CE - 013331007201000143012SENTENCIA20230303155334

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 52001333100720100014301 (53442)

Demandante: JUAN CARLOS BASTIDAS CAMPAÑA Y OTROS Demandado: NACIÓN -— FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Tema: Privación de la libertad. Ley 600 de 2000. Se acreditó un daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y por ta Nación — Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia del 6 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 2 de junio de 2007, agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Judicial de Cali, informaron a la Fiscalía General de la Nación que Germán Alonso Bastidas Campaña formaba parte de un grupo de personas que producía sustancias - estupefacientes. Por ello, en la misma fecha, la Fiscalía 14 Especializada Delegada ante el C.E.E. de Santiago de Cali ordenó vincular mediante indagatoria a Germán Alonso Bastidas Campaña, pues consideró que podía ser autor. del delito de concierto para delinquir.

Mediante Resolución del 15 de junio de 2007, la Fiscalía 14 Especializada Delegada ante el C.E.E. de Santiago de Cali impuso medida de aseguramiento consistente en

concierto para delinquir. Mediante Resolución del 15 de junio de 2007, la Fiscalía 14 Especializada Delegada ante el C.E.E. de Santiago de Cali impuso medida de aseguramiento consistente en - detención preventiva en contra de Germán Alonso Bastidas Campaña, por ser presunto autor del delito de concierto para delinquir. Dicha decisión fue confirmada mediante proveído del 16 de octubre de 2007, proferido por la Fiscalia 27 DelegadaRadicado: 52001333100720100014301 (53442) ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, mediante Resolución del 14 de abril de 2008, el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali revocó la medida de aseguramiento referida “al no existir la prueba mínima exigida por el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal”. Finalmente, mediante Resolución del 22 de mayo de 2008, la Fiscalía 4? Especializada Delegada ante la Unidad Nacional Antinarcóticos de interdicción Marítima-UNAIM precluyó la investigación penal seguida en contra de Germán Alonso Bastidas Campaña por ín - dubio pro reo. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto Germán Alonso Bastidas Campaña fue injusta, puesto que se precluyó la investigación penal adelantada en su contra por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de concierto para delinquir.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 29 de abril de 20101, Germán Alonso, Juan Carlos, Javier Fernando, María Constanza y Flor Alba Bastidas Campaña; Germán David y Luisa Fernanda

delinquir.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 29 de abril de 20101, Germán Alonso, Juan Carlos, Javier Fernando, María Constanza y Flor Alba Bastidas Campaña; Germán David y Luisa Fernanda Bastidas Erazo; Floralba Campaña de Bastidas y Liliana Paola Erazo Bastidas, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Germán

Alonso Bastidas Campaña. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los accionantes; por daño a la vida de relación, 500 SMLMV a Germán Alonso Bastidas Campaña y 100 SMLMV a los demás libelistas; por daño emergente, las sumas de $250.000.000 a Germán Alonso Bastidas Campaña y $30.000.000 a Liliana Paola Erazo Bastidas; y por lucro cesante, la suma de $228.666.495 a Germán Alonso Bastidas Campaña. 1Fl.1a18,C. 1.

Demandante: juan Carlos Bastidas Campaña y etrosRadicado: 52001333100720100014301 (53442) Demandante: Juan Carlos Bastidas Campaña y otros En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 2 de junio de 2007, agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Judicial de Cali informaron a la Fiscalía General de la Nación que Germán Alonso Bastidas Campaña formaba parte de un grupo de personas que producía sustancias estupefacientes.

2007, agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Judicial de Cali informaron a la Fiscalía General de la Nación que Germán Alonso Bastidas Campaña formaba parte de un grupo de personas que producía sustancias estupefacientes. Sostiene que en la misma fecha, la Fiscalía 14 Especializada Delegada ante el C.E.E. de Santiago de Cali ordenó vincular mediante indagatoria a Germán Alonso Bastidas Campaña, por ser presunto autor del delito de concierto para delinquir. Señala que mediante Resolución del 15 de junio de 2007, la misma Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Germán Alonso Bastidas Campaña, por ser presunto autor del delito referido. Indica que dicha decisión fue confirmada mediante proveído del 16 de octubre de 2007, proferido por la Fiscalia 27 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Manifiesta que el 7 de noviembre de 2007, la defensa de Germán Alonso Bastidas Campaña solicitó al ente de acusador realizar un control de legalidad de la medida impuesta el 15 de junio de 2007. Señala que el 14 de abril de 2008, el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali revocó la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva “al no existir la prueba mínima exigida por el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal”. Indica que mediante Resolución del 22 de mayo de 2008, la Fiscalía 4 Especializada Delegada ante la Unidad Nacional Antinarcóticos de Interdicción Marítima-UNAIM precluyó la investigación penal seguida en contra de Germán Alonso Bastidas Campaña por in dubio pro reo.

Especializada Delegada ante la Unidad Nacional Antinarcóticos de Interdicción Marítima-UNAIM precluyó la investigación penal seguida en contra de Germán Alonso Bastidas Campaña por in dubio pro reo. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto Germán Alonso Bastidas Campaña fue injusta, puesto que se precluyó la investigación penal adelantada en su contra por no existir convicción o certeza, másRadicado: 52001333100720100014391 (53442) Demandante: Juan Carlos Bastidas Campaña y otros allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de concierto para delinquir.

2. Contestación El 28 de mayo de 2010, el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación — Fiscalía General de la Nación? argumentó que no ocasionó un daño antijurídico al procesado, porque su actuar estuvo amparado en lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución Política y porque impuso medida de aseguramiento en contra del procesado, porque existían indicios en su contra que permitian inferir su presunta participación en el delito investigado. 3, Alegatos de conclusión en primera instancia El 12 de febrero de 2013, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte demandante? y la Nación — Fiscalía General de la Nación? reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de éste, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público” solicitó acceder parcialmente a las pretensiones de la

los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de éste, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público” solicitó acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, alegando que el procesado había sido absuelto por in dubio pro reo. 2 Fl. 130 a 132,C. 1. 3 FL 140 a 147 y 171a178;C. 1. 4 FL, 345, C. 1. 5 Fl. 351 a 358, C. 1. $ Fl. 359 a 363 y 372 a 375; C. 1. 7 Fl. 366 a 371, C. 1.Radicado: 52001333100720100014301 (53442)

Demandante: Juan Carlos Bastidas Campaña y otros

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 6 de junio de 20148, el Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de la que fue objeto Germán Alonso Bastidas Campaña fue injusta, toda vez que fue absuelto por in dubio pro reo, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado.

Al efecto sostuvo que: “[...] se encuentra establecido que el señor Germán Alonso Bastidas Campaña fue vinculado a un proceso penal, capturado, privado de su libertad y posteriormente decretada su libertad en aplicación del principio in dubio pro reo. De conformidad con la línea jurisprudencial acogida por el H. Consejo de Estado, en situaciones de privación de la libertad, la responsabilidad a aplicar es la objetiva [..] Entonces los argumentos de la defensa se despachan

pro reo. De conformidad con la línea jurisprudencial acogida por el H. Consejo de Estado, en situaciones de privación de la libertad, la responsabilidad a aplicar es la objetiva [..] Entonces los argumentos de la defensa se despachan -desfavorablemente, en virtud de que se trata de una acción en que se debate la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, sobre la cual debe aplicarse el régimen de responsabilidad objetivo en razón del cual la parte demandante debe probar la existencia de un daño y el nexo causal con la acción desplegada por el agente estatal, requisitos que se cumplieron por los demandantes y que no fueron desvirtuados por las demandadas [...]”. En la parte resolutiva, el a quo condenó a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios morales, 5,1 SMLMV “por cada mes de detención y parcial por fracción” a Germán Alonso Bastidas Campaña; 20 SMLMV a Liltlana Paola Erazo Bastidas, Germán David Bastidas Erazo, Luisa Fernanda Bastidas Erazo y Floralba Campaña de Bastidas, y 12,5 SMLMV a Juan Carlos Bastidas Campaña, Javier Fernando Bastidas Campaña, María Constanza Bastidas Campaña y Flor Alba Bastidas Campaña; por daño emergente, 50 SMLMV a Germán Alonso Bastidas Campaña; y por lucro cesante, la suma de $1.133.333.333 “que se multiplicará por : el número de meses” a Germán Alonso Bastidas Campaña. $ FL 383 a 409, C. 2.Radicado: 52001333100720100014301 (534423

Demandante: Juan Carlos Bastidas Campaña y otros

5. Recursos de apelación

el número de meses” a Germán Alonso Bastidas Campaña. $ FL 383 a 409, C. 2.Radicado: 52001333100720100014301 (534423

Demandante: Juan Carlos Bastidas Campaña y otros

5. Recursos de apelación Los días 18% y 23% de julio de 2014, la parte demandante y la Nación — Fiscalía General de la Nación interpusieron recurso de apelación, respectivamente, los cuales fueron concedidos el 30 de noviembre de 2016 y admitidos el 20 de febrero de 20171. | 5.1. La parte demandante!? manifestó que debían reconocerse la totalidad de los perjuicios materiales solicitados en la demanda, pues éstos habían sido debidamente acreditados en el proceso. 5.2. La Nación — Fiscalía General de la Nación! sostuvo que no ocasionó un daño antijurídico al procesado, toda vez que impuso medida de aseguramiento en su contra, porque existían indicios graves de responsabilidad penal que daban cuenta de su presunta participación en el delito de concierto para delinquir.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 21 de marzo de 2017 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante?? y la Nación — Fiscalía General de la Nación”? reiteraron los argumentos expuestos en los recursos de apelación. 6.2. El Ministerio Público guardó silencio??. 9 Fl, 4122419 €. 2. 10 Fl, 420 a 423; 444 a 447, C. 2. 11 FL 346, C. 2. '2 FL, 554, C. 2. 13 Fl 412a419,C.2.

9 Fl, 4122419 €. 2. 10 Fl, 420 a 423; 444 a 447, C. 2. 11 FL 346, C. 2. '2 FL, 554, C. 2. 13 Fl 412a419,C.2. 14 Fl, 420 a 423; 444 a 447, C. 2. 18 FL 557, C. 2. -18 Fl. 558 a 566, C. 2. 17 Fl, 567 a 570, C. 2. 18 Fl. 567, C. 2.12] 7

Radicado: 52001333100720100014301 (53442)

Demandante: Juan Carlos Bastidas Campaña y otros

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 6 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996. |

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140%? del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia. -

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico

la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia. -

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la ¿ 19 "Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.Radicado: 52001333100720100014301 (53442) Demandante: Juan Carlos Bastidas Campaña y otros protección del interés general”, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de

público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. de El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción”!, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en ta primera de sus. manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna 2 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en fa necesidad por parte del conglomerado social de obtener

el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en fa necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un. interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 "...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. ”.Radicado: 52001333100720100014301 (53442) Demandante: Juan Carlos Bastidas Campaña y otros situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando

Demandante: Juan Carlos Bastidas Campaña y otros situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure”? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia?3, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. | Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad?.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta ¡) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 29 de enero de 2010, la cual se declaró fallida el 8 de abril de 2010, y ¡i) que 22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los

22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término especifico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ¡pso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 23 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622;

sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 25 Fl, 123, €. 1. 26 Fl. 123, €. 1.10

Radicado: 52001333100720100014301 (53442) Demandante: Juan Carlos Bastidas Campaña y otros aunque no hay constancia de la fecha en la que quedó notificado y/o ejecutoriado el proveído del 22 de mayo de 2008?”, mediante el cual se precluyó la investigación seguida en contra de Germán Alonso Bastidas Campaña, lo cierto es que entre la fecha de dicha providencia y aquella en la que se presentó la demanda, esto es, el 29 de abril de 2010%, no transcurrieron más de dos años.

4. Legitimación en la causa - 4.1. Germán Alonso Bastidas Campaña (víctima), Luisa María Bastidas Erazo (hija), Germán David Bastidas Erazo (hijo), Floralba Campaña Díaz de Bastidas (madre),

Juan Carlos Bastidas Campaña (hermano), María Constanza Bastidas Campaña (hermana), Flor Alba Bastidas Campaña (hermana) y Javier Fernando Bastidas Campaña (hermano), están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado

(hermana), Flor Alba Bastidas Campaña (hermana) y Javier Fernando Bastidas Campaña (hermano), están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 75474, según dan cuenta las providencias trasladadas de dicho expediente; y los demás conforman su núcleo familiar, tal como puede evidenciarse en las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento, 4.2. Liliana Paola Erazo Bastidas está legitimada en la causa por activa como compañera permanente de Germán Alonso Bastidas Campaña, pues si bien las declaraciones extra juicio allegadas! al plenario no tienen valor probatorio por cuanto no surtieron el trámite previsto para la ratificación?, se acreditó tal condición 27F135a93,C. 1. Y FI. 356 2414, C. 5, Fl 1a18,C.1. 2 FL 356 a 414, C. 5. 30 Fl. 105, 106, 101, 102, 103, 104, C. 1. 31 108 y 109, C. 1. 32 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de agosto de 2019, Rad.: 44373.

Esta Sala ha indicado que: “f...) en cuanto a la legitimación en la causa por activa de María Libia Ruiz Berrio, la Sala observa que tampoco está legitimada para actuar, pues no se encuentra acreditado que ella era la compañera permanente de Jhon Jairo Espinoza Álvarez, ya que para acreditar esta condición aportó dos (2) declaraciones extra juicio de fecha 3 de octubre de 2003 rendidas por Francisco Javier Hernández y María Nhora García Reyes en la Notaría Segunda de

acreditar esta condición aportó dos (2) declaraciones extra juicio de fecha 3 de octubre de 2003 rendidas por Francisco Javier Hernández y María Nhora García Reyes en la Notaría Segunda de Medellín. Dichas declaraciones no surtieron el trámite previsto para la ratificación; tal y como lo disponen los artículos 229, 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil [hoy artículo 222 del C.G.P], motivo por el cual, atendiendo la jurisprudencia pacífica de la Sección Tercera de esta Corporación, no se tendrán como prueba suficiente para acreditar la calidad aducida”. (Se resalta) “Artículo 229. Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos: 1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior. 2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299. Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de11

Radicado: 52001333100720100014301 (53442) Demandante: Juan Carlos Bastidas Campaña y otros al ser valoradas en conjunto con los registros civiles de nacimiento de Luisa María Bastidas Erazo y Germán David Bastidas Erazo, que son hijos de ambos?3. 4.3. La Nación está legitimada en fa causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección%, puesto que fue la entidad que adelantó la instrucción penal e impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Germán Alonso Bastidas Campaña.

5. Problemas jurídicos

señalados por la jurisprudencia de esta Sección%, puesto que fue la entidad que adelantó la instrucción penal e impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Germán Alonso Bastidas Campaña.

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar: i) si se cumplieron los términos procesales para recibir la indagatoria y para definir la situación jurídica del sindicado, o si se prolongó injustificadamente su detención, generando un daño antijurídico que deba repararse; y ii) si la medida de aseguramiento cumplió con los presupuestos legales que se exigían para su imposición, o si con ésta se generó un daño antijurídico que el Estado tenga la obligación de resarcir.

6. Solución de los problemas jurídicos Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, el desarrollo jurisprudencial frente al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad. común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria. Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”. “Artículo 298. Quien pretenda aducir en un proceso el testimonio de una persona podrá pedir que se le reciba declaración extraprocesal con citación de la contraparte”. “Artículo 299. Los testimonios para fines no judiciales, se rendirán exclusivamente ante notarios o alcaldes. Igualmente los que tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria; en este caso, el peticionario afirmará bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del

alcaldes. Igualmente los que tengan fines judiciales y no se pida la citación de la parte contraria; en este caso, el peticionario afirmará bajo juramento, que se considera prestado con la presentación del escrito, que sólo están destinados a servir de prueba sumaria en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clase de prueba, y sólo tendrán valor para dicho fin”. 33 FI. 105 y 106, C. 1. : 34 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 20420.12

Radicado: 52001333100720100014301 (53442) Demandante: Juan Carlos Bastidas Campaña y otros 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991% consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho3, que contraría el orden legal?” o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida”, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para

patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas pública