CE-05001-33-31-002-2009-00296-01(AP)REV-2012

REVISION EVENTUAL DE ACCION POPULAR - No selecciona FUENTE FORMAL: LEY 1285 DE 2009 - ARTICULO 11

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012) Radicación número: 05001-33-31-002-2009-00296-01(AP)REV

Actor: JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA Demandado: MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - ANTIOQUIA La Sala decide sobre la procedencia del mecanismo de revisión eventual de la sentencia del 26 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de

Antioquia - Sala Octava de Decisión. ANTECEDENTES La demanda Javier Elías Arias Idárraga interpuso acción popular contra el Municipio de La Ceja del Tambo - Antioquia, con el fin de que se protegieran los derechos colectivos a la seguridad y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes. Adujo que en el edificio de la alcaldía los servicios de sanitarios para el uso de la ciudadanía, no cuentan con los requisitos necesarios que exige la ley para prestar un servicio adecuado a las personas con algún grado de discapacidad física. Sostuvo además que debido a la gran afluencia de público en el lugar, se hace necesario que en dichas instalaciones haya una mayor cobertura de estos servicios, lo que hace necesario desplazarse a otros lugares, para satisfacer sus

necesidades fisiológicas, exponiendo a un grave peligro a las personas que cuentan con alguna discapacidad motora. Indicó que por la inexistencia de construcciones adecuadas en el edificio de la alcaldía, el Municipio, es responsable de la violación de los derechos e intereses colectivos antes mencionados de las personas con discapacidad o con capacidad limitada. Trámite El Juez Segundo Administrativo del Circuito de Medellín, mediante auto del 28 de octubre de 2009, admitió la demanda; el 13 de septiembre de 2010 se realizó audiencia de pacto de cumplimiento y no se llegó a un acuerdo, por lo que se declaró fallida. Abierto a pruebas el proceso, se decretaron los testimonios solicitados para lo cual se comisionó al Juez Promiscuo Municipal de La Ceja del Tambo - Antioquia y un interrogatorio de parte que lo formuló el apoderado del demandado. Fallo de primera instancia En sentencia del 4 de abril de 2011, el Juez del conocimiento denegó las pretensiones incoadas y condenó en costas al actor popular. Señaló que no prosperan las pretensiones de la demanda por cuanto, conforme con el acervo probatorio, se encuentran plenamente desvirtuadas las afirmaciones temerarias que con desconocimiento total de la situación real de la municipalidad demandada y de sus instalaciones lanza el actor popular. Consideró que la presente acción carece de fundamento; puesto que el actor formuló pretensiones sin ningún respaldo fáctico ni probatorio y desconoce totalmente la realidad del municipio demandado y de sus instalaciones; al parecer solo sabe de su existencia, ya que es un municipio más de los demandados en el

departamento de Antioquia, de lo que se infiere que el fin perseguido por el actor popular no es la protección de los derechos colectivos, sino de índole económico particular. Recurso de apelación Javier Elías Arias interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. Manifestó que no hay que olvidar la aplicación del principio “jura Novit Curia” , ni el de buena fe, ni el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, y que el derecho sustancial prima sobre el procedimental, más cuando lo que se está defendiendo son prerrogativas de interés general o colectivo. Fallo de segunda instancia El Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Octava de Decisión, mediante providencia del 26 de julio de 2011, confirmó la sentencia proferida por el Juez Segundo Administrativo de Antioquia. Se apoyó en una sentencia de acción popular del Consejo de Estado y manifestó que dicha acción no está instituida para ejercerla ante cualquier contravención de la ley, anomalía o irregularidad administrativa que se presenta, por el contrario, tiene un papel preventivo y/o remedial de protección de derechos e intereses colectivos, cuando se vean amenazados o sean vulnerados, siempre y cuando tanto la amenaza como la vulneración, según el caso, deben ser existentes. Por tanto, la carga de la prueba impone al actor popular el deber de precisar y probar los hechos de los cuales evidencia la amenaza o vulneración de los derechos colectivos alegados en la demanda, es decir, no es suficiente denunciar unos hechos que violan derechos e intereses colectivos para que se dé por cierta su vulneración, el demandante tiene la carga procesal para demostrar los supuestos fácticos de sus alegaciones, esto es, que la inexistencia de un servicio

sanitario viola un derecho colectivo, como lo pretende hacer ver el apelante. SOLICITUD DE REVISION EVENTUAL Javier Elías Arias solicitó el envío del expediente al Consejo de Estado para que se sometiera la sentencia de segunda instancia a revisión eventual, con fundamento en que en su favor se deben aplicar los artículos 5º de la Ley 472 de 1998 y el 357 del C.P.C. A su juicio, se hace relevante evaluar el tema del otorgamiento del incentivo económico con la entrada en vigencia de la Ley 1425 de 2010, de manera más profunda, no dándole cabida a confusiones y en síntesis unificando la jurisprudencia en la materia. Solicitó que se revoque la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia y se acceda a sus pretensiones. CONSIDERACIONES Se pronuncia la Sala sobre la procedencia del mecanismo de revisión eventual respecto de la sentencia proferida el 26 de julio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Competencia De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, la selección, para su eventual revisión, de las sentencias o demás providencias que finalicen o dispongan el archivo de los procesos tramitados en ejercicio de las acciones populares y de grupo, corresponde al Consejo de Estado, a través de sus Secciones. Por disposición Constitucional (Art. 237 [6]) es atribución del Consejo de Estado darse su propio reglamento, potestad que también se encuentra establecida en el artículo 35 [8] de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), por su parte el artículo 35 [5] contempla dentro de las funciones de la

corporación, el distribuir mediante Acuerdo, las funciones que no deban ser ejercidas en pleno, entre las secciones que la constituyen. En ejercicio de esta facultad, se expidió el Acuerdo 58 de 1999, modificado por el Acuerdo 55 de 2003, que distribuyó los asuntos entre las Secciones de la Corporación y asignó el conocimiento de las acciones populares a las Secciones Primera y Tercera y de las de grupo a la última (artículo 13). Lo anterior, en razón a que la Ley 472 de 1998, en los parágrafos de los artículos 16 y 51, fijó en el Consejo de Estado la competencia para conocer en segunda instancia de dichas acciones mientras entraban en funcionamiento los juzgados administrativos, lo cual ocurrió el 1 de agosto de 2006 (Acuerdo PSAA06-3345 de 13 de marzo de 2006 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura). En consecuencia, la previsión del citado Acuerdo 58 de 1999, modificado por el Acuerdo 55 de 2003, no era aplicable para determinar la Sección competente para resolver sobre la procedencia del mecanismo de revisión eventual que se estudia porque, según se vio, regulaba un asunto distinto, por esta razón la Sala Plena del Consejo de Estado expidió el Acuerdo 117 del 12 de octubre de 2010, mediante el cual adicionó un parágrafo al citado artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, en el que dispuso que “de la selección para su eventual revisión de las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del proceso en las acciones populares o de grupo, proferidas por los Tribunales Administrativos en

primera instancia, conocerán todas las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin atender a su especialidad, previo reparto efectuado por el Presidente de la Corporación […]”.: Por lo tanto, esta Sección es competente para seleccionar las sentencias o demás providencias que finalicen o dispongan el archivo de los procesos tramitados en ejercicio de las acciones populares y de grupo, cuya revisión se solicite. Objeto del mecanismo de revisión eventual Con la entrada en vigencia de los artículos 16 y 51 de la Ley 472 de 1998, dada la puesta en funcionamiento de los Juzgados Administrativos, el Consejo de Estado quedó sustraído del conocimiento de las acciones populares y de grupo, situación que generó un alto riesgo de dispersión de la jurisprudencia sobre tales materias. Dicha situación condujo a que el Congreso de la República creara la figura de la revisión eventual de acciones populares y de grupo, a través de la Ley 1285 de 2009, reformatoria de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia, norma que en su artículo 11 dispuso, en lo pertinente: “ARTICULO 11. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A que formará parte del capítulo relativo a la organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual tendrá el siguiente texto: “Artículo 36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios. En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del

Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los Tribunales Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia. “La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso; los Tribunales Administrativos, dentro del término perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente Sala, Sección o Subsección del Consejo de Estado, el expediente dentro del cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o genere la terminación del proceso, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo resuelva sobre la selección, o no, de cada una de tales providencias para su eventual revisión. Cuando se decida sobre la no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrán insistir acerca de su selección para eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de aquella […]”. De conformidad con la anterior disposición, el mecanismo de revisión eventual de las acciones populares y de grupo tiene como fin el de unificar la jurisprudencia. Dicha función se la atribuye la ley al Consejo de Estado, dada su condición de

Tribunal Supremo y órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, calidad en virtud de la cual le corresponde fijar los criterios de interpretación de las normas jurídicas respecto a los asuntos sometidos a su conocimiento en aras de garantizar los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima. Lo anterior no significa, en manera alguna, que la revisión eventual constituya un recurso adicional a las instancias previstas en la ley para el trámite de las acciones populares y de grupo, ni una herramienta para controlar la legalidad de la sentencia cuya revisión se pretende, pues, se reitera, su objetivo único es el de unificar los distintos criterios jurisprudenciales de los jueces de instancia en relación con las referidas materias, o lo que es igual, lograr la aplicación de la ley en condiciones iguales frente a la misma situación fáctica y jurídica. En efecto, este mecanismo permite reexaminar las providencias mediante las cuales finalizan los procesos tramitados en ejercicio de las acciones populares y de grupo, cuando aquéllas se oponen o desconocen la jurisprudencia existente en relación con los aspectos considerados en las mismas, para así ajustarlas a ésta y evitar o abolir criterios contradictorios sobre un mismo tema, o cuando no exista un pronunciamiento jurisprudencial que amerite el conocimiento del caso de manera que se garantice la actualidad de la jurisprudencia, para integrarla o para modificarla. Sobre el particular es pertinente observar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en auto de 14 de julio de 2009, señaló que: “Aunque no de manera exclusiva ni exhaustiva, a título ilustrativo, es

posible identificar los siguientes eventos generales en los cuales está llamada a operar, a plenitud, la tarea unificadora de la jurisprudencia:  Cuando uno o varios de los temas contenidos en la providencia respectiva hubiere merecido tratamiento diverso por la jurisprudencia del Consejo de Estado, de manera que resulte indispensable fijar una posición unificadora;  Cuando uno o varios de los temas de la providencia, por su complejidad, por su indeterminación, por la ausencia de claridad de las disposiciones normativas en las que se funda o por un vacío en la legislación, sean susceptibles de confusión o involucren disposiciones respecto de las cuales quepan diferentes formas de aplicación o interpretación;  Cuando sobre uno o varios de los temas de la providencia no hubiere una posición consolidada por parte de la jurisprudencia de esta Corporación.  Cuando uno o varios de los temas de la providencia no hubieren sido objeto de desarrollos jurisprudenciales, por parte del Consejo de Estado. “Cabe agregar que para la procedencia de la revisión es necesario que los temas tratados en la providencia definitiva, además de que reúnan las condiciones necesarias para que sean objeto de unificación de jurisprudencia, deberán tener incidencia directa e inmediata en la decisión proferida en la providencia respecto de la cual se solicite la revisión. Lo anterior con el fin de garantizar los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, los cuales deben aplicarse en todas las actuaciones judiciales, teniendo en cuenta, además, los intereses que se persiguen en las acciones populares y de grupo […]”. Requisitos de procedibilidad para la selección: De acuerdo con la norma transcrita y conforme con el marco jurisprudencial que

esta Corporación ha fijado en relación con el tema de los requisitos para la procedencia de la selección para revisión1, se identifican como exigencias formales y sustanciales de procedibilidad, las siguientes:  Que sea solicitada por cualquiera de las partes o por el Ministerio Público. No procede la revisión de oficio.  Que se presente dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la providencia que se pide revisar.  Que la providencia objeto de selección para revisión sea una sentencia o un proveído que determine la finalización o el archivo del respectivo proceso y que haya sido proferida por un Tribunal Administrativo en segunda instancia. No procede entonces la revisión eventual de las providencias emitidas por los jueces administrativos dado que, como lo precisó la Corte Constitucional, están obligados a respetar los precedentes en su dimensión vertical2, de modo que la revisión de los fallos de los tribunales garantiza la coherencia sistémica con las decisiones de los juzgados. 1 Auto de 14 de julio de 2009, Exp. 2007 00244 01. 2 T-123-95, C-447-97, SU-047-99, C-836-01, T-688-03, T-698-04, T-683-06.  Que la solicitud verse sobre aspectos objeto del litigio3 e identifique aquéllos que ameriten la revisión con el fin de unificar la jurisprudencia, explicando, al menos sumariamente, las razones que fundamentan dicha petición, pues, esta argumentación es la que determina la necesidad de la unificación que, se repite, es la razón de ser de la revisión eventual.

A pesar de que la argumentación que sustente la solicitud no requiere de mayores formalidades, ello no impide que el Consejo de Estado, en su labor unificadora de la jurisprudencia, pueda extenderse en otros temas que, a su juicio, así lo requieran y justifiquen la necesidad de la selección para revisión. Además del cumplimiento de los requisitos mencionados, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación señaló que, en general, los parámetros a tener en cuenta para la selección son: las particularidades de cada asunto, la configuración de algún evento que determine la necesidad de unificar la jurisprudencia, y la trascendencia de los temas debatidos en la providencia objeto de revisión4. Caso Concreto El actor popular presentó la solicitud de revisión eventual el 24 de agosto de 2011 (folio 353), esto es, por fuera del término de los (8) días siguientes a la notificación de la sentencia del 26 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En efecto, tal como lo exige el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, el término para solicitar la revisión eventual vencía el 23 de agosto de 2011, toda vez que la notificación se surtió mediante edicto fijado el 08 de agosto de 2011 y desfijado el 10 del mismo mes y año (Folio 352); por lo tanto, se entiende presentada por fuera 3 En el citado auto del 14 de julio de 2009, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo señaló que la solicitud de revisión debe versar “sobre pronunciamientos del Juez acerca de los temas que se debaten en el juicio, por manera que no será posible que la intención de la solicitud de revisión se refiera a algún aspecto

suscitado durante el trámite del proceso pero que no hubiere sido objeto de pronunciamiento expreso en la providencia respectiva. Así, a manera de ejemplo, no será viable acudir a la revisión aludida con el fin de alegar nulidades o irregularidades que no hubieren sido tratadas en la respectiva providencia o, en general, resultará inadecuado emplear este mecanismo con el propósito de que se revise algún aspecto que no hubiere sido expresamente tratado en la providencia, aún cuando el operador judicial hubiere debido haberlo hecho”. 4 Auto de 14 de julio de 2009. del término de los ocho (8) días exigido por la ley. Así pues, no se cumple este requisito de procedibilidad. Por tal razón, la Sala no procede a examinar los demás requisitos exigidos por la ley, por cuanto la solicitud de revisión eventual fue presentada extemporáneamente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1285 del 22 de enero de 2009. En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, R E S U E L V E: NO SELECCIONAR para revisión la sentencia del 26 de julio de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro de la acción popular instaurada por JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA contra el MUNICIPIO DE LA CEJA DEL

TAMBO - ANTIOQUIA.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS MARTHA TERESA BRICEÑO

DE VALENCIA

Presidente

WILLIAM GIRALDO GIRALDO CARMEN TERESA ORTIZ DE

RODRIGUEZ