CE - 012339000201500609021AUTOQUERESUEL20230324131726

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: PROCESO EJECUTIVO Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021)

Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales

Demandado: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial)

Temas: Medida cautelar de embargo

AUTO INTERLOCUTORIO __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el auto del 27 de febrero de 2020, proferido por un conjuez d el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio del cual se decretó una medida cautelar de embargo.1

1. Antecedentes

1.1. Pretensiones de la demanda y solicitud de medida cautelar

El señor Henry de Jesús Calderón Raudales , mediante apoderado, solicitó que se libre mandamiento ejecutivo en contra de la Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial), con base en la sentencia del 15 de marzo de 2018, dictada por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Cesar, por la suma de $ 1.082.319.772,24 COP, a título de capital, más los intereses moratorios causados desde el 20 de marzo de 2019, cuando se hizo exigible la obligación, hasta que se verifique el pago, liquidados a la tasa máxima permitida por la ley.

causados desde el 20 de marzo de 2019, cuando se hizo exigible la obligación, hasta que se verifique el pago, liquidados a la tasa máxima permitida por la ley.

1 Por auto del 25 de agosto de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró infundado el impedimento que manifestó la Sala, con base en las causales establecidas en los numerales 1 y 6 del artículo 141 del Código General del Proceso. Ver índice 9 de la plataforma Samai del Consejo de Estado.2

Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021) Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales Adicionalmente, el actor solicitó la medida cautelar de embargo de los dineros que la parte ejecutada tenga o llegare a tener en las cuentas bancarias de las siguientes

entidades financieras:

1. Banco de Occidente.
2. Banco Popular. iii) Banco Davivienda. iv) Banco de Bogotá.
3. Banco Colpatria.
4. Banco BBVA.
5. Banco Agrario de Colombia.
6. Banco Bancolombia.
7. Banco Caja Social de Ahorros.

1.2. El auto apelado

Un conjuez del Tribunal Administrativo del Magdalena , mediante auto del 27 de febrero de 2020, decretó la medida cautelar solicitada por el accionante, en los términos que se exponen a continuación:

PRIMERO: DECRETESE (sic) EL EMBARGO Y RETENCION (sic) de los dineros de carácter inembargable que tenga o llegare a tener la NACION (sic) – RAMA JUDICIAL EN LAS

PRIMERO: DECRETESE (sic) EL EMBARGO Y RETENCION (sic) de los dineros de carácter inembargable que tenga o llegare a tener la NACION (sic) – RAMA JUDICIAL EN LAS siguientes entidades bancarias: BANCO DE OCCIDENTE , BANCO POPULAR , BANCO DAVIVIENDA, BANCO BOGOTA (sic), BANCO COLPATRIA, BANCO BBVA, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, BANCO BANCOLOMBIA, BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS de Valledupar, y a nivel Nacional.

Que por tratarse de un crédito laboral que consta en una sentencia condenatoria expedida por esta Corporación, y cuya exigibilidad tiene más de diez (10) meses, la cual hace parte de una de las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos del Estado de conformidad a ( sic) lo dispuesto en la Sentencia C -1154 de 2008.

Limitase (sic) la medida hasta la suma UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL (sic) CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS ($1’481.143.808,05. mcte), (sic) correspondiente al valor de la medida cautelar decretada.

[…].2

2 Índice 2 ibidem.3

Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021) Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales Posteriormente, por auto del 9 de julio de 2020, el a quo corrigió la fecha de la providencia anterior 3 y preci só que el embargo se limitaría a la suma de « MIL

Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales Posteriormente, por auto del 9 de julio de 2020, el a quo corrigió la fecha de la providencia anterior 3 y preci só que el embargo se limitaría a la suma de « MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL (sic) MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL

OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS ($1’481.143.808,05.mcte)».4

1.3. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la entidad accionada interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así:

1. El principio de inembargabilidad es necesario para proteger los bienes públicos y el interés general , y garantizar la realización de los fines del Estado. Sin embargo, el legislado r, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido excepciones con el propósito de salvaguardar derechos y principios fundamentales.

1. El artículo 594 del Código General del Proceso enlista los recursos públicos que son inembargables, contra los cuales las medidas cautelares son improcedentes.

1. Aunque hay excepciones al principio de inembargabilidad, existen recursos que gozan de especial protección porque tienen destinación específica, por lo cual no se pueden embargar. Por ejemplo, los del Fondo de Contingencias, los asignados al pago de sentencias y conciliaciones , y los que están depositados en las cuentas corrientes y de ahorros abiertas, exclusivamente, a favor de la Nación – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , de acuerdo con los

depositados en las cuentas corrientes y de ahorros abiertas, exclusivamente, a favor de la Nación – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , de acuerdo con los artículos 195 (parágrafo 2) del CPACA y 2.8.1.6.1.1 del Decreto 1068 de 2015.

1. Las cuentas bancarias de la Direc ción Ejecutiva de Administración Judicial contienen recursos públicos inembargables, los cuales , además, están destinados al funcionamiento de la administración de justicia, concebida por el artículo 228 de la Constitución Política como un servicio público esencial.

3 El conjuez del Tribunal Administrativo del Cesar corrigió la fecha del auto por medio del cual se decretó la medida cautelar de embargo, en el sentido de precisar que este fue proferido el 27 de febrero de 2020 y no el 27 de febrero de 2019. 4 Índice 2 de la plataforma Samai del Consejo de Estado.4

Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021)

Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales

En consecuencia, el embargo indiscriminado de las cuentas de la entidad ejecutada podría afectar el pago de nómina, de aportes al Sistema de Seguridad Social y de suministros de elementos básicos como papelería, servicios públicos, viáticos, tr ansportes, gastos de notificación y publicaciones, etc.

1. Los dineros consignados en las cuentas corrientes de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar «[…] no corresponden a ingreso

(sic) propios, sino de pago de terceros, en el cual (sic) se hace efectivo el

1. Los dineros consignados en las cuentas corrientes de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar «[…] no corresponden a ingreso

(sic) propios, sino de pago de terceros, en el cual (sic) se hace efectivo el pago de salarios y deducciones de banco». Por consiguiente, el embargo afectaría la administración de justicia y los derechos fundamentales de los empleados, pues no se podrían usar otros rubros para atender estos compromisos infaltables de la entidad.

1. Antes de adoptar la decisión, el juez, a demás de evaluar la apariencia de buen derecho y el peligro por la mora procesal, debe consultar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida cautelar.

Ahora bien, en este caso la medida de embargo a) no es proporcional, ya que puede generar una insostenibilidad fiscal e institucional que comprometería el interés general; y b) es irrazonable e innecesaria, debido a que no existe riesgo de insolvencia y la obligación está reconocida de manera expresa, en tanto el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 prevé una garantía en el Presupuesto General de la Nación para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en sentencias judiciales o conciliaciones.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Consiste en determinar si procede o no la medida cautelar de embargo y retención «[…] de los dineros de carácter inembargable que tenga o llegare a tener la NACION (sic) – RAMA JUDICIAL EN LAS siguientes entidades bancarias: BANCO DE OCCIDENTE , BANCO POPULAR , BANCO DAVIVIENDA , BANCO BOGOTA (sic), BANCO COLPATRIA , BANCO

(sic) – RAMA JUDICIAL EN LAS siguientes entidades bancarias: BANCO DE OCCIDENTE , BANCO POPULAR , BANCO DAVIVIENDA , BANCO BOGOTA (sic), BANCO COLPATRIA , BANCO BBVA, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , BANCO BANCOLOMBIA , BANCO CAJA SOCIAL DE5

Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021) Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales AHORROS de Valledupar, y a nivel Nacional», a fin de establecer si se debe confirmar o revocar el auto del 27 de febrero de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar.

2.2. Medida cautelar de embargo

En este acápite de las consideraciones se abordará el siguiente cuestionamiento: ¿Dentro de los procesos ejecutivos laborales que se adelantan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede ordenarse el embargo de bienes, rentas y recursos públicos?

Al respecto, se precisa resaltar que la ejecución de las sentencias es un componente del derecho a la tutela judicial efectiva5 y es una de las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho, pues implica la inexorable sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución,6 por ende, el desacato total o parcial de las decisiones judiciales atenta contra el orden jurídico, económico y social justo como presupuestos fundamentales del Estado y desdibuja la misión judicial de materializar la convivencia social y la concordia nacional, la cual se verifica a partir de su función de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en la Constitución Política y la ley.7

materializar la convivencia social y la concordia nacional, la cual se verifica a partir de su función de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en la Constitución Política y la ley.7

Por su parte, el legislador instituyó la medi da cautelar de embargo para garantizar la ejecución del título de recaudo con sujeción a las condiciones en que allí se haya reconocido el derecho.8

En tal sentido, los artículos 599 del CGP y 45 de la Ley 1551 de 2012 precisaron que en los procesos ejecutivos se puede solicitar la medida cautelar de embargo desde la presentación de la demanda; empero, cuando la parte accionada sea un municipio, aquel solo se podrá decretar una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución.

5 La Sentencia C-426 de 2002 precisó que el acceso a la administración de justicia comprende el derecho a que «el fallo adoptado se cumpla efectivamente -si hay lugar a ello-; derechos cuya ejecución supone, entonces, la previa definición de las condiciones y requisitos de operatividad». En similar sentido puede consultarse la Sentencia T-329 de 1994. 6 Sentencia T-554 de 1992, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. 7 Artículo 1 de la Ley 270 de 1996. 8 Ver sentencia C-054 de 1997.6

Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021)

Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales

No obstante, existen normas que prohíben el embargo de los bienes, rentas y recursos públicos con el fin de permitir a las entidades oficiales cumplir sus funciones y materializar los fines del Estado, pero ese propósito no puede

No obstante, existen normas que prohíben el embargo de los bienes, rentas y recursos públicos con el fin de permitir a las entidades oficiales cumplir sus funciones y materializar los fines del Estado, pero ese propósito no puede constituirse en una barrera infranqueable para desconocer los derechos reconocidos en providencias judiciales, por ende, su interpretación debe conciliarse con los demás principios y derechos reconocidos en la Carta Política, especialmente los de dignidad humana, efectividad de los derechos, seguridad jurídica, propiedad y acceso a la justicia.9

A continuación, se analizarán las normas que prohíben decretar embargos sobre rentas, recursos y bienes públicos con el propósito de determinar cuál debe ser su entendimiento en los procesos ejecutivos que se adelanten ante esta jurisdicción con el fin de lograr el cumplimiento de una providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación de contenido laboral.

Es preciso aclarar que en este auto únicamente se estudiará la medida cautelar de embargo en lo que se refiere a los bienes y recursos del Estado de cara al cumplimiento de obligaciones laborales, pues en el sub lite se resuelve sobre la procedencia de un embargo dentro de un proceso ejecutivo cuyo objetivo es el cumplimiento de una sentencia de carácter laboral emitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra una entidad pública.

2.3. Directrices jurisprudenciales frente al principio de inembargabilidad

En nuestro ordenamiento jurídico se han establecido diversas disposiciones de rango constitucional y legal que han implementado el principio de inembargabilidad de los recursos, rentas y bienes públicos.

En nuestro ordenamiento jurídico se han establecido diversas disposiciones de rango constitucional y legal que han implementado el principio de inembargabilidad de los recursos, rentas y bienes públicos.

Para efectos metodológicos, la Sala se abstendrá d e hacer un acápite con la transcripción de dichas normas y, en su lugar, las analizará en conjunto con las directrices jurisprudenciales que ha trazado la Corte Constitucional en las sentencias que han resuelto sobre su exequibilidad.

9 Tal criterio fue esbozado en la sentencia C-1154 de 2008.7

Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021) Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales En tal sentido, se resalta que dicha corporación ha precisado que el principio de inembargabilidad es una herramienta legítima para proteger el patrimonio público, teniendo en cuenta que este es indispensable para la realización de los fines esenciales del Estado, por ende, es una garantía que amerita especial protección y defensa para salvaguardar sus recursos financieros y, de manera especial, aquellos destinados a cubrir las necesidades esenciales de la población.

A partir del anterior entendimiento se ha afirmado que «si se permitiera el embargo de todos los recursos y bienes públicos (i) el Estado se expondría a una parálisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superior».10

No obstante, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad de algunas disposiciones que establecieron el principio de inembargabilidad y concluyó que en

preámbulo de la Carta Superior».10

No obstante, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad de algunas disposiciones que establecieron el principio de inembargabilidad y concluyó que en esos casos aquel estaría sujeto a las siguientes excepciones : i) obligaciones dinerarias de naturaleza laboral; y ii) créditos que consten en sentencias judiciales o en otros títulos legalmente válidos.

A continuación, se abordarán las mencionadas excepciones con la aclaración de que aquellas se fijaron respecto de las normas analizadas en sede de constitucionalidad, las cuales no predicaron el principio de inembargabilidad de los recursos públicos en gen eral, sino que cada una salvaguardó específicos dineros del erario, como el Presupuesto General de la Nación , el Sistema General de Participaciones, entre otros, conforme se explicará en este proveído.

2.4. Obligaciones dinerarias de naturaleza laboral

La Sentencia C-546 de 1992 resolvió que « SON EXEQUIBLES los artículos 8°, en la parte que dice: "y la inembargabilidad", y 16 de la Ley 38 de 1989; y además, en tratándose de créditos laborales, entendidos dichos textos conforme a los dos últimos párrafos de la parte motiva de esta sentencia».11 Las consideraciones a que

10 Corte Constitucional, Sentencia C -543 de 2013. En igual sentido puede consultarse la Sentencia C -546 de 1992. 11 Los artículos 8 y 16 de la Ley 39 de 1989, antes de ser modificados por la Ley 179 de 1994, disponían lo siguiente:8

Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021)

siguiente:8

Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021) Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales hace referencia la parte resolutiva son las siguientes:

En consecuencia, esta Corporación estima que los actos administrativos que contengan obligaciones laborales en favor de los servidores públicos deben poseer la misma garantía que las sentencias judiciales, esto es, que puedan prestar mérito ejecutivo -y embargo - a los dieciocho (18) meses después de haber sido ejecutoriados, de conformidad con el artículo 177 del código contencioso administrativo […].

En consecuencia, esta Corte considera que en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administ rativo. (Resalta la Sala).

En este orden de ideas, las obligaciones dinerarias a cargo del Estado de naturaleza laboral se exceptúan de la aplicación del principio de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación.12

Al respecto, la Corte Constitucional evidenció un conflicto entre dos valores, pues, por un lado, las normas estudiadas salvaguardaban los recursos económicos del Estado y el interés general, pero, por el otro, estos postulados entraban en tensión con el derecho fundamental al pago del salario de los servidores públicos.

Entonces, se definió que dicha problemática debía resolverse bajo la siguiente regla: «en todo caso de conflicto entre los valores mencionados, debe prevalecer el derecho de los trabajadores a la efectividad del pago de su salario».

Entonces, se definió que dicha problemática debía resolverse bajo la siguiente regla: «en todo caso de conflicto entre los valores mencionados, debe prevalecer el derecho de los trabajadores a la efectividad del pago de su salario».

Para arribar a la referida conclusión, la corporación razonó de la siguiente manera:

1. El artículo 351 de la Constitución Política priorizó el servicio de la deuda pública, dentro de la cual se incluyen las acreencias laborales, pues la carta se edifica sobre las bases de la justicia social y considera al ciudadano como el actor primordial del Estado Social de Derecho, por ende, «la protección y efectividad de los derechos fundamentales constituye la principal razón de

Artículo 8. Los principios del sistema presupuestal son: […] la Inembargabilidad […].

Artículo 16. Inembargabilidad. Las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación son inembargables. La forma de pago de la s sentencias a cargo de la Nación se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones legales concordantes.

12 Esta tesis fue reiterada en las Sentencias C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993 y C-103 de 1994.9

Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021) Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales ser de la organización institucional y política y del quehacer gubernamental».

1. La inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación está fundada en la protección del bien público y del interés general; sin embargo, e so no puede justificar la violación de los derechos fundamentales de las personas

1. La inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación está fundada en la protección del bien público y del interés general; sin embargo, e so no puede justificar la violación de los derechos fundamentales de las personas consideradas por separado, pues el lo conduciría al absolutismo y al utilitarismo. En consecuencia, «el progreso social no puede construirse sobre la base del perjuicio individual».

1. La inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación obstaculiza la efectividad del derecho al salario, pese a que la protección de las garantías fundamentales no puede estar sujeta «al vaivén del interés general», como tampoco debe condicionarse a problemas administrativos o presupuestales.

1. El derecho al trabajo goza de una especial protección constitucional y es un valor fundante del Estado Social de Derecho, por ende, debe exceptuarse de la regla general de la inembargabilidad del Presupuesto General de la

Nación.

Por su parte, la Sentencia C-103 de 1994 siguió la anterior línea jurisprudencial. En dicha oportunidad , la Corte Constitucional estudió los numerales 158 y 272 del artículo 1 del Decreto 2282 de 1989, que modificaron los artículos 336 y 513 del Código de Procedimiento Civil ,13 y declaró la exequibilidad condicionada de las siguientes expresiones:

1. Del artículo 336 del CPC, «[l]a Nación no puede ser ejecutada, salvo en el caso contemplado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo».

1. Del artículo 513 del CPC, « [l]as rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación son inembargables».

La Corte Constitucional condicionó la exequibilidad a que debía «entenderse con la

1. Del artículo 513 del CPC, « [l]as rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación son inembargables».

La Corte Constitucional condicionó la exequibilidad a que debía «entenderse con la excepción reconocida en la sentencia C-546, de octubre 1o. de 1992, de esta misma Corte, en relación con los créditos laborales, y en concordancia con la parte motiva

13 En adelante CPC.10

Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021) Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales de esta providencia».

2.5. Créditos que consten en sentencias judiciales o en otros títulos legalmente válidos

La Sentencia C-354 de 199714 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996, 15 «bajo el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos - y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos». Esta decisión se fundó en los siguientes razonamientos:

1. La regla general de inembargabilidad sufre excepciones cuando se trate de sentencias judiciales, en aras de garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos en ellas reconocidos.

1. La redacción del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 podría generar el

sentencias judiciales, en aras de garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos en ellas reconocidos.

1. La redacción del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 podría generar el entendimiento de que solo los créditos cuyo título es una sentenci a pueden ser pagados en la forma allí descrita, pero no así los demás títulos que constan en actos administrativos o que se originan en las operaciones contractuales de la administración; sin embargo, tal interpretación carece de justificación objetiva y razonable; por el contrario «[t]anto valor tiene el crédito que se reconoce en una sentencia como el que crea el propio Estado a través de los modos o formas de actuación administrativa que regula la ley».

14 Los lineamientos de esta providencia fueron reiterados en la Sentencia C-402 de 1997. 15 El artículo 19 del Decreto 111 de 1997, dispone lo siguiente:

Artículo 19. Inembargabilidad. Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes de berán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.

Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el Capítulo 4 del Título XII de la Constitución Política.

Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta.11

Constitución Política.

Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta.11

Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021)

Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales

1. El procedimiento previsto para el pago de las condenas decretadas en sentencias judiciales también debe aplicarse para sufragar los demás créditos a cargo del Estado, pues una conclusión diferente conduciría a judicializar las deudas del Estado que constan en un título válido emanado de aquél.

La Sala considera que las excepciones antes anotadas respecto de la aplicación de dicho principio para el Presupuesto General de la Nación también se predican de los presupuestos de las entidades territoriales, pues el artículo 94 de la Ley 38 de 1989 (Ley Orgánica del Presupuesto) dispone que aquellas deberán seguir principios análogos a los contenidos en ese estatuto, «entre ellos, desde luego, el de la inembargabilidad, aplicable, por tanto, a los recursos y las rentas de los presupuestos seccionales».16

En igual sentido, el artículo 109 del Decreto 111 de 1996 dispuso que « [l]as entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, norma s constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente».

Una conclusión diferente a la antes acogida generaría una situación de desigualdad

organización, norma s constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente».

Una conclusión diferente a la antes acogida generaría una situación de desigualdad respecto de los servidores públicos territoriales y se pondrían en riesgo sus derechos laborales, la seguridad jurídica y el acceso a la administración de justicia. Además, se daría mayor valor a los derechos de quienes reclaman su cumplimiento ante la Nación, en desmedro de las garantías de quienes los exigen ante los entes territoriales.

De otro lado, conforme a los artículos 64 del Decreto 1221 de 1986 17 y 318 del

16 Sentencia C-263 de 1994. 17 Por el cual se dicta el estatuto básico de las entidades descentralizadas departamentales. El artículo 64 del Decreto 1221 de 1986 dispone lo siguiente:

Artículo 64. Del régimen aplicable a los embargos. No son embargables por ninguna autoridad los recursos que reciban las entidades descentralizadas a título de transferencia de la Nación o del respectivo Departamento o como producto de los contratos de empréstito interno o externo que celebren.

De sus recursos propios u ordinarios sólo es embargable hasta la tercera parte del valor total de los mismos.12

Radicación: 20001 23 39 000 2015 00609 02 (4105-2021) Demandante: Henry de Jesús Calderón Raudales Decreto 1222 de 1986,18 los recursos de las entidades descentralizadas del or den departamental se sujetan a las siguientes reglas en materia de embargos:

1. Son inembargables los recursos que reciban las entidades descentralizadas

Decreto 1222 de 1986,18 los recursos de las entidades descentralizadas del or den departamental se sujetan a las siguientes reglas en materia de embargos:

1. Son inembargables los recursos que reciban las entidades descentralizadas del orden departamental a título de transferencia de la Nación o del respectivo departamento o como producto de los contratos de empréstito interno o externo que celebren.

1. De sus recursos propios u ordinarios s olo es embargable hasta la tercera parte del valor total de los mismos.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -263 de 1994, declaró la exequibilidad de las referidas normas «con las precisiones y consideraciones que aparecen en la parte motiva de esta providencia», de las cuales se destacan las siguientes:

[…] cuando entran en conflicto la protección de los recursos económicos estatales y la efectividad del derecho fundamental al pago del salario y las prestaciones de los trabajadores vinculados al Estado, debe prevalecer éste último valor, pues de no ser así se desconocería abiertamente la definición constitucional del Estado Social de Derecho y se desvirtuarían las consecuencias jurídicas de ella.

Cuando el imperativo constitucional de cancelar a los trabajadores las sumas a que tienen derecho únicamente puede cumplirse por el embargo de los bienes de la entidad pública deudora, el principio de la inembargabilidad sufre una excepción de origen constitucional, pues se repite que los derechos laborales son materia privilegiada que encuentra susten to en varias disposiciones, superiores, principalmente en la del artículo 25, a cuyo tenor el trabajo goza en todas sus modalidades de la especial protección del E