CE-05001-23-33-000-2021-00545-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA

EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO

ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO PREPARATORIO / MEDIDAS

CAUTELARES / DECRETO DE EMBARGO / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL / IMPUGNACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – En responsabilidad fiscal solo será demandable el acto administrativo con el cual termina el proceso / DECRETO DE EMBARGO - Define una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa / ADECUADA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE

DECRETA MEDIDA CAUTELAR DENTRO DEL PROCESO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL / NOTIFICACIÓN POR ESTADO / INEXISTENCIA

DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES La Sala estudiará la procedencia de la solicitud de amparo bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos que no son definitivos, dispuestos, entre otras, en la sentencia T-514 de 19 de junio de 2003 en concordancia con la sentencia SU077 de 8 de agosto de 2018, ambas proferidas por la Corte Constitucional. La actora presentó solicitud de tutela contra la Contraloría General de la República porque, a su juicio, al decretar la medida cautelar de embargo en su contra dentro de los procesos de responsabilidad fiscal identificados con los números de radicación 2019-01101 y 2019-01138, vulneró sus derechos mencionados supra. (…) la Sala advierte que por expresa disposición de la ley, dentro del proceso de

responsabilidad fiscal solo es susceptible de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el acto administrativo con el cual se termina el proceso, una vez se encuentre en firme, es decir, se excluye de dicho control actos como aquel mediante el cual se decreta una medida cautelar. (…) sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra aquellos actos administrativos que no son los definitivos, es decir, que no “[…] ponen fin de manera perentoria a la actuación administrativa […]” , le corresponde a esta Sala determinar si dicho acto administrativo que no es el definitivo, cumple con alguno de los requisitos establecidos por la jurisprudencia para que excepcionalmente proceda su estudio en el marco de esta solicitud de amparo. En ese orden de ideas, la Sala debe determinar si los Autos núms. 988 y 989 de 18 de diciembre de 2020, expedidos por la Contraloría General de la República, definen una situación especial y sustancial dentro del proceso de responsabilidad fiscal y si existe un perjuicio irremediable, de conformidad con los criterios expuestos por la Corte Constitucional y esta Sección. Al respecto, la Sala advierte que esta Corporación ha hecho referencia al carácter sustancial de este tipo de actos en el siguiente sentido: “[…] Los actos censurados tienen naturaleza preparatoria, pero cuentan con un contenido sustancial, porque modifican el vínculo patrimonial del demandante y los bienes embargados […] En efecto, dentro de los atributos que se desprenden del derecho de dominio, la disposición ocupa un lugar relevante, pues, bajo su égida, se permite la enajenación de los efectos pertenecientes al

patrimonio de una persona natural o jurídica. El embargo, como se afirmó precedentemente, excluye del tráfico económico las cosas, motivo por el que se presenta como un instituto procesal limitante del derecho a la propiedad, con rango constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano […]” En ese sentido, la Sala observa que los Autos núms. 988 y 989 de 18 de diciembre de 2020, expedidos por la Contraloría General de la República, definen una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa, razón por la cual procede el estudio de la presunta la vulneración de los derechos fundamentales de la actora. (…), la Sala encuentra que, mediante los autos núms. 988 y 989 de 18 de diciembre de 2020, la Contraloría decretó las medidas cautelares en los procesos de responsabilidad fiscal de la referencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 128 del Decreto Ley 403 del 26 de marzo de 2020 que modificó el artículo 12 de la Ley 610 de 15 de agosto de 2000 y el artículo 103 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011; actos administrativos que fueron notificados por estado y respecto de los cuales se previó la oportunidad para interponer los recursos de reposición y apelación, conforme con el artículo 102 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011. Teniendo en cuenta que la actora en su impugnación insistió en que hubo una indebida notificación de los autos que decretaron las medidas cautelares, porque a su juicio, esta no debió efectuarse por estado sino personalmente a través de su correo electrónico, la Sala considera que, de

conformidad con el artículo 106 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011, la notificación de dichos actos no debía realizarse como lo considera la accionante (…) En ese orden de ideas, la Sala advierte que, en lo que concierne al decreto de la medida cautelar dentro de los procesos de responsabilidad fiscal identificados con los números de radicación 2019-01101 y 2019-01138, los autos núms. 988 y 989 de 18 de diciembre de 2020, la autoridad demandada efectuó el respectivo procedimiento con fundamento en lo establecido en el Decreto Ley 403 del 26 de marzo de 2020, la Ley 610 de 15 de agosto de 2000 y la Ley 1474 de 12 de julio de 2011, sin que se advierta la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre que invocó la actora, último en relación con el cual, cabe mencionar, que contrario a lo expuesto por la actora, dichas medidas no implican que ya haya sido declarada responsable fiscal, sino que corresponden a medidas de carácter preventivo que buscan garantizar un eventual fallo de responsabilidad fiscal, sin que su imposición atente contra el buen nombre de la actora. (…) Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, puesto que no se advierte “[…] la situación lamentable de sus finanzas […]” que adujo la actora, sino que, por el contrario, su único perjuicio consiste en no poder acceder a un crédito para “[…] mejorar la propiedad […]”. Del análisis del acervo probatorio no es posible

establecer que la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN / AUSENCIA DE RESPUESTA

DEL DERECHO DE PETICIÓN / INFORMACION SOBRE QUÉ ACTUACIÓN PUNTUAL SE HACE ANOTACIÓN EN LA MATRICULA INMOBILIARIA Teniendo en cuenta que el debate propuesto por la actora gira en torno a 3 peticiones que presentó ante la Contraloría General de la República, sin obtener respuesta o sin que haya sido resuelto de fondo lo requerido, esta Sala a continuación analizará cada una de ellas para determinar si se vulneró el derecho de la actora. Petición de 9 de febrero de 2021 – Radicado núm. 2021ER0014294 (…) En relación con esta petición, la actora adujo que, a su juicio, no fue resulta de fondo, razón por la cual presentó una nueva petición. Al respecto, una vez comparado el contenido de la petición y la respuesta que le suministró la entidad a la actora, la Sala encuentra que la Contraloría no resolvió la petición del numeral 3 de la petición de 9 de febrero de 2021, es decir, aquella relacionadas con “[…] 3. Informar sobre qué actuación puntual y/o notificación de la misma se hace anotación al inmueble identificado con matricula (sic) inmobiliaria No. 0011234703 (parqueadero No.2) del Edificio Bonanza II del municipio de Envigado a mi nombre […]”.

AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN / RESPUESTA

DEL DERECHO DE PETICIÓN – De fondo, clara, precisa / BIENES AFECTADOS POR LAS MEDIDAS CAUTELARES Petición de 18 de febrero de 2021 - Radicado núm. 2021ER0019887 (…) realizada la comparación de la petición y su respuesta, la Sala encuentra que la autoridad demandada con la respuesta otorgada el 23 de febrero de 2021 cumplió con el marco normativo y jurisprudencial del derecho de petición, según el cual, la respuesta debe ser de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado; toda vez que, contrario a lo expuesto por la actora, fue clara en señalar que los bienes afectados por las medidas cautelares decretadas en un proceso de responsabilidad fiscal corresponden a todos los bienes que se establezcan como propiedad de los presuntos responsables fiscales, de los cuales se predica responsabilidad solidaria respecto al valor señalado como daño en los autos de apertura de los Procesos de Responsabilidad Fiscal Nos. 2019-01101 y 201901138. Igualmente, la Sala advierte que resolvió cada una de las solicitudes propuestas por la actora, explicándole la forma y cuantía para constituir una caución para el respectivo desembargo, tal cual como se lee de la respuesta dada por la Contraloría. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / HECHO SUPERADO / RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN – En el trámite de la acción de tutela Petición de 25 de febrero de 2021 – Radicado núm. 20212021ER0022698 (…) la actora adujo que a la fecha de presentación de la solicitud de amparo la entidad

no le había dado respuesta, frente a lo cual, esta Sala advierte que durante el trámite de la acción de tutela la Contraloría expidió el Oficio núm. oficio 2021EE0031868 de 4 de marzo de 2021, el cual le fue notificado a la actora mediante correo electrónico enviado el 25 de marzo de 2021 .La Sala observa que no existe la vulneración alegada frente al derecho de petición, puesto que, pese a que la respuesta a la petición de la actora no fue favorable a sus intereses, lo cierto es que la autoridad demandada le contestó en el sentido de indicarle que dichas pólizas no aplicaban para sustituir la medida cautelar decretada sobre los inmuebles de propiedad de la actora. De conformidad con lo expuesto, frente a esta petición se considera que, se configura el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que, si bien para la fecha de interposición de la presente solicitud de amparo (17 de marzo de 2021) la Contraloría no había expedido la respectiva respuesta, lo cierto es que esta se expidió el 4 de marzo de 2021 y se notificó el 25 de marzo de 2021, frente a lo que se allegó el correspondiente soporte. En ese orden de ideas, se advierte que, durante el trámite de la presente acción de tutela, la Contraloría resolvió la petición que la actora presentó el 25 de febrero de 2021, con lo cual atendió la solicitud presentada por la actora, por lo que cesó la presunta vulneración alegada.

FUETE FORMAL: LEY 610 DE 2000 - ARTÍCULO 59 / DECRETO 403 DE 2020ARTÍCULO 128 / LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 103 / LEY 1474 DE 2011 –

ARTÍCULO 106

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 05001-23-33-000-2021-00545-01(AC)

Actor: ERIKA MARÍA TORRES FLÓREZ Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Temas: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de trámite / alcance Derecho de petición/alcance Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso ii) petición y iii) buen nombre

Derechos Fundamentales Amparados: Petición SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 9 de abril de 2021 proferida por la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual i) negó la solicitud de amparo frente a los reparos que la actora propuso contra la medida de embargo decretada dentro de los procesos de responsabilidad fiscal identificados con los número de radicación 2019-01101 y 2019-01138; y ii) declaró el hecho superado respecto de la petición que presentó la actora el 25 de febrero de 2021 ante la Contraloría General de la República.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Contraloría General de la República porque, a su juicio, i) al decretar la medida cautelar de embargo en su contra dentro de los procesos de responsabilidad fiscal identificados con los números de radicación 2019-01101 y 2019-01138; ii) al no haber dado respuesta de fondo a las peticiones que presentó el 9 de febrero de 2021 y el 18 de febrero de 2021, mediante las cuales puso de presente su situación derivada de la medida de embargo mencionada supra y solicitó información sobre la posibilidad de gestionar una garantía diferente sobre sus bienes; y iii) al no contestar la petición de 25 de febrero de 2021, por medio de la cual allegó las pólizas de responsabilidad de servidores públicos del Departamento de Antioquia vigentes para los años fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, con el fin de que fuera retirada la anotación de embargo que recae sobre su bien; vulneró sus derechos fundamentales invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que la actora laboró en el Departamento de Antioquia por 25 años, en donde su último cargo fue el de profesional universitario, cuyas sus funciones eran participar en el desarrollo de presupuesto, estructuración de estudios previos para la contratación estatal, supervisión de contratos, planear y coordinar

los programas de bienestar social a cargo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

4. Expresó que, para la vigencia del año 2017, se desarrollaron dos procesos contractuales, cuyo objeto era realizar apoyo a la gestión de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en las acciones planteadas en el Plan Territorial de Salud en el marco del Plan Decenal de Salud Pública en el departamento de Antioquia.

5. Manifestó que, en el año 2018, por denuncia realizada ante la Contraloría General de la República, esta entidad realizó la revisión y análisis de los dos contratos ejecutados y concluyó que podía haber un presunto detrimento patrimonial contra la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de

Antioquia.

6. Afirmó que para el 16 de julio de 2019, con ocasión del concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio civil, la actora se desvinculó de la administración departamental; sin embargo, para esa fecha, la Gerencia Colegiada de la Contraloría General de la República había solicitado varios documentos y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia había dado respuesta a unas comunicaciones sobre el tema en investigación, por lo que para el mes de noviembre, la Contraloría expidió autos de apertura de procesos por presunta responsabilidad fiscal, en los cuales se incluyó a la actora como parte del comité evaluador del proceso contractual.

7. Mencionó que, mediante auto núm. 2019-01101 de 7 de noviembre de 2019 y auto núm. 2019-01138 de 14 de noviembre de 2019, se dio apertura a los

procesos de responsabilidad fiscal ordinario, con ocasión del daño patrimonial sufrido por el Departamento de Antioquia – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, procesos de los cuales la actora fue notificada el 18 de noviembre de 2019.

8. Señaló que el 10 de enero de 2020, la actora presentó versión libre respecto de los hechos y aportó varios documentos como soporte sobre la labor desarrollada objeto de investigación y no volvió a recibir información respecto del proceso.

9. Advirtió que, para el mes de enero de 2021, la actora solicitó un crédito con el banco Colpatria, por cuanto requería realizar unas reformas en su bien inmueble, el cual cuenta con una hipoteca del banco BBVA.

10. Indicó que, el 9 de febrero de 2021, día en el cual se realizaría el desembolso del préstamo autorizado por el banco Colpatria, la actora encontró que su inmueble tenía la anotación núm. 004 “embargo en proceso de responsabilidad fiscal: 0487”, proveniente de los Autos núms. 988 y 989 de 18 de diciembre de 2020 proferidos por la Contraloría General de la República dentro de los procesos de responsabilidad mencionados supra; razón por la cual, el banco suspendió la negociación que tenía frente a los créditos tramitados, aprobados y pendientes de desembolso.

11. Expresó que, la actora consultó su número de cédula en la página de i) la Contraloría General de la República y obtuvo como resultado que “[..] no se encuentra reportado como responsable fiscal […]”, y ii) de la Procuraduría

General de la Nación, en donde apareció la anotación de que “[…] no registra sanciones ni inhabilidades vigentes […]”.

12. Indicó que, ese mismo día, 9 de febrero de 2021, la actora presentó petición ante la Contraloría, con el fin de poner de presente la situación en la que se encontraba con ocasión de la medida de embargo decretada en su contra y, de esa manera, gestionar que se “desmarcaran” sus bienes, mientras finalizaba el proceso fiscal.

13. Adujo que, mediante Oficio núm. 2021EE0019881 de 15 de febrero de 2021, la Contraloría dio respuesta a la actora, por medio de la cual i) precisó las normas que le permitían el embargo de sus bienes y ii) expuso que el proceso fiscal se encontraba en la etapa de apertura y recepción de pruebas; sin embargo, a juicio de la actora, no hubo una respuesta de fondo, por lo que presentó nuevamente una petición.

14. Informó que el 18 de febrero de 2021, la actora presentó otra petición ante la Contraloría, a través de la cual reiteró su solicitud de información sobre la posibilidad de gestionar una garantía diferente sobre sus bienes.

15. Informó que el 23 de febrero de 2021, la Contraloría le dio respuesta a través del Oficio núm. 2021EE0025148, en el cual le reiteró las normas que le permitían a la entidad embargar sus bienes y le informó que los procesos de responsabilidad fiscal núms. 2019-01101 y 2019-01138 prescribían el 6 y 13 de noviembre de 2024, fecha hasta la cual era procedente la acción fiscal; asimismo,

no aceptó la póliza que la actora envió como garantía, por cuanto la misma no cubría los hechos materia de investigación, que corresponde a los contratos celebrados en la vigencia 2017.

16. Señaló que, el 25 de febrero de 2021, presentó otra petición ante la autoridad demandada, por medio de la cual allegó las pólizas de responsabilidad de servidores públicos del Departamento de Antioquia vigentes para los años fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, que, a su juicio, cubrían las vigencias fiscales desde la celebración de los contratos objeto de debate, conforme lo cual solicitó el retiro de la anotación de embargo que recae sobre su bien; sin que a la fecha, la Contraloría le haya dado respuesta sobre si éstas respaldan la investigación que cursa en su contra.

La solicitud de tutela Pretensiones

17. La actora solicitó en su escrito de tutela: “[…] 1. Respetuosamente y con fundamento en lo anteriormente expuesto, le solicito señor Juez que se tutelen los derechos fundamentales invocados como violados y vulnerados por parte de Contraloría General de la Republica.

2. Comprendo plenamente las circunstancias que enfrento, pero considero que mientras haya otras garantías (pólizas de los contratos investigados y del Departamento de Antioquia Servidores públicos) que me respaldan, deberían ser liberados los bienes a mi nombre toda vez que se trata de una investigación que aún no concluye; esto en aras de que además estoy en una posición de desigualdad o desequilibrio frente a la Contraloría General de la Republica.

3. Desmarcar mis bienes de la (anotación No.004 “EMBARGO EN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: 0487…”) durante el proceso de investigación y hasta tanto no se determine si tuve o no responsabilidad en el presunto daño fiscal y lograr acceder a una mejora financiera frente a los dos créditos aprobados por el Banco Colpatria, el cual me concedió un plazo para poder desembolsar el dinero gestionado sin conocer que tenía estas anotaciones en los certificados de libertad

[…]”.

18. La actora en su escrito de tutela señaló que: “[…] 12. Frente a esta situación tan lamentable para mis finanzas y mi buen nombre procedo a verificar en las páginas (sic) la Contraloría General de la Republica (sic) mi número de cédula, se encuentra: “NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL” y la página de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación mi número de cédula, se encuentra: “NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES”; con lo cual elevo un derecho de petición a la Contraloría para que por favor me ayuden con la desmarcación de los bienes mientras se concluye el proceso investigativo que aún no avanza a su parte conclusiva de responsable fiscal.

13. Se comprende que la Contraloría General de la Republica puede decretar medidas cautelares de cobro coactivo, de acuerdo a la ley 610 de 2000 en el evento de emitirse fallo con responsabilidad fiscal; pero la realidad es que a la fecha NO EXISTE UN FALLO DE CULPABLE, adicionalmente en ambos procesos

investigativos se vincula la póliza de los contratos a saber: PRF:2019-01101 SEGUROS DEL ESTADO SA con las pólizas de Cumplimiento Entidad Estatal No. 65-44101152537 del 21 de noviembre de 2017 y del proceso 2019-01138 la póliza de SURAMERICANA con las pólizas de cumplimiento Entidad Estatal No. 1840325-6 del 24 de abril de 2017.

14. La respuesta al derecho de petición del 9 de febrero de 2021 con radicado No.2021EE0019881 de febrero 15 de 2021, en esta la Contraloría no me permite vislumbrar una solución a lo planteado, más bien me hacen una relación de normas que les permite embargar mis bienes, pero no hay una respuesta de fondo; solamente me queda claro que debo dar otra garantía y que el proceso se encuentra en la “etapa de apertura y recepcionado pruebas […]. […] “[…] 17. Frente a este escrito gestione (sic) y logre (sic) conseguir todas las pólizas que cubren las vigencias desde la fecha en que se gestan los contratos objeto de la investigación, que son enviadas por la oficina de Bienes del Departamento de Antioquia, pero hasta la fecha no obtengo respuesta favorable sobre si éstas finalmente, respaldan la investigación que cursa hasta noviembre del año 2024 […]”.

Actuación

19. La Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia, por auto de 23 de marzo de 2021; i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar “[…] a los

accionados la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA - DOCTOR

JORGE HERNAN LOPERA TABORDA DIRECTIVO COLEGIADO PONENTE, por

el medio más expedito, con la advertencia de que dentro del término de dos (2) días pueden pronunciarse sobre los hechos […]”. Intervención de la parte demandada

20. La Contraloría General de la República solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, la entidad respetó todos los derechos y garantías de la actora, atendiendo cada una de las solicitudes y pretensiones que ella presentó. 20.1. Señaló que la acción de tutela no es un medio alternativo o un sistema de justicia paralelo al medio judicial ordinario, por ende, no puede el accionante recurrir a esta acción cuando aún se tiene al alcance otras vías ordinarias de defensa como lo son “[…] la suscripción de una garantía bancaria o de una póliza, que le aseguren, a esta Entidad de Control, la indemnidad patrimonial del Estado

[…]”. 20.2. Indicó que: “[…] las decisiones adoptadas por la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, de la Contraloría General de la República, en el trámite adelantado dentro de los procesos ordinarios PRF 2019-01101 y PRF 2019-01138, en los cuales fueron decretadas las medidas cautelares, se encuentran en etapa de apertura de proceso, en recepción de pruebas y, en todo momento, han estado apegadas, todas las decisiones de este Despacho, a lo establecido en las normas propias de este proceso administrativo de responsabilidad fiscal, siempre respetando los derechos y garantías no solo de la Accionante, sino de todos y cada uno de los sujetos procesales […]”. […] “[…] en los Procesos de Responsabilidad Fiscal Nos. 2019-01101 y 2019-01138 se

dictó Auto de Apertura por autos número 799 del 7 de noviembre de 2019 y 817 del 14 de noviembre de 2019, por el presunto daño ocasionado a la SSSSA en cuantías de $224.080.636 y $3.004.005.510, respectivamente.

SÉPTIMO: Es cierto, la Doctora ERIKA MARIA TORRES FLÓREZ fue notificada personalmente por la Secretaría Común de esta Gerencia Departamental Colegiada, el 18 de noviembre de 2019, haciéndole entrega íntegra y gratuita de las providencias proferidas en los Procesos de Responsabilidad Fiscal Nos. 201901101 y 2019-01138, así como, el 10 de enero de 2020, le fue recibida versión libre, para los procesos antes citados […]”. […] “[…] DÉCIMO. Es cierto, tras el trámite establecido en la Ley 610 del 2000 y la Ley 1474 de 2011, fueron proferidos los Autos 988 y 989 del 18 de diciembre de 2020 y decretadas las medidas cautelares sobre varios inmuebles, de propiedad de los presuntos responsables fiscales, entre ellos los inmuebles que figuran como propiedad de la accionante señora ERIKA MARÍA TORRES FLÓREZ y reportadas las mismas a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, el Instituto Agustín Codazzi y la Oficina de Catastro del Departamento de Antioquia […]”. (Resaltado por la Sala) 20.3. Manifestó que, de conformidad con la Ley 610 de 15 de agosto de 20001 y la Ley 1474 de 12 de julio de 20112, modificadas por el Decreto 403 de 16 de

marzo de 20003 y la Ley 2080 de 25 de enero de 20214, las sentencias C-054 de 19975, C-840 de 20016 y C-648 de 20027 y el artículo 512 del Código de Comercio, las actuaciones surtidas dentro del trámite cuestionado fueron desarrollados en el marco de la legalidad. 20.4. Informó que: “[…] de conformidad con el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, el proceso tiene para su trámite las siguientes notificaciones: “En los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten en su integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 únicamente deberán notificarse personalmente las siguientes providencias: el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia; para estas providencias se aplicará el sistema de notificación personal y por aviso previsto para las actuaciones administrativas en la Ley 1437 de 2011. Las demás decisiones que se profieran dentro del proceso serán notificadas por estado.”, de ahí que, con posterioridad a la notificación del auto de apertura las notificaciones 1 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”. 2 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 3 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”. 4 “Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso

administrativo -ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 5 Corte Constitucional, sentencia C-054 de 6 de febrero de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 6 Corte Constitucional, sentencia C-840 de 9 de agosto de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería. 7 Corte Constitucional, sentencia C-648 de 13 de agosto de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. se han realizado por estado, el cual puede ser consultado por los interesados en la cartelera de notificaciones de la entidad. Igualmente, con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria en el País, fueron proferidos los Decretos Legislativos Nº 417 del 17 de marzo de 2020 ordenando el aislamiento preventivo obligatorio desde el 24 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020, razón por la cual, el Contralor General de la Republica profirió Resolución 0063 del 16 de marzo de 2020, suspendiendo los términos procesales y con Circular 012 del 30 de junio de 2020 impartió instrucciones respecto a personas naturales y jurídicas, vinculadas como presuntas responsables fiscales o como terceros civilmente responsables, dentro de las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, para el trámite procesal, la cual fue de conocimiento público. Con Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0070-2020, de 01 de julio de 2020, fue levantada la suspensión de términos, siendo reanudados a partir del

quince (15) de julio de 2020, teniendo en cuenta las particularidades de cada actuación procesal y las condiciones logísticas para la prestación del servicio, preferiblemente mediante el uso de las tecnologías de la información y ordenando que los funcionarios de conocimiento levantarán la suspensión cuando sea posible continuar con el trámite de las actuaciones. En acatamiento de la precitada disposición, fue proferido el Auto 312 del 14 de julio de 2020, mediante el cual se reanudaron los términos en los procesos de Responsabilidad Fiscal Nos. 2019-01101 y 2019-01138, continuándose con el trámite, de conformidad al procedimiento establecido para el estado de emergencia, providencia publicada en la página web de este ente de control […]”. 20.5. Sostuvo que las peticiones presentadas por la actora fueron resueltas de fondo y oportunamente, así: i) la accionante interpuso derecho de petición mediante escrito radicado bajo el número 2021ER0014494 de 12 de febrero de 20218, al cual se dio respuesta mediante Oficio núm. 2021EE0019881 de 15 de febrero de 2021; ii) la actora interpuso solicitudes de información por medio de escr