CE - 012340000201400127011SENTENCIAREVOCAFAL20230517180904

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)

Demandante: OBSERVATORIO DE COYUNTURA ECONÓMICA,

POLÍTICA, AMBIENTAL Y SOCIAL LTDA

(OCEPAYS)

Demandado: MUNICIPIO DE MAICAO

Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Tema: NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO

Síntesis del caso: las partes suscribieron un contrato de prestación de servicios con el fin de que la sociedad OCEPAYS “agenciara” los rec ursos del impuesto predial en el ente territorial; la contratista demanda a su contratante para que se liquide judicialmente el contrato y se le reconozca el porcentaje del 8% pactado sobre el recaudo que gestionó.

El tribunal de primera instancia declaró, de oficio, la nulidad absoluta del contrato por considerar que se suscribió contra expresa prohibición legal.

Decide la Sala el recurso de apelación promovido por la parte demandante en contra de la sentencia de 1° de diciembre de 2021 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de La Guajira resolvió:

PRIMERO.- DECLARAR la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios No. 064 del 18 de enero de 2010 y del contrato adicional

Administrativo de La Guajira resolvió:

PRIMERO.- DECLARAR la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios No. 064 del 18 de enero de 2010 y del contrato adicional No. 01 del 05 de julio de 2011 suscritos por el Municipio de Maicao (La Guajira) y el Observatorio de Coyunt ura Económica, Política, Ambiental y Social Ltda (Ocepays), cuyo es objeto es la “Prestar los servicios profesionales para agenciar recursos públicos provenientes de la revisión ante la autoridad catastral del impuesto predial unificado en la franja de terreno reservada al proyecto cerrejón para el transporte de carbón, así como los provenientes de terrenos dedicados a explotaciones mineroenergéticas y de los resguardos indígenas existentes en su jurisdicción.”, por las razones anotadas en la presente providencia.

SEGUNDO. – Sin lugar a restituciones mutuas.

TERCERO. - COMPULSAR COPIAS a la fiscalía general de la nación y a la procuraduría general de la República para que en el marco de sus competencias investiguen si a bien o tienen y si no lo hubieren hecho, las presuntas irregularidades que pudieron existir en torno del2

Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749) Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS) Controversias contractuales

contrato de prestación de servicios No. 064 del 18 de enero de 2010 y del contrato adicional No. 01 del 05 de julio de 2011, suscritos por el

Controversias contractuales

contrato de prestación de servicios No. 064 del 18 de enero de 2010 y del contrato adicional No. 01 del 05 de julio de 2011, suscritos por el municipio de Maicao (La Guajira) y el Obser vatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Ltda (Ocepays).

CUARTO. - CONDENAR en costas a la parte demandante y a favor de la parte demandada. Dichas costas comprenden la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el proceso, y las agencias en derecho. Para lo cual una vez en firme esta sentencia, por Secretaría liquídense las mismas siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso y las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003, e xpedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, se condena a título de agencias en derecho a la parte demandante a pagar la suma correspondiente al 0.5% del valor de las pretensiones de la demanda.

QUINTO. - Ejecutoriada esta providencia, arc hívese el expediente, previas las anotaciones pertinentes y la devolución de los remanentes de gastos ordinarios a la parte demandante, si los hubiere.” (fls. 511 – 536, índice 2 expediente digital).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 4 de julio de 2014 (fl. 19 - índice 2 expediente digital), la sociedad Observatorio de Coyuntura Política, Ambiental y Social Ltda (OCEPAYS) promovió demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales en contra de l

El 4 de julio de 2014 (fl. 19 - índice 2 expediente digital), la sociedad Observatorio de Coyuntura Política, Ambiental y Social Ltda (OCEPAYS) promovió demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales en contra de l Municipio de Maicao con el fin de obtener lo siguiente:

“Acudo ante esta jurisdicción, en ejercicio del medio de control de Controversias Contractuales, consagrado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 141, con el fin de que en sede judicial se realice la liquidación del contrato de prestación de servicios No. 064 de 2.010, celebrado entre el Municipio de Maicao y el Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada, para lo cual presento las siguientes:

Pretensiones Principales relativas al contrato. Pedimos en esta liquidación en sede judicial:

1.1 Por servicios prestados y apoyo a la gestión en terrenos de Resguardo Indígena. Que se reconozca la remuneración por los servicios profesionales prestados por el Contratista en agenciar recursos públicos provenientes de la revisión ante la autoridad catastral del Impuesto Predio Unificado en los Resguardos Indígenas existentes en su jurisdicción, equivalente al ocho por ciento (8 %) sobre el valor efectivamente recaudado que esté por encima del valor estimado por el Municipio de Maicao en el 2010 por Impuesto Predial Unificado en los Resguardos Indígenas existentes en su jurisdicción (Cláusulas Primera a Quinta del Contrato de Pre stación de Servicios No. 064 de 2010); y3

Municipio de Maicao en el 2010 por Impuesto Predial Unificado en los Resguardos Indígenas existentes en su jurisdicción (Cláusulas Primera a Quinta del Contrato de Pre stación de Servicios No. 064 de 2010); y3

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en consecuencia, condénese al Municipio de Maicao a pagar al Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada la suma de $8.992.387,84 (Ocho Millones novecientos noventa y dos mil trescientos ochenta y siete pesos con 84/100).

1.2. Por servicios prestados y apoyo a la gestión en la franja de terreno reservada al proyecto Cerrejón para el transporte de carbón. Que de conformidad con lo expuesto en esta demanda, reconózcase la remuneración por los servicios profesionales prestados por el Contratista en agenciar recursos públicos provenientes de la revisión ante la autoridad catastral del Impuesto Predial Unificado en la franja de terreno reservada al proyecto Cerrejón para el transporte del carbón, equivalente al ocho por ciento (8 %) sobre el valor efectivamente recaudado que esté por encima del valor estimado por el Municipio de Maicao en el 2.010 por Impuesto Predial Unificado en el Resguardo Indígena (Cláusulas Primera a Quinta del Contrato de Prestación de Servicios No 064 de 2.010); y en consecuencia, condénese al Municipio de Maicao a pagar al Observatorio de Coyuntura Económica, Política,

Indígena (Cláusulas Primera a Quinta del Contrato de Prestación de Servicios No 064 de 2.010); y en consecuencia, condénese al Municipio de Maicao a pagar al Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Militada la suma de $8.100.010.375,52 (Ocho mil cien millones diez mil trecientos setenta y cinco pesos con 52/100), “como remuneración por sus servicios” que conllevaron al Municipio al recaudo de tal impuesto cobrado por personas jurídicas denominadas Carbones del Cerrejón Limited y Cerrejón Zona Norte S.A., por el terreno en posesión y por el área construida de línea férrea y carretera de propiedad de estas empresas.

1.3. Igualmente, por el valor que resultare a futuro de la contingencia del pago de lo trabajado, de lo que efectivamente recaude el Municipio de Maicao sobre el Impuesto Predial Unificado de los siguientes ítems que no se hubieren deducido en la remuneración antes señalada: a) por el terreno donde está construida la línea férrea y la carretera de propiedad de Cerrejón Zona Norte S.A. y Carbones del Cerrejón Limited, antes Carbones de Colombia S.A., Carbocol, e Internacional Colombia Resources Corporation, Intercor, desde el año 1.981 al 2009; y b) por dichas construcciones entre las vigencias fiscales 1.984 a 1.992.

1.4. Que sobre los valores monetarios reconocidos, liquidados y deducidos a favor del Observ atorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada se reconozcan y cancelen los intereses de mora causados desde la fecha en que el Municipio de Maicao debió de

deducidos a favor del Observ atorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada se reconozcan y cancelen los intereses de mora causados desde la fecha en que el Municipio de Maicao debió de pagar la remuneración pactada, hasta que se haga efectivo el pago de la obligación.

1.5 Que el fallo que en derecho corresponda se le dé cumplimiento con fundamento en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes sobre la materia.

1.6. Condénese en costas a la entidad demandada.

2. Pretensiones subsidiarias relativas al contrato. En subsidio de las pretensiones anteriores, pedimos que en esta liquidación en sede

judicial, se disponga:

2.1 Que se le pague al contratista el equivalente al ocho por ciento (8%) contratado, como perjuicio causado en su remuneración (daño emergente), ante la Eventualidad de que el Contratante no haya4

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continuado con el cobro de su tributo por valor de $101.250.129.694 (Ciento un mil doscientos cincuenta millones ciento vein tinueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos) a Carbones del Cerrejón Limited y Cerrejón Zona Norte S.A.

2.2 Igualmente, que si la complejidad de la contabilidad para determinar los diversos valores que forman parte del negocio, debido a capital, sanciones, intereses moratorios, indexación, etc., requiere la

Cerrejón Zona Norte S.A.

2.2 Igualmente, que si la complejidad de la contabilidad para determinar los diversos valores que forman parte del negocio, debido a capital, sanciones, intereses moratorios, indexación, etc., requiere la designación de un experto contable, el Despacho designe un auxiliar de la justicia idóneo, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad, versado y experimentado en la materia.”. (fl. 68 – 69 índice 2 expediente digital).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante narró, en síntesis, lo siguiente:

1. El 18 de enero de 2010 , las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios número 064 cuyo objeto fue “agenciar recursos públicos provenientes de la revisión ante la autoridad catastral del impuesto predial unificado en la franja de terreno reservada al proyecto Cerrejón para el transporte de carbón, así como los provenientes de terrenos dedicados a explotaciones mineroenergéticas y de los resguardos indígenas existentes en la jurisdicción del Municipio de Maicao”

(fl. 5 - índice 2 expediente digital), con una remuneración para el contratista p or valor del 8% de lo efectivamente recaudado por el municipio por concepto de impuesto predial y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2011.

1. Respecto de los resguardos indígenas, e l contratista logró un incremento en el recaudo del impuesto predial de $112.404.848 porque el valor estimado por el municipio para el año 2010 fue de $51.097.872, mientras que se recaudaron

el recaudo del impuesto predial de $112.404.848 porque el valor estimado por el municipio para el año 2010 fue de $51.097.872, mientras que se recaudaron efectivamente $163.502.720, pese a que el municipio no dispuso los recursos para cubrir gastos para la formación de catastral de construcciones existentes en resguardos de la comunidad Wayu ú de la alta y media Guajira , por lo cual le correspondía percibir la suma de $8.992.387 (8% del incremento en el recaudo).

1. Respecto de los terrenos utilizados por multinacionales para la construcción de vías férreas y carreteras, el contratista logró facturar a Carbones el Cerrejón Limited y Cerrejón Norte SA la suma de $101.250.129.694, actuación que le daba derecho a una remuneración de $8.100.010.375 (8% del valor facturado).5

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1. Sin embargo, el municipio de Maicao (La Guajira) no concluyó oportunamente el procedimiento de cobro coactivo de las referidas obligaciones tributarias y, en consecuencia, no ha pagado el valor de lo contratado , no obstante que el contratista “proyectó los distintos actos administrativos de las diligencias encaminadas al log ro de las debidas incorporaciones catastrales de la línea férrea y la carretera que sirve al transporte del carbón en El Cerrejón” (fl. 8 - índice 2 expediente digital).

3. Contestación de la demanda

férrea y la carretera que sirve al transporte del carbón en El Cerrejón” (fl. 8 - índice 2 expediente digital).

3. Contestación de la demanda

En el término legal, el municipio de Maicao (fls. 107 – 116 índice 2 expediente digital) se opuso a las pretensiones con sustento en lo siguiente:

1. El contrato está viciado de objeto ilícito por lo cual debe declararse su nulidad absoluta; la Ley 1386 de 2010 prohíbe delegar l a gestión tributaria en los particulares.

1. El contrato no podía ejecutarse , porque n unca se contó con disponibilidad presupuestal para tal efecto y el plazo de ejecución excedió el principio de anualidad presupuestal , sin que se hubiera surtido el trámi te legal para comprometer vigencias futuras , por lo cual el alcalde municipal no tenía facultades para tal efecto.

1. La actualización predial de los resguardos indígenas y los terrenos utilizados para la vía férrea y carreteras de El Cerrejón quedó formalmente inscrita en diciembre de 2013 y el impuesto predial se comenzó a pagar desde la vigencia 2014, es decir, no se registraron ingresos en las anualidades en las cuales estuvo vigente el contrato.

1. Existe objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes.

1. No hay prueba que acredite las supuestas actividades realizadas por el contratista, no se firmó acta d e inicio del contrato ni se registra ingreso alguno para el municipio producto de la ejecución contractual.6

Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749)

contratista, no se firmó acta d e inicio del contrato ni se registra ingreso alguno para el municipio producto de la ejecución contractual.6

Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749) Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS) Controversias contractuales

4. Sentencia de primera instancia

El 1° de diciembre de 2021 (fls. 340 – 367 índice 2 expediente digital), el Tribunal Administrativo de La Guajira declaró la nulidad absoluta del contrato y dispuso que no hay lugar a restituciones mutuas, por las razones que a continuación se sintetizan:

1. El artículo 1° de la Le y 1386 de 2010 prohíbe, de manera expresa, que se delegue en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro e imposición de sanciones tributarias mediante la suscripción de contratos o convenios; de igual manera, ordenó terminar aquellos contratos ya suscritos.

1. De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, son nulos los contratos s uscritos contra expresa prohibición legal y el artículo 1523 del Código Civil preceptúa que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes.

1. El artículo 45 de la Ley 80 de 1993 habilita al juez para decretar, de oficio, la nulidad de los contratos que advierta.

1. En e ste caso concreto está probado que el municipio de Maicao delegó funciones en materia tributaria al contratista debido a que le encargó la

nulidad de los contratos que advierta.

1. En e ste caso concreto está probado que el municipio de Maicao delegó funciones en materia tributaria al contratista debido a que le encargó la proyección de las facturas de cobro del impuesto predial, la competencia para dar inicio al procedimiento de jurisdicción coactiva y la competencia para resolver el recurso de reconsideración presentado por El Cerrejón, así mismo, se encargó al contratista la gestión de cobro ante el Ministerio de Hacienda de los dineros recibidos por el ente territorial a título de compensación por los resguardos indígenas que se encuentran en su circunscripción territorial.

1. Aunque la Ley 1386 de 2010 fue expedida y promulgada luego de la suscripción del contrato, pero, esta ordenó revisar la legalidad los contratos firmados con anterioridad a su vigencia.7

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1. El municipio de Maicao no tiene competencia para avaluar ni alinderar predios; sin embargo, el contratista señala que realizó estas actividades en ejecución del contrato número 064 de 2010.

1. No existe prueba en el expediente de que el contratista hubiera desplegado actividades en bene ficio de la entidad territorial, por lo cual no hay lugar a reconocer ninguna suma por concepto de prestaciones ejecutadas.

1. En los términos del artículo 188 del CPACA la parte vencida debe asumir las costas del proceso.

5. El recurso de apelación

reconocer ninguna suma por concepto de prestaciones ejecutadas.

1. En los términos del artículo 188 del CPACA la parte vencida debe asumir las costas del proceso.

5. El recurso de apelación

En la oportunidad legal, la sociedad Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Ltda apeló la sentencia de primera instancia con el fin de que sea revocada y, en su lugar, que se concedan las pretensiones con respaldo en lo siguiente:

1. El municipio de Maicao no delegó a OCEPAYS funciones tributarias ni la administración de los tributos; su función fue realizar las diligencias tendientes a que se asigne un código a las líneas férreas privadas y dar impulso ante el IGAC, en forma conjunta con el ente territorial, con el fin de que pudieran surtirse los avalúos de predios y realizarse las liquidaciones oficiales del impuesto por la autoridad competente.

1. No hubo delegación para la fiscalización, administración, liquidación o cobro de los impuestos en favor del municipio, ni OCEPAYS participó en la discusión , devolución o imposición de sanciones relativas a l impuesto predial, que son las funciones que la ley prohíbe entregar a los particulares, tal como se infiere de la lectura del objeto contractual ; según el diccionario de la Real Academia Española, “agenciar”, que fue lo contratado, consiste en “hacer las diligencias conducentes al logro de algo” , o “procurar o conseguir algo con diligencia o maña”, de modo que le correspondía al contratista procurar obtener recursos públicos en favor del municipio y fue esto lo que aquella hizo.8

conducentes al logro de algo” , o “procurar o conseguir algo con diligencia o maña”, de modo que le correspondía al contratista procurar obtener recursos públicos en favor del municipio y fue esto lo que aquella hizo.8

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1. Los estudi os previos y las cláusulas contractuales son inequívocas en determinar que la labor del contratista no correspondía a la delegación de la competencia tributaria del municipio; el contratista solo se encargó de programar las acciones a adelantar, proyectar algunas decisiones y coadyuvar el cobro de los tributos.

1. El artículo 184 de la Ley 223 de 1995 determina el procedimiento para las compensaciones que recibe el municipio por parte de los resguardos indígenas y precisa que la sumas objeto de g iro deben ser certificadas por el correspondiente municipio.

1. No es cierto que el contratista hubiera realizado estudios, avalúos y alinderaciones en todo el municipio de Maicao, lo que realizó fue las diligencias conducentes para el estudio correspondiente.

1. En todo caso, aunque se avale la nulidad del contrato, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 dispone que hay lugar para el contratista al reconocimiento de lo ejecutado de buen fe hasta la declaratoria de nulidad y, en este caso particular, el municipio de Maicao obtuvo beneficio por la labor de O CEPAYS porque los ingresos en su favor nacieron con independencia del cobro efectivo, según lo

ejecutado de buen fe hasta la declaratoria de nulidad y, en este caso particular, el municipio de Maicao obtuvo beneficio por la labor de O CEPAYS porque los ingresos en su favor nacieron con independencia del cobro efectivo, según lo prevé el artículo 28 del Estatuto Tributario.

1. El tribunal debió decreta r pruebas de oficio para determinar lo efectivamente ocurrido y conocer que OCEPAYS también defendió judicialmente los derechos del municipio de Maicao en litigio entre este y Carbones El Cerrejón Limited y Cerrejón Zona Norte SA, en el cual promovió el recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del Consejo de Estado proferida en el expediente número 22.092 en el cual se declararon nulas unas facturas y liquidaciones oficiales del impuesto predial proferidas por el ente territorial en contra de dichas sociedades.

1. Solicitó que se cumpla la orden del tribunal de remitir copias de la actuación a las autoridades penales y disciplinarias para “demostrar la honestidad y pulcritud con que fue estructurado y ejecutad o el contrato” (fl. 404 índice 2 expediente digital).9

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1. Como consecuencia de la revocatoria del fallo de primera instancia se debe absolver a OCEPAYS de la condena en costas que le fue impuesta.

1. No resulta admisible que un contrato quede sin posibilidad de liquidarse y no pueda conocerse la realidad económica de los extremos del contrato.

II. CONSIDERACIONES

1. No resulta admisible que un contrato quede sin posibilidad de liquidarse y no pueda conocerse la realidad económica de los extremos del contrato.

II. CONSIDERACIONES

Sin que se advierta causal de nulidad que invalide la actuación, decide la Sala 1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de La Guajira declaró la nulidad absoluta del contrato número 064 de 2010 suscrito entre las partes, para lo cual se seguirá el siguiente derrotero: (i) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, (ii) validez del contrato, (iii) ausencia de prueba de elementos o circunstancias que permitan liquidar el contrato y disponer reconocimientos en favor del contratista y, (iv) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La demanda se dirigió a obtener la liquidación judicial del contrato de prestación de servicios número 064 de 2010 suscrito entre las partes; sin embargo, el tribunal de primera instancia declaró la nulidad absoluta del contrato por considerar que este se suscribió contra expresa prohibición legal y estar viciado por objeto ilícito, aspecto que controvierte la parte apelante, quien, en todo caso, reclama el reconocimiento de lo ejecutado.

1 En forma previa a analizar el asunto de fondo, se verifica que la demanda se promovió en tiempo porque el plazo de ejecución del contrato venció el 31 de diciembre de 2011 según consta en el contrato adicional número 01 de 2010 (fl. 31 expediente digital). En la cláusula décima quinta del contrato se pactó que la liquidación se realizaría en los términos previstos en la Ley 1150 de

contrato adicional número 01 de 2010 (fl. 31 expediente digital). En la cláusula décima quinta del contrato se pactó que la liquidación se realizaría en los términos previstos en la Ley 1150 de 2007, por lo cual los cuatro meses para liquidar el contrato bilateralmente vencieron el 1 de mayo de 2012; a partir del día s iguiente se tenían dos meses más para la liquidación unilateral que vencieron el 2 de julio de 2012; solo vencidos esos plazos inició a contabilizarse el término de dos años para demandar la liquidación judicial; luego, este se suspendió entre el 11 de abr il de 2014 (fecha de presentación de la solicitud de conciliación prejudicial – fl. 51 expediente digital) y el 25 de junio de 2014 (cuando se declaró fallido el trámite – fl. 55 expediente digital), por lo cual los demandantes podían accionar válidamente hasta el 17 de septiembre de 2014; por su parte, la demanda se presentó el 4 de julio de 2014 (fl. 19 expediente digital), esto es, en forma oportuna.10

Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749) Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS) Controversias contractuales

La Sala revocará la sentencia apelada porque, analizadas la particularidad del contrato, no es posible concluir que este conllevó delegación a un particular de las competencias tributarias del ente territorial ; sin embargo, se negará la pretensión de liquidación judicial del contrato toda vez que no se aportaron bases probatorias suficientes que permitan realizar el cruce de cuentas definitivo entre

las competencias tributarias del ente territorial ; sin embargo, se negará la pretensión de liquidación judicial del contrato toda vez que no se aportaron bases probatorias suficientes que permitan realizar el cruce de cuentas definitivo entre las partes y, particularmente, determinar que el municipio de Maicao le adeuda al contratista las sumas reclamadas por este, razón por la cual las pretensiones de la demanda están llamadas al fracaso.

2. Validez del contrato

1. Contrario a lo que estimó el tribunal de primera instancia, la Sala no encuentra configurada una causal de nulidad absoluta del contrato que imponga anularlo , razón por la cual el recurso de apelación interpuesto por OCEPAYS prospera parcialmente.

1. Al margen de la posibilidad de aplicar o no al presente caso la prohibición legal de suscribir determinados contratos establecida en la Ley 1386 de 2010 2expedida y promulgada en forma posterior al negocio jurídico que dio origen a la

2 “Artículo 1°. Prohibición de entregar a terceros la administración de tributos . No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sancione s de los tributos por ellos administrados. La recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributari o Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados. Las entidades territoriales que a la fecha de expedición de esta ley hayan suscrito algún contrato

autorizadas en los términos del Estatuto Tributari o Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados. Las entidades territoriales que a la fecha de expedición de esta ley hayan suscrito algún contrato en estas materias, deberán revisar de manera detallada la suscripción del mism o, de tal forma que si se presenta algún vicio que implique nulidad, se adelanten las acciones legales que correspondan para dar por terminados los contratos, prevaleciendo de esta forma el interés general y la vigilancia del orden jurídico. Igualmente deb erán poner en conocimiento de las autoridades competentes y a los organismos de control cualquier irregularidad que en la suscripción de los mismos o en su ejecución se hubiese causado y en ningún caso podrá ser renovado. Las entidades de control correspondientes a la fecha de expedición de esta ley, deberán de oficio revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales. La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República deberán de oficio revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales.”.11

Expediente: 44001-23-33-002-2014-00127-01 (68.749) Actor: Observatorio de Coyuntura Económica, Política y Social Ltda (OCEPAYS) Controversias contractuales

controversia que se decide -, la jurisprudencia de la Corporación ha precisado, aún respecto de contratos suscritos con antelación al 21 de mayo de 2010, que las facultades de administración 3, fiscalización4 y cobro 5 de impuestos territoriales no puede trasladase válidamente a los particulares y que los

aún respecto de contratos suscritos con antelación al 21 de mayo de 2010, que las facultades de administración 3, fiscalización4 y cobro 5 de impuestos territoriales no puede trasladase válidamente a los particulares y que los contratos suscritos para tal efecto están viciados de nulidad.

1. Esta Corporación ha sostenido, de manera reiterada, que la asignación de funciones administrativas a particulares no puede vaciar la competencia propia de las entidades del Estado, esto es, que a través de un contrato no es posible delegar a un particular la gestión fiscal de los tributos , con independencia de la aplicación de l a Ley 1386 de 2010 que estatuyó una prohibición expresa para

celebrar contratos con ese preciso alcance6:

“Si bien las Leyes 383 de 1997, 788 de 2002 y 1386 de 2010 no se hallaban vigentes para la fecha en que fue celeb