CE - 012340000201900086011SENTENCIA20231204132856

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 44001-23-40-000-2019-00086-01 (5765-2022)

Demandante: Zenaida Leonor Estrada Pinto Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación legal y reglamentaria. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora ZENAIDA LEONOR ESTRADA PINTO instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 046405 del 9 de diciembre de 2016; y (ii) RDP 013669 del 31 de marzo de 2017 , por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia y se desa tó desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo enunciado.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y pagar a la accionante la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del

1 Folios 1-2 del archivo digitalizado «DEMANDA_25062019105237am_f7a0223c5e4245dda1c32decb3649970» disponible en Gestión de Otras Corporaciones en la plataforma SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

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promedio salarial mensual devengad o en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con efectividad desde ese mismo instante ocurrido el 18 de julio de 201 3, y con el debido ajuste de valor sobre las sumas adeudadas por este concepto.

promedio salarial mensual devengad o en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con efectividad desde ese mismo instante ocurrido el 18 de julio de 201 3, y con el debido ajuste de valor sobre las sumas adeudadas por este concepto.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera:

Que la señora Zenaida Leonor Estrada Pinto nació el 18 de mayo de 1952. Que en su vida laboral estuvo vinculada al magisterio inicialmente desde el 6 de marzo de 1975 hasta el 7 de mayo de 1979 , esto como consecuencia del nombramiento efectuado por el gobernador del departamento de La Guajira mediante Decreto 096 del 26 de marzo de 1975 , a fin de desempeñarse como directora seccional en la Escuela Urbana 1° de julio, Fonseca.

Que posteriormente tuvo una vinculación como docente de educación básica del 25 de mayo de 1979 al 18 de septiembre de 1997 sin solución de continuidad, derivada en principio de la Resolución 7519 del 9 de mayo de 1979 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. No obstante, durante esta relación legal y reglamentaria se presentó una incorporación con el departame nto de La Guajira por efectos de la descentralización de la educación a partir del 19 de septiembre de 1997 y hasta la mencionada fecha de retiro , mutando desde ese momento su calidad de docente nacional a territorial.

Que el 21 de julio de 2016, la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento

mencionada fecha de retiro , mutando desde ese momento su calidad de docente nacional a territorial.

Que el 21 de julio de 2016, la parte actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad expidió la Resolución RDP 046405 del 9 de diciembre de 2016 con la que negó la prestación.

Que la accionante presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue resuelto a través de la Resolución RDP 013669 del 31 de marzo de 2017, siendo confirmada la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 23 de agosto de 20193 y notificada a la UGPP4, q uien radicó memorial de contestación 5 en el que manifestó que , la

2 Folios 2 a 4, ibid. 3 Archivo digitalizado «ACT_AUTOADMITEAUTOAVOCA_2308201930312pm» disponible en Gestión de Otras Corporaciones en la plataforma SAMAI. 4 45 Archivo digitalizado «45Envió De Notificación». Efectuada el día 11 de enero de 2022. 5 Folios 190 a 195, idem.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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accionante acreditó tiempos de servicio en el departamento de La Guajira del 25 de mayo de 1979 al 18 de septiembre de 1997 , esto en calidad de docente nacional,

accionante acreditó tiempos de servicio en el departamento de La Guajira del 25 de mayo de 1979 al 18 de septiembre de 1997 , esto en calidad de docente nacional, por lo que no es posible reconocer la pensión gracia , cuando para el cómputo del requisito necesario para acceder a este derecho , solo pueden tenerse en cuenta períodos del orden territorial o nacionalizado.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de requisitos pensionales (pensión gracia) o inexistencia de obligación, y (ii) prescripción.

Mediante auto del 6 de octubre de 2020, el tribunal al considerar que la discusión que se suscitaba en el presente proceso era de pleno derecho hizo uso del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020, y dispuso que debía dictarse sentencia anticipada. Por tanto, procedió a incorporar las pruebas aportadas en la demanda y en la contestación y, en virtud del artículo 181 del CPACA corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y a l Ministerio P úblico para concepto de fondo.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia del 25 de febrero de 2021, negó las pretensiones de la demanda, argumentando en primer lugar que, en efecto, se encuentra acreditado que la accionante prestó servicios como docente antes del 31 de diciembre de 1980, pues laboró en la Escuela Urbana de Niñas de Fonseca, el cual duró desde el 14 de abril de 1975 hasta el 7 de mayo de 1979 , para un total de 2 años, 2 meses y 1 día.

Fonseca, el cual duró desde el 14 de abril de 1975 hasta el 7 de mayo de 1979 , para un total de 2 años, 2 meses y 1 día.

Que luego de este lapso, la demandante fue nombrad a por el Ministerio de Educación como docente en la Institución Educativa Juan Jacobo perteneciente al Colegio Nacional de Varones de Fonseca con una relación legal y reglamentaria del orden nacional, esto en virtud de la Resolución 7519 de 9 de mayo de 1979 , desempeñando su labor desde el 25 de mayo de 1979 hasta el 9 de junio de 2016, para un total de 37 años, 4 meses y 8 días.

Que la parte activa pese a demostrar que antes del 31 de diciembre de 1980 tuvo un vínculo al sector docente de carácter territorial , también es cierto que con posterioridad a esta fecha fue nombrad a por la Nación, por lo cual no le asiste el derecho a la pensión de gracia pues únicamente cuenta con dicha prerrogativa los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta la fecha precitada y que hubiesen la labor educativa oficial en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años.

Que respecto al argumento plasmado en la demanda según el cual el vínculo de carácter nacional con que fue nombrad a la reclamante, mutó a departamental por

6 Folios 624 a 642, idem.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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mandato de la Ley 60 de 1993, esto en razón a que el departamento de La Guajira fue certificado para la prestación del servicio de educación públic a según la Resolución 1660 de fecha 20 de mayo de 1997, es necesario sos tener que tal postura es inadecuada , pues con las pruebas documentales obrantes en el expediente logró constatarse que los tiempos de servicio se prestaron en el orden nacional, supuesto fáctico que no respalda la mutación automática derivada del proceso de nacionalización como fuente del derecho que reclama.

Que aun cuando la accionante considera que su nombramiento en el Colegio Nacional de Varones de Fonseca es territorial como consecuencia del proceso de descentralización de la educación, lo cierto es que al acudirse a los criterios desarrollados por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, relativos a la naturaleza de la plaza a ocupar, y el origen de los recursos, se tiene que en el presente caso no se demostró que la plaza ocupada por aquella, sea de las denominadas departamentales, o que el pago de las acreencias proviniera de rentas endógenas del departamento de La Guajira.

EL RECURSO DE APELACIÓN7

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, de conformidad con la normativa aplicable a estos asuntos , así como con los actos administrativos que dieron cabal ejecución al proceso de descentralización de la educación en el

sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, de conformidad con la normativa aplicable a estos asuntos , así como con los actos administrativos que dieron cabal ejecución al proceso de descentralización de la educación en el departamento de La Guajira, no cabría la menor duda de que el vínculo laboral de la accionante, si bien en un principio fue nacional, mutó a territorial a partir del 19 de septiembre de 1997.

Que, por lo tanto, a partir de la primera fecha mencionada, la señora Estrada Pinto dejó de tener un vínculo nacional, pues los dineros con que se le paga ban sus acreencias no eran propiedad de la Nación, sino que desde la aludida fecha fueron financiados con recursos departamentales, por lo que la consecuencia obvia de todo ello es que los tiempos de carácter territorial son válidos para el reconocimiento de la pensión solicitada.

Que en el caso objeto de estudio existió una sustitución patronal, la cual operó por mandato de las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001, proceso a partir del cual la relación laboral entre los docentes y el Estado fue transformándose y pasó de un vínculo docente - Nación a un vínculo docente - departamento o docentemunicipio, según el caso.

Que igualmente existió una falta de análisis crítico sobre la prueba en la medida que el fallador de primera instancia se apegó al hecho de que en la certificación de tiempo de servicio del 9 de junio de 2016 se indicó que el régimen de pensiones por

Que igualmente existió una falta de análisis crítico sobre la prueba en la medida que el fallador de primera instancia se apegó al hecho de que en la certificación de tiempo de servicio del 9 de junio de 2016 se indicó que el régimen de pensiones por

7 Archivo digital «ACT_AGREGARMEMORIAL_1204202140419pm_a0094abaf3fe44dc99af44f37c585fdc»Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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el tiempo comprendido desde el 25 de mayo de 1979 hasta el 9 de junio de 2016 fue nacional, como si se entendiera que régimen de pensiones y vínculo laboral es lo mismo cuando lo cierto es que no lo es. Que la sentencia recurrida incurrió en una indebida valoración del acervo probatorio pues, con el certificado expedido por la Secretaría de Educación de La Guajira, la entidad territorial al «autoproclamarse entidad nominadora certi ficó todo el tiempo nacional como si no se hubiera producido el fenómeno de la descentralización de la educación»; lo cual a su juicio constituye un reflejo de la falta de cuidado de dicha dependencia y del síndrome de centralismo que imperaba para la época, así como una falsedad ideológica parcial que si bien no ameritaba tacha, sí debe ser tenida en cuenta por el juez al momento de fallar.

Que, en tal sentido, el fallo recurrido desconoce la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 proferida por el Consejo de Estado , pues en esta se dijo que lo

en cuenta por el juez al momento de fallar.

Que, en tal sentido, el fallo recurrido desconoce la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 proferida por el Consejo de Estado , pues en esta se dijo que lo relevante al momento de reconocer la pensión gracia es la acreditación de la plaza a ocupar, y como se indicó previamente , conforme a la Ley 60 de 1993, el cargo que la actora ocupó a partir d e la descentralización de la educación fue uno de carácter departamental.

Que una vez acreditado el hecho de que la reclamante tiene más de 50 años de edad y que cumplió 20 años de servicio si se contabilizan los tiempos departamentales entre el 19 de septiembre de 1997 y el 9 de junio de 2016 como docente territorial, se logra corroborar que aquel sí tenía derecho al pago de la prerrogativa bajo estudio.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La UGPP presentó escrito de alegatos de conclusión, en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó confirmar la decisión de primera instancia.

La parte demandante se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

POSICIÓN DE MINISTERIO PUBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, ello en el entendido de que

cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, ello en el entendido de que tuvo una incorporación a la planta de personal docente de una entidad territorial en virtud del proceso de descentralización del servicio educativo.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) los aspectos generales de la pensión gracia aplicables al caso concreto , ii) las implicaciones de la incorporación del personal docente a los entes territoriales en el proceso de descentralización de la educación y finalmente, iii) resolverá el caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial

a. Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegiosCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta co mplementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 8. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo

ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión

desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a par tir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedi o del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

8 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha adver tido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha adver tido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacio nales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 19979 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 10 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando

conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a l os entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educ adores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes loc ales

territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes loc ales

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 10 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer

el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificació n de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo pr opio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.cons