CE - 013331004201100275011SENTENCIA20231214095114

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 13001333100420110027501 (53446)

Demandante: ÁLVARO JOSÉ ÁLVAREZ MURILLO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Tema: Omisión en traslado oportuno de soldado regular herido. Límites al recurso de apelación. No se probó culpa exclusiva de la víctima ni fuerza mayor. Liquidación de perjuicios. Principio non reformatio in pejus.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contra la sentencia del 31 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El 4 de marzo de 2009 el soldado conscripto Álvaro José Álvarez Murillo sufrió un trauma con objeto vegetal en su ojo izquierdo , durante una operación de registro, control y vigilancia en la vereda “La Arcadia”, del municipio de Morales (Bolívar). El 21 de junio de 2011, la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional dictaminó que el soldado Álvarez Murillo había sufrido una pérdida de la capacidad laboral del 58.5%

21 de junio de 2011, la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional dictaminó que el soldado Álvarez Murillo había sufrido una pérdida de la capacidad laboral del 58.5% por la pérdida de visión de su ojo izquierdo. Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la lesión en el ojo izquierdo de Álvaro José Álvarez Murillo , pues aducen que ella se ocasionó porque luego de sufri r la lesión ocular , no fue trasladado oportunamente a un centro de salud.2

Radicado: 13001333100420110027501 (53446)

Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y otros

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 26 de abril de 20111, Álvaro José Álvarez Murillo, Ingrit Tatiana Mantilla Garzón, Angie Vanesa Álvarez Mantilla y Edwin Arley Álvarez Mantilla, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable de la lesión en el ojo izquierdo de Álvaro José Álvarez Murillo.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, 80 SMLMV a Ingrit Tatiana Mantilla Garzón, 60 SMLMV a Álvaro José Álvarez Murillo y 50 SMLMV a Angie Vanesa Álvarez Mantilla y Edwin Arley Álvarez Mantilla ; por daño a la salud, 60 SMLMV a

Garzón, 60 SMLMV a Álvaro José Álvarez Murillo y 50 SMLMV a Angie Vanesa Álvarez Mantilla y Edwin Arley Álvarez Mantilla ; por daño a la salud, 60 SMLMV a Álvaro José Álvarez Murillo; por lucro cesante consolidado, la suma de $20.929.002,79 a Álvaro José Álvarez Murillo ; y por lucro cesante futuro, la suma de $174.844.960,95 a Álvaro José Álvarez Murillo.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 4 de marzo de 2009, el soldado conscripto Álvaro José Álvarez Murillo sufrió un trauma con objeto vegetal en su ojo izquierdo durante una operación de registro, control y vigilancia en la vereda “La Arcadia”, del municipio de Morales (Bolívar).

Indica que el 26 de marzo de 2009 , Álvaro José Álvarez Murillo acudió a consulta oftalmológica y en ella el personal médico le diagnosticó “queratitis compatible con origen micótico vs por acantamoeba” , inició tratamiento antimicótico y solicitó exámenes microbiológicos.

Advierte que el 22 de abril 2009, el soldado regular acudió nuevamente a consulta oftalmológica porque “no presenta[ba] mejoría”. Por ello, el personal médico formuló

1 Fl. 1 a 22, C. 1.3

Radicado: 13001333100420110027501 (53446)

Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y otros

medicamento oftalmológico y solicitó practicar los exámenes microbiológicos “para poder establecer el microorganismo involucrado en la condición del paciente”.

Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y otros

medicamento oftalmológico y solicitó practicar los exámenes microbiológicos “para poder establecer el microorganismo involucrado en la condición del paciente”.

Aduce que el 30 de junio de 2009, el personal médi co le realizó al paciente una ecografía ocular e identificó como posibles hipótesis diagnosticas que tenía “condensaciones vítreas, retina adherida y desprendimiento parcial del vitreo posterior”.

Destaca que el 19 de septiembre de 2009, el médico tratante valoró los exámenes oculares del paciente, le diagnosticó “etiología por microsporidios” e inició el tratamiento indicado para dicha afección. Sin embargo, aducen que en fecha indeterminada, Álvaro José Álvarez Murillo perdió la visión del ojo izquierdo.

Finalmente, afirma que el 21 de junio de 2011, la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional calificó la disminución laboral del soldado Álvaro José Álvarez Murillo en 58.5% por la vascularización corneal de su ojo izquierdo y lo clasificó como no apto para el servicio.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la lesión en el ojo izquierdo de Álvaro José Álvarez Murillo, pues aducen que ella se ocasionó porque luego de sufrir la lesión ocular, no fue trasladado oportunamente a un centro de salud.

Textualmente solicitan en la demanda: “declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército

lesión ocular, no fue trasladado oportunamente a un centro de salud.

Textualmente solicitan en la demanda: “declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de los perjuicios materiales, morales, fisiológicos y daños en la vida de relación, causados a mis representados, con el hecho del 4 de marzo de 2009 sufriendo durante la acción del servicio militar obligatorio trauma en el ojo izquierdo con elemento vegetal micótico, que le originara un compromiso corneano con leucoma extenso comprometiendo el eje visual tipo queratitis infecciosa, trayendo como consecuencia la pérdida visual del ojo izquierdo, situaci ón que tuvo este desenlace debido a la permisión del desarrollo infeccioso del hongo que finalmente fue lo que causó la pérdida visual, hecho imputable al Estado por la reprochable demora […] Lo anterior se fundamenta en que a pesar de contar Álvaro José Álvarez4

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Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y otros

Murillo con la remisión médica del Hospital del Municipio de Morales al Hospital Militar de Bucaramanga, el personal militar encargado, omitió la evacuación subestimando la lesión que presentaba el ojo, ordenando su evacuación veintiún (21) días después de acaecido el accidente, originando las consecuencias graves que se registran en la historia clínica”.

2. Contestación

El 10 de junio de 20112, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

que se registran en la historia clínica”.

2. Contestación

El 10 de junio de 20112, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. El Ejército Nacional3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no era responsable del daño sufrido por Álvaro José Álvarez Murillo, puesto que la víctima, en su calidad de soldado regular, tenía la carga d e soportar los riesgos propios del servicio que prestaba. Además, manifestó que la lesión padecida por el soldado obedeció a su propio descuido y resaltó que dentro del plenario no se probó la pérdida de capacidad laboral ordinaria de la víctima. Propuso las excepciones de culpa exclusiva de la víctima y falta de legitimación en la causa por activa de Ingrit Tatiana Mantilla Garzón.

2.2. El Ministerio Público guardó silencio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 17 de junio de 20144 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El Ejército Nacional5 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

3.2. La parte accionante y el Ministerio Público guardaron silencio.

2 Fl. 111, C. 1. 3 Fl. 133 a 138, C. 1. 4 Fl. 274, C. 1. 5 Fl. 275 a 279, C. 1.5

Radicado: 13001333100420110027501 (53446)

3 Fl. 133 a 138, C. 1. 4 Fl. 274, C. 1. 5 Fl. 275 a 279, C. 1.5

Radicado: 13001333100420110027501 (53446)

Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y otros

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 31 de julio de 20146, el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la lesión física ocasionada al soldado Álvaro José Álvarez Murillo se produjo porque “le tocó asumir una carga adicional la cual no era posible exigírsele, ni estaba obligado a soportarla”.

Textualmente expuso la sentencia que: “En el presente caso, se puede afirmar que hay un rompimiento de las cargas públicas, puesto que el señor Álvaro José Álvarez Murillo fue vinculado a las Fuerzas Militares como soldado regular, vinculación que constituye una de las formas de conscripción, afectándosele lícitamente en sus derechos a la libertad y libre locomoción, siendo enviado junto a otros militares a cumplir labores del servicio, y durante la ocurrencia del hecho que produjo en el servicio por causa y en razón del mismo como se desprende del informe de lesiones visible a folio 32. La evidencia del expediente demuestra claramente que el soldado regular, sufrió tal daño con ocasión del devenir de sus funciones, y que no podría ser de manera alguna previsible la ocurrencia de tal daño, y no podría este rehusarse a cumplir su encargo, de manera que por tal circunstancia sufrió la

regular, sufrió tal daño con ocasión del devenir de sus funciones, y que no podría ser de manera alguna previsible la ocurrencia de tal daño, y no podría este rehusarse a cumplir su encargo, de manera que por tal circunstancia sufrió la pérdida de la visión en su ojo izquierdo lo que ha dejado secuelas como lo es la perdida de la capacidad laboral en un porcentaje del 58.5%. Frente a estos hechos, el Estado no puede pretender que la afectación al derecho de la vida esté incluido dentro de las cargas que el soldado conscripto tenga la obligación de soportar en cumplimiento de la carga inicialmente impuesta, así como las lesiones producto del servicio militar obligatorio. En el presente caso el rompimiento ha consistido en que al joven Álvaro José Álvarez Murillo le tocó asumir una c arga adicional la cual no era posible exigírsele, ni estaba obligado a soportarla, como lo es la p érdida de la visión en su ojo izquierdo, y con esto las secuelas que esto le dejó, situación a la que no se han visto expuestos ni ha asumido el resto de la sociedad”.

6 Fl. 291 a 319, C. Ppal.6

Radicado: 13001333100420110027501 (53446)

Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y otros

En la parte resolutiva, el a quo condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por perjuicios morales, 5 8,5 SMLMV a Álvaro José Álvarez Murillo , y 29,5 SMLMV a Angie Vanesa Álvarez Mantilla y Edwin Arley

Ejército Nacional a pagar, por perjuicios morales, 5 8,5 SMLMV a Álvaro José Álvarez Murillo , y 29,5 SMLMV a Angie Vanesa Álvarez Mantilla y Edwin Arley Álvarez Mantilla, por daño a la salud, 234 SMLMV a Álvaro José Álvarez Murillo, y por lucro cesante, la suma de $195.813.963 a Álvaro José Álvarez Murillo.

5. Recurso de apelación

El 1º de septiembre de 20147, el Ejército Nacional interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 31 de octubre de 20148 y admitido el 8 de abril de 20159.

5.1. El Ejército Nacional10 argumentó que el daño alegado por el extremo activo no le era imputable, toda vez que la lesión física que padeció Álvaro José Álvarez Murillo fue ocasionada por su propia culpa y/o por fuerza mayor.

De hecho, textualmente sostuvo en la alzada : “como se observa claramente en el Informe Administrativo por Lesiones No. 014 de 24 de abril de 2009 es claro en concluir que la lesión padecida por Álvaro José Álvarez Murillo se produjo cuando este encontrándose en un operativo de registro y control de área se golpea con una rama, lo cual obedeció a un descuido de su parte, lo que deja ver sin temor a equívocos que en este hecho no intervino para nada la administración, sino que estamos en presencia de un hecho exclusivo de la víctima o un hecho fortuito por fuerza mayor”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 20 de mayo de 201511 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para

fuerza mayor”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 20 de mayo de 201511 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7 Fl. 321 a 325, C. Ppal. 8 Fl. 330, C. Ppal. 9 Fl. 336 y 337, C. Ppal. 10 Fl. 321 a 325, C. Ppal. 11 Fl. 339, C. Ppal.7

Radicado: 13001333100420110027501 (53446)

Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y otros

6.1. La parte demandante , el Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar , puesto que la cuantía, dada por la sumatoria de las pretensiones12, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 13, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el

declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8614 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, p uesto que se pretende la reparación de un daño por hechos imputa bles a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

12 Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, por medio del cual se modificó el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. 13 La sumatoria de las pretensiones asciende a 665 SMLMV. 14 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de traba jos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.”8

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Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y otros

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto s e trata de un presupuesto procesal y, por ende, ha de examinarse de oficio15.

Así pues, c on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 16, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 17, ofrecer estabilidad del

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del

que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación d e la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 16 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irr enunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 17 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la

17 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el9

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derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo d e certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure18 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del apara to judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure18 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del apara to judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia19, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de

ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducida d como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilid ad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inact iva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inact iva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 19 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fe nece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.10

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Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y otros

reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Ahora bien, para efectos del cómputo de la caducidad cuando el daño consiste en lesiones personales, la Sala Plena de la Sección Terc era de esta Corporación en sentencia del 29 de abril de 2018 20 estableció que éste se determina por el

Ahora bien, para efectos del cómputo de la caducidad cuando el daño consiste en lesiones personales, la Sala Plena de la Sección Terc era de esta Corporación en sentencia del 29 de abril de 2018 20 estableció que éste se determina por el conocimiento del daño. Dicho conocimiento puede ocurrir en dos oportunidades: i) al momento de la ocurrencia del hecho dañoso cuando este resulta evidente en el mismo instante, por ejemplo, pérdida de un miembro superior o inferior y; ii) con posterioridad al momento de ocurrencia del daño, cuando el día del suceso no existe certeza del mismo, es decir, no se sabe en qué consiste la lesión o esta se manifiesta o se determina después del suceso sufrido por el afectado. En este último evento el juez deberá verificar cuándo el afectado conoció del daño y a partir de allí efectuar el cómputo de la caducidad.

Adicionalmente, la mencionada sentencia dispuso que en ningún caso se podrá tener en cuenta la fecha de notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez, pues esta solo determina la magnitud del daño y no la fecha en que se conoció. Respecto de la calificación dispuso que:

"En estas condiciones, la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño, a través de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez no puede constituirse, en ningún caso, como parámetro para contabilizar el término de caducidad, por cuanto:

El dictamen proferido por una junta de calificación de invalidez no comporta un diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida por una persona, pues la junta

caducidad, por cuanto:

El dictamen proferido por una junta de calificación de invalidez no comporta un diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida por una persona, pues la junta se limita a calificar una situación preexistente con base en las prueba s aportadas, entre las cuales se destaca la historia clínica del interesado; además, la junta puede ordenar la práctica de exámenes complementarios para determinar aspectos necesarios que inciden en la valoración de cada caso concreto21.

Su función es la de calificar la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar su origen, es decir, establecer la magnitud de una lesión respecto de la

20 Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de 2018, expediente con radicado número: 54001233100020030120202 (47308). 21www.fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/publicaciones/manuales/VP%20MANUAL%20DE %20PROCEDIMIENTOS%20ADMINISTRATIVOS%20JCI.pdf consultado el 1 de noviembre de 2018 a las 3:26 pm.11

Radicado: 13001333100420110027501 (53446)

Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y otros

cual el afectado directo tiene conocimiento previo, en función de la capacidad laboral de la víctima, por tanto, no constituye criterio que determine el conocimiento del daño, elemento que importa para el cómputo del término de la caducidad, pues se resalta que debe diferenciarse el daño de su magnitud, porque la caducidad tiene relación y punto de partida con el conocimiento del primero.

elemento que importa para el cómputo del término de la caducidad, pues se resalta que debe diferenciarse el daño de su magnitud, porque la caducidad tiene relación y punto de partida con el conocimiento del primero.

Al hacerse depender el cómputo del término de caducidad de la notificación del dictamen practicado por la junta de calificación de invalidez, se dejaría en manos de la víctima directa del daño la facultad de decidir el momento a partir del cual inicia el conteo, pues podría diferir en el tiempo su notificación o, incluso, no realizar el trámite para la calificación de la pérdida de capacidad laboral, lo que dejaría en el limbo la fecha de inicio del conteo.”

De conformidad con lo anterior, será labor del juez definir si el término de caducidad se deberá contar desde el día siguiente al momento de la ocurrencia del daño o desde el día siguiente a que el interesado tuvo conocimiento del mismo 22. Para el efecto, deberá analiza r las circunstancias especiales de cada caso concreto, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el 4 de marzo de 2009, Álvaro José Álvarez Murillo sufrió un trauma con objeto vegetal que le produjo una lesión en su ojo izquierdo , según da cuenta copia simple del informe administrativo de lesiones del 24 de abril de 2009, suscrito por el comandante del Batallón de Ingenieros No. 5 “Caldas”23; ii) que el 2 de marzo de 2011 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 26 de abril de ese

el 2 de marzo de 2011 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 26 de abril de ese mismo año por falta de ánimo conciliator io entre las partes24; y, iii) que ese mismo día25, se presentó la demanda.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis26.

22 Ibídem. 23 Fl. 32, C. 1. 24 Fl. 106 y 107, C. 1. 25 Fl. 1 a 22, C. 1. 26 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del12

Radicado: 13001333100420110027501 (53446)

Demandante: Álvaro José Álvarez Murillo y otros

4.1. Álvaro José Álvarez Murillo (víctima), Angie Vanesa Álvarez Mantilla (hija) y Ed