CE-05001-33-31-025-2009-00285-01(AP)REV-2012

REVISION EVENTUAL DE ACCION POPULAR - No selecciona FUENTE FORMAL: LEY 1285 DE 2009 - ARTICULO 11

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C. veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012) Radicación número: 05001-33-31-025-2009-00285(AP)REV

Actor: JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA Demandado: MUNICIPIO DE ABRIAQUI De conformidad con lo dispuesto por la Sala Plena de esta Corporación mediante Acuerdo 0117 de 2010 (12 de octubre) “por medio del cual se adiciona el artículo 13 del Acuerdo Nº 58 de 19991 un parágrafo”, esta Sala es competente para conocer de la procedencia del mecanismo de revisión eventual del auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala Tercera de Decisión) de 15 de mayo de 2012, mediante el cual declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco Administrativo de Medellín de 16 de abril de 2012.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda El 27 de octubre de 2009, el actor interpuso acción popular contra el municipio de Abriaqui (Antioquia), para que se protegieran los derechos colectivos a la seguridad y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia

al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, establecidos en los literales l) y m) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998. 1.1. Hechos 1 Por el cual se expidió el reglamento interno del Consejo de Estado. El actor afirma que las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Abriaqui, no cuentan con sanitarios adecuados para ser utilizados por parte de personas discapacitadas. En vista de lo anterior, solicitó que se protegieran los derechos colectivos invocados y que, en consecuencia, se ordenara al municipio de Abriaqui, realizar las modificaciones necesarias a los sanitarios existentes dentro de la entidad, para su uso por parte de discapacitados. Asimismo, solicitó que en razón de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, se reconociera en su favor el correspondiente incentivo. 1.2. Contestación El municipio de Abriaqui se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que las instalaciones de la Alcaldía cuentan con rampas de acceso y sanitarios adecuados para discapacitados. Indicó que en razón de la reducida población del municipio, cuando una persona con limitaciones físicas necesita realizar alguna gestión ante la Administración, el funcionario encargado de dicha función, se desplaza a su residencia. Finalmente, expuso que no existen quejas o reclamos por parte de los habitantes del municipio, en cuanto a la infraestructura de la Alcaldía o el acceso a la misma. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Juzgado Veinticinco Administrativo de Medellín, mediante sentencia de 16 de

abril de 2012, negó las pretensiones de la demanda, pues consideró que el actor no cumplió con las cargas procesales que tiene a su cargo, por cuanto solamente se limitó a presentar la demanda, dejándole al juez la carga de demostrar todas sus afirmaciones. Asimismo, señaló que no procede el reconocimiento del incentivo al actor, por cuanto no existió violación o amenaza de los derechos colectivos invocados, presupuesto indispensable para su procedencia.

II. EL AUTO OBJETO DEL RECURSO El Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala Tercera de Decisión), mediante auto de 15 de mayo de 2012, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor, por cuanto no fue sustentado, pese a que mediante auto de 3 de mayo de 2012, se le concedió un término de tres días para tal efecto.

Indicó que según lo dispuesto por el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, el actor tiene la obligación de sustentar el recurso interpuesto, señalando en forma clara y concreta, las razones de inconformidad que tiene respecto de la decisión de primera instancia. En ese sentido puso de presente la sentencia de 19 de abril de 2007, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado (M.P. Mauricio Fajardo Gómez).

III. SOLICITUD DE REVISION DE LA SENTENCIA El 28 de mayo de 2012, el actor popular solicitó la revisión del auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala Tercera de Decisión), alegando que se le negó el acceso a la administración de justicia, por la falta de aplicación del principio iura novit curia.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA  Consideración preliminar Mediante Acuerdo Nº 0117 de 12 de octubre de 2010, la Sala Plena del Consejo de Estado modificó el reglamento de la Corporación, en el siguiente sentido: “ARTICULO 1º. Adiciónase el artículo 13 del Acuerdo número 58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo número 55 de 2003, por el cual se expidió el reglamento interno del Consejo de Estado, el siguiente parágrafo: PARAGRAFO. De la selección para su eventual revisión de las sentencias o las demás providencia que determinen la finalización o el archivo del proceso en las acciones populares de grupo, proferidas por los Tribunales Administrativos en segunda instancia, conocerán todas las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin atender a su especialidad, previo reparto efectuado por el Presidente de la

Corporación. Seleccionado el asunto para su revisión, la Sala Plena de lo Contencioso decidirá sobre la misma. De la insistencia de que trata la parte final del artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 conocerá la misma Sección que resolvió sobre su no selección, a menos que a petición de cualquier Consejero la Sala Plena decida resolverla. La Secretaría General una vez realizado el reparto respectivo procederá a enviar un informe a cada despacho en el que se indiquen los aspectos esenciales del asunto cuya revisión se solicita. ARTICULO 2º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.” En consecuencia, las decisiones acerca de las solicitudes de revisión de acciones

populares presentadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, son competencia de las secciones de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado y, por ende, esta Sección es competente para conocer el asunto de la referencia.  Generalidades del recurso de revisión La decisión respecto de la revisión o no de la providencia sub iudice se fundamenta en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley 270 de 1996, ajustada a los razonamientos que hizo la Corte Constitucional mediante sentencia C-713 de 2008, en los siguientes términos: «1.- La nueva norma que propone el proyecto introduce la figura de la revisión eventual, por parte del Consejo de Estado, de las acciones populares y de grupo que se tramitan ante la jurisdicción contencioso administrativa. Es así como el inciso 1º del artículo planeta la selección de sentencias y demás providencias que pongan fin al proceso, con el propósito de unificar la jurisprudencia, asegurar la protección de los derechos fundamentales o ejercer control de legalidad. Los incisos 2º y 3º regulan asuntos puntuales como la inexistencia del deber de motivar la escogencia o exclusión para revisión, los efectos de las decisiones, el plazo para solicitar la revisión, los sujetos legitimados para hacerlo y el trámite que deberá surtirse. A su turno, el parágrafo 1º del artículo permite que el mecanismo de la revisión eventual se aplique también a los procesos originados en el ejercicio de otras acciones de conocimiento de esa Jurisdicción, mientras

que el parágrafo 2º permite al Consejo de Estado actuar como Corte de Casación Administrativa, dejando a la ley la regulación de los recursos en particular.» El artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley 270 de 1996, cuyo tenor es el siguiente: «ARTICULO 11. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A, que formará parte del Capítulo Relativo a la organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual tendrá el siguiente texto: “Artículo 36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios. <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los Tribunales Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia. <Inciso 2o. del Proyecto de Ley, INEXEQUIBLE> La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso; los Tribunales Administrativos, dentro del término perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la

correspondiente Sala, Sección o Subsección del Consejo de Estado, el expediente dentro del cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o genere la terminación del proceso, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo resuelva sobre la selección, o no, de cada una de tales providencias para su eventual revisión. Cuando se decida sobre la no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrán insistir acerca de su selección para eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de aquella. PARAGRAFO 1o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> La ley podrá disponer que la revisión eventual a que se refiere el presente artículo también se aplique en relación con procesos originados en el ejercicio de otras acciones cuyo conocimiento corresponda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esos casos la ley regulará todos los aspectos relacionados con la procedencia y trámite de la revisión eventual, tales como la determinación de los plazos dentro de los cuales las partes o el Ministerio Público podrán elevar sus respectivas solicitudes; la insistencia que pueda presentarse respecto de la negativa de la selección; los efectos que ha de generar la selección; la posibilidad de que la revisión eventual pueda concurrir con otros recursos ordinarios o extraordinarios. PARAGRAFO 2o. La ley regulará todos los asuntos relacionados con la procedencia y trámite de los recursos, ordinarios o extraordinarios, que puedan interponerse contra las decisiones que en cada caso se adopten

en los procesos que cursen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.» La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante Auto de 14 de julio de 2009 (Expediente: 2007-00244. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez) señaló que de acuerdo con la Ley 1285 de 2009 y la sentencia C-713 de 2008 de la Corte Constitucional, los requisitos para que proceda la revisión de las providencias de las acciones populares ante esta corporación son los siguientes: a) La solicitud de revisión debe ser formulada por las partes o por el Ministerio Público; b) Debe tratarse de sentencias o providencias que pongan fin al proceso; c) La petición deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia; d) Que la sentencia que haya sido dictada únicamente por los Tribunales Administrativos y e) Que la petición esté debidamente sustentada. Asimismo sostuvo la Sala Plena que para definir la selección deben considerarse los siguientes parámetros: a) Las particularidades de cada asunto; b) El cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia de la solicitud de revisión; y c) La configuración de uno o varios de los eventos que determina la necesidad de unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado. Por último, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del la Ley 1285 de 2009, dispuso que el Consejo de Estado debe motivar suficientemente la admisión o el rechazo de la solicitud, lo cual se entra a resolver.  El caso concreto El actor popular solicitó la revisión eventual del auto proferido por el Tribunal

Administrativo de Antioquia (Tercera de Decisión), alegando que se debió aplicar el principio iura novit curia y admitir el recurso de apelación interpuesto para proferir sentencia de fondo en segunda instancia. A continuación, procede la Sala a verificar si en el caso concreto se cumplen los presupuestos para seleccionar el presente asunto, a efectos de revisar el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia de 15 de mayo de 2012. La solicitud de revisión fue presentada por el actor el 28 de mayo de 2012, dentro del término previsto para el efecto en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, esto es, dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación del auto que puso fin al respectivo proceso (23 de mayo de 2012). Sea lo primero advertir que el mecanismo de revisión eventual de las acciones populares no fue instituido por el legislador como una tercera instancia donde pueda insistirse en los argumentos que, previamente, han sido estudiados y desestimados por los jueces de conocimiento dentro de la oportunidad procesal adecuada y con sustento en el material probatorio obrante en el expediente; por consiguiente, no es esta la instancia procesal idónea para cuestionar las decisiones adoptadas por los Tribunales cuando quiera que éstas no sean compartidas por quienes intervienen dentro del proceso. Si bien la solicitud de revisión eventual cumple con los requisitos formales, de los argumentos expuestos se desprende que el actor pretende que se estudie por parte de esta Corporación los argumentos jurídicos por los cuales considera debió admitirse su recurso de apelación. Al respecto, la Sala encuentra que no existen razones que ameriten revisar el

auto del Tribunal, toda vez que el mecanismo de revisión eventual de acciones populares fue instituido por el legislador, con el único propósito de unificar jurisprudencia (i) cuando el tema o los temas objeto de la providencia hayan sido tratados de forma diferente por la jurisprudencia del Consejo de Estado; (ii) cuando por la complejidad, indeterminación, o ausencia de claridad de las disposiciones normativas en la que se fundamenta el tema o los temas de que trata la providencia, éstos sean susceptibles de generar confusión o involucren diferentes formas de aplicación o interpretación; (iii) cuando sobre uno o varios de los temas de la providencia no exista una posición consolidada en la jurisprudencia del Consejo de Estado o (iv) cuando uno o varios de los temas de la providencia no haya sido desarrollado por la jurisprudencia de esta Corporación. Por consiguiente, dado que no se observa que existan posiciones jurisprudenciales disímiles que sea necesario unificar y teniendo en cuenta que el hecho de que el recurrente esté en desacuerdo con la decisión del Tribunal y con la valoración probatoria realizada por los jueces de instancia, no es razón suficiente para que se proceda a su revisión, no se hace necesario que la Sala Plena de esta Corporación entre a precisar aspectos o posturas jurisprudenciales en el caso concreto. Finalmente, cabe advertir que la naturaleza de la revisión eventual no constituye una tercera instancia. Por las razones expuestas, se concluye que no se dan los presupuestos para que sea revisado el auto de 15 de mayo de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado, R E S U E L V E : Primero. No seleccionar el auto de 15 de mayo de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala Tercera de Decisión), para su revisión. Cópiese, notifíquese y en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada en la fecha.

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Presidenta

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA

MORENO