CE - 050012331000199602602021SENTENCIA20231101170053

Consejo de Estado

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Título: CE - 050012331000199602602021SENTENCIA20231101170053
Autor: Consejo de Estado
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Administrativo
Año: —

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 05001-23-31-000-1996-02602-02 (56.445) Actor: NOEL RODRÍGUEZ CUBIDES Demandado: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN (ANTES INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES) – CLÍNICA LEÓN XIII Referencia: DECRETO 01 DE 1984 – ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES: A partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS fue catalogado como una empresa industrial y comercial del Estado cuyos contratos para desarrollar la actividad de promoción y prestación del servicio de salud se encontraban regidos por el derecho privado // ACCIÓN PROCEDENTE: La acción procedente para cuestionar los actos precontractuales de las entidades con régimen de derecho privado es la de reparación directa // RESPONSABILIDAD POR CULPA IN CONTRAHENDO: Se debe acreditar que la entidad actuó desconociendo el deber de buena fe precontractual y probar los perjuicios derivados de esta actuación irregular. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Noel Rodríguez Cubides, en contra de la sentencia del 11 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia1, por medio de la cual se negaron las pretensiones. I. SÍNTESIS DEL CASO El 19 de diciembre de 1996, el señor Noel Rodríguez Cubides presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

por el Tribunal Administrativo de Antioquia1, por medio de la cual se negaron las pretensiones. I. SÍNTESIS DEL CASO El 19 de diciembre de 1996, el señor Noel Rodríguez Cubides presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho2, en contra del Instituto de Seguros Sociales – Clínica León XIII, con la pretensión de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 2892 del 11 de septiembre de 1996, mediante la cual se adjudicó un contrato para el suministro, procesamiento y distribución de alimentación para usuarios hospitalizados al proponente Alimentar Ltda. Asimismo, solicitó que se 1 Fls. 304 – 313, c. ppl. 2 Fls. 5 – 18, c7.2

Radicación número: 05001-23-31-000-1996-02602-02 (56.445). Actor: Noel Rodríguez Cubides. Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales (antes Instituto de Seguros Sociales) – IPS Clínica León XIII. Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

declarara que su oferta era la más favorable para la entidad y, como consecuencia, que se condenara al Instituto de Seguros Sociales – Clínica León XIII a pagar la indemnización de perjuicios a favor del demandante. II. ANTECEDENTES 1. La demanda: Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 19 de diciembre de 19963, el señor Noel Rodríguez Cubides, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, subrogado por el artículo 15 del Decreto 2304 de 1989, se dirigió en contra del Instituto de Seguros Sociales – Clínica León XIII y de la empresa Alimentar Ltda., en calidad de interviniente, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas: 1. Que se declare la nulidad de la resolución de adjudicación No. 2892 de septiembre 11 de 1996, expedida por el Gerente de la IPS CLÍNICA LEÓN XIII del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por medio de la cual se adjudicó el contrato de suministro y distribución de alimentos a pacientes hospitalizados de la I.P.S. Clínica León XIII a la firma ALIMENTAR LTDA por un valor de $1.652.574.000 a un plazo de 12 meses, por estar viciada de nulidad por los vicios de procedimiento, la falsa motivación y la desviación de poder, en que se incurrió con la expedición de la resolución mencionada tal como lo detallamos en el capítulo correspondiente al ‘concepto de violación’. 2. Que se declare que NOEL

RODRÍGUEZ presentó la propuesta más favorable o conveniente para la IPS CLÍNICA LEÓN XIII del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en virtud de la contratación directa convocada por esta entidad para celebrar un contrato de suministro y distribución de alimentos a pacientes hospitalizados de la I.P.S. Clínica León XIII. 3. Que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – IPS CLÍNICA LEÓN XIII-, a pagar a NOEL RODRÍGUEZ la totalidad de los perjuicios ocasionados con la no adjudicación del contrato los cuales tasamos en la suma de $568’258.793 tal como lo explicamos en el capítulo de ‘la Estimación razonada de los perjuicios’. 4. Que las sumas a que sea condenado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sean actualizadas entre la fecha en la cual se adjudicó el contrato y la fecha del pago efectivo teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor que certifique el DANE. 5. Que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, IPS CLÍNICA LEÓN XIII a pagar las costas y agencias en derecho causadas en el proceso pues en virtud de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Nacional, el Estado deberá indemnizar la totalidad de los perjuicios que se causen con sus actuaciones y omisiones. No existe entonces razón jurídica alguna para violar esta disposición constitucional con fundamento en una norma de inferior jerarquía que exime a las entidades públicas de pagar las costas y agencias en derecho cuando sean vencidas en juicio. 3 Fls. 5 – 18, c7.3

1.1 Los fundamentos de hecho: La parte actora sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en síntesis, se expresan a continuación: 1. El Instituto de Seguros Sociales (ISS) publicó los términos de referencia y las especificaciones técnicas para el proceso de contratación directa que tenía por finalidad el suministro y la distribución de alimentos a pacientes hospitalizados. Se determinó como fecha de entrega de los términos de referencia a los interesados el 20 y 21 de agosto de 1996, y se señaló como fecha de cierre para la entrega de ofertas el 30 de agosto de ese año, a las 5:00 p.m. 2. El señor Noel Rodríguez Cubides, propietario del establecimiento de comercio denominado “Proveedora de Alimentos del Tolima”, retiró los términos de referencia en el plazo fijado por la entidad. El 30 de agosto de 1996, antes de la hora de cierre para la entrega de las ofertas, recibió un acta de modificación de dichos términos en la cual, entre otros, se amplió el plazo para la presentación de las propuestas hasta el 3 de septiembre de 1996, a las 4:00 p.m. 3. El 1 de septiembre de 1996, el Instituto de Seguros Sociales elaboró una nueva aclaración a los términos de referencia, y eliminó la palabra “hospitalaria” del numeral 2.5.3. -Experiencia Hospitalaria-. 4. Al cierre del proceso de selección, se presentaron las ofertas de: (i) Humberto Álvarez Gallego, (ii) Alimentar Ltda. y (iii) Noel Rodríguez Cubides. 5.

En la evaluación de la propuesta técnica, la entidad otorgó 11,650 puntos al señor Noel Rodríguez y 9,213 puntos a Alimentar Ltda. En criterio del demandante, no existía razón objetiva para que no se le hubiera asignado el puntaje máximo para el componente técnico, esto es, 15 puntos. También indicó que la propuesta de Alimentar Ltda. presentó inconsistencias relacionadas con las dietas, por lo que la misma no debió ser tenida en cuenta para la celebración del contrato. 6. En la evaluación financiera, se le asignó a ambos proponentes 7 puntos sobre 10. En este componente se calificó la suficiencia económica del oferente para asumir los compromisos del objeto contractual. Si bien no se publicó la forma en la que se hizo esta evaluación, el demandante indicó que Alimentar Ltda. no tenía una situación financiera suficiente conforme a las normas contables, porque: (i) por cada peso debía 70 centavos, mientras que el demandante por cada peso debía 37 centavos y (ii) la4

propuesta de Alimentar Ltda. estipulaba intereses de mora del 3,5% mensual, lo que no hacía la propuesta del demandante. 7. En la evaluación de la experiencia e idoneidad, la empresa Alimentar Ltda. presentó 21 documentos que cumplían con los términos de referencia y su calificación fue de 20 puntos, sobre 20 posibles. Por su parte, Noel Rodríguez presentó 36 documentos que cumplían con los requisitos establecidos y solo le otorgaron 5 puntos. Para el accionante, la relación de puntaje que debieron obtener los oferentes por la experiencia acreditada era de 20 puntos para Noel Rodríguez y 11,67 puntos para Alimentar Ltda. 8. La evaluación fue fijada el viernes 13 de septiembre de 1996 y el demandante presentó escrito de observaciones el día hábil siguiente, esto es, el 16 de septiembre a las 7:55 a.m., teniendo en cuenta que el numeral 2.9. de los términos de referencia establecía un período de un (1) día hábil para que los participantes presentaran observaciones al resumen de calificación de ofertas. 9. En documento del 3 de octubre de 1996, notificado el 10 de octubre de ese año, el Instituto de Seguros Sociales – Clínica León XIII respondió el oficio del 16 de septiembre, y afirmó que la evaluación se hizo en debida forma y por profesionales idóneos. De esta respuesta, el demandante destacó que la entidad prefirió la experiencia aportada por Alimentar Ltda. porque acreditó la existencia de más de 20 contratos con clientes diferentes, y que la amplia gama de usuarios ofrecía más seguridad para el Instituto de Seguros Sociales que la experiencia acreditada por el demandante. 10. La resolución de adjudicación fue expedida el 11 de septiembre de 1996; se notificó a la empresa Alimentar Ltda. el 13 de septiembre siguiente, y se comunicó al demandante el 16 de septiembre del

Seguros Sociales que la experiencia acreditada por el demandante. 10. La resolución de adjudicación fue expedida el 11 de septiembre de 1996; se notificó a la empresa Alimentar Ltda. el 13 de septiembre siguiente, y se comunicó al demandante el 16 de septiembre del mismo año. 1.2 Los fundamentos de derecho: El actor presentó como fundamentos de derecho, los siguientes: 1. Invocó el artículo 90 de la Constitución, como fundamento de la responsabilidad del Estado. Advirtió que la entidad demandada desconoció los artículos 23, 24, 26 y 29 de la Ley 80 de 1993, al igual que el artículo 2 del Decreto reglamentario 855 de 1994. 2. Sostuvo que el Instituto de Seguros Sociales – Clínica León XIII desconoció el deber de selección objetiva y el principio de transparencia, al violar las disposiciones de los5

términos de referencia y no seleccionar la propuesta más favorable para la entidad contratante. 2. Actuaciones procesales de primera instancia: A través del auto del 10 de febrero de 19974, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda, ordenó su notificación al representante legal de la entidad demandada y al Ministerio Público, y exhortó al Instituto de Seguros Sociales para que remitiera los antecedentes administrativos de la resolución cuestionada. 2.1. Contestación de la demanda: El 14 de mayo de 1997, el Instituto de Seguros Sociales – Clínica León XIII contestó la demanda5 y se opuso a sus pretensiones. En cuanto a los hechos, precisó que la modificación realizada a los términos de referencia se efectuó de manera legal, por motivos de conveniencia en la prestación de servicios y se notificó oportunamente a las partes. Afirmó que el Instituto de Seguros Sociales – Clínica León XIII calificó de manera objetiva cada una de las propuestas; que los errores presentados por Alimentar Ltda. eran intrascendentes, por lo que no impedían la contratación, y que la oferta de Alimentar Ltda., en su conjunto, era la más favorable para la entidad. Sobre la evaluación financiera, señaló que el demandante solo tuvo en cuenta un criterio contable y no la totalidad de los datos (flujo de caja, comportamiento de pago, posicionamiento en el mercado, etc.), los cuales se analizaron en conjunto de conformidad con el manual de evaluación financiera de la entidad, el cual fue incorporado al proceso. En relación con la experiencia, aseveró que lo que se evaluó no fue la cantidad de documentos contenidos en la propuesta, sino la calidad de los mismos, y que los documentos del demandante hacían referencia a contratos celebrados con la misma entidad -el INPECpero en distintos sitios de ejecución. Finalmente, presentó las siguientes excepciones: (i) Legalidad del acto administrativo impugnado.

en la propuesta, sino la calidad de los mismos, y que los documentos del demandante hacían referencia a contratos celebrados con la misma entidad -el INPECpero en distintos sitios de ejecución. Finalmente, presentó las siguientes excepciones: (i) Legalidad del acto administrativo impugnado. Reafirmó que el acto se expidió conforme a la ley, que se encontraba debidamente motivado, y que no fue proferido 4 Fl. 20, c7. 5 Fls. 22 – 30, c7.6

con desviación de poder, motivos por los cuales estaba revestido con la presunción de legalidad. (ii) “La genérica”. Enfatizó en que no se evidenciaba causal alguna para declarar la nulidad del acto impugnado. 2.2. Grado de consulta y nulidad de la sentencia de primera instancia. El 23 de febrero de 2004, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, concedió las pretensiones de la demanda6. En esta providencia, el tribunal realizó la evaluación jurídica, técnica, financiera y de experiencia, concluyendo que efectivamente la parte demandante debía ser la adjudicataria del proceso de selección y, por lo tanto, declaró la nulidad de la resolución y ordenó la respectiva indemnización de perjuicios. El 16 de julio de 2004, la sentencia se remitió en grado de consulta al Consejo de Estado -en virtud del artículo 184 del CCA, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 19987-. Mediante sentencia del 17 de octubre de 20138, esta Corporación, con ponencia del consejero Enrique Gil Botero, resolvió la nulidad de todo lo actuado en el grado de consulta y de la sentencia de primera instancia, con el fin de que se conformara el litisconsorcio necesario por pasiva, vinculando al adjudicatario del proceso de selección cuestionado -Alimentar Ltda.-. El expediente fue devuelto al tribunal con el fin de continuar con el proceso. El 16 de marzo de 2014, se notificó a la empresa Alimentar Ltda. a través de edicto emplazatorio9, y el 30 de julio de ese año se nombró a un curador ad-litem, quien se pronunció el 25 de agosto de 201410, adhiriéndose a las consideraciones expuestas por el Instituto de Seguros Sociales – Clínica León XIII en la contestación a la demanda. El 1 de julio de 2015,

se nombró a un curador ad-litem, quien se pronunció el 25 de agosto de 201410, adhiriéndose a las consideraciones expuestas por el Instituto de Seguros Sociales – Clínica León XIII en la contestación a la demanda. El 1 de julio de 2015, se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar sus alegaciones finales y rendir concepto, respectivamente. El 10 de julio de 2015, la

6 Fls. 104 – 115, c1. 7 “Artículo 184. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. (...) La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado. 8 Fls. 175 – 187, c1. 9 Fls. 199 – 200, c1. 10 Fls. 221 – 222, c1.7

apoderada del demandante allegó los alegatos de conclusión, mientras que las demás partes guardaron silencio. Durante el término de traslado, el apoderado del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS en Liquidación se hizo presente en el proceso, informando la terminación de la existencia legal del Instituto de Seguros Sociales y la constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS, que tenía a su cargo la defensa de los procesos judiciales y el cobro de títulos judiciales a favor de la extinta entidad11. 3. La sentencia impugnada: El Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la sentencia del 11 de septiembre de 2015, resolvió negar las pretensiones de la demanda y no condenar en costas a la parte demandante, por no observar una conducta que lo ameritara12. El a quo consideró que la acción pertinente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 77 de la Ley 80 de 199313. Estimó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si la parte demandante acreditó el cumplimiento de las dos condiciones establecidas por la jurisprudencia para la prosperidad de sus pretensiones: (i) la ilegalidad de la decisión adoptada por la administración y (ii) que su oferta era la mejor para la entidad. Expuso las conclusiones del dictamen pericial decretado14, en las cuales se señaló que la propuesta del demandante era la más favorable para la entidad y se calculó la utilidad esperada por el proponente. Sin embargo, se apartó de aquellas por considerar 11 El

apoderado del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS presentó escrito solicitando la entrega de los depósitos judiciales que se encontraban en el despacho del tribunal y en los cuales la demandada hiciera parte. Mediante auto del 30 de julio de 2015, el a quo negó la solicitud debido a que el destinatario de los dineros depositados al proceso era el auxiliar de la justicia que actuó como perito dentro del mismo. 12 Fls. 304 – 313, c. ppl. 13 El parágrafo 1° del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 dispone que “el acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso Administrativo”. 14 Mediante auto del 19 de mayo de 1997 se decidió decretar una prueba pericial, cuyo objeto fue “Nómbrese peritos expertos en evaluación de propuestas relacionadas con el suministro de alimentos para que estudien los términos de referencia del proceso de contratación directa para el suministro y distribución de alimentos a pacientes hospitalizados de la I.P.S. Clínica León XIII. Igualmente estudiarán las propuestas presentadas por los distintos oferentes y las evaluaciones que de ellas hicieron los funcionarios del ISS. Tendrán en cuenta la carta de observaciones a las evaluaciones presentadas por el señor NOEL RODRÍGUEZ con fecha 16 de septiembre de 1996 y la carta de respuestas del gerente de la IPS CLÍNICA LEÓN XIII del 3 de octubre de 1996 (...) Con fundamento en esta evaluación determinarán cuál era la propuesta más

favorable o conveniente para la entidad contratante, a la cual, de acuerdo con los criterios objetivos, se le debió adjudicar el contrato. Igualmente determinarán cuál es la utilidad esperada por el proponente NOEL RODRIGUEZ teniendo en cuenta el valor de su propuesta, la naturaleza del servicio y el plazo contractual (...)”.8

que el dictamen no otorgaba certeza sobre los hechos dictaminados, toda vez que el perito no indicó los parámetros tenidos en cuenta para arribar a las conclusiones ni explicó la metodología empleada y, por lo tanto, sus afirmaciones no contaban con un soporte suficiente para ser valoradas15. Arguyó que, si bien existían elementos dentro del expediente para determinar cuál propuesta merecía el mayor puntaje en el factor de experiencia -conforme a las exigencias de los términos de referencia-, no ocurría lo mismo frente a los demás factores de evaluación (técnico, financiero, calidad y valor) por tratarse de asuntos con un alto contenido técnico, que requerían ser analizados por expertos para lograr certeza acerca de la debida calificación de estos aspectos y la definición de la mejor propuesta. En ese sentido, concluyó que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba de acreditar que su propuesta merecía ser la adjudicataria. En consecuencia, al no encontrarse probado uno de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para declarar la nulidad de la resolución de adjudicación, se inhibió de realizar el análisis sobre la legalidad de la misma y negó las súplicas de la demanda. 4. Recurso de apelación: El 9 de octubre de 2015, el señor Noel Rodríguez Cubides interpuso el recurso de apelación16 en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, solicitando que la misma sea revocada, y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Según el recurrente, no es cierto que no se haya cumplido con la carga de la prueba ni que el dictamen pericial fuera el único medio de convicción, pues en el proceso reposaban las propuestas presentadas por cada uno de los proponentes, las cuales debían ser analizadas por el fallador. Sumado a ello, expuso detalladamente la manera en la cual se debía

con la carga de la prueba ni que el dictamen pericial fuera el único medio de convicción, pues en el proceso reposaban las propuestas presentadas por cada uno de los proponentes, las cuales debían ser analizadas por el fallador. Sumado a ello, expuso detalladamente la manera en la cual se debía calificar el factor de experiencia e hizo una relación de los certificados de experiencia presentados por 15 El Tribunal indicó que, en cuanto al factor técnico, el perito aseveró que la propuesta del demandante se ajustaba a las exigencias de la entidad, pero no hizo referencia al manual de especificaciones del proceso de selección ni al proceso de elaboración y suministro de alimentos de acuerdo con estas exigencias. Frente a la capacidad financiera, concluyó que la evaluación otorgada por la entidad era adecuada, sin hacer ninguna referencia a la realidad financiera de los proponentes ni a los documentos de contenido financiero que obraban en el proceso. Sobre la experiencia, afirmó que el demandante debía tener mayor puntaje porque había acreditado mayor experiencia hospitalaria, sin percatarse de que dicho criterio fue eliminado mediante el acta modificatoria de los términos de referencia y su respectiva aclaración. 16 Fls. 2273 – 2275, c. ppl.9

él y por la empresa adjudicataria, concluyendo que a la propuesta del demandante se le debían asignar 15 puntos, mientras que a la propuesta de la empresa Alimentar Ltda. se le debían asignar 19 puntos. Con esta modificación, la puntuación final sería de 89.31 puntos para el demandante y 81.213 puntos para Alimentar Ltda. Por tanto, se debía declarar la nulidad de la Resolución 2892 del 11 de septiembre de 1996, expedida por el gerente de la Clínica León XIII del Instituto de Seguros Sociales. Reiteró algunos argumentos generales de la demanda y concluyó que la propuesta presentada por el señor Noel Rodríguez Cubides se ajustaba a los términos dados por el Instituto de Seguros Sociales y debía ser la propuesta con la mejor evaluación en todos los componentes. 5. Trámite en segunda instancia: Por medio del auto del 5 de noviembre de 201517, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió el recurso de apelación, y ordenó remitir el expediente a esta Corporación para decidir sobre su admisibilidad. Mediante auto del 25 de febrero de 201618, se admitió el recurso de apelación. A través de providencia del 23 de junio siguiente19, se dio traslado a las partes, por el término de 10 días, para que presentaran sus alegaciones finales. Vencido este término, se dio traslado al Ministerio Público con el fin de que rindiera su concepto, de conformidad con el inciso 5 del artículo 212 del Código Contencioso Administrativo20. El 19 de julio de 201621, el demandante presentó sus alegaciones finales, reiterando en su totalidad los argumentos del recurso de apelación. La parte demandada guardó silencio. El Ministerio Público solicitó confirmar en su totalidad la sentencia recurrida, por considerar que la parte actora no asumió en forma diligente la carga probatoria que le

reiterando en su totalidad los argumentos del recurso de apelación. La parte demandada guardó silencio. El Ministerio Público solicitó confirmar en su totalidad la sentencia recurrida, por considerar que la parte actora no asumió en forma diligente la carga probatoria que le correspondía, y porque el dictamen pericial no le ofreció al juzgador elementos de juicio que lo llevaran al convencimiento para acceder a las pretensiones22. 17 Fl. 307, c. ppl. 18 Fls. 331 – 332, c. ppl. 19 Fl. 333, c. ppl. 20 El término para que las partes presentaran alegatos de conclusión transcurrió entre el 7 y el 21 de julio de 2016, y el término para que el Ministerio Público conceptuara corrió del 22 de julio al 4 de agosto del mismo año. 21 Fls. 335 – 346, c. ppl. 22 Fl. 2374, c. ppl.10

III. CONSIDERACIONES 1. Competencia del Consejo de Estado: Le asiste competencia a la Sala para conocer del presente proceso en segunda instancia, toda vez que el artículo 129 del Decreto 01 de 1984 (CCA) -subrogado por el artículo 2 del Decreto 597 de 1988-, aplicable a este proceso, establece que el Consejo de Estado “(…) conocerá en segunda instancia de los siguientes asuntos: (...) 1. De las apelaciones y consultas de las sentencias y de los autos sobre liquidación de condenas en abstracto dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, y de los recursos de queja cuando se deniegue el de apelación (…)”. Adicionalmente, la Sala conoce del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primer grado, dado que la pretensión indemnizatoria ascendió a $586’258.793, por concepto de los beneficios económicos que se hubieran podido obtener de la adjudicación, celebración y ejecución del contrato, mientras que el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa23 tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación era de $13’460.00024. 2. Legitimación en la causa: En el presente caso, el señor Noel Rodríguez Cubides está legitimado en la causa por activa, toda vez que participó en calidad de proponente en el proceso de contratación directa para el suministro, procesamiento y distribución de alimentación para usuarios hospitalizados, adelantado por el Instituto de Seguros Sociales – Clínica León XIII. Por su parte, el Instituto de Seguros Sociales – Clínica León XIII está legitimado por pasiva, en razón a que fue la entidad que adelantó el proceso de contratación demandado. Igualmente, la empresa Alimentar Ltda. está legitimada, porque fue la beneficiada con la adjudicación del contrato en el proceso controvertido. 23 Sobre la acción procedente y su adecuación

en razón a que fue la entidad que adelantó el proceso de contratación demandado. Igualmente, la empresa Alimentar Ltda. está legitimada, porque fue la beneficiada con la adjudicación del contrato en el proceso controvertido. 23 Sobre la acción procedente y su adecuación se hará referencia en acápites posteriores. 24 El numeral 10 del artículo 132 del CCA, modificado por el artículo 2° del Decreto 597 de 1988, establecía que los tribunales administrativos conocían en primera instancia de los procesos de reparación directa cuya cuantía superara los $3’500.000. En virtud del artículo 265 del CCA, modificado por el artículo 4° del Decreto 597 de 1988, este monto debía ajustarse en un 40% cada dos años, desde el 1 de enero de 1990 y los resultados del ajuste debían aproximarse a la decena de mil inmediatamente superior. Por lo tanto, la cuantía para 1996 era de $13’460.000.11

Radicación número: 05001-23-31-000-1996-02602-02 (56.445). Actor: Noel Rodríguez Cubides. Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Segur

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Autor: Consejo de Estado
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Área del derecho: Administrativo
Año: —