CE-05001-23-31-000-2003-00721-01(49519)-2020

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Accede

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADConfigurada SÍNTESIS DEL CASO: La Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Álvaro Bernal Londoño, por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Esto, con fundamento en los indicios de favorecimiento a un contratista con quien la empresa de Transporte masivo del Valle de Aburrá METRO había celebrado dos contratos. La medida fue revocada por la Fiscalía en sede de apelación.

PROBLEMA JURÍDICO: En atención a la metodología empleada por esta Subsección para el análisis de la responsabilidad y a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, el problema jurídico a resolver en el presente caso es: ¿Es antijurídico e imputable a la Nación -Fiscalía General de la Nación y/o Rama judicialel daño sufrido por quien fue privado de su libertad de manera preventiva en el curso de una investigación penal que finalmente es precluida por atipicidad de la conducta? En función del signo que tenga la respuesta a este problema, eventualmente habrá de revisarse la condena en perjuicios conforme a los motivos de inconformidad que expuso el actor en su recurso de apelación.

PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURO DE APELACIÓN / FACTOR FUNCIONAL / COMPETENCIA – Por la naturaleza del proceso / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FACTOR OBJETIVO

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que para el efecto sea relevante la cuantía.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 73

CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD De acuerdo con la constancia secretarial obrante a folio 1217 del cuaderno 4, la resolución de preclusión de la investigación penal quedó ejecutoriada el 22 de enero de 2002. La demanda fue presentada el 20 de febrero de 2003, fecha en la que aún no había vencido el término de dos (2) años previstos en la ley para que el afectado ejerciera oportunamente la acción de reparación directa.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

136 ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así pues, para que se configure la responsabilidad patrimonial del

Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / LIMITACIÓN LEGÍTIMA DEL DERECHO A LA LIBERTAD / PRISIÓN DOMICILIARIA / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DAÑO ANTIJURÍDICO – Configurado A este proceso se ha traído prueba que demuestra que Álvaro Bernal Londoño afrontó una investigación penal que se adelantó con fundamento en una denuncia que formuló Rafael Calle López y en pruebas que recaudó la Fiscalía y que a juicio de dicho órgano mostraban la existencia de irregularidades cometidas en varias dependencias de la empresa Metro de Medellín con ocasión de la celebración y ejecución de los contratos de consultoría 652 y 661 celebrados con el ingeniero Jaime Alberto Aristizábal Restrepo para contratar la gerencia del proyecto de un tren de cercanías y para el diseño de un puente peatonal, irregularidades que consideró, denotaban que la relación contractual con el mencionado ingeniero no estuvo signada por la transparencia, pues permitía advertir la existencia de manipulaciones ordenadas a procurar beneficio para aquel contratista. En esa investigación, Álvaro Bernal Londoño estuvo privado de su libertad desde el 12 de junio de 2001, cuando suscribió diligencia de compromiso ante la Fiscalía General de la Nación, hasta el 4 de septiembre de 2001, fecha en que la Fiscalía Primera

de la Unidad de Fiscales delegados ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó la medida de aseguramiento impuesta y ordenó su libertad. Dicha privación comporta, ciertamente, un daño. Su juridicidad o antijuridicidad debe establecerse sin perder de vista que nuestro ordenamiento constitucional confiere, de manera excepcional y por vía cautelar o preventiva, una permisión de la privación de la libertad en sede de instrucción criminal, sin que aún se haya demostrado la culpabilidad del incriminado, en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Pues bien, en el caso sub lite, la normativa legal atinente a la detención preventiva se recogía en los artículos 396 y 397 del Decreto 2700 de 1991 que hacían procedente la detención preventiva cuando el delito que se atribuyera al imputado tuviera prevista pena de prisión cuyo mínimo fuera o excediera de dos años. Para el caso, la medida era procedente pues al señor Londoño se le endilgaba el punible de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que estaba penado por el artículo 146 del código penal vigente (Decreto 100 de 1980, reformado por el artículo 57 de la Ley 80 de 1993), […] Dicha medida estaba sujeta a un estándar mínimo de prueba fijado por el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991 […] [E]sta Sala entiende que en sede de apelación, y con mayor claridad, al momento de decidir la preclusión de la investigación, la misma Fiscalía puso en evidencia que el elemento objetivo de la tipicidad del punible que se endilgó a Álvaro Bernal Londoño no encuadraba

en la conducta que se le reprochó al decretar la medida cautelar de detención preventiva, inferencia que comparte esta Sala. […] Es claro, entonces, que la Fiscalía asumió, erradamente, en ese momento que si una entidad contrata el diseño y la dirección de un proyecto que ha de ejecutarse en el futuro, debe contar, no sólo con la disponibilidad presupuestal para la contratación de la consultoría, sino también, la necesaria para la futura contratación de la obra conforme al diseño así contratado. Y es que, ciertamente, el Fiscal dedicó buena parte de su providencia detentiva a construir indicios de favorecimiento, vale decir, a cimentar la prueba del elemento subjetivo del tipo, con una técnica que resulta tan deleznable como la que empleó para inferir la tipicidad objetiva. Todos los hechos indicadores partían de un prejuicio que el aludido Fiscal no hizo explícito: que no resultaba aceptable que un mismo ingeniero suscribiera dos contratos de consultoría, y que estos se hubieren terminado anticipada y consensualmente para que él pudiera vincularse, sin incurrir en violación del régimen de incompatibilidades, mediante una relación laboral, a la empresa contratante. Este error de juicio le llevó a ver hechos indicadores de favorecimiento en cada paso de la contratación, sin reparar con suficiencia, en el debido sustento normativo del elemento objetivo del tipo, elemento que, como quedó visto, no existió. En tales condiciones, y en cuanto la imposición de la medida de aseguramiento no cumplió con el presupuesto normativo de contar, al menos, con un indicio grave de responsabilidad en contra del sindicado, la privación de la libertad que padeció

Álvaro Bernal Londoño configura daño antijurídico.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 – ARTÍCULO 396 / DECRETO 2700 DE 1991 – ARTÍCULO 397 / CÓDIGO PENAL – ARTÍCULO 146 / DECRETO 100 DE 1980 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 57 / DECRETO 2700 DE 1991 –

ARTÍCULO 388

IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Fundada en elementos que no constituyen un hecho punible Como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, ni la constitución, ni la ley imponen al operador judicial un determinado criterio de imputación para la atribución del daño antijurídico, y tratándose de la privación injusta de la libertad, ninguna razón encuentra esta Judicatura para que se infiera cosa diferente. Será el juez de la responsabilidad del Estado quien determine, de acuerdo con las circunstancias del caso, si ese daño antijurídico debe ser o no atribuido a la demandada y si esa atribución se impone de la aplicación de un criterio subjetivo (falla del servicio) o de un criterio objetivo (daño especial). En el presente caso, la Sala tomará en consideración que la Fiscalía fundó la medida de detención en elementos que no constituían un hecho punible, lo que resultó a todas luces improcedente por la falta de, por lo menos, un indicio serio y grave, que permitiera

realizar ese señalamiento, a tal punto que, finalmente, la Fiscalía precluyó la investigación, debido a la total ausencia de indicios válidos sobre la tipificación de la conducta punible que le fue endilgada a Álvaro Bernal Londoño. Por tanto, el daño antijurídico, así causado, resulta imputable a la entidad demandada a título de falla en el servicio, por lo que la Nación está llamada a reparar los perjuicios derivados de la privación de la libertad sufrida por el actor a título de falla del servicio. Por tanto, como el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones, la Sala confirmará la decisión de primera instancia y revisará la indemnización de perjuicios. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INMATERIALES / PERJUICIO MORAL – Aplicación de sentencia de unificación La Sección Tercera del Consejo de Estado fijó, en sentencia proferida el 28 de agosto de 2014, las reglas para determinar el monto de los perjuicios morales causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad, tasados en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad. Aplicados esos baremos al caso, visto que Álvaro Bernal Londoño padeció detención domiciliaria durante 2,76 meses, desde el 12 de junio hasta el 4 de septiembre de 2001, la Sala condenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a él, a su cónyuge y a cada uno de

sus hijos una suma equivalente a 17.5 s.m.l.m.v., a manera de compensación por los perjuicios morales padecidos. AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO – Daño al buen nombre / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO – No probado / DOCUMENTO PERIODÍSTICO – Valor probatorio de los recortes de prensa El Tribunal negó la indemnización deprecada por Álvaro Bernal Londoño, por daño al buen nombre en consideración a que los recortes de prensa solo dan cuenta de la publicación de la noticia, mas no del daño al buen nombre alegado. La Sala confirmará la decisión del Tribunal, pues no existen en el plenario elementos de prueba que den cuenta de la causación del daño alegado aparte de algunos recortes de prensa que dan cuenta de diversas noticias, no todas sobre el proceso penal por el que aquí se demanda, y el A quo obró en esta materia conforme a los lineamientos trazados por la jurisprudencia de esta Corporación. Inclusive, advierte la Sala que el periódico El Colombiano rectificó una de las noticias, por cuanto informó que el proceso penal contra Bernal Londoño se adelantó por “la compra de repuestos, consistentes en sobrefacturaciones superiores al 40%”, cuando dicha información no guardaba relación con los reales móviles de la investigación adelantada. Por tanto, aunque la parte actora aportó algunos recortes de prensa en los que dan cuenta del perfil del demandante y su desempeño como gerente de la empresa Metro de Medellín, aquellos no dan

cuenta de una afectación a su buen nombre, por lo que la Sala confirmará la decisión del Tribunal, de negar la indemnización por este concepto. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES / LUCRO CESANTE – No probado Como indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, el tribunal reconoció la suma equivalente a 86 días de salario mínimo legal mensual vigente, teniendo en cuenta el periodo de privación de la libertad, debido a que en el proceso se encuentra acreditado que para la fecha en que el demandante fue privado de la libertad ya no se encontraba vinculado laboralmente con la empresa Metro de Medellín. La Sala, en atención a que Álvaro Bernal Londoño no acreditó el monto de los ingresos que derivaba mensualmente para el momento en que fue privado de su libertad, y dejó huérfana de prueba su pretensión resarcitoria por lucro cesante con ocasión de la detención domiciliaria que padeció, negará la indemnización de perjuicios solicitada por este concepto. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES / DAÑO EMERGENTE – Aplicación de sentencia de unificación / DAÑO EMERGENTE – Por el pago de honorarios profesionales por defensa técnica / PAGO DE HONORARIOS – Prueba / DAÑO EMERGENTE – No probado Ahora bien, en lo relativo al daño emergente, el Tribunal condenó a la NaciónFiscalía General de la Nación, al pago de $50.000.000 indexados, puesto que el demandante aportó al proceso un documento suscrito por el Abogado Ricardo León Molina López, en el que dijo haber recibido esta suma como pago por

concepto de defensa técnica en el proceso penal de radicado n.° 388.624, en el que fungió como su abogado defensor. Los demás documentos, como recibo de caja y comprobante de consignación realizada a la cuenta del señor Jaime Lombana por $17.400.00, así como algunas facturas de tiquetes aéreos, fueron desestimados por el Tribunal por haber sido aportado en copia simple. La Sección Tercera en sede de unificación estableció los parámetros para demostrar el daño emergente en casos de privación injusta de la libertad, específicamente, por el pago de honorarios profesionales por defensa técnica, […] De acuerdo con lo señalado en la sentencia de unificación, la Sala procederá a verificar si el daño emergente alegado en la demanda se encuentra debidamente acreditado, es decir que se haya aportado al proceso tanto la prueba de la real prestación de los servicios del abogado, como la respectiva factura o documento equivalente expedido por éste, en la cual se registre el valor de los honorarios correspondientes a su gestión y la prueba de su pago. En cuanto a la prueba de la real prestación de los servicios del abogado, advierte la Sala que, en el proceso se encuentra demostrado que el abogado Ricardo León Molina López fungió como defensor suplente del demandante en el proceso penal adelantado en su contra. Al respecto obra en el expediente la sustitución de poder a Molina López por parte del abogado que venía ejerciendo la defensa, así como el auto de 6 de junio de 2001 mediante el cual la Fiscalía le reconoció personería como defensor suplente

de Álvaro Bernal Londoño. Ahora bien, en cuanto la prueba del pago de los honorarios profesionales, la parte actora aportó un escrito firmado por el abogado Ricardo León Molina López de fecha 7 de marzo de 2002, en el que indicó que recibió de Álvaro Bernal Londoño la suma de $50.000.000 por concepto de honorarios profesionales en la defensa técnica realizada en el proceso penal 388.624 adelantado en su contra. Sin embargo, de conformidad con lo señalado en la sentencia de unificación reseñada, para acreditar el perjuicio material por daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales se requiere la acreditación del pago mediante factura o documento equivalente con la respectiva prueba del pago y, en el presente caso, no obra en el expediente, factura, consignación o cualquier otra evidencia que permita corroborar lo afirmado por el abogado en el oficio allegado. Por tanto, la Sala revocará el reconocimiento de indemnización por el daño emergente alegado en la demanda. En cuanto a los demás documentos allegados, la Sala advierte que el recibo de caja por $17.400.000 a nombre de Jaime Lombana Villalba, no da cuenta de que dicho pago por prestación de servicios profesionales se haya realizado con ocasión del proceso penal de radicado n.° 388.624. Además, obran en el expediente recibos correspondientes a tiquetes aéreos y gastos hoteleros a nombre de Jaime Lombana, sin embargo, en el proceso penal no se evidencia que haya habido algún defensor del demandante con ese nombre o que este le haya prestado alguna asesoría relacionada con el proceso, por lo que se negará el

reconocimiento de dichos gastos como daño emergente. CONDENA EN COSTAS – Improcedencia De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con salvamento de voto del magistrado

Guillermo Sánchez Luque.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 05001-23-31-000-2003-00721-01(49519)

Actor: ÁLVARO BERNAL LONDOÑO Y OTROS

Demandado: LA NACIÓN–FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Tema: privación injusta de la libertad Subtema 1: falla del servicio – Decreto 2700 de 1991

La Sala resuelve1 los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 4 de junio de 2013, en la que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO La Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento privativa de la

libertad contra Álvaro Bernal Londoño, por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Esto, con fundamento en los indicios de favorecimiento a un contratista con quien la empresa de Transporte masivo del Valle de Aburrá METRO había celebrado dos contratos. La medida fue revocada por la Fiscalía en sede de apelación.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda 1 En aplicación del acta No. 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la que el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado.

El 20 de febrero de 2003[2], Álvaro Bernal Londoño y otras personas que forman parte de su grupo familiar presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la NaciónRama Judicial, con la pretensión de que se le condenara al pago de los perjuicios que aquel sufrió como consecuencia de la detención preventiva que le impuso la Fiscalía, que ellos califican como injusta. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia 2.2.1.- La demanda fue admitida3, el auto admisorio fue notificado en debida forma4 y aquella fue contestada5 por apoderado constituido por el jefe de la

oficina jurídica de la Fiscalía General de la Nación. 2.2.2.- Agotada la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión. Así lo hicieron la parte actora6 y la Nación– Fiscalía General de la Nación 7. 2.2.3.- El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó el 4 de junio de 2013, sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. 2.2.4.- La Nación– Fiscalía General de la Nación y la parte actora interpusieron recurso de apelación8 contra la sentencia de primera instancia. En acápite posterior, la Sala resumirá los motivos de inconformidad expuestos. El tribunal fijó fecha para la celebración de la audiencia de conciliación ordenada en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, pero las partes manifestaron no tener ánimo conciliatorio; por tal razón, la diligencia se declaró fallida. 2.3. Trámite en segunda instancia 2.3.1.- Esta Corporación admitió los recursos de apelación interpuestos, por haber sido presentados dentro de la oportunidad legal9, en auto del 22 de enero de 2014. 2.3.2.- Durante el término de traslado para alegar de conclusión, el Ministerio Público guardó silencio, y las partes presentaron alegatos de conclusión10.

III. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO 2 F. 86 a 129, c. 1. 3 F. 131, c. 1. 4 F. 134 a 136, c. 1. 5 F. 138, c. 1.

6 F. 211, c. 1. 7 F. 218, c. 1. 8 F. 218, c. ppal. 9 F. 253, c. ppal. 10 F. 256 a 277, c. ppal. 3.1. Competencia La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que para el efecto sea relevante la cuantía. 3.2. Vigencia de la acción De acuerdo con la constancia secretarial obrante a folio 1217 del cuaderno 4, la resolución de preclusión de la investigación penal quedó ejecutoriada el 22 de enero de 2002. La demanda fue presentada el 20 de febrero de 2003, fecha en la que aún no había vencido el término de dos (2) años previstos en la ley para que el afectado ejerciera oportunamente la acción de reparación directa. 3.3. Legitimación para la causa El demandante Álvaro Bernal Londoño se encuentra legitimado en la causa por activa, por ser la persona afectada directamente con la privación de la libertad por la cual se pretende indemnización de perjuicios. También están legitimados Andriana María Villegas Restrepo, quien acudió en nombre propio y en representación de su hijo menor Daniel Bernal Villegas; Juan

José Bernal Villegas y Paula Bernal Villegas debido a que, mediante copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y matrimonio, se demostró que son esposa e hijos de Álvaro Bernal Londoño. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño objeto de la pretensión de reparación proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación, como ente investigador que adelantó la instrucción contra el demandante, de manera que la Nación, como persona jurídica representada por esta, se encuentra legitimada como parte demandada en este asunto. La Rama Judicial no está llamada a ejercer dicha representación, por cuanto el proceso penal adelantado contra el demandante precluyó antes de llegar a la etapa de juicio.

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Hechos expuestos en la demanda Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora relató que, el 31 de mayo de 2001, la Fiscalía General de la Nación le impuso a Álvaro Bernal Londoño medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por domiciliaria, dentro de una investigación que adelantaba por causa de las que consideraba, eran irregularidades acaecidas con ocasión de la celebración de los contratos 652 y 661 entre la empresa Metro de Medellín, de la cual aquel fue gerente hasta mayo del 2001, y el Ingeniero Jaime Alberto Aristizábal Restrepo.

Esta medida, refirió la parte demandante, fue revocada el 4 de septiembre de 2001 en sede de apelación y, el 21 de diciembre del mismo año, la Fiscalía precluyó la

investigación porque la conducta investigada no constituía un delito. 4.2. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia de primera instancia el 4 de junio de 2013, en la que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. El a quo encontró demostrado que el demandante estuvo privado de la libertad por un lapso de 86 días y que la Fiscalía profirió resolución de preclusión, debido a que consideró atípica la conducta, hecho éste que debía juzgarse en sede de responsabilidad patrimonial pública bajo título objetivo de imputación en el que el actuar diligente o ajustado a derecho de la entidad demandada no es causa de exoneración, ya que bajo esa cuerda, “la antijuridicidad del daño sufrido por quien ha sido privado injustamente de su libertad, no consiste en que la actuación del juez o funcionario jurisdiccional sea contraria a derecho, sino en que el ciudadano no esté obligado a soportar el daño”. En consecuencia con lo anterior, el Tribunal condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nacióna pagar, por concepto de perjuicios morales, 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes (en adelante (smlmv) a Álvaro Bernal Londoño, 15 smlmv a su cónyuge, 10 smlmv a su hijo menor, Daniel Bernal Villegas y 5 smlmv para cada uno de sus hijos mayores Juan José y Paula Bernal quienes residen en el extranjero. El Tribunal negó la indemnización solicitada por daño al buen nombre, debido a que consideró que la información publicada por el periódico El Colombiano no

constituye una violación a derechos fundamentales, pues no se trató de información errónea u ofensiva. Además, resaltó que no basta con que la parte demandada aporte al proceso copia de los recortes de prensa para que proceda la indemnización por tal concepto. A manera de indemnización del daño emergente, reconoció el pago de $50.000.000 que la parte actora demostró, mediante copia del recibo, haber pagado al abogado Ricardo León Molina López, por concepto de defensa técnica en el proceso penal. La copia de una consignación realizada al abogado Jaime Lombana, por $17.400.000, fue desestimada por no demostrar ninguna relación de causalidad entre tal pago y la causación del daño. Los demás recibos aportados por el actor para acreditar este perjuicio no fueron valorados por haber sido traídos a este contencioso como copias simples de sus originales. En cuanto al lucro cesante, el Tribunal no encontró acreditados los ingresos del demandante, pues la certificación laboral aportada fue extendida con anterioridad a la privación de la libertad que padeció el actor principal, razón por lo que condenó a la demandada a pagar el equivalente a 86 días de salario mínimo legal vigente, como indemnización por este concepto. 4.3. El recurso de apelación La parte actora interpuso recurso de apelación, con el fin de que se condene de manera solidaria a la Nación-Consejo Superior de la Judicatura. Además, solicitó el aumento del monto reconocido como indemnización de perjuicios morales, el reconocimiento de indemnización por daño al buen nombre, el aumento de la base

salarial para liquidar el lucro cesante y el reconocimiento del daño emergente. La Nación–Fiscalía General de la Nación formuló recurso de apelación11, en el que manifestó que la investigación contra Álvaro Bernal Londoño se adelantó en cumplimiento de un deber legal y constitucional. La entidad demandada aseguró que al no existir una detención ilegítima ni un error judicial, no se configuró ninguna falla de la administración, por lo que no hay lugar a declarar la responsabilidad. 4.4. Problema jurídico En atención a la metodología empleada por esta Subsección para el análisis de la responsabilidad y a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, el problema jurídico a resolver en el presente caso es: ¿Es antijurídico e imputable a la Nación -Fiscalía General de la Nación y/o Rama judicialel daño sufrido por quien fue privado de su libertad de manera preventiva en el curso de una investigación penal que finalmente es precluida por atipicidad de la conducta? En función del signo que tenga la respuesta a este problema, eventualmente habrá de revisarse la condena en perjuicios conforme a los motivos de inconformidad que expuso el actor en su recurso de apelación. 4.5. Análisis de la Sala El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así pues, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su

imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 11 F. 218, c. ppal. 4.5.1. De la prueba del daño antijurídico 4.5.1.1. A este proceso se ha traído prueba que demuestra que Álvaro Bernal Londoño afrontó una investigación penal que se adelantó con fundamento en una denuncia que formuló Rafael Calle López y en pruebas que recaudó la Fiscalía y que a juicio de dicho órgano mostraban la existencia de irregularidades cometidas en varias dependencias de la empresa Metro de Medellín con ocasión de la celebración y ejecución de los contratos de consultoría 652 y 661 celebrados con el ingeniero Jaime Alberto Aristizábal Restrepo para contratar la gerencia del proyecto de un tren de cercanías y para el diseño de un puente peatonal, irregularidades que consideró, denotaban que la relación contractual con el mencionado ingeniero no estuvo signada por la transparencia, pues permitía advertir la existencia de manipulaciones ordenadas a procurar beneficio para aquel contratista. En esa investigación, Álvaro Bernal Londoño estuvo privado de su libertad desde el 12 de junio de 2001, cuando suscribió diligencia de compromiso a