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Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

1 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REVISIÓN EVENTUAL Radicación: 27001-33-33-001-2009-00224-01

Demandantes: CRISTÓBAL MENA CÓRDOBA Y OTROS

Demandados: MUNICIPIO DE RÍO QUITO Y OTROS

Tema: Mecanismo de revisión eventual del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo – auto que resuelve sobre las solicitudes de insistencia

La Sala resuelve las solicitudes de insistencia de revisión eventual de la Agencia Nacional de Minería (ANM), de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), contra la sentencia de 27 de mayo de 202 2 del Tribunal Administrativo del Chocó que confirmó la providencia de 3 de marzo de 2016 del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó , en el proceso de acción de grupo con radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01.

del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó , en el proceso de acción de grupo con radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

A través de apoderado, el señor Cristóbal Mena Córdoba y otros habitantes del municipio de R ío Quito 1 ejercieron la acción de grupo contra la Nación – Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial [hoy Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Ambiente y Desarrollo Sostenible], el municipio de Río Quito, la Corporación Autónoma Regional del Chocó (CODECHOCÓ) y el Instituto Colombiano de Geología y Minería [hoy Agencia Nacional de Minería (ANM)]. Lo anterior, a través de diversas demandas 2 y con el fin, en síntesis, de que se ordenara lo siguiente:

1 Departamento de Chocó. 2 La demanda se presentó el 4 de abril de 2009 según la información de SAMAI del trámite en primera instancia radicación n.º 27001-33-31-001-2009-00224-00, los demandantes fueron 23 personas, según se indicó en auto 12 de mayo de 2009 del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó. En auto de 21 de septiembre de 2009, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó acumuló el anterior trámite al identificado con la radicación n.º 27001 -33-33-003-2009-00288-00, por tener iguales supuestos fácticos y jurídicos, que se resumen en esta providencia. El grupo de accionantes de ese asunto es de 1199 demandantes, según se indicó en la diligencia de conciliación judicial, de que trata el artículo

supuestos fácticos y jurídicos, que se resumen en esta providencia. El grupo de accionantes de ese asunto es de 1199 demandantes, según se indicó en la diligencia de conciliación judicial, de que trata el artículo 61 de la Ley 472 de 1998, convocada en auto de 11 de julio de 2012 y que el Juzgado llevó a cabo el 9 de agosto de 2012. En todo caso, en la sentencia de segunda instancia de 27 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Chocó precisó que «el juez de primera instancia aceptó a […] 1381 personas como beneficiarias del fallo,Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

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(1) Cesar la actividad minera que se realiza en la cuenca del Río Quito.

(2) Adoptar las medidas necesarias a fin de reestablecer ambientalmente la cuenca del Río Quito.

(3) Reconocer la indemnización colectiva por los perjuicios materiales e inmateriales causados por los diversos efectos ambientales adversos, derivados de la actividad minera en la zona.

(4) A título indemnizatorio , los accionan tes pidieron el reconocimiento de los perjuicios materiales, por daño emergente , e inmateriales, por daño moral y daño a la vida de re lación, de cada uno de los integrantes del grupo demandante.

Las demandas se fundamentaron en los siguientes hechos relevantes:

perjuicios materiales, por daño emergente , e inmateriales, por daño moral y daño a la vida de re lación, de cada uno de los integrantes del grupo demandante.

Las demandas se fundamentaron en los siguientes hechos relevantes:

Los accionantes pertenecen a la comunidad afrodescendiente que habita en la cuenca del Río Quito e indicaron que «27 dragas de maquinaria pesada se tomaron el cauce […], a fin de explotar cuanto mineral precioso se encontrara en su lecho ». Como co nsecuencia de la explotación minera ilegal, señalaron múltiples daños ecológicos, a la salud de la población y de afectación a su mínimo vital.

En suma, el grupo de demandantes argumentó que las autoridades accionadas incurrieron en falla del servicio , por acción, al permitir la masiva y mecanizada explotación minera en la zona y , por omisión, al no tomar medidas eficaces, en ejercicio de sus funciones como órganos de vigilancia y control en materia ambiental para prevenir, erradicar y fiscalizar la actividad de explotación en el territorio y asumir una actitud negligente frente a la incalculable destrucción natural en la cuenca del Río Quito.

2. Sentencia de primera instancia

En sentencia de 3 de marzo de 2016, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó declaró administrativa y patrimonialmente responsables a las entidades demandadas por omisión, por los daños ambientales y ecológicos causados a la cuenca del Río Quito , producto de la minería ilegal , dado que no ejercieron los deberes de control y vigilancia a su cargo.

demandadas por omisión, por los daños ambientales y ecológicos causados a la cuenca del Río Quito , producto de la minería ilegal , dado que no ejercieron los deberes de control y vigilancia a su cargo.

porque se hicieron parte dentro del proceso», lo anterior a partir del «[c]ertificado de vecindad en donde se da cuenta que 1381 personas son habitantes de dicho ente territorial», prueba que se requirió al municipio de Río Quito, en auto de 1.º de julio de 2014 «solicitar informes o documentos, a la inspección de Policía, Personería y alcaldía del Municipio de Río Quito sobre si las personas indicadas en las demandas tienen su domicilio o no en esa municipalidad». El expedi ente físico se encuentra digitalizado y fue incorporado en el índice 20 al SAMAI, del trámite de segunda instancia, por parte de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó.Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

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En consecuencia, las condenó a pagar «al Fondo para la protección de los derechos e intereses colectivos, admin istrado en los términos de ley, por el Defensor del Pueblo », a título de indemnización colectiva, por concepto de perjuicios inmateriales la suma de treinta ( 30) SMMLV y material es la suma equivalente a veinte ( 20) SMMLV para 7.005 personas que estimó llegarían a

Defensor del Pueblo », a título de indemnización colectiva, por concepto de perjuicios inmateriales la suma de treinta ( 30) SMMLV y material es la suma equivalente a veinte ( 20) SMMLV para 7.005 personas que estimó llegarían a integrar el grupo de potenciales afectados, incluidos los demandantes, quienes deberían acreditar ante el defenso r del Pueblo, con prueba idónea, su pertenencia al grupo.

Asimismo, condenó en costas a las accionadas, dispuso diversas medidas de justicia restaurativa y garantías de no repetición , con el fin de que se ordenar a el cese inmediato y definitivo de la explotación minera ilegal en la cuenca del Río Quito, y que se adoptaran las medidas y acciones eficaces para restablecer la vida, el paisaje , el ecosistema y el cauce de la fuente hídrica . Finalmente, se exhortó a l gobierno nacional para que , a través de un documento CONPES, manejara en forma integral la problemática de la minería ilegal en la zona.

La indemnización colectiva se efectuó en virtud del principio de equidad y con fundamento en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 , «aun cuando los demandantes no probaron con suficiencia su monto ». Lo anterior, dado que era indudable la contaminación del agua del Río Quito , los cambios del entorno sociocultural de las comunidades y el daño antijurídico causado a los habitantes de la cuenca, de acuerdo con lo probado en el proceso.

3. Impugnaciones

La ANM y el MADS recurrieron la decisión del a quo. En resumen, alegaron su falta de legitima ción en la causa por pasiva, habida cuenta de que, dentro de

3. Impugnaciones

La ANM y el MADS recurrieron la decisión del a quo. En resumen, alegaron su falta de legitima ción en la causa por pasiva, habida cuenta de que, dentro de sus funciones no está la de tomar medidas frente a la explotación minera ilegal, sino que correspond ía a las autoridades territoriales accionadas . Aunado a lo anterior señalaron que la decisión de segunda instancia incurrió en defecto fáctico por las siguientes razones:

(i) Se valoró inadecuadamente la prueba aportada por el alcalde del municipio de Río Quito, esto es, el certificado de vecindad , en donde consta que «1381 personas» son las que habitan en dicha entidad territorial y no 7.005, tal y como determinó la decisión que era el grupo de afectado s, con lo que se puso en cuestión la legitimación en la causa por activa.

(ii) No se demostró el daño material y moral individual de cada una de las 7.005 personas que, según la condena, habitan la zona.

(iii) No tuvo en cuenta que l a población participó en las actividades de explotación minera ilegal, motivo por el cual, no se acreditó el nexo causal, ni la responsabilidad endilgada a las accionadas por la supuesta omisión en el deber de vigilancia y control.Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

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(iv) La autoridad judicial debió declarar la concurrencia de culpas pues, si bien existió un daño ambiental, fue generado por el hecho de terceros. Además, sostuvieron que los propios accionantes se beneficia ron de la explotación minera ilegal.

4. Fallo de segunda instancia

El 27 de mayo de 2022 , el Tribunal Administrativo del Chocó dictó sentencia de segunda instancia en la acción de grupo3, mediante la cual confirmó4 la decisión del 3 de marzo de 2016 del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó5.

3 El Tribunal Administrativo del Chocó , en sentencia de 27 de enero de 2017 , confirmó la decisión de primera instancia, y contra dicha decisión fueron formuladas solicitudes de revisión eventual, negadas en providencia de 9 de mayo de 2019 dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado –radicado n.º 27001-23-31-001-2009-00224-01–. Sin embargo, la sentencia del Tribunal fue dejada sin efectos por esta corporación, vía acción de tutela contra providencia judicial que se tramitó con el radicado n.º 11001-0315-000-2019-04839-00 - 11001-03-15-000-2019-04968-00 (acumulados), dado que se concluyó que el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en defecto procedimental absoluto al no haberse pronunciado respecto de todas las excepciones formuladas por las demandadas.

Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en defecto procedimental absoluto al no haberse pronunciado respecto de todas las excepciones formuladas por las demandadas. 4 Para mayor claridad, la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia fue la siguiente: «PRIMERO: ACÁTASE por medio de este proveído lo dispuesto por el Honorable Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección TerceraSubsección A, en la sentencia de tutela del nueve de septiembre de dos mil veintiuno (2021), confirmada mediante sentencia dos (2) de mayo de dos mil veintidós (2022) , proferida por la Sección Tercera - Subsección B, de la misma Corporación, que amparó los derechos fundamentales alegados como vulnerados por este Tribunal.

SEGUNDO: DENIÉGUESE LA NULIDAD planteada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DENIÉGUENSE las excepciones de mérito planteadas por las entidades demandadas en sus escritos de apelación, esto es, falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho de un tercero, inexistencia de la omisión e inexistencia de prueba del daño y concurrencia de culpa, lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia No. 024 del 3 de marzo de 2016, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro del proceso promovido por CRISTOBAL MENA C Y OTROS contra El Municipio del Río Quito y Otros, que accedió a las súplicas de la demanda.

Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro del proceso promovido por CRISTOBAL MENA C Y OTROS contra El Municipio del Río Quito y Otros, que accedió a las súplicas de la demanda.

QUINTO: CONDENESE EN COSTAS de segunda instancia a las entidades demandadas Agencia Nacional de Minería y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en suma equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

SEXTO: Ejecutoriada está providencia devuélvase el expediente al Juzgado de origen, archívese el expediente y cancélese su radicación.

SÉPTIMO: INFÓRMESE esta decisión al H. Consejo de Estado -Sección Tercera - Subsección A y ENVÍESE copia de esta providencia a la H. Corte Constitucional, donde debe estar surtiéndose la eventual revisión de la Acción de Tutela radicada bajo el número : 11001-03-15-000-2019-04839-00, 11001-03-15000-2019-04968-00 (Acumulados) Demandante: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otro, Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro» [se transcribe tal cual incluso con posibles errores]. 5 El municipio de Río Quito apeló la decisión de 3 de marzo de 2016 del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó . Sin embargo, el profesional del derecho que indicó representar al municipio no aportó poder conforme las previsiones del artículo 74 del CGP. Por tanto, pese a que la autoridad judicial de segunda instancia requirió sanear el saneamiento de la irregularidad y, con ello, tener por acreditada en debida forma la representación judicial de la entidad territorial del ente territorial, dicho defecto no fue

segunda instancia requirió sanear el saneamiento de la irregularidad y, con ello, tener por acreditada en debida forma la representación judicial de la entidad territorial del ente territorial, dicho defecto no fue corregido y, en consecuencia, no se tomaron en cuenta los argumentos del escrito presentado. A su turno, CODECHOCÓ y la ANDJE, también impugnaron la sentencia de primera instancia . No obstante, sus memoriales fueron radicados extemporáneamente y, en consecuencia, sus argumentos no fueron abordados por parte del Tribunal. Asimismo, la ANDJE propuso incidente de nulidad por falta de competencia del juez de primera instancia para tramitar la acción de grupo, acorde con lo dispuesto en el artículo 152, numeral 16, del CPACA. Sin embargo, en la sentencia objeto de revisión estudió no se decretó la nulidad porque la solicitud fue presentada en fecha posterior a la adopción de la sentencia de primera instancia y la admisión de los recursos presentados contra ella y, en todo caso, la entidad se basó en normativa no aplicable al asunto, dado que el proceso inició en el año 2009, es decir, en vigencia el Código Contencioso Administrativo (CCA), en cuyo artículo 51 previo que las acciones de grupo serían de conocimiento, en primera instancia, por de los jueces administrativos.Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

5 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El problema jurídico a resolver se centró en determinar si estaba acreditado el

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El problema jurídico a resolver se centró en determinar si estaba acreditado el daño antijurídico atribuible a las entidades demandadas por su supuesta omisión en el ejercicio de sus competencias misionales tendientes a impedir la contaminación y deterioro ambiental en la cuenca del Río Quito y, si de acreditarse ese hec ho, había lugar a ordenar indemnización en favor de las víctimas que demostraran tal condición o si, por el contrario, en el expediente se configuraba alguna de las causales eximentes de responsabilidad alegadas por las apelantes, tales como la falta de legitimación en la causa [activa y pasiva]; el hecho de un tercero ; la inexistencia de omisión y de prueba del daño ; y la posible concurrencia de culpa de las víctimas en la producción del mismo.

Para desarrollar el problema jurídico, en primera medida, el ad quem citó a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado 6 para clarificar los conceptos entre daño y perjuicio 7, to da vez que las apelantes confundían la diferencia conceptual entre éstos, y a partir del material probatorio que tuvo en cuenta el a quo, la segunda instancia sostuvo que el daño antijurídico resultaba innegable en el caso concreto.

Seguidamente, en cuanto a los argumentos de las apelantes atinentes al monto de la condena , el número de habitantes y la «presunción judicial» a partir de la cual si la persona residía en el municipio tenía derecho a la indemnización pecuniaria, la autoridad judicial desestimó las alegaciones mencionadas porque 1) dichas personas podrían ser potenciales beneficiarios de la condena, pues la

cual si la persona residía en el municipio tenía derecho a la indemnización pecuniaria, la autoridad judicial desestimó las alegaciones mencionadas porque 1) dichas personas podrían ser potenciales beneficiarios de la condena, pues la Corte Constitucional8 indicó que en las acciones de grupo el juez debe ponderar las sumas individuales de indemnización y 2) el juez de primera instancia aceptó a esas 1381 personas como beneficiarias del fallo, porque se hicieron parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, en los términos del artículo 55 de la Ley 472 de 19 98. En consecuencia, la segunda instancia sostuvo que el a quo tuvo en cuenta las pruebas del proceso y fue cuidadoso en

6 El Tribunal citó « 55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejero Ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA, Sentencia de 08 de mayo de 2019, Radicación Número: 25000 -23-26-000-2005-01339-01(37.836), Actor: Canales Andrade Y Cía. S. En C, Demandado: Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda, Referencia: Controversias Contractuales». 7 Según se indicó en la sentencia, la antijuridicidad del daño no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad de este por parte de la víctima. Al respecto, el tribunal citó « 51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, [Subsección] C, Consejero Ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA , sentencia de 12 d e

respecto, el tribunal citó « 51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, [Subsección] C, Consejero Ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA , sentencia de 12 d e noviembre de 2014, Radicación número: 73001-23-31-000-1999-02532-01(29828), Actor: Hugo González Rozo y Otros, Demandado: Instituto Colombiano de Reforma Agraria – Incora, Referencia: Acción de Reparación Directa (Apelación Sentencia). […] 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, [Subsección] C, Consejero Ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Sentencia de 22 de enero de 2014, Radicación Número: 680012315000199713602 01 (26956), Actor: Ana Delia Jiménez Castrillón, Demandado: Empresas Públicas de Bucaramanga. Asunto: Acción de Reparación Directa - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, [Subsección] C, Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA , sentencia de 12 de febrero de 2014, Radicación número: 66001 -23-31-000-2006-00672-01(40802), Actor: Néstor de Jesús Zapata Ruiz Y Otros, Demandado: E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira y E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia, Referencia: Acción de Reparación Directa (Apelación Sentencia)». 8 Cita de la sentencia «72 Sentencia T-849A/13, de 26 de noviembre de 2013, Magistrado Ponente: JORGE

San Pedro y San Pablo de la Virginia, Referencia: Acción de Reparación Directa (Apelación Sentencia)». 8 Cita de la sentencia «72 Sentencia T-849A/13, de 26 de noviembre de 2013, Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. Referencia.: expediente T -3975573, Acción de Tutela instaurada por el Departamento del Chocó, contra el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, Chocó. Derechos invocados: debido proceso».Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

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advertir que , aunque eventualmente aumente el número de personas que deseen acogerse al fallo, el monto de la indemnización no aumentará , sino que la suma ya determinada se repartirá entre los beneficiarios que acredit aran la condición de habitantes de la zona , atendiendo lo dispuesto en el artículo 65 ejusdem.

Asimismo, se indicó que ante la falta de prueba directa que determinara la cuantía individual de los perjuicios materiales e inmateri ales, era procedente aplicar el principio de equidad y de reparación integral, con fundamento en los artículos 7.º, 280, 283 y 321 del CGP, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 , aunado a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica ese principio9.

artículos 7.º, 280, 283 y 321 del CGP, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 , aunado a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica ese principio9.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, el juez de segunda instancia la desestimó, teniendo en cuenta los artículos 4.º, 6.º y 8.º de la Constitución Política de 1991, 1.º y 2.º de la Ley 99 de 199310, la Ley 685 de 200111, 1.º y 2.º del Decreto Ley 3570 de 201112, del Decreto 4131 de 201113 y 3.º, 4.º y 22 del Decreto 4134 de 2011 14, que enmarcaron dentro de las competencias y funciones de la ANM y el MADS, los deberes de defensa, control, protección y preservación del medio ambiente en materia de actividades de minería legal e ilegal , claro está, con la intervención de otras autoridades

9 La sentencia se fundamentó en los siguientes pronunciamientos de la CIDH: «73 Corte Interamericana De Derechos Humanos, Pueblo Indígena Kichwa De Sarayaku V s. Ecuador, Sentencia De 27 De junio De 2012. 74 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Reparaciones y Costas, párr. 27 y Caso Atala Riffo y Niñas, párr. 291. 75 Cfr. Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones y Costas, párr. 50 y Caso Atala Riffo y Niñas, párr. 291.

76 Cfr. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de

1993. Serie C No. 15, párr. 87 y Caso Atala Riffo y Niñas, párr. 291.

77Corte Interamericana De Derechos Humanos, Pueblo Indígena Kichwa De Sarayaku Vs. Ecuador, Sentencia De 27 De junio De 2012. 78 CIDH, caso Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, 2012, Corte IDH, caso, caso comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras, 2015, Corte IDH, caso , Pueblos Kaliña Y Lokono VS. Surinam, 2015, Corte IDH, caso Garífuna De Punta Piedra Y Sus Miembros VS Honduras, 2015, Corte IDH, caso, comunidades indígenas miembros de la asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, 2020. 79CIDH, Caso de los hermanos Serrano Cruz vs el Salvador. 80 CIDH, Caso Blake vs Guatemala. 81 CIDH, Caso Velázquez Rodríguez vs Honduras. 82 CIDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras. 83 CIDH, Caso Bueno Alves vs Argentina». 10 «Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones». Asimismo, se indicó que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo d e Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, dentro del proceso de reparación directa, radicación n.º 66001 -23Asimismo, se indicó que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo d e Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, dentro del proceso de reparación directa, radicación n.º 66001 -2331-000-2001-00731-01(26251), determinó que «… todos los jueces, y en especial los de la jurisdicción contenciosa administrativa, al resolver los casos puestos a su conocimiento, tienen el deber, de aplicar de manera directa el control de convencionalidad», de suerte que el derecho interno se armonice con la CADH, y demás tratados internacionales que protejan los derechos humanos, postura en donde se adquieren nuevas facultades para resolver los asuntos puestos a consideración. 11 «Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones». 12 «Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible». 13 «Por el cual se cambia la Naturaleza Jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas)». 14 «Por el cual se crea la Agencia Nacio nal de Minería, ANM, se determina su objetivo y estructura orgánica».Demandantes: Cristóbal Mena Córdoba y otros Demandados: Municipio de Río Quito y otros Radicación n.º 27001-33-33-001-2009-00224-01

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ambientales y administrativas territoriales, pero no solo a cargo de estas últimas

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ambientales y administrativas territoriales, pero no solo a cargo de estas últimas como lo alegaron las apelantes . Es decir, señaló que er a una labor que se debía desarrollar de manera interinstitucional.

Por tanto, desde la perspectiva del presupuesto formal 15, en cuanto a la legitimación en la causa ad procesum [de hecho], el ad quem determinó que se cumplía y podía dictarse sentencia frente a todos los accionados , cuya personería jurídica supone la existencia de capacidad suficiente para ejercer derechos, c ontraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y de terceros, aunado a que los accionantes las acusaron de sustraerse de cumplir sus funciones.

Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y la alegada inexistencia de omisión por parte de las apelantes , el Tribunal precisó que era atribuible la responsabilidad por omisión a las recurrentes porque la función pública ligada a la actividad minera debe desplegarse de ofici o en cuanto al manejo ambiental y los derechos de las personas ubicadas en su entorno . Por tanto, no era aceptable que alegaran que no es de su competencia funcional las obligaciones que les corresponden en materia de vigilancia y control en la materia y que se limitan única y exclusivamente a «controlar las zonas donde existe o ha otorgado título minero », toda vez que los deberes funcionales van más allá de sus acciones y también comprenden sus omisiones ante el daño ambiental producido.

limitan única y exclusivamente a «controlar las zonas donde existe o ha otorgado título minero », toda vez que los deberes funcionales van más allá de sus acciones y también comprenden sus omisiones ante el daño ambiental producido.

Frente a la prueba del daño se encontró ac reditado a partir del caudal probatorio allegado y decretado en el proceso que la actividad minera ilegal era de conocimiento de las accionadas y, como tal, resarcible y perceptible porque se afectó la vida cuotidiana de los accionantes y trastocó su proyecto de vida ante el escenario de improductividad agropecuaria.

Asimismo, el ad quem indicó que la Corte Constitucional en la s sentencias T766 de 2015 y T-622 de 20 16, con efectos inter comunis , expuso múltiples afectaciones al medio ambiente, respecto de los Ríos Atrato y Quito, y tuvo como base el material probatorio que corresponde a este proceso de acción de grupo, lo cual, corroboraba la existencia del daño ambiental y la responsabilidad de las autoridades demandadas, que con su actuación pasiva son responsables de la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas

15 Igualmente, sobre la distinción entre la legitimación en la causa ad processum y ad causam [de hecho y material en la causa], el Tribunal citó apartes de las siguientes providencias: « 94 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO; Auto

Interlocutorio de Unificación del 25 de septiembre de 2013, Radicación número: 25000 -23-26-000-199705033-01(20420)A, Actor: Gabriel Barrios Castelar, Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, Referencia: Acción de Reparación Directa» y « 101 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, Consejero Ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA; Sentencia del 12 de febrero de 2014, Radicación: 50001233100020000000101 (26013), Actor: Durabio Pérez y Otros, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Asunto: Acción de Reparación Directa (Sentencia)».Demandantes: Cristóbal Mena Córd