CE - 012340000201500085011SENTENCIA20231025113620

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435)

Actor: AMPARO BERNAL BERNAL Y OTROS

Demandado: NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA -EJÉRCITO NACIONAL Y

OTROS

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA – MEDIO DE CONTROL DE

REPARACIÓN DIRECTA

Temas: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EN CASOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO – Con fundamento en los elementos de prueba que obran en el proceso, no es posible verificar la cesación del desplazamiento forzado para contabilizar el término de caducidad, porque no se tiene prue ba de que las víctimas hubieran retornado al lugar de origen, que estuvieran dadas las condiciones para su regreso seguro o que se hubieran reasentado de manera definitiva en otro lugar -En la sentencia SU -254 de 2013 la Corte Constitucional estableció una regla excepcional en materia de caducidad por hechos relacionados con el desplazamiento forzado / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN EN EL DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD – La presencia de grupos armados al margen de la ley en la región no puede significar qu e las entidades demandadas debieron prever que se realizaría un desplazamiento forzado en contra de ese grupo familiar en concreto, en esa

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD – La presencia de grupos armados al margen de la ley en la región no puede significar qu e las entidades demandadas debieron prever que se realizaría un desplazamiento forzado en contra de ese grupo familiar en concreto, en esa fecha específica y en ese lugar exacto - no se solicitó ni se puso en conocimiento de las entidades demandadas alguna situación de amenaza o riesgo / AYUDA HUMANITARIAlos demandantes se encontraban inscritos en el registro único de víctimas y en virtud de ello el Estado, a través de la UARIV y del DPS, les proporcionaron ayuda humanitaria consistente en subsidio económico y en vivienda.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de marzo de 2019, por el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante la cual declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y negó las pretensiones de la demanda frente al Ministerio de Defensa Nacional.2

Radicación número: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435) Actor: Amparo Bernal Bernal y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Alberto Pushaina Guariyu y su grupo familiar pretenden la reparación de los perjuicios generados por la omisión en el deber de seguridad, en virtud del desplazamiento forzado ocurrido desde el 1 de diciembre de 2010, en la vereda San

El señor José Alberto Pushaina Guariyu y su grupo familiar pretenden la reparación de los perjuicios generados por la omisión en el deber de seguridad, en virtud del desplazamiento forzado ocurrido desde el 1 de diciembre de 2010, en la vereda San Pedro del municipio de Barrancas – departamento de La Guajira, y por el retardo en brindar la asistencia y la ayuda humanitaria a las víctimas.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

En escrito presentado el 22 de junio de 2015 (fls. 1 a 12 c. 1), los señores José Alberto Pushaina Guariyu, Amparo Bernal Bernal, quienes actúan en nombre propio y en representación de su nieta Luz Esther Pitre Paguay, por conducto de apoderado judicial (f l. 13 c. 1), interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa NacionalEjército Nacional-Policía Nacional, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Adm inistrativo de la Prosperidad Social, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por el desplazamiento forzado de que fueron víctimas.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se reconocieran las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicios morales, se pidió una suma equivalente a 100 s.m.l.m.v., para cada uno de los demandantes; a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se solicitó la suma de $988’194.780, correspondiente a los salarios dejados de percibir por el señor José Alberto Pushaina Guariyu con

para cada uno de los demandantes; a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se solicitó la suma de $988’194.780, correspondiente a los salarios dejados de percibir por el señor José Alberto Pushaina Guariyu con ocasión del desplazamiento forzado. Por daño a la vida de relación, se requirió una suma equivalente a cincuenta (50) s.m.l.m.v, para cada uno de los demandantes, como consecuencia de las afectaciones sufridas por el grupo familiar.

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

Los señores José Alberto Pushaina Guariyu y Amparo Bernal Bernal vivían con su nieta Luz Esther Pitre Paguay en la vereda San Pedro, jurisdicción del municipio de3

Radicación número: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435) Actor: Amparo Bernal Bernal y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Barrancas, en el departamento de La Guajira, lugar en el que se dedicaban a la agricultura y a la administración de una finca cafetera.

El “ 6 de diciembre de 2010” , bajo amenazas en contra de su vida e integridad personal, un grupo de terroristas obligó a los demandantes a desplazarse de su lugar de residencia y trabajo.

A raíz de lo anterior, solicitaron ayuda humanitaria en el municipio de Barrancas y, como consecuencia, recibieron un subsidio de arriendo y una caja de mercado.

El 19 de diciembre de 2010, el señor José Alberto Pushaina Guariyu y su núcleo

como consecuencia, recibieron un subsidio de arriendo y una caja de mercado.

El 19 de diciembre de 2010, el señor José Alberto Pushaina Guariyu y su núcleo familiar soli citaron ante la Personería Municipal de Barrancas su reconocimiento como víctimas de desplazamiento, petición que fue remitida a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, la cual procedió a incluirlos en el correspondiente registro desde el 27 de enero de 2011.

Según la demanda, el desplazamiento forzado se debió a la ocurrencia de los enfrentamientos armados y los bombardeos de los grupos al margen de la ley contra la fuerza pública, a la cual le correspondía reubicar a la población civil y brindarle protección especial.

De otra parte, argumentó que los demandantes no debieron desplazarse de su residencia y mucho menos por razones relacionadas con el conflicto armado; por tanto, estaba en cabe za de las demandadas tomar las medidas adecuadas para satisfacer sus condiciones de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación.

Al respecto, explicó que la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social se limitaron a incluir a los demandantes en sus bases de datos como población desplazada y a dar un mínimo de ayuda humanitaria; sin embargo, no le reconocieron ningún tipo de indemnización por el daño sufrido.

2.- El trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante providencia del 5 de agosto de 2015, que se notificó en debida forma a las entidades

2.- El trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante providencia del 5 de agosto de 2015, que se notificó en debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público (fls. 44 a 46 c. 1).4

Radicación número: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435) Actor: Amparo Bernal Bernal y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

2.1. La Policía Nacional contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y, en síntesis, sostuvo que no le constaban los hechos narrados por la parte actora y, en todo caso, quienes generaron la situación de desplazamiento fueron grupos al mar gen de la ley, sin que hubiera sido informada de alguna situación de riesgo por la que atravesaba el grupo familiar demandante, para que pudiera exigírsele la adopción de medidas de protección. En concordancia con lo anterior, propuso las excepciones del hecho de un tercero y falta de legitimación en la causa por pasiva (fls. 82 a 89 c. 1).

2.2. La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIVcontestó oportunamente la demanda, para lo cual precisó que su actuación era posterior a la situación de desplazamiento y que en cumplimiento de sus funciones entregó seis ayudas humanitarias a los demandantes, consistentes en asistencia alimentaria y alojamiento.

Adicionalmente, formuló las siguientes excepciones:

Falta de legitimación en la causa por pasiva, porque sus funciones se circunscribían

ayudas humanitarias a los demandantes, consistentes en asistencia alimentaria y alojamiento.

Adicionalmente, formuló las siguientes excepciones:

Falta de legitimación en la causa por pasiva, porque sus funciones se circunscribían a la implementación y ejecución de una política de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas; por tanto, no podía atribuírsele alguna acción u omisión generadora del desplazamiento forzado de los demandantes.

Ausencia de responsabilidad, porque no creó ningún tipo de riesgo y tampoco desplegó alguna conducta relacionada con los hechos narrados en la demanda.

Hecho de un tercero, en consideración a que el desplazamiento forzado de los demandantes se desencadenó por la acción exclusiva y determinante de un grupo armado al margen de la ley.

Indemnización administrativa vs indemnización judicial, en el entendido de que la parte demandante confundía los conceptos de reparación integral, a l a que tenían derecho las víctimas de desplazamiento forzado por el hecho de cumplir esa condición, y la indemnización judicial, la cual procedía en caso de encontrase acreditada su responsabilidad por acción u omisión; sin embargo, no generó el daño ni tenía el deber jurídico de prevenirlo o evitarlo.5

Radicación número: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435) Actor: Amparo Bernal Bernal y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Inexistencia probatoria de los perjuicios invocados, debido a que la parte demandante no allegó prueba siquiera sumaria de su causación (fls. 94 a 114 c. 1).

Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Inexistencia probatoria de los perjuicios invocados, debido a que la parte demandante no allegó prueba siquiera sumaria de su causación (fls. 94 a 114 c. 1).

2.3. Al contestar la demanda, el Departamento A dministrativo de la Prosperidad Social -DPSse opuso a las pretensiones, porque no le constaba que el grupo familiar demandante hubiera sido víctima de desplazamiento forzado, en consideración a que era la UARIV la entidad que contaba con los archivos y b ases de datos para confirmar o descartar ese supuesto fáctico.

Refirió que no le asistía legitimación en la causa por pasiva, porque no tenía la función de reconocer la indemnización por vía administrativa ni tampoco la de brindar seguridad a los ciudada nos y restablecer el orden público, porque tales obligaciones correspondía ejercerlas a la UARIV y a la fuerza pública.

Adicionalmente, propuso la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, porque los sucesos que dieron origen a la controversia los generó un grupo armado al margen de la ley, y las excepciones de ausencia de material probatorio que comprometiera la responsabilidad del DPS e inexistencia de daño, porque no se evidenciaba prueba de que hubiera solicitado la reparación integr al y la entidad competente la hubiera negado, decisión que en todo caso debía ser controvertida mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 153 a 165 c. 1).

2.4. El Ejército Nacional contestó la demanda y como razones de defensa adujo que no obraba en el expediente medio de convicción alguno que demostrara que el

2.4. El Ejército Nacional contestó la demanda y como razones de defensa adujo que no obraba en el expediente medio de convicción alguno que demostrara que el grupo familiar demandante hubiera solicitado protección para que pudiera predicarse que incumplió su obligación de seguridad (fls. 203 a 224 c. 1).

3. Audiencia inicial

El 21 de septiembre de 2016, se realizó la audiencia inicial, oportunidad en la que se procedió al saneamiento del proceso. Posteriormente, se fijó el litigio en los siguientes términos:

¿Determinar si existen los elementos estructurantes para endilgarle responsabilidad patrimonial al Estado encabeza de las entidades demandadas Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional -Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, por los perjuicios morales y materiales causados a los6

Radicación número: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435) Actor: Amparo Bernal Bernal y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

demandantes con ocasión del desplazamiento forzado al que fueron sometidos por grupos ilegales?

En caso de existir responsabilidad estatal por el desplazamiento forzado a que fueron sometidos los demandantes ¿cuál sería la entidad del Estado responsable de resarcir dichos perjuicios?

Acto seguido, se declaró fracasada la etapa de conciliación, por no existir ánimo de concertación entre las partes. Se tuvieron como pruebas las documentales

de resarcir dichos perjuicios?

Acto seguido, se declaró fracasada la etapa de conciliación, por no existir ánimo de concertación entre las partes. Se tuvieron como pruebas las documentales allegadas con la demanda y sus respectivas contestaciones y se decretaron las pruebas testimoniales y documentales solicitadas por las partes (fls. 245 a 251 c. 2).

El 28 de octubre y el 29 de noviembre de 2016, se adelantó la audiencia de pruebas de que tra ta el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, en desarrollo de la cual se incorporaron las pruebas documentales recaudadas en el proceso y se recibió la declaración de un testigo. Asimismo, se ordenó que las partes presentaran sus alegatos de conclusión por escrito (fls. 306 a 308; 384 a 386 c. 2)

En su intervención, la parte actora sostuvo que se encontraban configurados los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado de que fueron víctimas los demandantes, en virtud de las amenazas de un grupo al margen de la ley y, a su vez, porque las entidades demandadas a pesar de que tenían conocimiento de su situación de vulnerabilidad, omitieron la adopción de las medidas necesarias para brindarles protección y no ejercieron un control sobre la zona de riesgo (fls. 464 a 478 c. 3).

En esta oportunidad, la Policía Nacional manifestó que no participó en los hechos de la demanda, ni tampoco obraba prueba de que el grupo familiar demandante hubiera solicitado medidas de protección con anterioridad al desplazamiento (fls. 454 a 460 c. 3).

de la demanda, ni tampoco obraba prueba de que el grupo familiar demandante hubiera solicitado medidas de protección con anterioridad al desplazamiento (fls. 454 a 460 c. 3).

La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIVy el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social -DPSreiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda (fls. 401 a 417; 489 a 502 c. 3).7

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En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, porque las pruebas obrantes en el proceso no permitían concluir que los hechos que motivaron el desplazamient o forzado hubieran ocurrido como consecuencia de una confrontación entre integrantes de la fuerza pública y grupos al margen de la ley, como tampoco pudo acreditarse que las instituciones demandadas tuvieran siquiera conocimiento de que los miembros del grupo familiar estuvieran sometidos a algún tipo de riesgo contra su vida, de modo que no podía concluirse que se configuró una falla del servicio por desconocimiento del deber de protección, ni bajo la tesis de la posición de garante, en atención a que no s e demostró que hubieran solicitado alguna medida de seguridad a las autoridades competentes (fls. 481 a 488 c. 3).

4. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de la

demostró que hubieran solicitado alguna medida de seguridad a las autoridades competentes (fls. 481 a 488 c. 3).

4. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de la Guajira declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, y negó las pretensiones de la demanda frente al Ministerio de Defensa Nacional.

El a quo encontró demostrado el daño consistente en la situación de desplazamiento de que fueron víctimas los demandantes; sin embargo , precisó que este ocurrió el 1 de diciembre de 2010 y no el 6 de diciembre de 2010, como se afirmó en la demanda.

En cuanto a la imputación de responsabilidad, aseguró que no existían elementos de convicción que permitieran establecer que el desplazamiento forzado se debió a la ocurrencia de un enfrentamiento armado entre la fuerza pública y un grupo armado al margen de la ley en la vereda San Pedro, jurisdicción del municipio de Barrancas, para el mes de diciembre de 2010.

Explicó que no se utilizaron los instrumentos para poner en conocimiento del Ejército Nacional y de la Policía Nacional la presencia de grupos armados ilegales en la vereda San Pedro del municipio de Barrancas para el 1 de diciembre de 2010, luego no se les podía atribuir una conducta negligente u omisiva, por no encontrarse el día y la hora exactos en el lugar donde ocurrió el desplazamiento.8

Radicación número: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435)

no se les podía atribuir una conducta negligente u omisiva, por no encontrarse el día y la hora exactos en el lugar donde ocurrió el desplazamiento.8

Radicación número: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435) Actor: Amparo Bernal Bernal y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

En este punto añadió que el hecho de existir un conocimiento general de las actuaciones ilegales de grupos al margen de la ley en el departamento de la Guajira, como lo pretendía demostrar la parte demandante con el Informe Departamental de Hechos Victimiz antes 2012, no significaba que la fuerza pública tuviera el conocimiento concreto del riesgo en el que se encontraban los demandantes y mucho menos que el 1 de diciembre de 2010, en la finca Zulianita, se iba a cometer un acto de desplazamiento forzado, de manera que surgiera para ella el deber de prevenir dicha conducta ilícita.

Al respecto, explicó que si bien con el testimonio del señor Eder Emiro Pitre Suárez la parte actora intentó probar que la fuerza pública tenía conocimiento de la presencia de grupos al margen de la ley en la zona donde estaba ubicado el predio rural que habitaba el grupo familiar demandante, esa prueba además de que presentaba un defecto técnico que impedía escuchar con claridad la declaración, no tenía por sí sola la virtualidad para demostrar la responsabilidad patrimonial de las demandadas.

En relación con la responsabilidad de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, señaló

no tenía por sí sola la virtualidad para demostrar la responsabilidad patrimonial de las demandadas.

En relación con la responsabilidad de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, señaló que carecían de legitimaci ón en la causa por pasiva, porque no les asistía la obligación de cuidado y protección en aras de prevenir el desplazamiento forzado de los demandantes, porque fueron creadas para adoptar políticas públicas en favor de las víctimas.

Puntualizó que, en todo caso, el señor José Alberto Pushaina Guariyu y su núcleo familiar se encontraban inscritos en el registro de víctimas y, en virtud de ello, las entidades demandadas les proporcionaron ayuda humanitaria, consistente en un subsidio económico y de vivienda (fls. 577 a 592 c. ppal).

5. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y como sustento manifestó que el a quo no tuvo en cuenta que debido a los ataques y los bombardeos de los grup os al margen de la ley contra la fuerza pública, a esta le correspondía reubicar a la población civil y brindarle protección especial.9

Radicación número: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435) Actor: Amparo Bernal Bernal y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Agregó que con el testimonio del señor Eder Emiro Pitre Suárez se podía determinar que la Policía Nacional y el Ejército Nacional tenían conocimiento de la

Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Agregó que con el testimonio del señor Eder Emiro Pitre Suárez se podía determinar que la Policía Nacional y el Ejército Nacional tenían conocimiento de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los demandantes y no llevaron a cabo ninguna acción de protección.

Sostuvo que para exonerarse de responsabilidad, las entidades demandadas no podían argumentar que el grupo familiar afectado no pidió protección, porque conocían que la zona era de alto riesgo por la presencia de grupos armados al margen de la ley y debido a que en el lugar existía una base militar; sin embargo, no se ejercían ningún tipo de control.

Controvirtió la decisión del a quo , porque el Informe Departamental de Hechos Victimizantes 2012 elaborado por la UARIV demostraba el desplazamiento forzado de que fueron objeto los demandantes debido a los enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos armados al margen de la ley, sin que las demandadas hubieran probado las medidas que adoptaron para la debida protección y asistencia de los demandantes.

En relación con la responsabilidad de la UARIV y DPS refirió que omitieron y retardaron su deber de brindar la asistencia y la ayuda necesaria a las víctimas del conflicto armado interno, como alimentación, vivienda y asistencia económica, para que tuvieran una mejor calidad de vida (fls. 597 a 608 c. ppal).

6. El trámite en segunda instancia

El recurso fue concedido el 5 de julio de 2019 y admitido el 16 de agosto siguiente. Posteriormente, el 13 de septiembre del mismo año, se corrió traslado a las partes

6. El trámite en segunda instancia

El recurso fue concedido el 5 de julio de 2019 y admitido el 16 de agosto siguiente. Posteriormente, el 13 de septiembre del mismo año, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fls. 612; 618; 622 c. ppal).

El Departamento Administrativo de la Prosperidad Social señaló que el daño no le resultaba atribuible ni por acción ni por omisión y en todo caso no tenía vínculo con las funciones asignadas en la ley. Agregó que los demandantes no han accedido a la oferta institucional porque no cumplían con los requisitos, de modo que no se podía afirmar que la entidad incurrió en falla del servicio por omisión (fls. 625 a 628 c. ppal).10

Radicación número: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435) Actor: Amparo Bernal Bernal y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

La parte demandante y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas reiteraron los argumentos expuestos a lo largo de la presente acción (fls. 637 a 643 c. ppal).

El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, porque no se encontraba acreditado que el desplazamiento se hubiera efectuado de manera forzada, en consideración a que no obraba prueba que confirmara que para el mes de diciembre de 2010 en la zona donde residía el señor José Alberto Pushaina Guariyu y su núcleo familiar se hubieran presentado enfrentamientos

de manera forzada, en consideración a que no obraba prueba que confirmara que para el mes de diciembre de 2010 en la zona donde residía el señor José Alberto Pushaina Guariyu y su núcleo familiar se hubieran presentado enfrentamientos entre la fuerza pública con grupos ilegales; tampoco se tenía un informe que determinara que efectivamente la zona era de concurrencia de un grupo al margen de la ley, además, no se estableció que los demandantes hubieran solicitado apoyo de la fuerza pública para que les brindara especial protección.

Finalmente, sostuvo que no se encontraba demostrado que hubiera solicitado la reparación integral por vía administrativa, mucho menos que esta hubiera sido negada, pero en todo caso el núcleo familiar recibió sumas de dinero por concepto de ayuda humanitaria, subsidios económicos y de vivienda (fls. 658 a 671 c. ppal).

La policía Nacional y el Ejército Nacional guardaron silencio en esta etapa procesal (fl. 672 c. ppal).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de marzo de 2019, por el Tribunal Administrativo de la Guajira, de conformidad con el artículo 129 del C.C.A., por tratarse de u n proceso de doble instancia debido a la cuantía 1, según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, en razón a que la pretensión mayor excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda (22 de junio de 2015)2.

dispuesto en la Ley 1437 de 2011, en razón a que la pretensión mayor excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda (22 de junio de 2015)2.

1 En el acápite de la estimación razonada de la cuantía se solicitó por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $5.402’260.000. 2 A la fecha de presentación de la demanda equivalían a $322’175.000.11

Radicación número: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435) Actor: Amparo Bernal Bernal y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

2.- El ejercicio oportuno de la acción

Aunque la demanda fue presentada en vigencia del CPACA, para efectos de verificar la oportunidad de la acción, deberá valorarse el artículo 40 de la Ley 153 de 18873, que en su versión original disponía que: “ Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren inicia das, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación ”. En atención a esta situación, la Sala procede a estudiar el término de caducidad, bajo las normas que regían al momento en que empezó el desplazamiento forzado -diciembre de 2010-.

Al tenor d e lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso

procede a estudiar el término de caducidad, bajo las normas que regían al momento en que empezó el desplazamiento forzado -diciembre de 2010-.

Al tenor d e lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaec imiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En el presente caso se demanda la responsabilidad patrimonia l de la NaciónMinisterio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional -Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, por el desplazamiento forzado que habrían sufrido los señores José Alberto Pushaina Guariyu, Amparo Bernal Bernal y Luz Esther Pitre Paguay.

En el caso concreto se demostró que el señor José Alberto Pushaina Guariyu rindió una declaración ante las dependencias de Acción Social de Barrancas, oportunidad en la que manifestó que fue expulsado de la finca la Zulianita y que debió salir por

3 Este precepto fue modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, el cual quedó de la siguiente manera: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben em pezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas,

sobre las anteriores desde el momento en que deben em pezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas