CE - 0131512023Disciplina020240605181228002

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2015-00708-01 (3151-2023)

Demandante: Antonio Flórez Garizabal Demandada: Procuraduría General de la Nación, PGN Tema: Sanción de destitución e inhabilidad de 10 años

Sentencia de segunda instancia

Asunto

La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 29 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. Demanda

1.1. Pretensiones

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1

Antonio Flórez Garizabal demand ó la nulidad de los actos administrativos disciplinarios de primera y segunda instancia del 19 de marzo y 15 de mayo de 2015, expedidos por la Procuraduría Provincial de Cartagena y la Procuraduría Regional de Bolívar, respectivamente, a través de los cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general por 10 años.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se conden ara a la entidad

Regional de Bolívar, respectivamente, a través de los cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general por 10 años.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se conden ara a la entidad demandada a: (i) eliminar su nombre del registro de sanciones de la PGN; (ii) pagar las costas, agencias y demás gastos procesales que se generen en el proceso.

1.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

3.1. El 18 de junio de 2013 la Procuraduría Provincial de Cartagena emitió auto de apertura de indagación preliminar en relación con las supuestas irregularidades administrativas que la Fiscalía Seccional 16 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública2 le informó, respecto del contrato de interventoría 6-179-931 del 14 de septiembre de 2010, cuyo objeto era realizar la interventoría al contrato

1 Señalado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. 2 Visible a folios 6 a 8 del pdf «CUADERNO # 3.pdf»Demandante: Antonio Flórez Garizabal Radicado: 13001-23-33-000-2015-00708-01 (3151-2023)

de obra 6 -159-651 del 11 de agosto de 2011 para la construcción de 8 aulas, un laboratorio y una unidad sanitaria en la Institución Educativa, IE, Tierra Bomba.

3.2. Para el efecto, la autoridad disciplinaria ordenó la realización de una visita especial a la Alcaldía Distrital de Cartagena a fin de obtener copia de los siguientes

3.2. Para el efecto, la autoridad disciplinaria ordenó la realización de una visita especial a la Alcaldía Distrital de Cartagena a fin de obtener copia de los siguientes documentos: (i) contrato de interventoría 6-179-931 de 2010 junto con los otrosí o prorrogas, estudios previos, pliego de condiciones, certificado de disponibilidad presupuestal, comprobantes de egreso y demás documentos e informes relevantes relacionados con el contrato y su ejecución, (ii) contrato de obra 6-159-651 de 2011 junto con los otrosí o prorrogas, estudios previos, pliego de condiciones, certificado de disponibilidad presupuestal, comprobantes de egreso y demás documentos e informes relevantes relacionados con el contrato y su ejecución , (iii) manuales de interventoría y de contratación, (iv) manual de funciones y competencias laborales de la alcaldía, en lo referente al cargo de secretario de infraestructura y demás empleos que tuvieran participación en las etapa s precontractual y de ejecución de los referidos contratos y (v) actos administrativos de delegación, si los hubiere.

3.3. El 16 de julio de 2013 la Procuraduría Provincial dio apertura a la investigación disciplinaria contra el demandante3 en su condición de secretario de Infraestructura de Cartagena. De igual modo ordenó la práctica de pruebas, por lo que solicitó a la Secretaría de Infraestructura que rindiera un informe y aportara copia s de los referidos contratos, con anexos. Asimismo, ordenó escucha en diligencia de versión libre al disciplinado.

3.4. El 5 de noviembre de 2014 la Procuraduría Provincial de Cartagena profirió auto

referidos contratos, con anexos. Asimismo, ordenó escucha en diligencia de versión libre al disciplinado.

3.4. El 5 de noviembre de 2014 la Procuraduría Provincial de Cartagena profirió auto de cierre de investigación disciplinaria4.

3.5. El demandante interpuso recurso de reposición 5 contra el auto de cierre de la investigación disciplinaria . Explicó que apenas se contó con los certificados de disponibilidad presupuestal, CDP, para contratar la interventoría y la construcción de la obra en la IE Tierrabomba, se iniciaron en simultáneo los procesos de contratación tanto de la interventoría como de la obra , justamente en desarrollo de los principios de plan eación y economía, pero que debido a un error cometido por la Secretaría de Educación de Cartagena al no incluir en el presupuesto de la construcción de la obra los costos por transporte de materiales -debido a que Tierra Bomba es un territorio insular en ultramar ubicado frente a la bahía de Cartagena -, el proceso licitatorio fue suspendido hasta tanto se corrigieran los respectivos CDP, motivo por el cual el contrato de interventoría se suscribió primero que e l de obra. Solicitó además, entre otras pruebas, que se ordenara la práctica de los testimonios de: Adolfo Ruiz Montaño, Erasmo Reyes Cañate, Angélica Genes Fortich y Érica Lucía Martínez Najera.

3.6. Mediante auto del 19 de noviembre de 2014, la autoridad disciplinaria repuso la referida decisión y ordenó la práctica de los testimonios solicitados por el investigado6.

3 Visible a folio 229 del pdf «CUADERNO # 4.pdf»

referida decisión y ordenó la práctica de los testimonios solicitados por el investigado6.

3 Visible a folio 229 del pdf «CUADERNO # 4.pdf» 4 Visible a folio 203 del pdf «CUADERNO # 5.pdf» 5 Visible a folios 120 a 123 del pdf «CUADERNO # 6.pdf» 6 Visible a folios 201 y 202 del pdf «CUADERNO # 6.pdf»Demandante: Antonio Flórez Garizabal Radicado: 13001-23-33-000-2015-00708-01 (3151-2023)

3.7. El 18 de diciembre de 2014 se le notificó personalmente al disciplinado el auto de cierre de la investigación proferido el 16 de ese mismo mes y año7.

3.8. El 20 de enero de 2015 la Procuraduría Provincial8 formuló pliego de cargos en contra de Antonio Flórez Gardizabal, en el que le atribuyó la posible comisión de la falta gravísima señalada en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, que alude a «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad contractual , en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley». La falta se clasificó provisionalmente a título de culpa gravísima, por «desatención elemental de las reglas de obligatorio cumplimiento» , al encontrar probado que el investigado «suscribió un contrato de interventoría inejecutable por no existir la obra objeto de vigilancia y control, debiendo ser suspendido hasta tanto se surtiera el proceso de contratación para desarrollar la obra». Ello por cuanto:

«suscribió un contrato de interventoría inejecutable por no existir la obra objeto de vigilancia y control, debiendo ser suspendido hasta tanto se surtiera el proceso de contratación para desarrollar la obra». Ello por cuanto:

«Se encuentra acreditado en el expediente que el doctor ANTONIO FLOREZ GARIZABAL durante las vigencias 2010 y 2011 ostentaba la calidad de Secretario de Infraestructura de la Alcaldía Distrital de Cartagena - Bolívar, por lo tanto era servidor público nombrado mediante Decreto por el Alcalde de Cartagena. De acuerdo, con esta cualificación, y fundamentados en el articulo sexto de la Constitución Política, es responsable de las acciones y omisiones que realice.

Se tiene que en el caso sub judice el doctor ANTONIO FLOREZ GARIZABAL actuó con base en la facultad para contratar que le fue delegada mediante el Decreto 1431 de 2009 según se señaló en la parte considerativa del contrato No. 6-179-931. […].

En tal calidad y de conformidad con las normas citadas y los artículos 23 y 27 del Código Disciplinario Único, el Investigado puede ver comprometida su responsabilidad disciplinarla por Infracción de las siguientes normas: […]

El comportamiento que se le cuestiona al investigado y que se presume irregular se subsume en la norma, antes citada [artículo 48 de la Ley 734 de 2002 numeral 31], concretamente en la acción participar en la actividad contractual con desconocimiento de los principios qué regulan la contratación estatal, en este caso, el de responsabilidady economía contenidos en la Ley 8.0 de 1993, y el de eficacia contenido en la Constitución y la Ley 489 de 1998.

de los principios qué regulan la contratación estatal, en este caso, el de responsabilidady economía contenidos en la Ley 8.0 de 1993, y el de eficacia contenido en la Constitución y la Ley 489 de 1998.

Lo anterior por cuanto adelantó proceso de contratación y contrató la interventoria sobre la obra de construcción de cinco aulas, construcci ón de tres aulas, construcción de laboratorio, unidad sanitaria y dotación de mobiliario básico escolar en la Institución Educativa de Tierra Bomba, a pesar que la ejecución de la interventoria resultaba inviable por no encontrarse si quiera formalizado el proceso licitatorio para contratar la obra pública objeto de interventoria, evidenciándose con ello una presunta falta de planeación contractual. […]».

3.9. El demandante presentó descargos el 3 de febrero de 20159, en los que solicitó la nulidad de los mismos. Alegó en primer lugar, que no desconoció los principios contractuales de responsabilidad y economía porque él no fue quien determinó la necesidad y viabilidad de contratar la interventoría sobre una obra inexistente , debido a que: (i) la estructuración del proyecto era responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional, MEN, y de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena , (ii) la etapa precontractual cumplió con todos los presupuestos que el régimen de contratación estatal exige, puesto que se elaboraron los pliegos o términos de

7 Visible a folio 1 del pdf «CUADERNO # 7.pdf» 8 Visible a folios 9 a 51 del pdf «CUADERNO # 7.pdf» 9 Visible a folios 59 a 67 del pdf «CUADERNO # 7.pdf»Demandante: Antonio Flórez Garizabal

8 Visible a folios 9 a 51 del pdf «CUADERNO # 7.pdf» 9 Visible a folios 59 a 67 del pdf «CUADERNO # 7.pdf»Demandante: Antonio Flórez Garizabal Radicado: 13001-23-33-000-2015-00708-01 (3151-2023)

referencia de manera adecuada. En seg undo lugar argumentó que, no se causó daño económico ni técnico a la entidad territorial, ya que no se presentaron ofertas con precios artificialmente bajos, ni falsed ad en la información, como tampoco contratación de la interventor ía en condiciones de calidad inadecuadas para el objeto contractual . También alegó, que la Procuraduría provincial vulneró su derecho a la defensa, al haberle negado la práctica del testimonio de Jorgly José Torres Ramos en el recurso de reposición presentado en contra del auto de cierre de la investigación y, por lo tanto, el proceso disciplinario estaba viciado de nulidad y debía ser archivado . Finalmente solicitó qu e se practicaran los testimonios de Jorgly José Torres Ramos, Angélica Genes Fortich y Teodolina González Yañez.

3.10. Por medio de auto del 3 de febrero de 2015 la Procuraduría Provincial de Cartagena negó la solicitud de declaratoria de nulidad presentada por el disciplinado en sus descargos 10. Para el efecto, argumentó que el despacho se abstuvo de decretar el testimonio de Jorgly José Torres Ramos, solicitado en el escrito de reposición, al encontrarlo inconducente. Además, precisó que al investigado se le ha «garantizado el derecho de contradicción y defensa, al decretar pruebas testimoniales solicitadas después del cierre de investigación» y que, en todo caso, «con los testimonios

reposición, al encontrarlo inconducente. Además, precisó que al investigado se le ha «garantizado el derecho de contradicción y defensa, al decretar pruebas testimoniales solicitadas después del cierre de investigación» y que, en todo caso, «con los testimonios practicados y las pruebas documentales obrantes en el proceso considera el despacho que cuenta con los elementos probatorios suficientes y pertinentes que permiten entrar a valorar al amparo de las reglas de la sana critica, si los hechos acaecidos y que son objeto de investigación generan o no algún tipo de responsabilidad disciplinaria».

3.11. El disciplinado interpuso recurso de reposición contra el referido auto 11. No obstante, fue confirmado en providencia del 11 de febrero de 2015 12, al considerar que no había existido vulneración alguna de los derechos de defensa del encartado.

3.12. En auto del 11 de febrero de 201513, la autoridad disciplinaria decidió sobre las pruebas solicitadas en lo s descargos e incorporó al expediente la copia de los planos del proyecto (A-002 y A-003) de la IE TIERRABOMBA. Asimismo, accedió a la práctica de los testimonios solicitados por el disciplinado.

3.13. El 19 de febrero de 2015, se adelantaron las diligencias para tomar las declaraciones de Jorgly José Torres 14, Angélica Genes Fortich 15. Teodolina Isabel Gonzalez Yañez 16. El disciplinado no intervino en estas diligencias pese a estar enterado de su realización. Luego, el día 20 de ese mismo mes y año, la autoridad disciplinaria corrió traslado para alegar17.

Gonzalez Yañez 16. El disciplinado no intervino en estas diligencias pese a estar enterado de su realización. Luego, el día 20 de ese mismo mes y año, la autoridad disciplinaria corrió traslado para alegar17.

3.14. El disciplinado presentó alegatos de conclusión el 10 de marzo de 2015. Afirmó que como Secretario de Infraestructura de Cartagena no había incurrido en la conducta endilgada, pues no violó los principios contractuales de responsabilidad y economía con la suscripción del contrato de interventoría 6 -179-931 de 2010 . Reiteró que la necesidad y viabilidad de la contratación había sido respo nsabilidad exclusiva de la Secretaría de Educación Distrital en coordinación con el MEN, a

10 Visible a folios 90 a 94 del pdf «CUADERNO # 7.pdf» 11 Visible a folios 97 a 100 del pdf «CUADERNO # 7.pdf» 12 Visible a folios 101 a104 del pdf «CUADERNO # 7.pdf» 13 Visible a folios 105 a 107 del pdf «CUADERNO # 7.pdf» 14 Visible a folios 114 a 115 del pdf «CUADERNO # 7.pdf» 15 Visible a folios 116 a 117 del pdf «CUADERNO # 7.pdf» 16 Visible a folios 118 a 119 del pdf «CUADERNO # 7.pdf» 17 Visible a folios 120 del pdf «CUADERNO # 7.pdf»Demandante: Antonio Flórez Garizabal Radicado: 13001-23-33-000-2015-00708-01 (3151-2023)

través de la Subdirección de Cobertura y dentro del programa de «Revolución Educativa». Que en ese orden, la Secretaría de Infraestructura de Cartagena lo que

través de la Subdirección de Cobertura y dentro del programa de «Revolución Educativa». Que en ese orden, la Secretaría de Infraestructura de Cartagena lo que hizo f ue ejecutar las obras en el distrito, en cumplimiento de lo dispuesto en el manual de funciones de la alcaldía distrital . Por lo tanto, en su calidad de ente ejecutor, abrió el concurso de méritos de mínima cuantía INFRA-NRO 14-2010 con base en los estudios, diseños, presupuesto y certificados de disponibilidad presupuestal que fueron suministrados por la Secretaría de Educación Distrital. Y que por lo tanto, no cometió la falta disciplinaria endilgada.

3.15. En el acto administrativo disciplinario de primera instancia proferido el 19 de marzo de 2015 18, la Procuraduría Provincial de Cartagena encontró responsable disciplinariamente a Antonio F lórez Garizabal y lo sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al encontrar acreditada la comisión de la conducta disciplinaria imputada. Para el efecto, precisó que el comportamiento del encartado se enmarcó dentro de la conducta prevista como falta gravísima en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, porque incumplió el deber de analizar en forma seria la necesidad y conveniencia de la suscripción del contrato de interventoría 6-179-931 del 14 de septiembre de 2010 . Puntualmente, porque la obra que sería objeto de

vigilancia y control se contrató hasta el 4 de agosto de 2011, mediante contrato 6159-651. En cuanto al análisis de la culpabilidad, se le imputó la conducta a título de culpa gravísima en los términos del artículo 44 de la 734 de 2002, porque con su actuar quebrantó los principios de economía, responsabilidad y eficacia previstos en los artículos 209 de la C onstitución, 3 de la Ley 489 de 1998 , 22 de la Ley 734 de 2002 y 25 -numerales 7 y 12y 26 -numeral 1de la Ley 80 de 1 993, así como el Manual Contratación del Distrito, Resolución 2712 de 2010. En las consideraciones del fallo disciplinario se precisó que: (i) de conformidad con el Decreto 2090 de 1989, por «interventoría» se entiende el servicio prestado por un profesional o persona jurídica especializada, para el control de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la construcción , (ii) la Sección Primera del Consejo de Estado ha determinado que el contrato de interventoría tiene por objeto vigilar que la obra se construya de conformidad con lo estipulado en el contrato , (iii) si bien a la fecha de los hechos investigados no se había expedido la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción-, este definió el contrato de interventoría como el seguimiento técnico q ue realiza una persona natural o jurídica sobre el cumplimiento de un contrato, cuando este suponga conocimiento especializado o tenga una gran complejidad o extensión , y (iv) el demandante incurrió en la falta disciplinaria endilgada al haber desconocido sus deberes y funciones como Secretario de Infraestructura de Cartagena durante

suponga conocimiento especializado o tenga una gran complejidad o extensión , y (iv) el demandante incurrió en la falta disciplinaria endilgada al haber desconocido sus deberes y funciones como Secretario de Infraestructura de Cartagena durante las vigencias 2010 y 2011 , puntualmente por haber suscrito un contrato de interventoría para una obra que no había sido adjudicada:

«Al señor ANTONIO FLOREZ GARIZABAL, en su condición de Secretario de Infraestructura del Distrito de Cartagena, se le imputó como cargo suscribir el 14 de septiembre de 2010 el contrato de consultoría Nro. 6 -179-931 con la arquitecta ENITH LUNA BARRETO, cuyo objeto fue la interventoría de la obra de construcción de cinco aulas, construcción de tres au las, construcción de laboratorio, unidad sanitaria y dotación de mobiliario básico escolar en la IE de Tierra Bomba, con desconocimiento de los principios contractuales de responsabilidad y economía, toda vez que no analizó en forma ser ia la necesidad y conveniencia para contratar la interventoría, en razón a que la obra que sería objeto de vigilancia y control se contrató hasta el 4 de agosto de 2011, mediante contrato Nro. 6-159-651.

18 Visible a folios 156 a 209 del pdf «CUADERNO # 7.pdf»Demandante: Antonio Flórez Garizabal Radicado: 13001-23-33-000-2015-00708-01 (3151-2023)

[…] El comportamiento que se le cuestiona al investigado y que se constata en esta instancia como irregular se subsume en la norma antes citada, concretamente en la acción de participar en la actividad pre y contractual con desconocimiento de los

[…] El comportamiento que se le cuestiona al investigado y que se constata en esta instancia como irregular se subsume en la norma antes citada, concretamente en la acción de participar en la actividad pre y contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal, en este caso, el de responsabilidad y economía contenidos en la Ley 80 de 1993, y el de eficacia contenido en la Constitución y la Ley 489 de 1998.

Lo anterior por cuanto adelantó proceso de contrata ción y contrató la interventoría sobre la obra de construcción de cinco aulas, construcción de tres aulas, construcción de laboratorio, unidad sanitaria y dotación de mobiliario básico escolar en la IE de Tierra Bomba, a pesar que la ejecución de la interv entoría resultaba inviable por no encontrarse siquiera formalizado el proceso licitatorio para contratar la obra pública objeto de interventoría, evidenciándose con ello una innegable falta de planeación contractual. [lo que denota] «una evidente falta de planeación en la etapa precontractual y contractual (a la firma del contrato de interventoría), pues éste último debía celebrarse de manera coordinada con el contrato de obra, pública, de lo contrario no tendría razón de ser, suscribir un contrato frente a una interventoría que no podía realizarse».

3.16. El demandante interpuso recurso de apelación con base en los siguientes argumentos19: (i) el fallo estuvo falsamente motivado, en tanto desconoció que el contrato de interventoría objeto de la sanción disciplinaria, cumplió con la finalidad y objeto para los cuales fue estructurado, (ii) la autoridad disciplinaria efectuó una indebida interpretación del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, porque contrario a lo

contrato de interventoría objeto de la sanción disciplinaria, cumplió con la finalidad y objeto para los cuales fue estructurado, (ii) la autoridad disciplinaria efectuó una indebida interpretación del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, porque contrario a lo afirmado en el fallo de primera instancia, la norma no supone la existencia del contrato de obra con anterioridad a la celebración de l contrato de interventoría, ni tampoco establece el requisito referido a una supuesta simultaneidad en la suscripción de ambos contratos , en ese sentido, la norma se limita a aclarar la necesidad de que la vigilancia y control de las obras sea ejercida po r una persona independiente de la entidad que haya efectuado la licitación pública, (iii) la autoridad disciplinaria vulneró el principio de tipicidad porque se sustentó en inferencias implícitas sobre el carácter accesorio del contrato de interventoría sobre el de obra pública, (iv) la Procuraduría no probó la existencia de la tipicidad del comportamiento, ni su ilicitud sustancial, de conformidad con lo exigido en el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 , ya que hubo una indebida imputación subjetiva del comportamiento, pues la imputación de cargos fue diáfana y ambigua , y se valoró de forma indebida el comportamiento del imputado, pues es ingeniero civil y no jurista, por lo cual no estaba familiarizado con los aspectos jurídicos de la contratación pública, en este punto, no se valoró el testimonio de Angélica Genes Fortich, asesora jurídica del contrato objeto de investigación, (v) actuó dentro de su deber funcional, pues consultó a los profesionales de la Unidad Interna de

contratación pública, en este punto, no se valoró el testimonio de Angélica Genes Fortich, asesora jurídica del contrato objeto de investigación, (v) actuó dentro de su deber funcional, pues consultó a los profesionales de la Unidad Interna de Contratación del distrito antes de suscribir los contratos de interventoría y obra y (vi) la sanción impuesta fue desproporcionada.

3.17. La Procuraduría Regional de Bolívar confirmó la sanción el 15 de mayo de

201520. La autoridad disciplinaria indicó que los argumentos del recurrente, relacionados con que el contrato de interventoría fue suscrito con el lleno de los requisitos legales y que se desarr olló y cumpli ó a cabalidad su objeto, indistintamente que haya sido celebrado con anterioridad a la adjudicación del contrato de obra objeto de intervención, no era de recibo, pues no se le cuestionó respecto de esos aspectos. En efecto, la sanción se dio porque «existió una trasgresión flagrante a los principios de la con tratación estatal que son eje s estructurales

19 Visible a folios 212 a 232 del pdf «CUADERNO # 7.pdf» 20 Visible a folio 238 a 289 del pdf «CUADERNO # 7.pdf»Demandante: Antonio Flórez Garizabal Radicado: 13001-23-33-000-2015-00708-01 (3151-2023)

de tan transcendental función administrativa». Para la Procuraduría el disciplinado, so pretexto de la ausencia de tipicidad de la conducta ya que la ley no determinó el ámbito temporal en que debía celebrarse el contrato de interventoría, consideró que esta circunstancia es indiferente para el reproche disciplinario , lo cual consideró

pretexto de la ausencia de tipicidad de la conducta ya que la ley no determinó el ámbito temporal en que debía celebrarse el contrato de interventoría, consideró que esta circunstancia es indiferente para el reproche disciplinario , lo cual consideró errado, pues en realidad se presentó:

«[…] violación a los principios estructurales de la actividad contractual, […] falta de coherencia, lógica, planeación y desgaste del aparato administrativo o institucional en una consultoría que se contrató muchísimo tiempo antes que la obra objeto de control, y sin que se contarán con antecedentes administrativos en etapa precontractual de la obra que brindara certeza y rectitud en el actuar de la función pública que desempeñaba el ex Secretario de Infraestructura Distrital de la Alcaldía de Cartagena de Indias.

Así pues, estimamos que se cumplieron en la primera instancia de este proceso disciplinario con los presupuestos procesales mínimos para arrogarle las garantías fundamentales al disciplinario, tal es el caso del debido proceso y el derecho a la defensa, para lo cual, se procedió a efectuar la adecuación típica, y de contera, el reproche de ilicitud sustancial. Hasta el punto en que cabe válidamente la siguiente pregunta o interrogante: ¿Qué hub iera pasado si por cualquier contingencia no hubiera podido celebrarse el contrato de obra que muchos meses después se estructuró? Dejamos la respuesta en la reflexión íntima del disciplinado, por ser obvia.

En ese sentido, es indiferente para el reproche a la falta del deber funcional si la obra se celebró o no, es el gravísimo riesgo en que puso a la administración y al interés social y colectivo que en esta instancia corresponde proteger, ya que la interpretación

En ese sentido, es indiferente para el reproche a la falta del deber funcional si la obra se celebró o no, es el gravísimo riesgo en que puso a la administración y al interés social y colectivo que en esta instancia corresponde proteger, ya que la interpretación literal so pretexto del principio de legalidad no son de recibo para el sentido y alcance sistemático e integral que se debe hacer de la contratación estatal en Colombia. Esto por cuanto, en realidad lo que aquí se está reprochando, tanto en sede de la Procuraduría Provincial de Cartagena, y ahora a partir de la Regional de Bolívar, es que violaron los principios de planeación, responsabilidad y economía en que se fundamenta la contratación estatal en Colombia».

1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 29 de la Constitución; 4, 8, 19 y 48.31, 170 -numerales 4 y 5y 171 de la Ley 734 de 2002 y 32.1 de la Ley 80 de 1993.

5. En el concepto de violación el demandante adujo que los actos administrativos demandados están motivados de manera falsa , porque : (i) se realizó de forma indebida la subsunción típica del comportamiento , y por lo tanto, la autoridad disciplinaria lo sancionó por un comportamiento que no se encuentra descrito en la Constitución y la ley como una falta disciplinaria , (ii) no existió la ilicitud sustancial, puesto que las acciones del demandante no afectaron un deber funcional, ni causaron lesión a un principio de la función administrativa, ello, en tanto se cumplió la finalidad del artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993, pues la obra objeto del contrato

puesto que las acciones del demandante no afectaron un deber funcional, ni causaron lesión a un principio de la función administrativa, ello, en tanto se cumplió la finalidad del artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993, pues la obra objeto del contrato de interventoría finalmente fue vigilada por parte de un interventor independiente de la entidad contratante, y (iii) por violación del principio d e culpabilidad, pues no se estudiaron todos los elementos probatorios que permitían determinar que el disciplinado actuó con el deber de cuidado que le era exigible , no tuvo en consideración que el disciplinado no es abogado y , por lo tanto, se apoyó en el equipo de profesionales que conformaban la Unidad Interna de Contratación en la Secretaría de Infraestructura Distrital, que lo asesor ó en los procesos de contratación.Demandante: Antonio Flórez Garizabal Radicado: 13001-23-33-000-2015-00708-01 (3151-2023)

6. Por otra parte señaló, que la autoridad disciplinaria no tuvo en cuenta que pese a que en 2010 no se culminó el proceso de contratación de la obra de la IE Tierra Bomba, el demandante debía cumplir con su deber funcional de adelantar el concurso de méritos para adjudicar el contrato de interventoría en tanto este era un proceso paralelo al de contratación de la obra pública.

7. Finalmente expresó que la sanción impuesta es desproporcionada, en tanto su comportamiento no se subsumía en la culpa gravísima , por «desatención elemental de las reglas de obligatorio cumplimiento», pues, como ya se anotó, considera que actuó con el deber de cuidado que le era exigible, ya que se apoyó en el equipo de

comportamiento no se subsumía en la culpa gravísima , por «desatención elemental de las reglas de obligatorio cumplimiento», pues, como ya se anotó, considera que actuó con el deber de cuidado que le era exigible, ya que se apoyó en el equipo de profesionales que conformaban la Unidad Interna de Contratación en la Secretaría de Infraestructura Distrital, que lo asesoró e