CE - 012339000202300061011SENTENCIA20231127144354

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 81001-2339-000-2023-00061-01

Accionante: SANTIAGO RODIL GARCÍA

Accionados: FISCALÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE ARAUCA Y JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO RONDÓN Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se modifica el fallo impugnado – Se declara improcedente las peticiones de la acción de tutela y se niega las pretensiones de la acción de tutela respecto de la mora judicial.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Santiago Rodil García, a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 3 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Santiago Rodil García solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia , a la igualdad y a la dignidad humana, cuya vulneración le atribuyó a la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca y al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rondón,

al debido proceso, al acceso a la administración de justicia , a la igualdad y a la dignidad humana, cuya vulneración le atribuyó a la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca y al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rondón, con ocasión de las providencias que han programado fecha para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación y por no resolver la solicitud de extinción de la acción penal en el proceso núm. 81-001-60-011-33-2012-00139.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca avocó conocimiento de la noticia criminal núm. 81-001-60-011-33-2012-00139, en la que se investiga la presunta comisión del delito de prevaricato dentro del proceso de acción de tutela iniciado por el señor Diego Fermin Linares Castejo contra la2

Radicación: 81001-23-39-000-2023-00061-01

Accionante: Santiago Rodil García

sociedad Colmena ARP - Riesgos Profesionales - Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida.

2.2. Relató que el 31 de mayo de 2023 la Fiscalía radicó, ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Arauca, escrito de imputación dentro de la investigación penal aludida y por reparto el asunto le correspondió al Juzgado

Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Arauca, escrito de imputación dentro de la investigación penal aludida y por reparto el asunto le correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rondón.

2.3. Afirmó que, mediante proveído de 31 de mayo de 2023, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rondón programó audiencia de formulación de imputación para el 6 de julio de 2023.

2.4. Señaló que el 14 de junio del mismo año, a través de su apoderado judicial, le solicitó a la Fiscalía declarar la extinción de la acción penal por prescripción, con base en lo señalado en los artículos 82 -numeral 4º- y 83 -inciso 1º- de la Ley 599 de 24 de julio de 20001, y el artículo 77 de la Ley 906 de 1° de septiembre de 20042.

2.5. Refirió que, con base en las solicitudes de aplazamiento radicadas, el Juzgado, a través de los autos de 6 de julio, 4 de agosto, 11 y 21 de septiembre de 2023, reprogramó la audiencia de imputación para los días 8 de agosto, 11 y 21 de septiembre y 5 de octubre de 2023, respectivamente.

2.6. Expresó que la Fiscalía y el Juzgado incurrieron en un defecto procedimental absoluto por no resolver la solicitud de extinción de la acción penal.

2.7. Expuso que se incurrió en defecto sustantivo o material porque las entidades accionadas desconocieron las normas que regulan la solicitud de extinción de la acción penal.

2.8. Declaró que se incurrió en un desconocimiento del precedente porque se

2.7. Expuso que se incurrió en defecto sustantivo o material porque las entidades accionadas desconocieron las normas que regulan la solicitud de extinción de la acción penal.

2.8. Declaró que se incurrió en un desconocimiento del precedente porque se inaplicaron las sentencias C-412 de 19933 de la Corte Constitucional y de 15 de noviembre de 20224 del Consejo de Estado. Según el actor en estas providencias se señaló que no era posible limitar el alcance de un derecho fundamental «[…] a través de la aplicación de una ley […]».

2.9. Indicó que se incurrió en una violación directa de la Constitución porque: «[…] el ente investigador no resuelve en forma oportuna esta solicitud, y por lo contrario peticiona la audiencia de imputación de cargos, desconociendo que no tiene potestad para continuar con el ejercicio de la investigación, esta actuación administrativa vulnera los derechos del accionante, quien tiene incólume la garantía de ser juzgado conforme a las formas propias de cada juicio en observancia del derecho de defensa y contradicción columna vertebral del debido proceso, incurriendo en este defecto […]».

1 «Por la cual se expide el Código Penal». 2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal». 3 Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. D-256, C -412 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 28 de septiembre de 1993. 4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Exp. 20001-31-03-003-2015-00292-01, M.P. Luis Alfonso Rico Puerta; 15 de noviembre de 2022.3

Radicación: 81001-23-39-000-2023-00061-01

Rico Puerta; 15 de noviembre de 2022.3

Radicación: 81001-23-39-000-2023-00061-01

Accionante: Santiago Rodil García

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 6.1. Se ordene, acorde a las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela, como instituto de carácter Inmediato, Prevalente, Transitoria y Subsidiaria, tutelar los derechos fundamentales del Dr. SANTIAGO RODIL GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.300.088 expedida en Arauca, a la Dignidad Humana, Igualdad, Debido Proceso, Derechos Humanos Reconocidos en los Tratados y Convenios Internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, Derecho Sustancial, Acceso a la Administ ración de Justicia, al tenor del Imperio de la Ley, acorde a los fundamentos de hecho y de derecho que, edifican esta acción.

6.2. En consecuencia, se ordene a la Dra. MARTHA PATRICIA TRUJILLO QUIROGA, Fiscal Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca; y/o, quien haga sus veces, retirar la solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos radicada ante el Juzgado Primero Promiscuo de Puerto Rondón –Departamento de Arauca, y en su lugar resuelva a fondo la solicitud de extinción de la acción penal fundamentada en la causal de prescripción consagrada en el art. 82 – 4º y art. 83 Inciso 1º del C.P. Ley 599

a fondo la solicitud de extinción de la acción penal fundamentada en la causal de prescripción consagrada en el art. 82 – 4º y art. 83 Inciso 1º del C.P. Ley 599 de 2.000. Mod. Ley 890 de 2.004, art. 14, aplicando la norma primigenia acorde al principio de favorabilidad, pe tición radicada el día catorce (14) de junio del año dos mil veintitrés, (2.023), elevada por el suscrito Abogado (sic), conforme a los argumentos expuestos en esta acción constitucional.

6.3. Por consiguiente, se ordene, a la Dra. NURYS CECILIA ESTRADA ARALES, Jueza Promiscua Municipal de Puerto Rondón – Departamento de Arauca, garantizar el derecho fundamental a la igualdad, debido proceso, sustancial, acceso a la administración de justicia, en efecto, cancele la audiencia de formulación de imputación pr ogramada para el día veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veintitrés (2.023) a las dos y treinta de la tarde, (2:30 p.m.), hasta que la Fiscalía, resuelva la solicitud de extinción de la acción penal elevada por el suscrito defensor del accionante, afín a los argumentos expuestos en esta demanda.

6.4. Como colorario (sic), se ordene el resarcimiento y garantías de los derechos fundamentales del accionante dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, ordenando a las funcionarias accionadas, unánime a los fundamentos de hecho y de derecho que erigen esta acción de tutela […]». (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

ordenando a las funcionarias accionadas, unánime a los fundamentos de hecho y de derecho que erigen esta acción de tutela […]». (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 20 de septiembre de 2023 , el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso del Tribunal Administrativo de Arauca admitió la presente acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a la s accionadas, se alleg aron los siguientes informes:4

Radicación: 81001-23-39-000-2023-00061-01

Accionante: Santiago Rodil García

5.1. La Fiscal Primero Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca manifestó que no se ha bían vulnerado o desconocido los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa, a la contra dicción y al acceso a la administración de justicia del señor Santiago Rodil García porque en la investigación penal no se le ha podido comunicar los cargos, debido a las continuas solicitudes de aplazamiento radicadas por el accionante.

5.2. En relación con la solicitud de extinción de la acción penal , indicó que, a través del oficio núm. 20490-01-FDT-0094, se le dio respuesta a la parte actora.

5.3. Igualmente, aclaró que no se le había dado respuesta a la solicitud porque los artículos 9°, 10°, 1455, 146 y 147 de la Ley 906 de 2004 privilegian la oralidad en el procedimiento penal.

5.4. Finalmente, solicitó negar la acción de tutela en razón a que el 14 de septiembre

procedimiento penal.

5.4. Finalmente, solicitó negar la acción de tutela en razón a que el 14 de septiembre 2023 se contestó la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción.

5.5. El Secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rondón en su informe hizo un recuento de los distintos aplazamientos solicitados por el accionante en la investigación penal e indicó que debido a ello no se había realizado la audiencia de imputación.

5.6. Solicitó que se negara el amparo constitucional porque era evidente que el señor Santiago Rodil García y su apoderado judicial estaban incumpliendo sus deberes como parte y apoderado.

5.7. Señaló que de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 906 de 2004 el hecho que esté pendiente resolver una solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, no impide que se realice la audiencia de formulación de imputación, porqué «[…] la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de una conducta punible, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio […]».

5.8. Por lo anotado, concluyó que esta acción de tutela era improcedente porque el actor dispone de otro medio judicial, como lo es acudir ante el juez de conocimiento, para que se resuelva la pretendida preclusión por prescripción. Además, que no se configuró un perjuicio irremediable o un defecto procedimental absoluto, material o sustantivo, desconocimiento del precedente o violación directa de la Constitución.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

configuró un perjuicio irremediable o un defecto procedimental absoluto, material o sustantivo, desconocimiento del precedente o violación directa de la Constitución.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

5«ARTÍCULO 145. ORALIDAD EN LA ACTUACIÓN. Todos los procedimientos de la actuación, tanto preprocesales como procesales, serán orales».5

Radicación: 81001-23-39-000-2023-00061-01

Accionante: Santiago Rodil García

6. Mediante fallo de tutela de 3 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Arauca declaró improcedente el amparo elevado por el accionante, al considerar que el competente para conocer de la solicitud de preclusión por prescripción era el juez penal y no el juez constitucional.

7. En ese sentido, indicó que la acción de tutela no era procedente porque no se habían agotado los medios judiciales previstos en el procedimiento penal.

8. Seguidamente, puntualizó que la parte actora no acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.

9. Por último, mencionó que la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca, mediante Oficio de 13 de septiembre del presente año, dio respuesta a la solicitud de extinción de la acción penal radicada por la parte actora.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. El señor Santiago Rodil García impugn ó, a través de apoderado judicial, el fallo

de primera instancia, por las siguientes razones:

10.1. Expuso que «[…] [l]a acción de tutela se motivó por la mora procesal, porque a

10. El señor Santiago Rodil García impugn ó, a través de apoderado judicial, el fallo

de primera instancia, por las siguientes razones:

10.1. Expuso que «[…] [l]a acción de tutela se motivó por la mora procesal, porque a la fecha de su presentación la señora Fiscal de conocimiento, no había resuelto esta petición a pesar que han transcurrido desde el día 14/06/2.023, hasta el día 19/09/2.023, más de tres (3) meses, infringiendo el carácter del art. 120 del C.G.P., norma aplicable al caso de marras al tenor del art. 25 del C.P.P. Ley 906 de 2.004, es decir, tenía que resolver esta petición en el término de diez (10) días, en consecuencia, están superados en exceso […]».

10.2. Agregó que con la presente acción de tutela busca evitar un perjuicio irremediable que consiste en la imputación de un delito que se encuentra prescrito.

10.3. Señaló que no era cierto que al juez constitucional le estuviese vedado intervenir en los procesos judiciales porque la finalidad de la acción de tutela era la protección de los derechos fundamentales del accionante, los cuales se encuentran amenazados por la decisión de la Fiscalía de imputarle un delito que prescribió.

10.4. Por último, indicó que es un sujeto de especial protección en virtud de su avanzada edad.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de6

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de6

Radicación: 81001-23-39-000-2023-00061-01

Accionante: Santiago Rodil García

noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20157, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20218, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20199.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo, en un defecto procedimental absoluto, en un desconocimiento del precedente y en una violación directa de la Constitución.

c) Determinar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso invocados por el accionante al, presuntamente, haber incurrido en mora judicial al no resolver la solicitud de

de la Constitución.

c) Determinar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso invocados por el accionante al, presuntamente, haber incurrido en mora judicial al no resolver la solicitud de extinción de la acción penal en el proceso núm. 81 -001-60-011-33-201200139.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la

6 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 7 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».

8 «Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela». 9 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7

Radicación: 81001-23-39-000-2023-00061-01

Accionante: Santiago Rodil García

existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.

2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»13 que encaje en dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

11 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 12 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera

Jorge Iván Palacio Palacio. 12 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradame nte los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez or dinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 13 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado

Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 13 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado

Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

Radicación: 81001-23-39-000-2023-00061-01

Accionante: Santiago Rodil García

VIII.4. El caso concreto

20. El señor Santiago Rodil García solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la dignidad humana, cuya vulneración le atribuyó a la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca y al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rondón, con ocasión de las providencias que han programado fecha para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación y por no resolver la solicitud de extinción de la acción penal en el proceso núm. 81-001-60-011-33-2012-00139.

21. En las pretensiones de la presente acción de tutela, el actor busca lo siguiente:

(i) que se ordene a la Fiscal Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca «retirar la solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos radicada ante el Juzgado Primero Promiscuo de Puerto Rondón – Departamento de Arauca, y en su lugar resuelva a fondo la solicitud de extinción de la acción penal»; y (ii) que se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rondón «[…] cance[lar] la audiencia de formulación de imputación (…) hasta que la Fiscalía, resuelva la solicitud de extinción de la acción penal […]».

la acción penal»; y (ii) que se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rondón «[…] cance[lar] la audiencia de formulación de imputación (…) hasta que la Fiscalía, resuelva la solicitud de extinción de la acción penal […]».

22. Tendiendo en consideración lo anterior, la Sala estudiará: (i) el cumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto de las peticiones planteadas en el escrito de tutela, y (ii) posteriormente se analizará si se incurrió en una mora judicial.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de la subsidiariedad

23. Sobre el particular, cabe recordar que dado el carácter subsidiario, excepcional y residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la regla general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los mecanismos de defensa judicial previstos por la norma o cuando dicho mecanismo no resulta idóneo para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados. Este carácter excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 199114.

24. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de d efensa judicial cualquiera que sea su naturaleza15), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

25. La Corte Constitucional a través de la sentencia SU-062 de 201816, resumió las

tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

25. La Corte Constitucional a través de la sentencia SU-062 de 201816, resumió las razones que justifican un examen estricto de subsidiariedad cuando se trata de tutelas contra providencia judicial, en los siguientes términos:

«[…] En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una

14 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 15 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 16 Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T-6.439.129, M.P. Alejandro Linares Cantillo; 7 de junio de 2018.9

Radicación: 81001-23-39-000-2023-00061-01

Accionante: Santiago Rodil García

jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (…). [L]a acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su juez natural.

En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento

debido proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.

Y la última razón es que la acción de tutel a contra providencias judiciales no pretende sustituir al juez natural , ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de t utela como otra instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica […]». (Subrayado fuera del texto)

26. En este mismo sent ido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: «[…] la tutela no puede ser utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]»17.

27. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto

una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios.

28. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que debe ser conjurada con medi das urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

29. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:

«[…] [L] a inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los