CE-05001-23-31-000-2007-00885-01(AC)-2007

ACTO DE TRAMITE – Lo son las decisiones que se dicten por el ICFES durante el concurso docente / ACTO DE TRAMITE – Contra éste no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso administrativas En este caso el demandante solicita dar validez a los resultados favorables de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y, en consecuencia, citarlo a entrevista y valoración de antecedentes, y suspender las etapas siguientes del concurso de méritos por haber sido excluido de él mediante la segunda publicación de resultados el 26 de marzo de 2007. Aunque las entidades demandadas consideran que la mencionada publicación constituye un acto administrativo susceptible de ser demandado, la respuesta dada por el ICFES a las peticiones presentadas por los concursantes afectados con la segunda publicación de resultados, señala que las decisiones que se dicten durante el concurso docente son actos de trámite. Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso administrativas. Si ello es así, en este caso, el actor carece de otros medios de defensa judicial para lograr su incorporación al concurso docente. ACCION DE TUTELA – Improcedente para estudiar la legalidad de un Decreto Reglamentario / CONCURSO DE MERITOS – Docentes y directivos docentes / CONCURSO DE MERITOS – Etapas que deben superar los concursantes para ingresar al servicio educativo estatal / CARRERA DOCENTE – Procedimiento de selección mediante concurso de méritos para el ingreso / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA – No se vulnera en concurso de méritos en el que se publican las reglas del proceso

La Sala no abordará el estudio de la supuesta ilegalidad del Decreto Reglamentario 3982 de 2006, por cuanto tal discusión escapa a la competencia del juez de tutela y corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El estudio en el presente caso se limitará, entonces, a determinar si la exclusión del demandante del concurso por no haber superado la prueba psicotécnica vulneró sus derechos fundamentales. El Decreto Ley 1278 de 2002 en su artículo 9, estableció las etapas del concurso para ingresar al servicio educativo estatal. Según este artículo las pruebas de aptitudes y competencias básicas y la psicotécnica son diferentes en cuanto se dirigen a evaluar aspectos distintos. La prueba psicotécnica, la entrevista y la valoración de antecedentes constituyen una etapa posterior a la prueba de aptitudes y competencias básicas, por lo que esta última debe superarse para alcanzar la siguiente. Entonces para que el concursante forme parte de la lista de elegibles es necesario que supere la totalidad de las pruebas del concurso, para luego ser clasificado de acuerdo con el mérito, que se determina de la ponderación de todas las etapas concursales. Por su parte, el artículo 3 del Decreto Reglamentario 3982 de 2006, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 1278 de 2002 y se establece el procedimiento de selección mediante concurso para la carrera docente y se determinan criterios para su aplicación, dispuso la estructura del concurso. En criterio de la Sala el Decreto Reglamentario 3982 de 2006 reprodujo, sistematizándolas, las etapas del concurso establecidas en el Decreto Ley 1278

de 2002, necesarias para adelantar y culminar el proceso concursal, sin entrar realmente a modificar lo establecido en el decreto reglamentado respecto de las mismas. El Decreto Reglamentario 3982 de 2006 estableció que la calificación mínima para superar cada una de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas y por ende ser admitido a la valoración de antecedentes y entrevista, era de 60 puntos para cargos docentes y de 70 puntos para cargos directivos docentes. En las convocatorias publicadas en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil se informó al público interesado en el concurso para proveer cargos de docentes y directivos docentes que las pruebas de aptitudes y competencias básicas y las psicotécnicas son eliminatorias, lo que significa que de no aprobarse alguna de ellas no es posible pasar a la siguiente etapa. Es claro que el actor conocía las reglas del juego desde un principio, estaba enterado de que si no alcanzaba el puntaje mínimo exigido para uno o ambos tipos de pruebas quedaría eliminado y en estas condiciones no puede afirmar que se le vulneró el principio de confianza legítima, al excluirlo del concurso por no aprobar la prueba psicotécnica, lo que trajo como consecuencia su exclusión del concurso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Consejero Ponente: JESUS MARIA LEMOS BUSTAMANTE

Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil siete (2007).- Radicación número: 05001-23-31-000-2007-00885-01(AC)

Actor: HECTOR IVAN VALENCIA RAMIREZ

Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA

EDUCACION SUPERIOR, ICFES Y OTRO ACCIÓN DE TUTELA Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia del 21 de junio de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a la acción de tutela presentada por HECTOR IVÁN VALENCIA RAMÍREZ contra el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y la Comisión Nacional del Servicio Civil. EL ESCRITO DE TUTELA Actuando en nombre propio, el señor HECTOR IVÁN VALENCIA RAMÍREZ interpuso acción de tutela contra el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y la Comisión Nacional del Servicio Civil por la vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al trabajo y al principio constitucional de confianza legítima.

PRETENSIONES

El demandante solicitó:

1. Tutelarle los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al trabajo y al principio constitucional de confianza legítima.

2. Ordenar a las entidades demandadas que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo dispongan lo pertinente para que se dé validez a los resultados favorables de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y se la cite a entrevista y valoración de antecedentes, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1278 de 2002 y no como lo establece el Decreto Reglamentario 3982 de 2006.

3. Suspender provisionalmente las etapas del concurso de méritos hasta que se defina la tutela.

Las peticiones de la acción de tutela se basaron en los siguientes hechos: Mediante las convocatorias 04 a 52 de 2006 y el Decreto 3982 del mismo año se fijó el calendario y se convocó a concurso de méritos a docentes y directivos docentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Ley 1278 de 2002. Por cumplir los requisitos de la convocatoria, el señor Hector Iván Valencia Ramírez se inscribió para optar a un cargo vacante de directivo en el departamento de Antioquia. El 14 de enero de 2007 el actor presentó el examen para aspirar a dicho cargo, consistente en prueba escrita de aptitud verbal, aptitud matemática y competencias básicas y prueba psicotécnica, de acuerdo con el Decreto 3982 de 2006. Las entidades demandadas pretenden darle supremacía normativa al Decreto Reglamentario 3982 de 2006, que modifica el Decreto Ley 1278 de 2002, violando los principios de confianza legítima, de respeto a la jerarquía normativa, a la legalidad y a los límites existentes dentro de la ley y menoscabando los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo. El artículo 9 del Decreto Ley 1278 de 2002 estableció las etapas para ingresar al servicio educativo estatal, que luego fueron modificadas por el Decreto Reglamentario 3982 de 2006. En efecto, mientras el Decreto 1278 de 2002 establece que los aspirantes a cargos docentes que obtuvieran un mínimo de 60 puntos y los directivos docentes

que obtuvieran un mínimo de 70 puntos en las pruebas de aptitudes y competencias básicas conformarían la lista de elegibles y serían llamados a la etapa de la prueba psicotécnica, entrevista y valoración de antecedentes, el Decreto 3982 de 2006 dispone que los aspirantes que obtengan resultados favorables en las pruebas de aptitud, competencias y psicotécnicas conformarán la lista de elegibles para ser convocados a entrevista y valoración de antecedentes. El ICFES publicó el 7 de febrero de 2007 una primera lista de elegibles, en la que se encontraba el demandante. Después de conocer las reclamaciones presentadas por los aspirantes, la entidad expidió la Resolución 000069 del 1 de marzo de 2007, con el propósito de dar respuesta conjunta a los derechos de petición formulados, y el 20 de marzo de 2007 publicó, vía internet, la Resolución No. 000089, mediante la cual resolvió dar por terminada la actuación administrativa especial, publicar nuevos resultados y disponer que la Comisión Nacional del Servicio Civil ajustara un nuevo cronograma. La Comisión Nacional del Servicio Civil, por Resolución No. 088 del 23 de marzo de 2007, ajustó el cronograma de las actividades de las convocatorias Nos. 04 a 052 para la provisión de empleos de docentes y directivos docentes y el 26 de los mismos mes y año el ICFES publicó la nueva lista de elegibles, excluyendo al actor por no haber superado la prueba psicotécnica, sin tener en cuenta que lo obtenido en esa prueba se debería promediar con la entrevista y valoración de antecedentes, vulnerando con ello el principio de confianza legítima y los

derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo. El ICFES, después de publicar la primera lista de los aspirantes que supuestamente habían superado las pruebas escritas, se dio cuenta de que los resultados habían sido mal promediados y los modificó como lo establece tanto el Decreto 1278 de 2002 como el Decreto Reglamentario 3982 de 2006, es decir, separó el promedio de las pruebas de aptitud y competencias de los resultados de la prueba psicotécnica, sin tener en cuenta que el actor al superar las pruebas de aptitudes y competencias básicas tenía todo el derecho a seguir en el proceso del concurso, lo que demuestra la vulneración de los derechos fundamentales invocados. La publicación de los resultados que hizo el ICFES el 7 de febrero de 2007 es un acto administrativo y, por lo tanto, goza de presunción de legalidad. Con la aplicación indebida del Decreto 3982 de 2006 se están violentando los derechos y los principios contemplados en la Constitución y en la Ley. En la convocatoria no se señalaron los recursos procedentes, los actos recurribles del concurso, los efectos de los recursos ni el procedimiento para los mismos, con clara violación del debido proceso. A la fecha no ha sido notificado personalmente ni mediante escrito individual la reprobación del concurso, con su debida motivación. Con el proceder de las entidades demandadas se vulneró el derecho fundamental del actor al trabajo por cuanto, de acuerdo con la norma de mayor jerarquía, puede seguir en el concurso docente o directivo, mientras que con la aplicación indebida del Decreto 3982 de 2006, que contraría el Decreto Ley 1278 de 2002, queda excluído del concurso.

LAS CONTESTACIONES

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, señaló que la acción de tutela impetrada es improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el demandante dispone de otros medios de defensa judicial para controvertir la legitimidad y validez del concurso en el cual participó. El concurso para proveer cargos docentes y directivos docentes se rige por las reglas establecidas en el estatuto de profesionalización docente, contenidas en el Decreto Ley 1278 de 2002, que establecen las etapas del concurso y fijan en las entidades territoriales certificadas la facultad de convocar a concurso público y abierto para cargos docentes y directivos docentes. Para el concurso docente convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de las convocatorias 04 a 52 de 2006, las normas vigentes son el Decreto Ley 1278 de 2002 y el Decreto 3982 de 2006. El procedimiento de selección de docentes y directivos docentes es un concurso abierto a nivel nacional, que se encuentra reglado y que brinda a los participantes igualdad de oportunidades para acceder por el sistema de méritos a los cargos vacantes a nivel nacional. Las actuaciones que se surten en las diferentes etapas del concurso constituyen actuaciones de trámite dentro del proceso, en la medida en que permiten impulsarlo. El procedimiento sólo concluye cuando se adopta la decisión final que, en este caso, es la que le indica al interesado que ha superado satisfactoriamente las distintas etapas y puede conformar la lista de elegibles para ser nombrado en uno de los cargos vacantes. Así durante todas las etapas del

concurso no es posible hablar de derechos adquiridos puesto que los participantes sólo tienen una mera expectativa de pasar el concurso. El solo hecho de adquirir la condición de participante en un proceso de selección no le otorga al concursante el derecho de acceder a cualquiera de los cargos públicos vacantes. Es necesario que surta todas las etapas del concurso, supere las pruebas con los puntajes requeridos y, finalmente, entre a conformar las listas de elegibles, para que se le posibilite acceder a los cargos respectivos. El ICFES no ha cambiado las reglas del concurso establecidas mediante el Decreto 3982 de 2006 y los criterios que allí se expresan fueron observados al presentar los resultados publicados el 26 de marzo de 2007, según los cuales se exige presentar separadamente las pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas. Tampoco ha desatendido las peticiones o reclamaciones del demandante, por cuanto el procedimiento adoptado para resolverlas se ajustó a las exigencias de la sentencia T-466 de 2004, conforme a la cual es aceptable atender peticiones masivas a través de un escrito general que responda a todos los peticionarios. El ICFES practicó la prueba escrita sobre competencias básicas y la prueba psicotécnica el 14 de enero de 2007, en el ámbito de sus competencias y en cumplimiento del cronograma dispuesto por la CNSC a través de las convocatorias 04 a 52 de 2006. Los resultados de estas pruebas fueron publicados el 7 de febrero de 2007. Sin embargo los mismos se apartaron de lo dispuesto en el Decreto 3982 de 2006 y en las convocatorias 04 a 52 de 2006,

razón por la cual se dispuso dejar fuera de servicio el módulo de resultados de la página web del ICFES. El Decreto 3982 señaló que se trata de dos pruebas con cuya evaluación se persiguen objetivos diferentes por lo que sus resultados deben presentarse por separado. Las pruebas de aptitudes y competencias básicas debían conformar un puntaje y la prueba psicotécnica otro. Con ocasión de la publicación de los resultados el ICFES recibió un número cercano a los 5000 derechos de petición y/o reclamaciones a través de los cuales los peticionarios solicitaban la revisión de sus resultados. Su atención se surtió a través de una actuación administrativa especial, ordenada mediante la Resolución No. 069 del 1 de marzo de 2007, en la cual se señaló el 20 de marzo de 2007 como fecha para responder conjunta y definitivamente las numerosas peticiones. En esta ocasión expidió el ICFES la Resolución No. 00089 dando por concluida la actuación administrativa especial, en virtud de la cual no sólo se revisaron los resultados de los cerca de 5000 peticionarios sino los de la totalidad de los participantes en el concurso, por lo cual la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Resolución No. 088 del 23 de marzo de 2007, modificó el cronograma de las convocatorias y fijó el 26 de marzo de 2007 para efectuar la publicación respectiva. Así la publicación efectuada el 7 de febrero de 2007 quedó sin efecto. Es claro, entonces, que el ICFES utilizó los instrumentos legales de que disponía para ajustar la presentación de resultados a la reglamentación vigente y facilitar la

continuidad del proceso de selección. Las Resoluciones Nos. 069, 089 y 105 del 1 y 20 de marzo y 4 de abril de 2007, en su orden, fueron actos de mero trámite expedidos por la Dirección General del ICFES para atender en forma conjunta las numerosas peticiones recibidas con ocasión de la publicación de resultados efectuada el 7 de febrero y el 26 de marzo de 2007, impulsando el procedimiento del concurso, sin pretender modificar o alterar sus reglas. No es viable suspender los actos administrativos expedidos con motivo de las convocatorias 04 a 052 de 2006 pues no causan un perjuicio irremediable ni la atención de las reclamaciones impide o afecta el cumplimiento de las etapas subsiguientes del concurso puesto que deben atenderse por el ICFES dentro de los términos fijados por la CNCS en los cronogramas establecidos para estas convocatorias. No es cierto que el ICFES hubiese modificado el método de evaluación, como lo señaló el demandante, por el contrario, efectuó la evaluación de las pruebas conforme a las reglas definidas para este efecto en el Decreto 3982 de 2006 y en las convocatorias efectuadas por la CNSC, todas ellas divulgadas y conocidas por los participantes con antelación a la celebración del concurso. El Decreto 3982 de 2006 no prevé la exigencia de que se informe en los resultados publicados la condición de aprobado o no aprobado de los participantes, sino que establece que para superar cada una de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas se necesita un resultado

mínimo de 60 puntos para docente y de 70 puntos para directivo docente, por ello la presentación de resultados efectuada el 26 de marzo de 2007 se ajustó a las previsiones señaladas en el mismo decreto, ya que la aprobación o improbación de la prueba debe deducirse simplemente del puntaje obtenido. El reglamento cuestionado por el demandante no varió, suprimió o modificó ninguno de los aspectos a evaluar, sencillamente definió que si habían de practicarse dos pruebas escritas y con cada una de ellas se evaluarían aspectos diferentes de los participantes, resultaba conveniente aplicar tales pruebas en la misma oportunidad, separando los puntajes obtenidos en cada una de ellas. Así lo que realmente se varió fue la forma de presentar los puntajes, sin que ello constituya una trasgresión del ordenamiento legal y, mucho menos, una vulneración de los derechos de los participantes, quienes con antelación suficiente y desde el mismo momento de sus inscripciones aceptan las reglas del concurso y de las convocatorias. Por último no corresponde al juez de tutela, por carecer de competencia, declarar la nulidad de los actos administrativos ni decretar su suspensión provisional. La Comisión Nacional del Servicio Civil, por su parte, afirmó que no desconoció los derechos al debido proceso y al trabajo ni el principio de confianza legítima puesto que la segunda publicación de resultados de las pruebas específicas aplicadas el 14 de enero de 2007 se ajustó a las reglas de juego definidas por la comisión en las Convocatorias 04 a 052 de 2006, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3982 de 2006, a las cuales se acogió el actor desde el

momento en el cual se inscribió al concurso. La calidad aprobatoria o no de las pruebas, se determina por el mismo concursante en función de lo dispuesto en la convocatoria sobre los puntajes mínimos aprobatorios, en esas condiciones, y como se mostró en las dos publicaciones de resultados, unos concursantes aprobaron la prueba de aptitudes y competencias básicas pero no aprobaron la prueba psicotécnica, y otros, aprobaron la segunda pero no la primera, lo que significa que no pueden ser admitidos a las pruebas subsiguientes de Análisis de Antecedentes y de Entrevista. El actor obtuvo más de 70 puntos en la prueba de aptitudes y competencias básicas pero obtuvo menos de 70 puntos en la prueba psicotécnica, luego tomadas individualmente se entiende que no puede ser admitido para las pruebas de análisis de antecedentes y de entrevista, según lo dispuesto en la convocatoria y el Decreto 3982 de 2006. La segunda publicación de resultados de los puntajes obtenidos por los participantes en el concurso de docente y directivo docente, correspondiente a las convocatorias 04 a 052 de 2006, no es más que una aclaración formal sobre la forma de presentación de estos puntajes y no altera el valor intrínseco de cada uno de ellos y tampoco el alcance de los mismos a la luz de las reglas del concurso. La Comisión Nacional del Servicio Civil no desconoció los derechos al debido proceso y al trabajo ni el principio de confianza legítima, en la medida en que el concurso está ajustado a una norma general vigente y obligatoria, esto es, al Decreto 3982 de 2006, al cual se adecuó la respectiva convocatoria,

constituyéndose en actos de carácter general y abstracto respecto de los cuales resulta improcedente la acción de tutela, conforme lo dispone el artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a la petición de tutela, por las siguientes razones (fls. 51 a 67). La entidad estatal que convoca a un concurso abierto con la finalidad de escoger a una o varias personas para suplir uno o varios cargos públicos, está sujeta a las reglas que diseñó y a las cuales los participantes se sometieron, por lo tanto, desconocer el riguroso orden impuesto, cuando agotadas todas las etapas de selección varía las condiciones para conformar la lista de admitidos, e incluso para nombrar a un participante cuando son varios los cargos a proveer, equivale a quebrantar unilateralmente las bases de tal convocatoria y defraudar no sólo a quien superó satisfactoriamente todas las pruebas, sino también frustra la confianza en la institución. El demandante tenía confianza legítima no sólo en la norma que reglamentaba el concurso, sino además en que sus derechos serían respetados, pues es legítimo que los participantes de la convocatoria confíen en que los derechos así conferidos están jurídica y solidamente amparados. Las convocatorias 04 a 052 de 2006 desde su inicio estuvieron regidas por el Decreto Ley 1278 de 2002, y tan es así que la lista de elegibles se conformó a partir de la verificación y ponderación de resultados de acuerdo con los parámetros establecidos por el mismo decreto. Habiendo agotado el ICFES las etapas del concurso en aplicación del Decreto Ley

1278 de 2002, y publicada la lista de admitidos el 7 de febrero de 2007, no era dado proceder a su modificación por haber aplicado una normativa anterior a la que en esta ocasión consideró procedente, esto es el Decreto Reglamentario 3982 de 2006, pues conforme lo dicho por la Corte Constitucional, la inclusión del nombre del demandante en la lista de admitidos le genera un derecho adquirido. Las entidades demandadas interpretaron equivocadamente el Decreto Ley 1278 de 2002 y el Decreto Reglamentario 3982 de 2006, al entender que el decreto reglamentario había alterado en aspectos sustanciales la estructura del concurso, en lugar de armonizar la misma, dándole carácter eliminatorio a la prueba psicotécnica. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto Ley 1278 de 2002 es suficiente que el aspirante obtenga un resultado favorable en las pruebas de aptitudes y competencias básicas para considerarse incluido en la lista de admitidos junto con la entrevista y la valoración de antecedentes, sin descartar la prueba psicotécnica, ya que esta se considera para la clasificación en el orden del listado de elegibles. La prueba psicotécnica no debía computarse con la prueba de aptitudes y competencias básicas, sino que era independiente de ella. Al separar el puntaje computado o integrado de la prueba de aptitudes y competencias básicas, el docente debe permanecer en la lista de admitidos pero en una clasificación diferente ya que el puntaje debió modificarse. No es posible obligar al actor a acudir a la vía contencioso administrativa con el fin de reclamar la protección de su derecho a permanecer en la lista de admitidos por

haber superado las pruebas requeridas, pues el medio de defensa resulta ineficaz. En relación con el derecho al trabajo no se advirtió violación que implique grave perjuicio al demandante, y por lo tanto, no amerita pronunciamiento de fondo. LA IMPUGNACION El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, impugnó el fallo proferido dentro de la acción de tutela (fls. 84 a 95). Expresó que tutelar los derechos del demandante sin escuchar las razones de la defensa constituye una clara violación del derecho al debido proceso, por cuanto se desconocen las reglas establecidas para efectos de la notificación y/o comunicación de las providencias en la acción de tutela. No se puede pretender la inaplicación de las regulaciones normativas del Decreto 3982 de 2006, norma vigente y especial que reguló las diferentes etapas del concurso. El decreto cuya legitimidad cuestiona el actor se encuentra revestido de presunción de legalidad y, por lo tanto, no puede dejarse de aplicar. Las variaciones introducidas por el Decreto 3982 de 2006 en relación con las etapas del concurso y con la aplicación conjunta de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas se enmarcan en el contexto de las facultades reglamentarias otorgadas al Gobierno Nacional. Lo que se varió fue la forma de presentar los puntajes, pero ello no constituye una trasgresión al ordenamiento legal ni mucho menos vulneración de los derechos fundamentales de los aspirantes. La norma vigente y especial aplicable al concurso en el cual participó el demandante es el Decreto 3982 de 2006, en cuanto a la aplicación y evaluación

de las pruebas escritas. No corresponde al juez de tutela, por carecer de competencia, declarar la nulidad de los actos administrativos ni decretar su suspensión provisional, esto es, ejercer el control de legalidad de los mismos. La Comisión Nacional del Servicio Civil impugnó la sentencia pero no sustentó la impugnación. CONSIDERACIONES Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia de 21 de junio de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a la tutela impetrada. El demandante pretende, mediante el ejercicio de la acción de tutela, obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al principio de confianza legítima y, como consecuencia, que se ordene a las entidades demandadas dar validez a los resultados favorables de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y citarlo a entrevista y valoración de antecedentes, conforme lo dispone el Decreto Ley 1278 de 2002 y no como lo preceptúa su Decreto Reglamentario 3982 de 2006. Además pide que se suspendan provisionalmente las siguientes etapas del concurso de méritos mientras se decide la tutela. El problema jurídico Se contrae a determinar si hubo violación de los derechos constitucionales fundamentales del señor HECTOR IVÁN VALENCIA RAMÍREZ al debido proceso, al trabajo y al principio de confianza legítima, como consecuencia de su exclusión del concurso de méritos de docentes y directivos docentes en el que participó, por no haber superado la prueba psicotécnica. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a la tutela impetrada por cuanto

encontró probada la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Para resolver el asunto debatido la Sala hará las siguientes consideraciones: La procedencia de la acción de tutela Conforme lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En este caso el demandante solicita dar validez a los resultados favorables de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y, en consecuencia, citarlo a entrevista y valoración de antecedentes, y suspender las etapas siguientes del concurso de méritos por haber sido excluido de él mediante la segunda publicación de resultados el 26 de marzo de 2007. Aunque las entidades demandadas consideran que la mencionada publicación constituye un acto administrativo susceptible de ser demandado, la respuesta dada por el ICFES a las peticiones presentadas por los concursantes afectados con la segunda publicación de resultados, señala que las decisiones que se dicten durante el concurso docente son actos de trámite. Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso administrativas. Si ello es así, en este caso, el actor carece de otros medios de defensa judicial para lograr su incorporación al concurso docente. En esas condiciones se estudiará el fondo del asunto para establecer si se

presentó la aludida vulneración de los derechos constitucionales fundamentales del demandante como consecuencia de la actuación de las entidades demandadas que lo excluyeron del concurso en el que participó. Análisis de la Sala Sea lo primero indicar que la Sala no abordará el estudio de la supuesta ilegalidad del Decreto Reglamentario 3982 de 2006, por cuanto tal discusión escapa a la competencia del juez de tutela y corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El estudio en el presente caso se limitará, entonces, a determinar si la exclusión del demandante del concurso por no haber superado la prueba psicotécnica vulneró sus derechos fundamentales. La reglamentación del concurso de méritos de docentes y directivos docentes El Decreto Ley 1278 de 2002 en su artículo 9, estableció: “ARTÍCULO 9. ETAPAS