CE-05001-23-33-000-2020-02937-01(AC)-2020

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL ACTO POR

MEDIO DEL CUAL SE ORDENÓ EL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO DE TODAS LAS PERSONAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA - En el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19 / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / MEDIO DE CONTROL DE SIMPLE NULIDAD - Medio idóneo y eficaz La Sala advierte que la demandante cuenta con el medio de control de simple nulidad para efecto de cuestionar la legalidad o constitucionalidad del Decreto 1076 del 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. (…) A juicio de la Sala, en este caso, no están cumplidos los requisitos para que la tutela proceda como mecanismo transitorio, pues lo cierto es que no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable. (…) Por el contrario, la Sala advierte que la etapa del aislamiento preventivo obligatorio terminó y se le dio apertura a una nueva fase, el 25 de agosto de 2020, el gobierno nacional expidió el Decreto 1168 de 2020, con el objeto de regular la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus Covid-19. (…) Quiere decir que las restricciones impuestas a establecimientos y locales comerciales que presten servicio de restaurante aplican para los eventos en que se involucre el consumo de bebidas embriagantes. En ese sentido, las restricciones a que hizo referencia la parte actora en el escrito de tutela no se

encuentran vigentes, pues como se vio, las pretensiones se dirigieron a que se autorizada la prestación del servicio de restaurante a la mesa o de manera presencial. (…) Siendo así, se impone confirmar la decisión de primera instancia del 21 de agosto de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, objeto de impugnación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 05001-23-33-000-2020-02937-01(AC)

Actor: CHEF BURGER COMPANY S.A.S Y OTROS Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA La Sala decide la impugnación1 presentada por la parte actora contra la providencia del 21 de agosto de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de

Antioquia, que resolvió: 1

Acumulados: 05001-23-33-000-2020-02943-01 05001-23-33-000-2020-02938-01 05001-23-33-000-2020-02936-01 05001-23-33-000-2020-02972-01 “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por los señores IVÁN DARÍO CASTAÑO González quien actúa en calidad de representante legal de CHEF BURGER COMPANY S.A.S., y los señores

DIEGO HENAO DUEÑAS, IVÁN DARÍO ESPINEL GÓMEZ, EDWIN

ALEXANDER SÁNCHEZ GÓMEZ (2020-02937); JORGE MARIO SIERRA ROLDÁN, quien actúa en nombre propio y en calidad de representante legal de la empresa INVERSIONES MITOS S.A.S. y los señores ÓSCAR

LEANDRO HIGUITA VÉLEZ, SEBASTIÁN PENAGOS CÁCERES, SANDRA

MILENA ZAPATA SÁNCHEZ Y CRISTIAN CAMILO SOUZA ROJAS; CAMILO RESTREPO MESA (2020-02943); CAMILO RESTREPO MESA quien actúa actuando en nombre propio y en representación de la empresa

NUESTRA COCINA ARTESANAL S.A.S. y los señores JUAN GUILLERMO

QUINTERO NARANJO, ESTEFANÍA LLANO LÓPEZ, JOHN JAIRO MOSQUERA PEREA, EDIAN ANTONIO CARDONA VALENCIA Y JOHANA MARÍA ESTRADA VICTORIA, son coadyuvantes de la acción los señores WILSON DAVID ECHEVERRY, ORLANDO ANTONIO ZAPATA MEDINA, DANIEL ELÍAS RUIZ PINO Y ANDRÉS JOSÉ ACEVEDO SILVA (2020202938); ALEJANDRO GÓMEZ BOTERO quien actúa en nombre propio y en calidad de representante legal de la SOCIEDAD EL CORREO S.A.S. y los

señores JULIO CÉSAR PULGARÍN PULGARÍN, LUZ MARY GRAJALES

GALLEGO, SERGIO VERA TRIANA, JUAN FERNANDO HURTADO

TORRES Y CAROLINA ZAPATA BEDOYA (2020-02936); SANTIAGO

ÁNGEL JIMÉNEZ quien actúa en nombre propio y en representación de la

HACIENDA ORIGEN S.A.S. y los señores YURANI LOAIZA BUITRAGO,

ÁNGELA MARÍA ÁLVAREZ GIRALDO, LINA MARCELA GIRÓN LARGO, LINA VERÓNICA VANEGAS BERRÍO Y MICHEEL CASTRILLÓN SÁNCHEZ 2020-02972, según las consideraciones expuestas en la parte motiva. (…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones Los señores Iván Darío Castaño González, representante legal de Chef Burger Company S.A.S. [2020-02937] y otros2 interpusieron acción de tutela en contra del municipio de Medellín y otros3, por estimar vulnerados los derechos fundamentales 2 Asimismo, los señores Diego Henao Dueñas, Iván Darío Espinel Gómez, Edwin Alexander Sánchez Gómez

[2020-02943], Jorge Mario Sierra Roldán, en nombre propio y en calidad de representante legal de la empresa Inversiones Mitos S.A.S., Óscar Leandro Higuita Vélez, Sebastián Penagos Cáceres, Sandra Milena Zapata Sánchez, Cristian Camilo Souza Rojas; Camilo Restrepo Mesa [20202-02938]; Camilo Restrepo Mesa en nombre propio y en representación de la Empresa Nuestra Cocina Artesanal S.A.S., Juan Guillermo Quintero Naranjo, Stefania Llano López, John Jairo Mosquera Perea, Edian Antonio Cardona Valencia y Johana Maria Estrada Victoria, coadyuvantes de la acción los señores Wilson David Echeverry, Orlando Antonio Zapata Medina, Daniel Elías Ruíz Pino y Andrés José Acevedo Silva [2020-02936]; Alejandro Gómez Botero, en

nombre propio y en calidad de representante legal de la sociedad El Correo S.A.S. y los señores Julio César Pulgarín Pulgarín, Luz Mary Grajales Gallego, Sergio Vera Triana, Juan Fernando Hurtado Torres y Carolina Zapata Bedoya [2020-02972]; Santiago Ángel Jiménez en nombre propio y en representación de la Hacienda Origen S.A.S., Yurani Loaiza Buitrago, Ángela Maria Álvarez Giraldo, Lina Marcela Girón Largo, Lina Verónica Vanegas Berrío y Micheel Castrillón Sánchez. 3 El municipio de envigado, la Nación – Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones: “1.1. Primera principal. Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, libertad de empresa, libre competencia, libertad de locomoción, libre desarrollo de la personalidad, trabajo, seguridad social y mínimo vital en condiciones dignas que han sido violados por las entidades accionadas. 1.2. Primera consecuencial. Inaplicar provisionalmente, en relación con las

actividades económicas presenciales desarrolladas por la parte accionante de acuerdo con los protocolos de bioseguridad, los artículos 1 y 2 del Decreto 1076 de 2020 —o en la disposición normativa que la prorrogue, modifique, adicione o complemente— hasta que sea decida su nulidad por inconstitucionalidad en el Consejo Estado. 1.3. Segunda consecuencial. Inaplicar provisionalmente el fragmento “mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por entrega para llevar” previsto en el numeral 20 del artículo 3 del Decreto 1076, de modo que se permita la apertura para comercialización presencial (in situ) de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad, y bajo el título de “Garantías para la medida de aislamiento”; o en la disposición normativa que la prorrogue, modifique, adicione o complemente. 1.4. Tercera consecuencial. Inaplicar provisionalmente el numeral 3 en su integridad del artículo 5 del Decreto 1076 de 2020 —o en la disposición normativa que la prorrogue, modifique, adicione o complemente—, hasta que sea decida su nulidad por inconstitucionalidad en el Consejo Estado. En este numeral se establece, para municipios con afectación moderada o alta por COVID-19, que: “Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o por entrega para llevar”. 1.5. Cuarta consecuencial. Extender los efectos de la sentencia de tutela, no solo a los accionantes, sino a todas las empresas, negocios y

trabajadores del sector relacionado con la comercialización presencial (in situ) de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos que ven vulnerados sus derechos fundamentales por las entidades accionadas, sin necesidad de acudir a una nueva tutela para ello. 1.6. Primera subsidiaria a las peticiones consecuenciales 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. En caso de que no prosperen las peticiones 1.2. a 1.5., declarar la excepción de inconstitucionalidad respecto del fragmento “mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por entrega para llevar” previsto en el numeral 20 del artículo 3 del Decreto 1076 y del numeral 3 en su integridad del artículo 5 del Decreto 1076 de 2020, y solo para el caso concreto de la parte accionante, respecto de la medida de aislamiento obligatorio prevista en los artículos 1, 2 y 5 del Decreto 1076 de 2020, o en la disposición normativa que la prorrogue, modifique, adicione o complemente, de modo que se autorice la comercialización presencial (in situ) de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos. de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo de la Función Pública. 1.7. Segunda subsidiaria a las peticiones consecuenciales 1.2, 1.3, 1.4. 1.5. y a la subsidiaria 1.6. En caso de que no prosperen las peticiones 1.2.

a 1.6., Ordenar a los entes territoriales que, en el término de 48 horas, soliciten el Gobierno Nacional, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 6 del artículo 3 del Decreto 1076 de 2020 (o la norma que lo prorrogue, modifique, complemente o adicione), que se incluyan, como excepciones al aislamiento preventivo obligatorio, las actividades económicas presenciales desarrolladas por la parte accionante de acuerdo con los protocolos de bioseguridad. 1.8. Quinta consecuencial. Como consecuencia de la prosperidad de la petición principal 1.1 y de cualquiera de las peticiones consecuenciales, ordénese al Gobierno que, a través del ministerio o ministerios competentes, adopte las medidas de protocolos de bioseguridad para el servicio gastronómico de forma presencial”. Como medida provisional solicitaron: “En atención a lo previsto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicitamos, con el mayor de los respetos: La suspensión provisional de la expresión: “mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por entrega para llevar”, prevista en el numeral 20 del artículo 3 del Decreto 1076 del 2020; así como del numeral 3 en su integridad del artículo 5 del Decreto 1076. Lo anterior, por ser necesario y urgente, con miras a evitar la ocurrencia de un perjuicio cierto e inminente, de acuerdo con lo explicado en la sección cuatro del presente escrito en relación con la procedencia de esta acción frente a los criterios de urgencia, impostergabilidad, gravedad e inminencia de las afectaciones multidimensionales”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: El Decreto 1076 de 20204, previó las medidas de aislamiento obligatorio y limitó la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con algunas excepciones. Señalan que la economía ha tenido apertura y se ha permitido el ejercicio de otras actividades mediante la incorporación de excepciones a los decretos de aislamiento obligatorio, las cuales, consideran, han ido en aumento al punto que hoy existen pocas actividades económicas por fuera de las referidas excepciones5. 4 Por medio del cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del 1 de septiembre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID -19. 5 Hizo amplia relación de los decretos y excepciones consagradas, en el siguiente orden: (i) Decreto 457 de 2020, del 22 de marzo del 25 de marzo al 13 de abril de 2020, mediante el que se exceptuaron del aislamiento actividades como servicios bancarios y notariales, servicios funerarios, funcionamiento de centros de contactos, de soporte técnico, servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa; (ii) el Decreto 531 de 2020, del 13 de abril al 27 de abril de 2020 con este decreto, se consagró una nueva excepción al aislamiento obligatorio, relativa a la ejecución de obras públicas y de infraestructura de transporte, y al

suministro de insumos relacionados con lo anterior (art. 3, núm. 18); (iii) Decreto 593 del 24 de abril de 2020, del 27 de abril al 11 de mayo de 2020, que estableció nuevas excepciones al aislamiento: -Núm. 19, art. 3: ejecución de obras de construcción de edificaciones en general, así como el suministro de sus insumos. - Núm. 29, art. 3: actividades de casas de cambio, juegos de suerte y azar, chance y lotería, centrales de Que la apertura económica ha incluido sectores con riesgos frente a las pandemias iguales o superiores a los que son propios del sector gastronómico, sin embargo, este sector es uno de los pocos que continúa con restricciones. Indicaron que en ninguno de los decretos se expresa en las consideraciones las razones por las que, pese a que cada vez se reabren otros sectores de la economía, subsiste la prohibición para los establecimientos gastronómicos para ofrecer sus servicios presencialmente. Manifestaron que, pese a que han recibido los subsidios de nómina otorgados por el gobierno nacional, son insuficientes para garantizar los derechos de los trabajadores, proveedores y acreedores, asimismo, que existen empleados con condiciones de vulnerabilidad manifiesta, a los que se les debió reducir la compensación salarial, tales como madres cabeza de familia y personas con preexistencias que debido al Covid - 19 se encuentran en sus casas con el contrato suspendido. Refirieron que el Instituto Nacional de Salud ha establecido que los restaurantes representan un riesgo de contagio alto-medio, riesgo menor a otros sectores

económicos que tienen un nivel de riesgo alto o muy alto y se encuentran operando tales como: los bancos, los supermercados y las plazas de mercado; frente a las actividades que representan el mismo nivel de riesgo, igualmente, hay actividades que se encuentran en funcionamiento, las peluquerías y los centros comerciales. En general, afirmaron que, de continuar la situación de confinamiento, los restaurantes se verían obligados a reducir aún más la planta de personal, pese a utilizar diversas alternativas como conceder el periodo de vacaciones anticipado y la restructuración de la política salarial de los empleados. Mencionaron que se encuentra en trámite demanda de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 1076 de 2020 ante el Consejo de Estado, con base en peticiones y fundamentos jurídicos a los de la presente acción y que esta se promueve para evitar un perjuicio irremediable. riesgo, transporte de valores. - Núm. 37, art. 3: desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre para personas entre 18 y 60 años, hasta por una hora al día. - Núm. 38, art. 3: avalúos de bienes y estudios de títulos para la constitución de garantías para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. - Núm. 40, art. 3: fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de accesorios para bicicletas. - Núm. 41, art. 3: parqueaderos públicos para vehículos; (iv) Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, del 11 de mayo al 31

de mayo de 2020, - Núm. 22, art. 3: comercialización al por mayor y al por menor de 2020, materiales de construcción, ferreterías, cerrajerías, etc.- Núm. 37, art. 3: industria textilera, maderera, del papel y el cartón, metalúrgica, química, de maquinaria y equipos. - Núm. 39, art. 3: actividad de fabricación, mantenimiento y reparación de computadores y otros equipos electrónicos.- Núm. 38, art. 3: industria de manufacturas, de vehículos automotores, de motocicletas, de muebles y colchones y somieres. - Núm. 40, art. 3: comercio al por menor de combustible, lubricantes, libros, periódicos, artículos de papelería, muebles y enseres domésticos, vehículos automotores y bicicletas; (v) Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, del 1 de junio al 1 de julio de 2020.- Núm. 18, art. 3: remodelación de inmuebles. - Núm. 25, art. 3: servicios de limpieza, incluyendo el doméstico. - Núm. 32, art. 3: centros comerciales. - Núm. 40, art. 3: museos y bibliotecas. - Núm. 41: laboratorios prácticos de instituciones educativas educación superior. - Núm. 42, art. 3: actividades profesionales, técnicas y de servicios en general. - Núm. 43, art. 3: servicios de peluquería; (vi) Decreto 879

del 25 de junio de 2020, prórroga la vigencia del Decreto 749 de 2020 hasta el 15 de julio de 2020. - Art. 1: se consagró la posibilidad de que los alcaldes implementen planes piloto para la atención en el sitio de establecimientos de comida. - Art. 1: se consagró la posibilidad de que los alcaldes autoricen servicios religiosos que impliquen aglomeración de personas; (vii) Decreto 990 del 20 de julio de 2020, del 16 de julio al 1 de agosto de 2020 - Núm. 21, art. 3: actividades hoteleras y, (viii) Decreto 1076 del 28 de julio de 2020. - Núm. 34, art. 3: colegios y universidades, aunque de manera gradual y progresiva, bajo el modelo de presencialidad con alternancia. -Núm. 45, art. 3: proyección fílmica en la modalidad de autocines. - Núm. 46, art. 4: realización de las pruebas de Estado Saber.

3. Argumentos de la acción de tutela Señalan que los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto 1076 de 2020 solo permiten la comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos “mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por entrega para llevar” y prohibió, correlativamente, la comercialización presencial de estos productos y la apertura de los locales y establecimientos gastronómicos.

Hicieron amplia exposición de los derechos que consideran vulnerados, como son, la libertad de empresa, la libre competencia, la libertad de locomoción, al trabajo,

al mínimo vital, a la seguridad social y sostuvieron que la acción de tutela es un mecanismo transitorio procedente para reclamar la protección de estos derechos, toda vez que la omisión de las entidades accionadas acarrea un perjuicio inminente, grave, urgente e impostergable, de modo que resulta indispensable la intervención del juez constitucional para evitar que se configure un daño irremediable sobre estos derechos. En desarrollo de lo anterior, expusieron que los decretos de aislamiento obligatorio y sus excepciones son violatorios del principio de la igualdad, por el trato diferencial que está recibiendo el gremio gastronómico, sin atender a razones objetivas, legitimas y proporcionales, por lo que consideran que se debe hacer un test de proporcionalidad para determinar si el trato diferenciado que recae sobre el sector, en comparación con otros que representan igual o mayor riesgo epidemiológico, es un mecanismo para perseguir un propósito constitucional. Afirmaron que existen otros medios idóneos para preservar los intereses comunitarios, como la pedagogía, el autocuidado, la corresponsabilidad social, la adopción y cumplimiento de los protocolos que permitan la prestación de servicios gastronómicos presenciales y, si bien, ello implicará menores utilidades, seguiría siendo útil para al menos mitigar las pérdidas que actualmente conducen a la extinción del negocio y a la desaparición de fuentes de empleo. En cuanto a la libertad de empresa, indicaron que se refleja en la encuesta mensual de servicio – mayo de 2020 publicada por el DANE, en la que arroja como resultado una variación negativa del 55,6% en los ingresos mensuales de

los “restaurantes, catering y bares”, contrasta con el aumento del 11.9% de los ingresos nominales de actividades de call center, que representa un mayor riesgo epidemiológico. Que se ha afectado de manera grave el derecho fundamental a la libertad de locomoción, lo que a su vez implica la afectación al derecho al trabajo de los empleados debido a que las personas que pertenecen al sector no pueden trabajar a distancia por la naturaleza del servicio.

4. Trámite Previo El Juzgado Catorce Administrativo del Medellín, en auto del 10 de agosto de 2020, remitió por competencia la acción de tutela al Tribunal Administrativo de Antioquia.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en auto del 11 de agosto de 2020, admitió la acción de tutela y negó la solicitud de medida provisional. El Despacho del Magistrado Daniel Montero Betancur, remitió con destino al proceso de la referencia la acción de tutela con radicado número 05001233300020200294300, por lo que, en auto del 13 de agosto de 2020, se decretó la acumulación, se admitió la tutela y se negó la medida provisional. Asimismo, el Despacho de la Magistrada Yolanda Obando Montes remitió el expediente de tutela 05001233300020200293800 con la solicitud de acumulación de tutela masiva, de manera previa, en auto del 13 de agosto de 2020, se admitió la solicitud de coadyuvancia de los señores Wilson David Echeverry, Orlando Antonio Zapata Medina, Daniel Elías Ruiz Pino y Andrés José Acevedo Silva y, en auto del 18 de agosto de 2020, se decretó la acumulación.

El Despacho del Magistrado Jairo Jiménez Aristizábal remitió la acción de tutela con radicado 050012333000202000293600 para su acumulación, la cual fue decretada mediante auto del 19 de agosto de 2020 y el Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín, el 19 de agosto de 2020, remitió la tutela con radicado número 05001333302820200015900, en el Tribunal se le asignó el radicado 05001233300020200297200, respecto del cual también se decretó la acumulación.

5. Oposición El Departamento Administrativo de la Función Pública señaló que las medidas adoptadas por el gobierno nacional en el Decreto 1076 de 2020, no van en contra de algún grupo poblacional, por el contrario, busca salvaguardar los derechos a la vida y a salud de toda la población colombiana, por lo tanto, al no exceptuarse la apertura y comercialización presencial de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos no vulnera derechos fundamentales.

Afirmó que el juez de tutela no es competente para decretar la suspensión provisional de apartes del Decreto 1076 de 2020, porque respecto de este se surte el control automático por el juez natural y, en esa medida, sostuvo que se debe probar la existencia de un perjuicio irremediable para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio. Que, de acuerdo con las funciones asignadas al departamento, la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados y se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural manifestó que la acción de tutela

es improcedente porque la parte actora cuenta con otros mecanismos de defensa, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva como quiera que no es dicha entidad la encargada de expedir los Decretos que ordenan el aislamiento preventivo, los cuales señala la parte actora no le han permitido desarrollar la actividad comercial gastronómica. Mencionó que, tales medidas son de carácter preventivo, obligatorio y transitorio, que no vulneran los derechos fundamentales de la parte actora, por cuanto, según esas mismas disposiciones, tienen derecho a circular libremente: toda la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución, de bienes catalogados como de primera necesidad (alimentos, bebidas, medicamentos, etc.), así como la operación de los establecimientos que se dediquen a la comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por entrega para llevar, condición esa que se hace necesaria, con el fin de mitigar los efectos y disminuir los casos positivos de la enfermedad producto del Covid – 19. Dijo que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional frente a la pandemia del Coronavirus Covid-19, han sido en virtud de la protección a los derechos a la vida, a la salud, al mínimo vital, a la seguridad alimentaria y a la supervivencia de todas las personas del territorio nacional. La Presidencia de la República se opuso e a las solicitudes elevadas por los accionantes, luego de referirse al origen del Covid-19, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, son los mandatarios locales, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior quienes están

llamados atender las solicitudes de los accionantes. Indicó que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no explicó las razones por las que el medio de control de nulidad simple, que se encuentra en curso, no resulta idóneo, como tampoco lo hizo respecto de la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Insistió en que no se ha vulnerado derechos fundamentales a la parte actora pues, el gobierno nacional dentro de sus competencias ha adoptado las medidas necesarias y suficientes para afrontar la emergencia sanitaria mundial, agregó todas las medidas que se han adoptado para evitar la propagación del virus y finalmente, indicó que la acción de tutela también es improcedente porque se está cuestionando un acto de carácter general, impersonal y abstracto. Señaló que los derechos a la salud y a la vida priman sobre el derecho al trabajo y a la libertad de empresa, en especial, tratándose de trabajos y actividades que desconocen el concepto de distanciamiento social como la mejor forma de evitar el contagio y se refirió al principio de solidaridad que se impone a todos los miembros de la sociedad. El municipio de Medellín precisó que los accionantes pretenden que se inapliquen artículos del Decreto 1076 de 2020, que restringe el servicio de restaurantes de forma presencial, por lo que señaló que el municipio no está legitimado para responder por las pretensiones de la parte accionante. Indicó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela y no procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable el cual de ser tener las características de inminente, urgente

y grave, al respecto, sostuvo que la Ley 1437 de 2011 prevé el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el cual debe ser invocado cuando lo que se pretende es discutir la legalidad del acto administrativo, en el que puede solicitar medidas cautelares de manera anticipada si el demandante advierte un perjuicio irremediable. Solicitó la desvinculación del trámite constitucional de la referencia y declarar la improcedencia este por existir otros medios de defensa. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se opuso a las pretensiones de la acción de tutela y explicó que los distintos decretos legislativos expedidos con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica y en las que el objeto de regulación atañe al sector de las TIC son los Decretos 825, 771, 555 y 540 del 2020, en relación con los cuales no se observa que estos hubiesen degradado el núcleo esencial de los derechos de la parte actora. Que, de hecho, el MINTIC posibilitó las actividades, minimizó los requisitos, amplió los beneficios e incentivos al uso de las TIC y en general promovió el uso y masificación de dichos servicios, en consonancia con lo dispuesto en la Ley 1978 de 2019 regulatoria del sector de las TIC. En cuanto al Decreto 1076 de 2020 sostuvo que busca aliviar los efectos generados por la pandemia del Coronavirus con sendas medidas de orden público que desde la perspectiva de la salud pública pretende generar un impacto positivo en aspectos como la infraestructura hospitalaria y el bienestar de la población en general, que, la medida contemplada es temporal no es una medida permanente y

fue emitida en razón a los distintos elementos científicos, avance del virus y de mejoramiento del bienestar general. También expuso argumentos relacionados con la improcedencia de la acción de tutela porque no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable y alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva. El Ministerio del Trabajo afirmó que de acuerdo con la Ley 1444 de 2011, reglamentada por el Decreto 4108 de 2011, no se le asignaron funciones relacionadas con el orden público, seguridad, ciudadana y convivencia, motivo por el cual no es la llamada a pronunciarse sobre la acción de tutela de la referencia, afirma que no existe legitimación en la causa por pasiva, ya que el Ministerio del Trabajo no ha realizado actuación que genere vulneración a los derechos fundamentales alegados por los accionantes. Asimismo, a la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad porque se está cuestionando un decreto legislativo respecto del cual se eta surtiendo el control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. El municipio de Envigado enfatizó que la acción constitucional está cuestionando una norma de alcance Nacional, el Decreto 1076 del 28 de julio 2020, por la cual se ordenó en el territorio colombiano las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y se dispusieron las excepciones a la misma, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Covid-19