CE-05001-23-31-000-2001-02151-01(1495-08)-2011

CONCEJO MUNICIPAL - Determina la estructura de la administración / ALCALDE MUNICIPAL - Facultad para suprimir cargos de su dependencia Corresponde al Concejo Municipal determinar la estructura básica de la administración, pero es al Alcalde a quien corresponde la creación, supresión o fusión de los empleos dentro de la organización determinada por el Concejo, sin que sea necesario para ello contar con autorización alguna, pues dicha facultad se la otorga la propia Constitución Política, por lo tanto, la Sala desestimará este argumento. SUPRESION DE CARGO - Estudio técnico / ESTUDIO TECNICO - Cumplió con los requisitos legales para modificar la planta de personal / SUPRESION DE CARGO - Causal legal de retiro / EMPLEADOS DE CARRERA - No es obstáculo para que la administración realice el acto de supresión Cabe resaltar que esta Corporación en otros asuntos de similares características, analizó lo relacionado con el estudio técnico que soportó la reestructuración al interior del municipio de Medellín (ver entre otras las sentencias 2038-08 y 221907) donde se dijo que el referido estudio cumple no sólo con alguno, sino con todos los aspectos previstos en la norma trascrita para sustentar la modificación de la planta de personal efectuada en el Municipio de Medellín en el año 2001. Se dirá que la supresión de cargos es una causal de retiro del servicio prevista para los empleados públicos indistintamente, justificada en la prevalencia del interés general, que se concreta en este caso, en el mejoramiento del servicio. Por ello, respecto de empleados de carrera administrativa, no es admisible que el

derecho a la estabilidad laboral comporte la obligación de la administración de mantener a un funcionario indefinida e incondicionalmente en el empleo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "A"

Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011).

Radicación número: 05001-23-31-000-2001-02151-01(1495-08)

Actor: LILIANA DEL SOCORRO CAMPIÑO BETANCUR Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLIN Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 13 de febrero de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de

Antioquia. ANTECEDENTES Liliana Del Socorro Campiño Betancur, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó declarar la nulidad de del Decreto No. 300 de 23 de febrero de 2001, proferido por el Alcalde del Municipio de Medellín, que suprimió unos cargos de la planta de personal del Municipio, incluido el que desempeñaba. Así mismo depreca la nulidad del Decreto 432 del 28 de febrero de 2001, que dispuso su desvinculación como funcionaria de carrera administrativa. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar al ente accionado a reintegrarla al cargo que venía desempeñando, pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la

fecha del retiro hasta cuando se decrete su reintegro, declarando que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio, actualizar las sumas de conformidad con el artículo 178 del C.C.A., dar cumplimiento a la sentencia de acuerdo con los artículos 176 y 177 del C.C.A. y a pagar las costas del proceso. Como hechos en los cuales fundamenta sus pretensiones, manifiesta que estuvo vinculada al Municipio de Medellín desde el 13 de noviembre de 1990 hasta el 28 de febrero de 2001, cuando le comunicaron de la supresión de su cargo. Que fue inscrita en el Escalafón de Carrera Administrativa y al momento de su desvinculación gozaba de los beneficios de la misma. Destaca que los actos acusados fueron expedidos irregularmente, con falsa motivación y desviación de poder, en razón a que el Alcalde no podía modificar la estructura de la Administración, sino el Concejo municipal, según el artículo 313, numeral 6 de la Constitución Política. Señala que la falta de un estudio técnico contraviene la previsión contenida en el artículo 41 de la ley 443 de 1998 y evidencia la improvisación de la administración municipal. Precisa que su retiro fue arbitrario, subjetivo y, por lo mismo, violatorio de los derechos al trabajo e igualdad ante la ley. Resalta que durante su permanencia en la entidad demandada obtuvo calificaciones excelentes. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos (fl. 308-318): Señaló, en síntesis, que los actos administrativos demandados fueron proferidos en virtud de las atribuciones legales y constitucionales que le asistían al Alcalde

de Medellín, específicamente el artículo 315 de la C.P. y las leyes 136 de 1994 y 443 de 1998. Resaltó que sí existe el estudio técnico que se echa de menos, pues la entidad demandada conformó un comité interdisciplinario para tal efecto. Que la supresión se fundamentó principalmente en la necesidad de ajustar los gastos. Sobre el cargo de desviación de poder, expresó que no se demostraron los motivos íntimos, subjetivos y personales del Alcalde de Medellín para expedir los actos demandados. LA APELACION La parte demandante solicita que se revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda (fls. 320-325). Insiste en que de acuerdo con el artículo 315 de la C.P., el Alcalde debe cumplir con sus atribuciones contenidas en el numeral 7º con arreglo a los Acuerdos correspondientes y como quiera que no existe Acuerdo del Concejo Municipal que autorice la reestructuración del Municipio de Medellín, es viable la declaratoria de nulidad de los actos demandados. Refiere que la decisión de suprimir varios cargos de la planta de personal del municipio vulnera el artículo 97 [3] de la Ley 136 de 1994, que prohíbe a los Alcaldes decretar insubsistencias masivas. Reitera que la modificación de la planta no estuvo respaldada en un estudio técnico previamente analizado y tramitado conforme a la Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuradora Segunda Delegada ante esta corporación, al emitir su concepto,

solicitó se accediera a las pretensiones de la demanda. Consideró que si bien el Alcalde de Medellín era competente para efectuar la reestructuración objeto de debate, debía soportarse en un estudio técnico que no existe o que por lo menos no fue allegado al proceso. Advirtió que ese elemento constituye un requisito sine que non para reformar las plantas de personal de las entidades territoriales, según lo establece el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998, por lo que al no estar probada su existencia en el proceso, el retiro de la actora se torna ilegal. Agotado el trámite de rigor de la segunda instancia y no existiendo causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir, previas las siguientes, CONSIDERACIONES Se trata de establecer la legalidad de los decretos Nos. 300 de 23 de febrero de 2001 y 432 de 28 de febrero del mismo año, proferidos por el Municipio de Medellín, por medio de los cuales se suprimió el cargo que ocupaba la demandante. Para resolver lo anterior se analizarán los argumentos plasmados en el recurso de apelación, en lo tocante a la falta de competencia del Alcalde Municipal para expedir los actos demandados por inexistencia de un Acuerdo Municipal que lo autorizara para reestructurar el Municipio de Medellín. De igual manera se analizará lo relacionado con los derechos que ostentaba la actora al momento de su retiro y la existencia de un estudio técnico que soportara la supresión de cargos que se llevó a cabo en el municipio de medellín. Respecto del cargo de falta de competencia del Alcalde e inexistencia de estudio

técnico, habrá que decir que de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política, es atribución del Alcalde suprimir o fusionar entidades y dependencias, así como crear, suprimir o fusionar los empleos de las mismas. En efecto el citado artículo en su numeral 7° señala: “Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.” De la misma manera, el artículo 313 de la Carta Superior prescribe: “Art. 313. Corresponde a los concejos: (…) 6) Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.”. De acuerdo con lo anterior, corresponde al Concejo Municipal determinar la estructura básica de la administración, pero es al Alcalde a quien corresponde la creación, supresión o fusión de los empleos dentro de la organización determinada por el Concejo, sin que sea necesario para ello contar con autorización alguna, pues dicha facultad se la otorga la propia Constitución Política, por lo tanto, la Sala desestimará este argumento. Por otro lado, la recurrente alega que el estudio técnico no cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 2504 de 1998. Al respecto se observa que el artículo 9º de ese decreto, que modificó el artículo 154 del Decreto 1572 de la misma anualidad indica que:

"Artículo 9. Los estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal deberán estar basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos:

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo

2. Evaluación de la prestación de los servicios

3. Evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleos".

Cabe resaltar que esta Corporación en otros asuntos de similares características, analizó lo relacionado con el estudio técnico que soportó la reestructuración al interior del municipio de Medellín (ver entre otras las sentencias 2038-08 y 221907) donde se dijo que el referido estudio cumple no sólo con alguno, sino con todos los aspectos previstos en la norma trascrita para sustentar la modificación de la planta de personal efectuada en el Municipio de Medellín en el año 2001. Se precisó que la reorganización de la planta de personal era indispensable no solamente para dar alcance a lo ordenado en la Ley 617 de 2000, sino también para racionalizar el funcionamiento de la entidad y hacerla compatible con las exigencias misionales que imponen una adecuada gestión de los recursos públicos. Entre otras cuestiones, en el estudio se expuso: “(...) La Ley 617 de 2000, obliga a las entidades territoriales a reducir drásticamente sus gastos de funcionamiento, lo cual condiciona a la Administración Municipal a reducir su planta de cargos, de tal forma que en el año 2001, los gastos de funcionamiento no superen el 61% de los ingresos corrientes de libre destinación.

Los altos costos de producción, que en el presupuesto del Municipio de Medellín se asimilan a los gastos de funcionamiento, son exageradamente altos según la conclusión del estudio de costos ABC, realizado por la Universidad de Antioquia. Es necesario reducir los gastos de funcionamiento como lo estipula la Ley, no sólo para cumplir el marco normativo, sino además para hacer viable la Organización Municipal y así cumplir con los principios de celeridad, transparencia, economía y oportunidad. (fl. 289) Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la Sala que el Decreto No.300 de 23 de febrero de 2001, expedido por el Alcalde de Medellín, por el cual se modificó la planta de personal del municipio, suprimiendo entre otros, el cargo que desempeñaba la actora, se fundamentó principalmente en que el municipio atravesaba por una grave situación económica y financiera, que llevó a que la entidad realizara estudios técnicos para modificar la planta de personal de la administración central. Lo anterior, es armónico con las previsiones del artículo 7º del Decreto 2504 de 1998, por el cual se modifica el artículo 149 del Decreto 1572 del mismo año, en cuanto establece que se entiende que la modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización, cuando las conclusiones del estudio deriven en la creación o supresión de empleos, con ocasión, entre otros motivos, la racionalización del gasto público. De acuerdo con lo señalado, la supresión del empleo de la demandante obedeció a razones de índole técnico, no al capricho o decisión arbitraria de la entidad, razón por la cual este cargo tampoco prospera.

Por último, se dirá que la supresión de cargos es una causal de retiro del servicio prevista para los empleados públicos indistintamente, justificada en la prevalencia del interés general, que se concreta en este caso, en el mejoramiento del servicio. Por ello, respecto de empleados de carrera administrativa, no es admisible que el derecho a la estabilidad laboral comporte la obligación de la administración de mantener a un funcionario indefinida e incondicionalmente en el empleo. En el asunto sub examine fueron prolijas las razones en que se fundamentó la administración para llevar a cabo la reestructuración en la entidad. Son varias las pruebas que gravitan en el expediente que demuestran que la finalidad del proceso era la de que la estructura organizacional de la entidad respondiera a las necesidades del servicio, pero adecuándola a las condiciones económicas que exigían austeridad en el gasto, razón por la cual la Sala confirmará la sentencia apelada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A CONFÍRMASE la sentencia de trece (13) de febrero de dos mil siete (2007), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso promovido por Liliana Del Socorro Campiño Betancur contra el MUNICIPIO DE MEDELLIN. Se reconoce al abogado Jairo Orlando Vascos Ríos como apoderado del municipio de Medellín, de conformidad con el poder obrante a folio 344 del expediente. Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión de la fecha.

GUSTAVO GOMEZ ARANGUREN ALFONSO VARGAS RINCÓN

LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO