CE - 012339000201600255011SENTENCIA20231009210102

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-2018)

Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar

Demandado: Nación, Ministerio de Educación , Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Régimen de cesantías con retroactividad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda, en torno a la aplicación del régimen de retroactividad de cesantías.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Juan Antonio Ochoa Salazar formuló demanda en orden a que se declare la nulidad parcial de la Resolución 000343 del

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Juan Antonio Ochoa Salazar formuló demanda en orden a que se declare la nulidad parcial de la Resolución 000343 del 21 de enero de 2015, expedida por la Secretaría de Educación del Cesar (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una cesantía parcial, en cuanto se liquidó con el sistema anual y no con el retroactivo.2

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18) Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar Como consecuencia de lo anterior, solicitó i) declarar que tiene derecho al reconocimiento, liquidación y pago de su cesantía parcial con base en el régimen de retroactividad; ii) ordenar a la entidad demandada que pague las diferencias de su auxilio producto de la liquidación con el aludido régimen; iii) disponer el cumplimiento de la sentencia y el pago de intereses moratorios en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; iv) incorporar los ajustes de valor sobre las sumas que surjan con ocasión de la anterior diferencia, en los términos del artículo 187 ibidem; y v) condenar en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

(i) El señor Juan Antonio Ochoa Salazar h a prestado sus servicios, de manera ininterrumpida, en el municipio de El Copey, desde su nombramiento, que se produjo el 20 de enero de 1989.

(i) El señor Juan Antonio Ochoa Salazar h a prestado sus servicios, de manera ininterrumpida, en el municipio de El Copey, desde su nombramiento, que se produjo el 20 de enero de 1989.

(ii) El 20 de noviembre de 2014, p resentó solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, ante la Secretaría de Educación de l C esar (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio).

(iii) El aludido fondo, a través de la Secretaría de Educación, expidió la Resolución 000343 del 21 de enero de 2015, mediante la cual reconoció y ordenó el pago de sus cesantías parciales.

(iv) El sistema de liquidación que rige el reconocimiento de sus cesantías es el de retroactividad contenido en la Ley 6.ª de 1945 y normas complementarias.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122 de la Constitución Política; 12 y 17, literal a) de la Ley 6.ª de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 2, literal a) de la Ley 4. ª de 1992; 6 de la Ley 60 de 1993; 176 de la Ley3

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18) Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar 115 de 1994; 13 de la Ley 344 de 1996; 5, parágrafo, de la Ley 1071 de 2006; 1

Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar 115 de 1994; 13 de la Ley 344 de 1996; 5, parágrafo, de la Ley 1071 de 2006; 1 del Decreto 2767 de 1945; 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1947; 89 del Decreto 1848 de 1969; 5, 40 y 45 del Decreto 1045 de 1978 ; 7 y 9 del Decreto 2563 de 1990; 5 del Decreto 196 de 1995; y 1 del Decreto 1582 de 1998.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:

(i) Según las competencias fijadas en los artículos 3 de la Ley 91 de 1989 y 56 de la Ley 962 de 2005, al secretario de educación de la entidad terri torial le corresponde tr amitar el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes, entre ellas, lo relativo a las cesantías parciales y definitivas.

(ii) La Ley 6.ª de 1945, en sus artículos 12 y 17 , creó el auxilio de cesantías y, en el artículo 1 ibidem, hizo extensiva la aplicación de sus previsiones a los asalariados de cualquiera de las ramas del poder público, disposición que también está contenida en el artículo 1 del Decreto 2767 de 1945, que la reglamentó, y que fue ratificada en los artículos 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1947. Además, tanto el Decreto 1848 de 1969 como el 1045 de 1978 esta blecieron la compatibilidad entre la cesantía del trabajador y cualquiera de las pensiones a su favor.

el Decreto 1848 de 1969 como el 1045 de 1978 esta blecieron la compatibilidad entre la cesantía del trabajador y cualquiera de las pensiones a su favor.

(iii) La ley 91 de 1989 cambió sustancialmente la fórmula para liquidar las cesantías de los docentes; sin embargo, dicha disposición no modificó el si stema de liquidación de las cesantías de los maestros vinculados a las entidades territoriales. En efecto, el artículo 2 de la Ley 4.ª de 1992 garantizó el respeto de los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los regímenes especiales.

1. Bajo las anteriores condiciones se expidió la Ley 60 de 1993, la cual no alteró el sistema de liquidación de cesantías de los docentes y, por el contrario, en su artículo 6 estableció que se les respetaría el régimen prestaci onal vigente de la entidad territorial; en similares términos, en el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 se definió que los salarios y prestaciones de aquellos no se podrían desmejorar.4

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18)

Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar

1. En aplicación de lo previsto en el Decreto 196 de 1995, las entidad es territoriales afiliaron a los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con lo cual se radicó en este fondo la obligación de pagar sus cesantía, pero tal circunstancia no implica que se hubiera generado un cambio en torno al régimen de liquidación de ese auxilio, pues solo a partir de la Ley 344 de

del Magisterio, con lo cual se radicó en este fondo la obligación de pagar sus cesantía, pero tal circunstancia no implica que se hubiera generado un cambio en torno al régimen de liquidación de ese auxilio, pues solo a partir de la Ley 344 de 1996 se originó un a modificación en el régimen para calcular esa prestación, respecto de los empleados del orden territorial, de manera que aquellos vinculados entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1996 conservarían el régimen de retroactividad.

1. Tales antecedentes permiten concluir que el demandante tiene derecho a la liquidación de sus cesantías con el sistema de retroactividad, pues solo los docentes territoriale s vinculados con posterioridad a la Ley 344 de 1996 están amparados por el sistema de liquidación anual.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) actuando por intermedio de apoderada , contestó la demanda 1 y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones. Para tal efecto, se sustentó en los siguientes argumentos:

(i) El acto censurado goza de presunción de legalidad y el demanda nte no acreditó, si quiera sumari amente, que se hubiera expedido con violación de las normas en que debía fundarse, sin competencia, en forma irregular, con desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa, que haya estado falsamente motivado o que la autoridad que lo profirió hubie ra incurrido en desviación de poder.

(ii) Deben prosperar las siguientes excepciones: a. inexistencia de la obligación,

1 Folios 67 a 78.5

falsamente motivado o que la autoridad que lo profirió hubie ra incurrido en desviación de poder.

(ii) Deben prosperar las siguientes excepciones: a. inexistencia de la obligación,

1 Folios 67 a 78.5

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18) Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar porque las cesantías fueron liquidadas con fundamento en la normativa aplicable al derecho prestacional que ampara al actor; b. pago de lo no debido, pues no hay sustento normativo y jurisprudencial que soporte lo reclamado; c. prescripción, que se debe declarar respecto de las obligaciones dinerarias no reclamadas dentro de los tres años siguientes a la exigibilidad de la obligación; d. compensación, respecto de las sumas de dinero que la demandada le ha pagado al accionante por concepto de prestaciones s ociales; e. las que oficiosamente encuentre probadas el juez; y d. buena fe, en cuanto la entidad ha actuado exenta de culpa y ha cumplido la normativa aplicable a las gestiones promovidas por la parte activa.

(iii) En todo caso, de acuerdo con la fecha de vinculación del demandante, no es viable la aplicación del régimen de retroactividad pretendido, en la medida en que su ingreso a la docencia se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 y, por tal razón, debe someterse al sistema anual, para efecto de la liquidación de sus cesantías.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Cesar , mediante sentencia proferida el 16 de noviembre de 2017 ,2 denegó las pretensiones de la demanda , con base en los siguientes argumentos:

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Cesar , mediante sentencia proferida el 16 de noviembre de 2017 ,2 denegó las pretensiones de la demanda , con base en los siguientes argumentos:

(i) Según las pruebas recaudadas en el expediente, se pudo establecer que el régimen de cesantías que ampara al señor Ochoa Salazar es el de liquidación anual, comoquiera que su vinculación laboral ocurrió a partir del 18 de mayo de 1990.

(ii) Aunque el demandante, en el libelo, afirmó que su vinculación docente se ha extendido desde el 20 de e nero de 1989 y, en efecto, obra prueba de que se posesionó en ese empleo a partir del 1 .º de febrero de 1989, por lo que de ahí podría surgir el derecho a liquidación de sus cesantías con retroactividad, no se

2 Folios 361 a 381.6

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18) Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar puede desatender que al haber concluido esa relación laboral e iniciado una nueva el 18 de mayo de 1990, la fecha que demarca el inicio de su relación laboral actual data del 18 de mayo de 1990 y, por ende, esta es la fecha que se debe tomar como referente para determinar el régimen de liquidación de cesantías que lo ampara.

1.4. El recurso de apelación

El demandante, actuando por conducto de apoderad o, interpuso recurso de apelación,3 que sustentó así:

(i) El a quo desconoció el nombra miento efectuado a su favor desde el 20 de

El demandante, actuando por conducto de apoderad o, interpuso recurso de apelación,3 que sustentó así:

(i) El a quo desconoció el nombra miento efectuado a su favor desde el 20 de enero de 1989 que permitía enmarcarlo dentro del régimen de retroactividad de cesantías y aunque su nombramiento en propiedad surgió desde el 18 de mayo de 1990, la administración está en la obligación de certificar todos los tiempos servidos.

(ii) Si bien es cierto la Ley 91 de 1989 modificó sustancialmente el sistema para liquidar las cesantías de los docentes, también lo es que esta previsión tan solo se dirigió a los nacionalizados nombrados a partir del 1 .º de enero de 1990, porque para los del orden territorial -departamentales y municipales - se respetaría la normativa vigente, en materia de prestaciones sociales, que regía para los demás empleados públicos de ese nivel . Siendo así, como para estos últimos el sistema de liquidación cambió de retroactividad a anual, por virtud de la Ley 344 de 1996, solo los que ingresaro n a la docencia con posterioridad a su entrada en vigencia están sometidos al sistema anual , y como su caso no se enmarca en ese escenario, se debe respetar el sistema de retroactividad.

(iii) Como consecuencia de lo anterior, s e debe revocar la sentenc ia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, aplicando, a su favor, el régimen de retroactividad para la liquidación de sus cesantías.

3 Folios 386 a 399.7

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18)

su favor, el régimen de retroactividad para la liquidación de sus cesantías.

3 Folios 386 a 399.7

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18)

Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar

(iv) Finalmente, en lo que tiene que ver con la imposición de costas en primera instancia, se debe tener en cuenta que la sola denegación de las pretensiones de la demanda no conlleva su imposición, pues los argumentos formulados en el libelo eran razonables para incoarlo y exigir el reconocimiento del derecho; además, la part e demandante, durante el curso del proceso, actuó de manera diligente y, en ese orden, está demostrado que no hubo gestión temeraria o tendiente a entorpecer su curso normal, razón por la cual se debe revocar la determinación adoptada en ese aspecto.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) actuando por conducto de su apoderada, descorrió el término de traslado4 y señaló que, para el caso de los docentes, el procedimiento para el reconocimiento de las cesantías está fijado en la Ley 91 de 1989 y, por ello, la sanción moratoria regulada en la Ley 1071 de 2006 no se puede hacer extensiva a estos, en la medida en que están amparados por un régimen especial.5

El señor Juan Antonio Ochoa Salazar , por intermedio de su apoderado, descorrió el término de traslado para alegar 6 y, en su escrito, en términos generales, reiteró

El señor Juan Antonio Ochoa Salazar , por intermedio de su apoderado, descorrió el término de traslado para alegar 6 y, en su escrito, en términos generales, reiteró los argumentos planteados en el recurso de alzada.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto7.

La Sala decide, previas las siguientes

4 Folios 494 a 502. 5 La Sala advierte que ese fue el argumento de la entidad, pese a que la controversia no gira en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías del demandante, sino en el régimen de liquidación de esa prestación que le es aplicable. 6 Folios 503 a 516. 7 Folio 517.8

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18)

Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el demandante puede ser beneficiari o de la liquidación de cesantías con el sistema de retroactividad, previsto en la Ley 6 .ª de 1945.

2.2. Marco normativo

La Ley 6.ª de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo », en el a rtículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el

los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías» , en su artículo 6, señaló que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales»8, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»9; con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,

8 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968. 9 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.9

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18)

Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidad as y

Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidad as y entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

El Decreto 432 de 19 98 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones », mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías 10, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 11. Además, en los artículos 6 y 7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

Ahora bien, la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden o tras disposiciones», dio un paso adicional encaminado a generalizar el sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos, al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley , las personas que

10 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998. 11 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.10

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18) Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen

de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará l a liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales de l 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la Sala).

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la Sala).

El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículo s 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 y siguientes.11

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18) Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, cuando en tró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en normas anteriores.12

En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos 13 se acogieran al régimen an ualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, que es la siguiente:

Artículo 3º. - En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que

que es la siguiente:

Artículo 3º. - En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley , se procederá de la siguiente forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición (se resalta).

Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva de cesantías se les continúa respetando est e, por virtud de lo dispuesto en los artículos 214 del Decreto 1252 de 2000 y 315 del Decreto 1919 de 2002.

Ahora bien, en lo que respecta al personal docente , se debe indicar que el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones S ociales

12 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947. 13 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.

1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947. 13 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996. 14 «Artículo 2. - Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.» 15 «Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.»12

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18) Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar del Magisterio como « una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales16 que se causaran a favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.

La aludida ley, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 ibidem consagró lo relativo al reconocimiento de

enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 ibidem consagró lo relativo al reconocimiento de las prestaciones por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los siguientes términos:

Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

[…] 5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del mom ento de la promulgación de la presente Ley , son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal , por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.

En lo que tiene que ver con las cesantías, el reconocimiento de esa prestación a favor de todos los docentes, sin discriminar si se trata de territoriales, nacionales o nacionalizados, se estableció en el artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

3. Cesantías:

16 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.13

regido por las siguientes disposiciones:

3. Cesantías:

16 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.13

Radicado: 20001 23 39 000 2016 00255 01 (0762-18)

Demandante: Juan Antonio Ochoa Salazar

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año la borado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes naciona les vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

(Resalta la Sala).

docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. (Resalta la Sala).

Es importante precisar que cuando la norma en cita se refirió a los d