstáculo dado que se puede ordenar el recaudo de dichos aportes , descontándolos de las sumas a pagar por parte de la entidad.Radi cado : 20 001 2 339 000 2 015 00058 01 ( 0975 -2 016) Dem and ante : Lu cas Ed uar do Ja im es Gi l

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2.2. Contestación de la demanda 3

8. La UGPP a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto, según lo consideró, los actos demandados gozan de legalidad.

9. Como fundamento de su desacuerdo explicó que el señor Jaimes Gil es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, debiendo aplicarse para efectos de la liquidación de pensión el Decreto 546 de 1971 en lo que se refiere a la edad, el monto de la pensión y el tiempo de servicio; pero en cua nto al ingreso base de liquidación debe liquidarse de conformidad con el art ículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con lo devengado durante los últimos 10 años de servicios y con base en los factores salariales consagrados en el Decreto 1154 de 1994, siempre y cuando se hubiesen tenido en cuenta para realizar las cotizaciones, conforme lo señala la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de

2005.

10. Finalmente indicó que se oponía a la inclusión de la bonificación por servicios en un 100% toda vez q ue se devenga de forma anual.

11. Formuló l as excepciones de legalidad del acto acusado y prescripción .

2.3. Sentencia de primera instancia 4

12. El Tribunal Administrativo del Cesar , mediante sentencia 5

11. Formuló l as excepciones de legalidad del acto acusado y prescripción .

2.3. Sentencia de primera instancia 4

12. El Tribunal Administrativo del Cesar , mediante sentencia 5 proferida en el curso de la audiencia inicial celebrada el 21 de octubre de 2015 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con sustento en las siguientes consideraciones:

(i) En primer lugar, citó las pruebas allegadas, así como el contenido de las resoluciones acusadas y coligió que en este caso no había controversia frente a la norma a aplicar por cuanto coincidían las partes en que era el Decreto 546 de 1971 , por realizar su s aportes como empl eado de la

3 Folios 104 y s.s. 4 Folios 128 y s.s. 5 Aclaró que, dictaría sentencia anticipada, al tenor de lo señalado por el Decreto 806 de 2020, artículo 13, toda vez que asunto a discutir era de puro derecho.Radi cado : 20 001 2 339 000 2 015 00058 01 ( 0975 -2 016) Dem and ante : Lu cas Ed uar do Ja im es Gi l

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Rama Judicial y el Ministerio Público por más de 10 años. (ii) Según lo explicó, la jurisprudencia de l Consejo de Estado sobre los factores base de liquidación de la pensión de jubilación cobijados por el régimen de transición no t en ía

(ii) Según lo explicó, la jurisprudencia de l Consejo de Estado sobre los factores base de liquidación de la pensión de jubilación cobijados por el régimen de transición no t en ía un criterio unificado por lo que en un principio se aplicó por favorabilidad la sentencia de 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda dentro del proceso radicado 25000232500020060750901. (iii) Sin embargo, se refirió a las sentencias C – 258 de 2013 y SU 230 -2015 de la Corte Constitucional y explicó que , a pesar de que ese Tribunal en múltiples ocasiones acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado, señaló que atendería el precedente de la Corte Constitucional, por lo que los beneficiario s del régimen de trans ición, como era el caso del demandante , tienen derecho a que se les aplique el régimen anterior en cuanto a la edad, tiempo y monto de la pensión y no así para determinar el ingreso base de liquidación, que se encuentra regulado por la Ley 100 de 1993. (iv) Lu ego citó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y al Decreto 1158 de 1994 de las concluyó que estas enlistaban de forma taxativa los factores salariales que componen la base de liquidación pensional, sin que se puedan incluir aquellos factores devengados por el trabajador por los que no realizaba aporte alguno al sistema general de pensiones. (v) Estimó que de conformidad con las pruebas allegadas y específicamente la certificación de 11 de mayo de 2011, visible a folio 103 expedida por la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía Seccional de

(v) Estimó que de conformidad con las pruebas allegadas y específicamente la certificación de 11 de mayo de 2011, visible a folio 103 expedida por la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía Seccional de Valledupar, en el periodo comprendido entre el año 1997 a 2007 el demandante percibió la bonificación por servicio s, además de la asignación básica, los gastos de representación, la prima de navidad, la prima de servicios y la prima de vacaciones. (vi) Como se liquidó la pensión del demandante sin que se haya tomado como parte del ingreso de liquidación la bonifica ción por servicio s, que se encuentra prevista en el Decreto 1158 de 1994 , «se concluye que hay lugar a ordenar la reliquidación de la pensión de vejez pretendida, dado que, como se avizora, se encuentra relacionada de manera taxativa en la norma citada, la cual debe ser liquidada con base en el promedio de lo devengado duranteRadi cado : 20 001 2 339 000 2 015 00058 01 ( 0975 -2 016) Dem and ante : Lu cas Ed uar do Ja im es Gi l

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los diez últimos años» 6. (vii) Luego se refirió a la bonificación por actividad judicial, creada mediante Decreto 3131 de 2005 como u n reconocim iento a los jueces y fiscales por el buen desempeño en sus funciones, que en principio no tuvo

(vii) Luego se refirió a la bonificación por actividad judicial, creada mediante Decreto 3131 de 2005 como u n reconocim iento a los jueces y fiscales por el buen desempeño en sus funciones, que en principio no tuvo naturaleza de factor salarial y que fue modificad a a través del Decreto 3900 de 2009 donde se dispuso que se tendría en cuenta para efectos de determinar el ingr eso base de liquidación para cotización al sistema general de pensiones. (viii) Según lo explicó, el señor Jaimes Gil devengó la citada bonificación desde 2005, pero como laboró hasta el año 2008 no había lugar al reconocimiento de ese factor para la liquidación pensional. Por lo anterior dispuso:

«[…] PRIMERO : DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. RDP 022670 del 22 de julio de 2014 y RDP 029338 del 25 de s eptiembre de 2014, expedidas por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal - UGPP, mediante la cual (sic) negó la reliquidación de la pensión de vejez reconocida al señor LUCAS EDUARDO JAIMES GIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta prov idencia.

SEGUNDO : A título de restablecimiento ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, reliquidar y pagar la pensión de vejez del señor LUCAS EDUARDO JAIMES GIL, con la i nclusión de la Bonificación por Servicios, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

El valor resultante será reajustado con base en el Índice de

EDUARDO JAIMES GIL, con la i nclusión de la Bonificación por Servicios, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. El valor resultante será reajustado con base en el Índice de Precios al Consumidor que expide el DANE, de acuerdo con la fórmula: R= Rh X Índice final Índice inicial TERCERO : NEGAR las demás pretensiones de la demanda».

13. Finalmente condenó en costas a la UGPP .

14. La magistrada Doris Pinzón Amado presentó salvamento parcial de voto 7, en escrito en el que manifestó que, en su sentir, todo aquello que constituya salario debe ser incluido dentro de la base de liquidación de la pensión de jubilación, ya sea que se trate de persona beneficiaria del régimen de transición o no,

6 Folio 148. 7 Folio 159 y s.s.Radi cado : 20 001 2 339 000 2 015 00058 01 ( 0975 -2 016) Dem and ante : Lu cas Ed uar do Ja im es Gi l

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independientemente de que sobre eso s valores se hayan practicado los respectivos aportes pues ello se podía subsanar con un cálculo actuarial que permita establecer cuál es el monto que se ha debido deducir para no afectar el Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Por ello, se debió incluir tanto la bonificación por servicios prestados como la bonificación por actividad judicial .

actuarial que permita establecer cuál es el monto que se ha debido deducir para no afectar el Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Por ello, se debió incluir tanto la bonificación por servicios prestados como la bonificación por actividad judicial .

2.4. El recurso de apelación .

2.4.1. El apoderado de l demandante 8 interpuso recurso de apelación en el que solicitó acceder a totalidad de las pretensiones con sustento en que la sentencia SU -230 de 2015 se pronunció sobre la revisión de una acción de tutela contra una providencia de la Sala de Casación Laboral de la Cor te Suprema de Justicia en el escenario de la jurisdicción ordinaria, bajo una situación fáctica diferente, de una pensión convencional para un trabajador oficial y por esto no puede decirse qu e se trató de un control de constitucionalidad aplicable a regímenes es peciales como es el caso del Decreto 546 de 1971.

15. Dicha norma , junto con el Decreto 717 de 1978 prevé n unas condi ci ones propias que la convierten en un a pensión especial de empleados públicos, sin que sea posible desme mbrar la norma para insertar otras disposicio nes , pues ello sólo es posible al legis lador .

Además , en la jurisdicción contenciosa debe aplicarse la sentencia de unificación de su órgano de cierre .

16. Finalmente , adujo que en la pensión del demandante debe incluirse tanto la bonificación por servicios como la bonificación por actividad judicial, esta última si bien fue creada en el año 2005 sin carácter salarial, sí cumple con los criterios de habitualidad y retribución efectiva del servicio.

incluirse tanto la bonificación por servicios como la bonificación por actividad judicial, esta última si bien fue creada en el año 2005 sin carácter salarial, sí cumple con los criterios de habitualidad y retribución efectiva del servicio.

2.4.2. La apoderada de la UGPP 9 señaló que al demandante se le respetó el régimen de transición y con ello , la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión, pero en cuanto a los factores de salario se rige por la norma vigente al momento del status que en este caso corresponde a la Ley 100 de 1993.

17. Además, dijo que , de incluirse otros factores no establecidos en

8 Folios 167 y s.s. 9 Folios 163 y s.s.Radi cado : 20 001 2 339 000 2 015 00058 01 ( 0975 -2 016) Dem and ante : Lu cas Ed uar do Ja im es Gi l

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el Decreto 1158 de 1994 se atentaría contra el principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Por ello , debe liquidarse con base los últimos 10 años de servicios del art ículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin que se puedan incluir factores sobre los cuales no se hicieron aportes, según lo establecido en las sentencias C - 258 de 2013 y SU - 230 de 2015.

2.5. Ale gatos de conclusión

18. En esta oportunidad las partes reiteraron los argumentos del

cuales no se hicieron aportes, según lo establecido en las sentencias C - 258 de 2013 y SU - 230 de 2015.

2.5. Ale gatos de conclusión

18. En esta oportunidad las partes reiteraron los argumentos del recurso de apelación, tal como se aprecia a folios 267 y s.s. y 269 y s.s.

19. El agente del Ministerio Público guard ó silencio, tal como da cuenta el informe secretarial que obra a folio 276 .

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20 . De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

21 . Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 328 11 del

10 «El Consejo de Estad o, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocer á en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así com o de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…] » 11 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar e n costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán prom over incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Radi cado : 20 001 2 339 000 2 015 00058 01 ( 0975 -2 016) Dem and ante : Lu cas Ed uar do Ja im es Gi l

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Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones , como ocurre en este caso.

3.2. Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala resolver lo siguiente:

• ¿Cuál es el régimen normativo aplicable al reconocimiento y liquidación de la pensión de jubilación a el señor Lucas

este caso.

3.2. Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala resolver lo siguiente:

• ¿Cuál es el régimen normativo aplicable al reconocimiento y liquidación de la pensión de jubilación a el señor Lucas Eduardo Jaimes Gil y con ello, verificar como debe liquidarse su pensión, así como los factores a incluir en la base de liquida ción pensional ?

3.3. Fondo del asunto.

3.3.1. Primer interrogante. ¿Cuál es el régimen normativo aplicable al reconocimiento y liquidación de la pensión de jubilación a el señor Lucas Eduardo Jaimes Gil ?

3.3.1.1. Régimen especial de pensiones de los servidores de la Rama Judicial y del Minist erio Público:

23. En este caso el demandante reclamó la aplicación del régimen especial de pensiones establecido en el Decreto 546 de 1971, al cual accedió la primera instancia, pero bajo las pautas de la sentencia de la Corte Constitucional SU - 230 de 2015, sin inclusión de la bonificació n por actividad judicial.

24. Así las cosas, es menester referirnos al citado régimen como

sigue a continuación:

25. Con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público se encontraban cobijados por el régimen especial de pensiones, consagrado en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971, el cual dispuso:Radi cado : 20 001 2 339 000 2 015 00058 01 ( 0975 -2 016) Dem and ante : Lu cas Ed uar do Ja im es Gi l

dispuso:Radi cado : 20 001 2 339 000 2 015 00058 01 ( 0975 -2 016) Dem and ante : Lu cas Ed uar do Ja im es Gi l

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«ARTÍCULO 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Púb lico, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».

26. Cabe precisar que, tal como lo ha seña lado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras, la sentencia de 16 de mayo de 2019 12, para la aplicación de este régimen especial de pensiones se requiere que los 20 años de servicios prestados por el empleado, lo hayan sido al sector público y de ellos, 10 lo hayan sido en la Rama Judicial o en el Ministerio Público.

27. Ahora bien, en lo relativo a la forma en que se debe reconocer y liquidar la pensión de l demandante, la Sala considera necesario hacer alusión a la jurisprudencia reciente en relación con la interpretación y aplicación del régimen especial de pensiones

27. Ahora bien, en lo relativo a la forma en que se debe reconocer y liquidar la pensión de l demandante, la Sala considera necesario hacer alusión a la jurisprudencia reciente en relación con la interpretación y aplicación del régimen especial de pensiones consagrado en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971, para los beneficiarios del régimen de transición.

28. A través de la sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJS2 -021 -20 de 11 de junio de 2020 la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su criterio frente al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971 cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en el sent ido de señalar que e l funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acredi ten los

siguientes presupuestos:

1. Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

12 Sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 16 de may o de 2019, Consejero Ponente: Dr. César Palomino Cortés, expediente: 2500023 -25 -000 -2010 -00479 -01(2089 -12).Radi cado : 20 001 2 339 000 2 015 00058 01 ( 0975 -2 016) Dem and ante : Lu cas Ed uar do Ja im es Gi l

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumpli miento de la edad de 50 años si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios públicos, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; 13 c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades .

1. Por tanto, determinó que esa pensión se le debe reconocer con

años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades .

1. Por tanto, determinó que esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior consagrado s en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%,

1. Sobre el ingreso base de liquidación puntualizó que no hace parte del régimen de transición pensional, sino que corresponde al señalado por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 , según el caso, es decir, si le fal