CE-05001-23-31-000-2001-03316-01(0819-09)-2011

CONTRATO REALIDAD - Contratista del municipio de Medellín / INEPTA DEMANDA - Proposición jurídica incompleta / PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA - No demandó todos los actos que resolvieron la petición / SENTENCIA INHIBITORIA - Ineptitud sustantiva de la demanda Estima la Sala que la parte demandante al momento de formular la presente demanda no cumplió con la exigencia prevista en el artículo 138 del Código Contenciosos Administrativo, esto es de solicitar la nulidad de la totalidad de los actos administrativos que contenían la decisión de negarle el reconocimiento y pago de las supuestas prestaciones sociales causadas por el señor Galvis como contratista del municipio de Medellín. En efecto, la actora en su condición de cónyuge supérstite del señor Galvis solicitó la nulidad del acto administrativo definitivo contenido en la Resolución No. 056 de 30 de abril de 2001 y sólo con posterioridad al vencimiento del termino de fijación en lista, pretendió corregir la demanda solicitando la nulidad de la Resolución No. 079 de 31 de mayo de 2001. Así las cosas, el hecho de que la demandante en el caso concreto hubiera formulado la proposición jurídica incompleta, le impide hoy a la Sala emitir un pronunciamiento de fondo toda vez que, una decisión diferente, esto es, un pronunciamiento únicamente respecto de la Resolución No. 056 de 30 de abril de 2001, mantendría incólume la legalidad de la Resolución No. 079 de 31 de mayo de 2001. De acuerdo con las consideraciones expuestas la Sala se declarará

inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo dada la ineptitud sustancial de la demanda formulada por la actora, en cuanto no formuló la proposición jurídica de manera competa, tal como lo exige el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO

138

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo dos mil once (2011).

Radicación número: 05001-23-31-000-2001-03316-01(0819-09)

Actor: BERTA HONORIA SANCHEZ BEDOYA Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 27 de junio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda presentada por BERTA HONORIA SÁNCHEZ BEDOYA contra el municipio de Medellín, Antioquia.

ANTECEDENTES Berta Honoria Sánchez Bedoya, en su condición de cónyuge supérstite del señor Rafael Genaro Galvis, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., demandó del Tribunal Administrativo de Antioquia la nulidad de los siguientes actos administrativos: Resolución No. 056 de 30 de abril de 2001, suscrita por la Secretaria de Servicios Administrativos (E) del

municipio de Medellín, Antioquia, mediante la cual se le negó el reconocimiento y pago al señor Rafael Genaro Galvis de unas prestaciones sociales, y la nulidad de la Resolución No. 079 de 31 de mayo de 2001, proferida por el Secretario de Servicios Administrativos del municipio de Medellín, por la cual se confirmó la Resolución No. 079 de 2001, al resolver un recurso de reposición formulado en su contra. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se solicita el reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre el señor Rafael Genaro Galvis y el municipio de Medellín durante el tiempo que prestó sus servicios como contratista y, en este mismo sentido, se ordene a la entidad demandada el reconocimiento y pago de los factores salariales y prestaciones sociales reconocidos a los vigilantes vinculados al citado ente territorial mediante una relación legal y reglamentaria. Los hechos de la demanda se resumen así: Sostuvo la parte actora que el señor Rafael Genaro Galvis de manera personal y subordinada desempeñó las labores de celaduría en la Escuela Antonio J. Saldarriaga adscrita al municipio de Medellín, Antioquia. La referida vinculación se concretó mediante la suscripción de varios contratos de prestación de servicios, a plazos determinados, y sin que existiera solución de continuidad en el desarrollo del objeto contractual. Precisó que, la ejecución de los citados contratos de prestación de servicios implicó para el señor Rafael Genaro Galvis el cumplimento de una jornada laboral de lunes a lunes, sin exceptuar, domingos y festivos, en horario de 6:00 p.m. a

6:00 a.m. Manifestó que el municipio de Medellín, de manera ilegal, no sólo descontaba de los honorarios percibidos por el señor Rafael Genaro Galvis el 4%, por concepto de retención en la fuente sino que, se abstenía de reconocerle y pagarle las horas extras diurnas y nocturnas, los recargos dominicales y festivos, el subsidio familiar, el auxilio de transporte y la dotación de vestido y calzado a que tenía derecho por ley. El 19 de septiembre de 1997 el señor Rafael Genaro Galvis falleció en el municipio de Medellín, Antioquia. El 21 de julio de 1998, la señora Berta Honoria Sánchez Bedoya y los señores Juan Camilo y Andrés Felipe Galvis Sánchez, en su condición de cónyuge supérstite e hijos del señor Rafael Genaro Galvis, respectivamente, solicitaron al municipio de Medellín el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tenía derecho el causante, por haber laborado como celador en la Escuela Antonio

J. Saldarriaga.

El Secretario de Servicios Administrativos del municipio de Medellín, mediante Oficio DSG-854-98 de 27 de julio de 1998, dio respuesta a la anterior petición con el argumento de que los “ (…) contratos de prestación de servicios no implican ni generan relación laboral ni prestaciones sociales, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (…).”. Precisó la parte demandante que la administración municipal de Medellín vulneró los artículos 44, 45 y 46 del Código Contencioso Administrativo al abstenerse de notificar en debida forma el Oficio DSG-854-98 de 1998.

Teniendo en cuenta la irregularidad anotada, la señora Berta Honoria Sánchez Bedoya y el menor Juan Camilo Galvis Sánchez mediante escrito de 16 de marzo de 2001 solicitaron por segunda ocasión, al municipio de Medellín el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales adeudadas al causante, por concepto de los servicios prestado como celador. Precisó que, en esta oportunidad no figuraba como solicitante el señor Andrés Felipe Galvis Sánchez toda vez que había fallecido. El 30 de abril de 2001, mediante Resolución No. 056 la administración municipal de Medellín negó la anterior solicitud señalando que, los contratos de prestación de servicios no dan lugar al reconocimiento de prestaciones sociales. Contra la Resolución No. 056 de 2001, la parte demandante interpuso recurso de reposición el cual fue resuelto, el 31 de mayo del mismo año, por el Secretario de Servicios Administrativos de la Alcaldía del municipio de Medellín, confirmándola en todas su partes. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes: De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 13, 25, 53, 123 y 135. La Ley 80 de 1993. Del Decreto 2726 de 1945, los artículos 1 y 10. Del Decreto 1333 de 1986, los artículos 291, 293, 294, 295 y 296. Al explicar el concepto de violación en la demanda se sostiene, que en ningún caso la administración podrá establecer contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente sin que se vulnere el

artículo 53 de la Constitución Política. Argumenta que, con la expedición del acto acusado el municipio de Medellín desconoció el principio según el cual a trabajo igual remuneración igual toda vez, que al señor Rafael Genaro Galvis no se le reconocieron las prestaciones sociales a que tenía derecho, a pesar de haber desarrollado las actividades propias de un celador vinculado mediante una relación legal y reglamentaria. Precisó que, las condiciones de subordinación, prestación personal y remuneración a las que estuvo sujeto el causante, mientras desempeñó las labores de celaduría, al servicio del municipio de Medellín, difieren de de lo que típicamente constituye una relación contractual y, por el contrario, se asemejan a una vinculación legal y reglamentaria con la administración. Argumentó que, la entidad demandada vulneró las previsiones de la Ley 80 de 1993, por indebida aplicación, toda vez que, pretende regular una relación de carácter laboral con normas que desconocen los derechos y garantías laborales de naturaleza constitucional de quienes prestan sus servicios de manera continúa y subordinada. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El municipio de Medellín contestó la demanda con los siguientes argumentos: (21 a 38) Manifiesta que, el señor Rafael Genaro Galvis se vinculó al municipio Medellín, Antioquia, mediante la forma de contrato de prestación de servicios, previstos en la Ley 80 de 1993 lo cual per se no implica la prestación de un servicio de manera personal y subordinada. Sostiene que, en ocasiones, el personal de planta de una entidad pública no alcanza para colmar la aspiración del servicio público, situación que hace obligatoria la contratación de personas ajenas a la entidad, en los términos del artículo 32 de la

Ley 80 de 1993, sin que esa circunstancia le confiera las mismas calidades de un servidor público. Precisó que, el hecho de que las labores asignadas a los contratistas de prestación de servicios deban ejecutarse dentro de los límites previstos por la administración pública para el cumplimiento de sus propios fines no significa, por si sólo, el sometimiento a las mismas condiciones en que un empleado público vinculado mediante una relación legal y reglamentaria presta sus servicios. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 27 de junio de 2008, negó las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: (fls. 137 a 149): Señala el Tribunal, que del material probatorio arrimado al expediente no se infiere la existencia de una relación laboral entre el señor Rafael Genaro Galvis y el municipio de Medellín toda vez que, el desarrollo del objeto, previsto en los diferentes contratos de prestación de servicios suscritos, no supone una clara subordinación o dependencia como si ocurre en el caso de los servidores públicos. Argumentó que, la suscripción de contratos de prestación de servicios con la administración no genera el pago de salarios ni prestaciones sociales, como lo quiere hacer ver la parte demandante, dado que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, únicamente prevé el reconocimiento de honorarios como contraprestación al desarrollo del objeto contractual previamente pactado. Así mismo precisó, el Tribunal que de acuerdo con el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, es al contratista a quien le corresponde afiliarse como independiente a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones y no a la entidad contratante.

Manifestó que, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la calidad de empleado público únicamente se adquiere con el lleno de los requisitos previstos para acceder a un empleo público en la ley y los reglamentos, circunstancia que no se observa en el caso concreto, dado que, como quedó visto la vinculación del señor Rafael Genaro Galvis al municipio de Medellín se hizo mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios y no mediante una relación legal y reglamentaria. EL RECURSO DE APELACIÓN La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el anterior proveído (fl. 156 a 162): El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de prestación de servicios profesionales como aquel que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las mismas, sin embargo el objeto contractual tiene establecido en el ordenamiento positivo unos límites acorde con las prerrogativas previstas en el artículo 53 de la Constitución Política. Del material probatorio allegado al expediente se infiere que la actividad contratada con el señor Rafael Genaro Galvis exigía su permanencia en las instalaciones de la Escuela Antonio J. Saldarriaga y el cumplimiento de un horario de trabajo, el cual correspondía a la jornada laboral ordinaria de los empleados públicos. Concluyó que los contratos de prestación de servicios, suscritos por el señor Rafael Genaro Galvis con el municipio de Medellín, pretendieron ocultar la existencia de una verdadera relación de derecho laboral público por cuanto las labores impuestas eran propias de una vinculación de naturaleza legal y

reglamentaria. CONSIDERACIONES Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones. Problema jurídico por resolver Se trata de determinar si en el presente caso le asiste el derecho a la parte demandante al reconocimiento y pago de los derechos salariales y prestacionales supuestamente derivados de la prestación de los servicios del señor Rafael Genaro Galvis como celador del municipio de Medellín, Antioquia, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. Para tal efecto, la Sala deberá definir, en primer lugar, si la proposición jurídica formulada por la parte demandante se ajusta a lo exigido por el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo. De la supuesta cosa juzgada administrativa Sea lo primero advertir, que la señora Berta Honoria Sánchez Bedoya, mediante la presente demanda, y en su condición de cónyuge supérstite del señor Rafael Genaro Galvis solicita el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales supuestamente adeudadas al causante por la prestación de sus servicios como contratista del municipio de Medellín, Antioquia. Sobre el particular, observa la Sala que al expediente se allegaron los siguientes contratos de prestación de servicios suscritos por el señor Rafael Genaro Galvis con el municipio de Medellín, Antioquia, cuyo objeto se limitaba a: “prestar sus servicios de apoyo en actividades operativas tales como mantener en buen estado las instalaciones locativas y custodiar los bienes encomendados”: “Contrato No. 0083 del 1 de enero al 31 de enero de 1997 (fl. 6) Contrato No. 399 del 1 de febrero al 1 julio de 1997 (fls. 8 a 11)

Contrato No. 1056 de 1 de julio al 31 de julio de 1997 (fls. 12 a 15). Contrato No. 12334 de 1 de agosto 15 de agosto de 1997 (fls. 17 a 19). “. Con fundamento en lo anterior, la señora Berta Honoria Sánchez Bedoya y los señores Juan Camilo y Andrés Felipe Galvis Sánchez, estos últimos en su condición de hijos del señor Rafael Genaro Galvis, mediante petición de 21 de julio de 1998 solicitaron el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a las que supuestamente tenía derecho el causante, en su condición de contratista del municipio de Medellín. El 27 de julio de 1998 mediante Oficio DSG-854-98, el Secretario de Servicios Administrativos del municipio de Medellín, dio respuesta a la anterior solicitud con el argumento de que los “ (…) contratos de prestación de servicios no implican ni generan relación laboral ni prestaciones sociales, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (…).”. (fl. 30). No obstante lo anterior, el 16 de marzo de 2001, la señora Berta Honoria Sánchez Bedoya y el menor Juan Camilo Galvis Sánchez, solicitaron por segunda ocasión, al municipio de Medellín el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales supuestamente adeudadas al causante. En esta oportunidad, sostuvo la demandante que dada la indebida notificación en que incurrió el municipio de Medellín, respecto del Oficio DSG-854-98 de 1998, y teniendo en cuenta que su hijo Andrés Felipe Galvis Sánchez había fallecido, se hacía necesario reiterar

dicha solicitud con el objeto de obtener un nuevo pronunciamiento que le permitiera acudir ante esta jurisdicción (fls. 31 a 33). El 30 de abril de 2001, la Secretaria de Servicios Administrativos del municipio de Medellín negó la referida solicitud al sostener que la suscripción de contratos no da lugar la reconocimiento de prestaciones sociales, tal como lo preceptúa el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (fls. 34 a 36). De acuerdo con lo expuesto, advierte la Sala que si bien en el caso concreto la parte demandante ha provocado la manifestación de la voluntad de la administración del municipio de Medellín en dos ocasiones, y hoy sólo pretende la nulidad del último pronunciamiento, esto es de la Resolución No. 30 de abril de 2001, tal circunstancia no constituye cosa juzgada administrativa toda vez, que como lo sostiene la parte demandante son hechos nuevos o sobrevivientes a la petición de 21 de junio de 1998 los que motivaron la formulación de una nueva petición. En efecto, debe decirse que en la petición de 16 de marzo de 2001 se detalla el período respecto del cual se solicita el reconocimiento y pago de las supuestas prestaciones sociales causadas por el señor Rafael Genaro Galvis, circunstancia que no se observa en la petición inicial. Así mismo, se advierte que la administración al resolver la petición de 16 de marzo de 2001, mediante Resolución No. 056 de 2001, no hace referencia explícita a la existencia de un pronunciamiento anterior y mucho menos, controvierte el argumento de la indebida notificación del Oficio DSG-854-98 de 1998. En dicha

oportunidad, la administración municipal de Medellín simplemente se limita a señalar que: “No concede las prestaciones sociales, factores salariales e indemnizaciones que solicita Berta Honoria Sánchez Bedoya, cónyuge sobreviviente de Rafael Genaro Galvis (…) por los contratos de prestación de servicios suscritos durante 1997 con la administración, dado que de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el contrato de prestación de servicios personales no las generan.”. Y finalmente por que, como lo sostiene la demandante, en la última petición no figura como solicitante el señor Andrés Felipe Galvis Sánchez dado su fallecimiento, circunstancia que aún cuando no se encuentra acreditada en el expediente la Sala tendrá por cierta de acuerdo a el postulado de la buena fe que gobierna las actuaciones de los particulares frente a la administración1. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, estima la Sala que la demandante bien podía solicitar la nulidad de la Resolución No. 056 de 30 de abril de 2001, mediante la cual se le negó el reconocimiento y pago de las supuestas prestaciones sociales causadas por el señor Rafael Genaro Galvis, como contratista del municipio de Medellín pues como quedó visto, fueron hechos y circunstancias distintas a las expuestas en su primera petición lo que la llevaron a provocar de la administración un nuevo pronunciamiento. De la proposición jurídica formulada en el caso concreto De acuerdo con el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, cuando una persona acude a esta jurisdicción mediante la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho tiene la obligación de individualizar con exactitud los 1 “La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.”. Corte Constitucional Sentencia C1194 de 3 de diciembre de 2008. actos administrativos que contengan la decisión cuya legalidad pretende cuestionar. Así se observa en el citado artículo: “ARTICULO 138. INDIVIDUALIZACION DE LAS PRETENSIONES. <Subrogado por el artículo 24 del Decreto Extraordinario 2304 de

1989. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión. Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren.”. En este punto, debe precisarse que según la norma transcrita incluso sí el acto

definitivo, mediante el cual la administración manifestó su voluntad, fue objeto de recursos en la vía gubernativa, tales decisiones deben ser igualmente acusadas en tanto confirmen la decisión inicial. Lo anterior toda vez que, la presentación de la demanda con observancia de los requisitos legalmente establecidos, entre ellos la individualización de los actos a demandar, constituye un presupuesto para el surgimiento de la relación jurídico procesal de modo tal que haga posible un pronunciamiento de fondo sobre cada una de las pretensiones manifestadas por la parte demandante al momento de ejercer el derecho de acción. Adicionalmente, estima la Sala que dicha exigencia obedece a la necesidad de mantener la coherencia entre los actos administrativos que permanezcan vigentes en el ordenamiento jurídico luego de proferida una decisión judicial. Sobre este particular esta Sección en reiteradas ocasiones ha sostenido que2: “Ciertamente como lo anota la apelante la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de 12 de diciembre de 1988, expediente número 2 Sentencia de 3 de marzo de 1993. Expediente No. 5324. Actor: Juan Andrés Moreno Moreno contra el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. S047 varió la jurisprudencia anterior según la cual bastaba demandar el acto principal sin que fuera necesario impugnar los actos confirmatorios, pues en ella se definió que era imprescindible demandar unos y otros, no sólo porque de prohijarse aquella tesis el término de caducidad de la acción debería contarse a partir de la notificación del acto principal, diligencia que puede preceder en mucho a la expedición del acto confirmatorio, operándose así el

fenómeno jurídico aludido, sino porque sería desconocer los mandatos de los artículos 85 y 86 del Código Contencioso Administrativo que exigen al demandante individualizar con toda precisión el acto administrativo y acompañar una copia suya con las constancias de su publicación, notificación o ejecución según el caso. En esa misma oportunidad, también se dijo que se justificaba el cambio de jurisprudencia, porque: "Como nuestra justicia es rogada, al demandar solamente la nulidad del acto principal, la sentencia no puede decidir la nulidad del acto que lo confirma, que es un acto independiente, posterior y válido mientras no sea anulado, porque esto significa un fallo extra petita no aceptado por nuestra legislación. El artículo 304 del C. de P. C. aplicable por disposición del 282 del Código Contencioso Administrativo, dice que la sentencia 'deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda', pero no sobre las que no fueron planteadas. Al no poder declararse su nulidad por no haber sido pedida, el acto confirmatorio queda vigente íntegramente, y no deja de ser una ilusión jurídica pensar que queda sin piso con la anulación del principal como lo afirma la jurisprudencia modificada" Esta Sección considera que los razonamientos de la Sala Plena a que se ha hecho referencia constituyen soporte válido de la continuidad de la jurisprudencia relacionada con la necesidad de demandar tanto el acto principal como los confirmatorios, permitiéndose agregar lo siguiente: (…) Es incuestionable que el legislador buscaba que el demandante identificara con total exactitud el acto cuya nulidad impetra e indicara

los de trámite y aquellos que fueron modificados o confirmados en la vía gubernativa. Sabido es que el acto original se integra con el pronunciamiento que surja con ocasión del ejercicio de los recursos, pues es obvio que la última decisión, por ser confirmatorio de la primera, como en el presente caso, es una manifestación de la administración que le da firmeza, la cual no podía adquirir fuerza sin el último pronunciamiento en virtud de que fue recurrida (…). Consiguientemente, cabe aseverar que el acto inicial y el que lo confirma, constituyen una unidad inseparable, inescindible, porque contienen la voluntad unánime de la administración sobre un tema y definen un solo aspecto jurídico y administrativo, lo que hace necesario que se impugnen conjuntamente para que se opere correctamente su información y de esta suerte obtener su integral desaparición del ámbito jurídico.(…).”. Descendiendo al caso concreto, observa la Sala que, la parte demandante, en la presente demanda, solicitó la nulidad de la Resolución No. 056 de 30 de abril de 2001, mediante la cual el municipio de Medellín, Antioquia, le negó el reconocimiento y pago de las supuestas prestaciones causadas por el señor Rafael Genaro Galvis como contratista de ese ente territorial. Cabe advertir que, contra la citada Resolución formuló recurso de reposición el cual, fue resuelto por el Secretario de Servicios Administrativos del municipio de Medellín, Antioquia, por Resolución No. 079 de 31 de mayo de 2001, en los siguientes términos: “(…) La legislación de contratos del estado, prevé que son contratos de

prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Esta clase de contratos se consideran contratos intuito presonae, toda vez que se celebran en consideración a la persona, mediante contratación directa por término definido para la realización de una actividad, dicho contrato no genera ni implica relación laboral ni prestaciones sociales y una vez cumplido su término finaliza sin que sea menester resolución que así lo declare (…).“. (fls. 43 a 46). El 24 de abril de 2002, la parte demandante adicionó la presente demanda solicitando la nulidad de la citada Resolución No. 079 de 31 de mayo de 2001. No obstante lo anterior, el Tribunal mediante auto de 31 de enero de 20033 rechazó la referida adición por haber sido formulada de manera extemporánea (fls. 103 a 104). 3 Contra esta decisión la parte demandante formuló recurso de reposición el cual fue resuelto mediante auto de 16 de mayo de 2003, estimando que la adición de la demanda había sido formulada por fuera del término de fijación en lista. (fls. 107 a 110). Bajo estos supuestos, estima la Sala que la parte demandante al momento de formular la presente demanda no cumplió con la exigencia prevista en el artículo 138 del Código Contenciosos Administrativo, esto es de solicitar la nulidad de la totalidad de los actos administrativos que contenían la decisión de negarle el reconocimiento y pago de las supuestas prestaciones sociales causadas por el señor Rafael Genaro Galvis como contratista del municipio de Medellín.

En efecto, la señora Berta Honoria Sánchez Bedoya en su condición de cónyuge supérstite del señor Rafael Genaro Galvis solicitó la nulidad del acto administrativo definitivo contenido en la Resolución No. 056 de 30 de abril de 2001 y sólo con posterioridad al vencimiento del termino de fijación en lista4, pretendió corregir la demanda solicitando la nulidad de la Resolución No. 079 de 31 de mayo de 2001. Así las cosas, el hecho de que la demandante en el caso concreto hubiera formulado la proposición jurídica incompleta, le impide hoy a la Sala emitir un pronunciamiento de fondo toda vez que, una decisión diferente, esto es, un pronunciamiento únicamente respecto de la Resolución No. 056 de 30 de abril de 2001, mantendría incólume la legalidad de la Resolución No. 079 de 31 de mayo de 2001. De acuerdo con las consideraciones expuestas la Sala se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo dada la ineptitud sustancial de la demanda formulada por la señora Berta Honoria Sánchez Bedoya, en cuanto no formuló la proposición jurídica de manera competa, tal como lo exige el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A 4 “ARTICULO 208. Código Contencioso Administrativo. ACLARACION O CORRECCION DE LA DEMANDA. <Subrogado por el artículo 47 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Hasta

el último día de fijación en lista podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez. (…).”. REVÓCASE la sentencia de 27 de junio de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda formulada por BERTA HONORIA SÁNCHEZ BEDOYA contra el municipio de Medellín. En su lugar. DECLÁRASE inhibida la Sala para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase. Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA GERARDO ARENAS MONSALVE

BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ

Relatoría: JORM/Lmr.