CE - 050012331000199700643011SENTENCIA20230816120110

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 05001-23-31-000-1997-00643-01 (41336)

Actor: MURILLO LOBO GUERRERO INGENIERO SA Y OTRO

Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Régimen aplicable. APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DOCUMENTOS APORTADOS POR TESTIGOS-Valor probatorio. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA-Régimen del Decreto 222 de 1983.

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS-Estaban sometidos al régimen contractual del Decreto 222 de 1983. DECRETO LEY 222 DE 1983-Aplicación del derecho privado. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO-Concepto LIQUIDACIÓN BILATERALConcepto. LIQUIDACIÓN JUDICIAL-Concepto. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO-Cuando las estipulaciones sean claras, no puede desconocerse lo acordado. IMPUESTO DE PREVISIÓN SOCIAL-Aunque fue derogado, no procedia hacer su deducción. INTERESES DE MORA-Se causan por el incumplimiento de las obligaciones dinerarias. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. DICTAMEN PERICIAL-Valoración. CARGA DE LA

causan por el incumplimiento de las obligaciones dinerarias. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. DICTAMEN PERICIAL-Valoración. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar tas obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. REAJUSTE DE PRECIOS-Objeto. PLIEGO DE CONDICIONES-Concepto, contenido y modificaciones. PLIEGOS-Documentos contractuales importantes pero que no prevalecen sobre el clausulado del contrato. MAYOR PERMANENCIA EN OBRA-Concepto. BUENA FE-Obliga no solo a lo que está expresamente pactado, sino a todo aquello que deriva de la naturaleza de las obligaciones. BUENA FE-Obliga no solo a lo que está expresamente pactado, sino a todo aquello que deriva de la naturaleza de las obligaciones. BUENA FE-Deberes de fidelidad, lealtad y corrección de las partes. TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS-Las partes deben comportarse de forma coherente y no pueden contradecir injustificadamente sus conductas anteriores. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALE T-Doctrina de los actos propios. BUENA FE-Presentación de la oferta. MULTAS EN LA LEY 80-La falta de regulación en la Ley 80 de 1993 no impedía que las entidades las pactaran y las hicieran efectivas unilateralmente. CLAUSULA PENAL-Su regulación es aplicable a los contratos estatales. MULTAS ANTES DE LA LEY 1150-Los actos que las imponían antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 constituyen actos contractuales. MULTAS ANTES DE LA LEY 1150-Su estudio no es de legalidad sino a partir

ANTES DE LA LEY 1150-Los actos que las imponían antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 constituyen actos contractuales. MULTAS ANTES DE LA LEY 1150-Su estudio no es de legalidad sino a partir del cumplimiento o no de la entidad estatal. CLAUSULA PENAL-Su regulación es aplicable a los contratos estatales. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 2 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 13 de mayo de 1993, Ermpresas Públicas de Medellín y el consorcio integrado por Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y Jorge |. Cortes V. Construcciones Cortes2 Expediente n. 41.336

Demandante: Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y otro Concede pretensiones Pérez SA celebraron el contrato de obra pública n.” 9/DJ-647/33 para la adecuación de la carretera El Mango-Casa de Máquinas-Guadalupe IV y todos los demás trabajos complementarios necesarios para su realización. El contratista adujo que los actos administrativos que liquidaron unilateralmente el contrato eran nulos por infracción de las normas en las que debería fundarse. Afirmó que la entidad realizó una deducción por el impuesto de previsión social, que fue derogado; no reconoció intereses de mora por obras ordinarias, obras extra y mayores costos por derrumbes; no reajustó los precios de obra ordinaria y obra extra conforme a lo estipulado en el contrato; no reconoció un concepto denominado «menor cantidad

intereses de mora por obras ordinarias, obras extra y mayores costos por derrumbes; no reajustó los precios de obra ordinaria y obra extra conforme a lo estipulado en el contrato; no reconoció un concepto denominado «menor cantidad de obra»; impuso una multa de forma ilegal; no reconoció sobrecostos por mayor permanencia de obra y no reconoció sobre costos por utilización de diferentes materiales y pintura de las defensas metálicas. ANTECEDENTES El 11 de marzo de 1997, Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y Jorge |. Cortes V. Construcciones Cortes Pérez SA, a través de apoderado judicial, formularon demanda de controversias contractuales contra Empresas Públicas de Medellín. Solicitaron $37.750.180 por la indebida deducción por el impuesto de previsión social; $7.668.911 por intereses causados por el pago de tardío de un acta de obra extra ejecutada; $488.038 por un reajuste de obra extra ejecutada; $5.613.847 por los intereses causados por el pago tardío de un acta de obra ordinaria ejecutada; $31.620 por un reajuste de obra ordinaria ejecutada; $165.871.099 por intereses causados por el reconocimiento tardío de un concepto que denominó «menor cantidad de obra ejecutada»; $8.314.020 por la diferencia entre lo que se reconoció por «menor cantidad de obra» y lo que debió reconocerse según el contrato; $213.341.406 por el reconocimiento por «menor cantidad de obra» y su reajuste; $21.192.085 por intereses moratorios sobre la suma que se debió reconocer por los costos ocasionados por derrumbes; $382.646.622 por. costos ocasionados por

$21.192.085 por intereses moratorios sobre la suma que se debió reconocer por los costos ocasionados por derrumbes; $382.646.622 por. costos ocasionados por mayor permanencia en obra; $26.956.204 por el valor de la pintura de las defensas metálicas con su reajuste; $178.253.070 por mayores costos por utilización de diferentes materiales de obra del ítem denominado «Concreto Hidráulico»; 516.029.574 por mayores costos por utilización de diferentes materiales de obra del ítem denominado «Concreto Asfáltico»; $43.787.692 por mayores costos por3 Expediente n.” 41.336

Demandante: Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y otro Concede pretensiones utilización de diferentes materiales de obra del ítem denominado «Acarreo» y; $26.426.092 por la cantidad de una multa impuesta ilegalmente. En apoyo de las pretensiones, afirmó que la entidad demandada incumplió el contrato de obra pública n.” 9/DJ-647/33 para la adecuación de la carretera El Mango-Casa de Máquinas-Guadalupe IV y todos los demás trabajos complementarios necesarios para su realización.

El 11 de abril de 1997, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, Empresas Públicas de Medellín adujo que no procedía el reconocimiento de los conceptos reclamados. El 15 de junio de 2004, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandada reiteró lo expuesto. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandada reiteró lo expuesto. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio. El 2 de noviembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia accedió parcialmente a las pretensiones frente a la deducción por el impuesto de previsión social, dado que había sido derogado, y negó las demás reclamaciones por falta de prueba. Las partes interpusieron recursos de apelación, que fueron concedidos el 27 de mayo de 2011 y admitidos el 14 de julio de 2011. La demandante esgrimió que había probado lo solicitado con el dictamen pericial practicado en el proceso. La demandada señaló que no se debía reconocer indemnización alguna por el impuesto de previsión social, porque esa suma, que fue incluida en el precio del contrato, no le correspondía al contratista. El 4 de agosto de 2011, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandada reiteró lo expuesto. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuya causa sea la actividad de las entidades públicas y de las4

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Demandante: Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y otro Concede pretensiones personas privadas que desempeñan funciones administrativas según el artículo 82

CCA. El artículo 17 del Decreto 222 de 1983 establecía que la jurisdicción contencioso administrativa conocería de los litigios derivados de los contratos

Concede pretensiones personas privadas que desempeñan funciones administrativas según el artículo 82 CCA. El artículo 17 del Decreto 222 de 1983 establecía que la jurisdicción contencioso administrativa conocería de los litigios derivados de los contratos administrativos. En consonancia, el artículo 87 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispuso que cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podía demandar mediante la acción de controversias contractuales. Como el contrato de obra pública n.” 9/DJ-647/33 es un contrato administrativo, de conformidad con el artículo 16 de ese decreto, la jurisdicción administrativa es la encargada de conocer de esta controversia. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.10 CCA!. Acción procedente

2. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por el acto administrativo de liquidación del contrato (arts.1546 y 1602 CC y 87 CCA).

Demanda en tiempo

3. El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a

1602 CC y 87 CCA).

Demanda en tiempo

3. El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. El artículo 136 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, disponía que el término para formular las pretensiones relativas a los |! Se aplican las cuantías previstas en el Decreto 597 de 1988, pues era la norma vigente a la fecha de presentación de la demanda -11 de marzo de 1997-. Según esta norma los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los procesos de reparación directa cuando la cuantía exceda de $3.500.000, que según el artículo 265 CCA se reajustará en un 40% cada dos años y para el momento de presentación de la demanda era $13.460.000.5

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Demandante: Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y otro Concede pretensiones contratos caducaría en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento.

Como el 19 y 20 de noviembre de 1996 se notificó la resolución que resolvió el recurso de reposición del acto que liquidó unilateralmente el contrato a Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y a Jorge l. Cortes V. Construcciones Cortes Pérez SA, respectivamente [hecho probado 8.9], acto administrativo que sirvió de fundamento de la demanda, esto es en vigencia del artículo 136 CCA antes de la citada reforma, esta es la norma aplicable para definir la presentación oportuna de la demanda. De manera que, como el término de dos años inició desde la notificación del señalado

de la demanda, esto es en vigencia del artículo 136 CCA antes de la citada reforma, esta es la norma aplicable para definir la presentación oportuna de la demanda. De manera que, como el término de dos años inició desde la notificación del señalado acto administrativo -19 y 20 de noviembre de 1996-, y la demanda se interpuso el 11 de marzo de 1997, se presentó de forma oportuna frente a las pretensiones relacionadas con la nulidad de los actos administrativos. No obstante, el demandante pretendió la devolución de las sumas retenidas por la entidad por concepto del impuesto de previsión social desde julio de 1993. La Sala se limitará a estudiar las deducciones realizadas desde el 10 de marzo de 1995, pues frente a las anteriores operó el fenómeno de la caducidad. Legitimación en la causa

4. Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y Jorge |. Cortes V. Construcciones Cortes Pérez SA están legitimados en la causa por activa y Empresas Públicas de Medellín por pasiva, pues fueron las partes del contrato de obra pública n.” 9/DJ-647/33 para la adecuación de la carretera El Mango-Casa de Máquinas-Guadalupe IV y todos los demás trabajos complementarios necesarios para su realización [hecho probado 8.1]. !. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el acto de liquidación unilateral de un contrato, que se rige por el Decreto 222 de 1983, es nulo y si la entidad incumplió un contrato por realizar una deducción por el impuesto de previsión social, que fue derogado; no reconocer intereses de mora por obras ordinarias, obras extra y por costos por6

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por realizar una deducción por el impuesto de previsión social, que fue derogado; no reconocer intereses de mora por obras ordinarias, obras extra y por costos por6 Expediente n.” 41.336

Demandante: Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y otro Concede pretensiones derrumbes; no reconocer un reajuste a los precios de obra ordinaria y obra extra; no reconocer un concepto denominado «menor cantidad de obra»; no reconocer sobrecostos por mayor permanencia en obra; imponer una multa; y no reconocer costos por utilización de diferentes materiales y pintura de las defensas metálicas.

Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por ambas partes, la Sala resolverá sin limitaciones, en los términos del artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?.

7. Fabio Sánchez de la Pava, Ingeniero de Obras Civiles de la División Porce ll al momento de los hechos y testigo en el proceso, aportó la Circular n.” 806 de 1994 expedida por Empresas Públicas de Medellín y el documento denominado «Control Total de Pagos» (f. 541-543 c. 2). Según el artículo 228 CPC, los testigos podrán presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales declaran, los cuales se agregarán al expediente y se darán en traslado común por tres días, sin necesidad de auto que lo ordene. Como los documentos aportados por el testigo están relacionados con su declaración y las partes guardaron silencio frente al traslado que corrió el Tribunal, serán valorados.

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente, se

están relacionados con su declaración y las partes guardaron silencio frente al traslado que corrió el Tribunal, serán valorados.

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente, se demostraron los siguientes hechos: 8.1. El 13 de mayo de 1993, Empresas Públicas de Medellín y el consorcio integrado por Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y Jorge |. Cortes V. Construcciones Cortes ? Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit ly/3gjiduK.7

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Demandante: Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y otro Concede pretensiones Pérez SA celebraron el contrato de obra pública n. 9/DJ-647/33, para la adecuación de la carretera El Mango-Casa de Máquinas-Guadalupe IV y todos los demás trabajos complementarios necesarios para su realización, según da cuenta copia simple del contrato (f. 34-39 c. 1). El plazo de ejecución sería de 540 días calendario, pero el contratista debía construir la carretera de accesos a la Casa de Máquinas y

simple del contrato (f. 34-39 c. 1). El plazo de ejecución sería de 540 días calendario, pero el contratista debía construir la carretera de accesos a la Casa de Máquinas y a la almenara en 300 días calendario, contados a partir de la orden de iniciación, según da cuenta copia simple del contrato (f. 34-39 c. 1). 8.2. El 25 de agosto de 1994, Empresas Públicas de Medellín y el consorcio integrado por Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y Jorge |. Cortes V. Construcciones Cortes Pérez SA celebraron una modificación al contrato. Ampliaron el plazo de ejecución hasta el 13 de septiembre de 1994 para la construcción de la Casa de Máquinas, y hasta el 28 de septiembre de 1994, para la construcción de la carretera de acceso a la almenara, según da cuenta copia simple de la modificación bilateral n. 1 (f. 40 c. 1). 8.3. El 25 de noviembre de 1994, Empresas Públicas de Medellín y el consorcio integrado por Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y Jorge |. Cortes V. Construcciones Cortes Pérez SA celebraron una modificación al contrato. Ampliaron el plazo de ejecución para la construcción de la carretera de acceso a la Casa de Máquinas hasta el 13 de septiembre de 1994 y para la construcción de la carretera de acceso a la almenara hasta el 28 de septiembre de 1994, según da cuenta copia simple de la modificación bilateral n. 2 (f. 41 c. 1). 8.4. El 14 de febrero de 1995, Empresas Públicas de Medellín y el consorcio integrado por Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y Jorge l. Cortes V.

simple de la modificación bilateral n. 2 (f. 41 c. 1). 8.4. El 14 de febrero de 1995, Empresas Públicas de Medellín y el consorcio integrado por Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y Jorge l. Cortes V. Construcciones Cortes Pérez SA celebraron una modificación al contrato y ampliaron el plazo de ejecución del contrato hasta el 28 de febrero de 1995, según da cuenta copia simple de la modificación bilateral n.? 3 (f. 42 c. 1). 8.5. Empresas Públicas de Medellín y el consorcio integrado por Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y Jorge !. Cortes V. Construcciones Cortes Pérez SA celebraron una modificación del contrato y ampliaron el plazo de ejecución hasta el8 Expediente n. 41.336

Demandante: Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y otro Concede pretensiones 31 de marzo de 1995, según da cuenta copia simple de la modificación bilateral n. 4 (f. 43c. 1). 8.6. El 19 de junio de 1995, Empresas Públicas de Medellín impuso una multa al consorcio integrado por Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y Jorge l. Cortes V.

Construcciones Cortes Pérez SA por valor de $30.559.452.97, pues el contratista entregó las obras el 5 de mayo de 1995, pero el plazo del contrato vencía el 31 de marzo anterior, según da cuenta copia simple del documento denominado «Resolución n. 41490» (f. 148 c. 1). La decisión fue notificada el 13 de septiembre de 1995, según da cuenta constancia de desfijación de edicto (f. 149 c. 1).

«Resolución n. 41490» (f. 148 c. 1). La decisión fue notificada el 13 de septiembre de 1995, según da cuenta constancia de desfijación de edicto (f. 149 c. 1). 8.7. El 30 de enero de 1996, Empresas Públicas de Medellín liquidó unilateralmente el contrato n.” 9/DJ-647/33, según da cuenta copia simple de la Resolución n.? 50013 (f. 14-16 c. 1). 8.8. El 6 de junio de 1996, Empresas Públicas de Medellín aclaró y corrigió la Resolución n.” 50013, que liquidó unilateralmente el contrato n.” 9/DJ-647/33, según da cuenta copia simple de la Resolución n. 54752 (f. 17-20 c. 1). 8.9. El 7 de noviembre 1996, Empresas Públicas de Medellín resolvió un recurso de reposición contra la Resolución n.” 50013, que liquidó unilateralmente el contrato n.” 9/DJ-647/33, y la Resolución n. 54752, que la aclaró y corrigió, y las repuso parcialmente, según da cuenta copia simple de la Resolución n.” 59424 (f. 21-31 c. 1). La decisión fue notificada el 19 de noviembre de 1996 a Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y el 20 de noviembre de 1996 a Jorge |. Cortes V. Construcciones Cortes Pérez SA, según da cuenta constancia de notificación personal (f. 32 c. 1). El régimen jurídico del contrato

9. La legislación de los prestadores de servicios públicos: y el régimen de sus actos y contratos ha cambiado en el tiempo. Como Empresas Públicas de Medellín

El régimen jurídico del contrato

9. La legislación de los prestadores de servicios públicos: y el régimen de sus actos y contratos ha cambiado en el tiempo. Como Empresas Públicas de Medellín celebró el contrato de obra pública n.” 9/DJ-647/33 para la adecuación de la carretera El Mango-Casa de Máquinas-Guadalupe IV y todos los demás trabajos complementarios necesarios para su realización [hecho probado 8.1], es preciso9

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Demandante: Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y otro Concede pretensiones hacer referencia a la naturaleza y régimen jurídico de ese contrato, para la época de su suscripción.

Según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en todo contrato se entienden incluidas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, con excepción de las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos del contrato y las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado. En este último evento, la norma dispone que la infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido esa infracción. El artículo 5 de la Ley 19 de 1982, por la cual se definieron «principios» de los contratos administrativos y se concedieron facultades al Presidente de la República para reformar el régimen de contratación administrativa, establecía que las normas fiscales de los departamentos y municipios podían disponer sobre la formación y adjudicación de los contratos que celebraran y cláusulas de los mismos, conforme a sus intereses y a las necesidades del servicio. Sin embargo, las normas sobre tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad, terminación y las

adjudicación de los contratos que celebraran y cláusulas de los mismos, conforme a sus intereses y a las necesidades del servicio. Sin embargo, las normas sobre tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad, terminación y las inhabilidades e incompatibilidades estarían reservadas a la ley. En consonancia, el artículo 1 del Decreto 222 de 1983, expedido con fundamento en esas facultades extraordinarias, dispuso que las normas en ese estatuto que se referían a los tipos de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidades y terminación, así como los principios generales desarrollados en el Título IV (terminación, modificación e interpretación unilateral) se aplicarían en los departamentos y municipios. El Decreto 222 de 1983 reguló en detalle los mecanismos de selección (artículos 29, 31 y 43), su objeto (artículo 81), su forma de pago (artículo 82), los requisitos para contratar (artículo 83), las prohibiciones (artículo 85) y la revisión de precios (artículo 86). En vigencia del Decreto 222 de 1983, las reglas del derecho privado eran aplicables tanto a los contratos de derecho privado de la administración, según el artículo 16 del estatuto, como a los contratos administrativos. Según ese estatuto, las reglas del derecho común aplicaban. tanto a los contratos de derecho privado de la administración (artículo 16), como a los contratos administrativos. Frente a estos últimos, aunque este decreto no fue explícito —como lo es ahora la Ley 80 de 1993 (arts. 13, 23, 28, 32, 40 y 46)- la Sala concluyó que las reglas del derecho privado10 Expediente n.” 41.336

Demandante: Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y otro

(arts. 13, 23, 28, 32, 40 y 46)- la Sala concluyó que las reglas del derecho privado10 Expediente n.” 41.336

Demandante: Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y otro Concede pretensiones eran aplicables y, por ello, dichos contratos también se sometían al derecho civil y comercial en asuntos fundamentales tales como los efectos de las obligaciones, el consentimiento válido, el objeto y la causa lícitos?. Al fin y al cabo, el contrato de la Administración no es una categoría diferente del contrato de los particulares, ni una modulación de este: tan solo está sometido a reglas especiales (arts. 5.1 de la Ley 57 de 1887 y 3” de la Ley 153 de 1887), que no se derogan por las reglas generales, cuando no se previó una disposición particular al respecto.

El artículo 81 del Decreto 222 de 1983 dispuso que se denominaba contrato de «obras públicas» al que se celebren para la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles de carácter público o directamente destinados a un servicio público. La regulación actual contenida en el artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993 difiere sustancialmente de la contenida en el régimen anterior, pues identificó el contrato de obra como aquel que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. La diferencia central radica en que en la Ley 80 de 1993 no se le confiere al contrato de obra el calificativo de «pública», ni condiciona su tipificación

trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. La diferencia central radica en que en la Ley 80 de 1993 no se le confiere al contrato de obra el calificativo de «pública», ni condiciona su tipificación a que los trabajos recaigan sobre un inmueble de «carácter público o directamente destinado a un servicio público». Para la fecha de suscripción del contrato obra pública n.% 9/DJ-647/33, 13 de mayo de 1993 [hecho probado 8.1], Empresas Públicas de Medellín era un establecimiento público, es decir, era una entidad descentralizada del orden municipal, creada por el Acuerdo n. 58 de 1955%. Conforme al Decreto 222 de 1983, el de obra pública era un contrato administrativo (artículo 16). Como el contrato de obra pública n.” 9/DJ-647/33, en el que una de las partes era un establecimiento público, se perfeccionó el 13 de mayo de 1993, su régimen 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 1988, Rad. 4303 [fundamento jurídico párrafo 12], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p.87, disponible en: https://cutt.ly/OQ9KFJH. 4 En cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, EPM se transformó en empresa industrial y comercial del Estado mediante el Acuerdo 069 del 10 de diciembre de 1997. https: //cu.epm.com.cofinversionistas/informacion-corporativafinformacion-relevante11 Expediente n.” 41.336

en empresa industrial y comercial del Estado mediante el Acuerdo 069 del 10 de diciembre de 1997. https: //cu.epm.com.cofinversionistas/informacion-corporativafinformacion-relevante11 Expediente n.” 41.336

Demandante: Murillo Lobo Guerrero Ingeniero SA y otro Concede pretensiones jurídico, según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en lo relativo a los tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad y terminación, es el Decreto 222 de 1983.

Liquidación unilateral

10. La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es el acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones. La liquidación tiene lugar, usualmente, a la terminación del contrato y corresponde, pues, al corte de cuentas que tiene por objeto: (i) establecer si hay obligaciones pendientes (ii) los saldos en favor y en contra y (iii) estar a paz y salvo”. La liquidación es, pues, un ajuste de cuentas para que las partes del negocio jurídico puedan finiquitar — definir quién debe a quién y cuánto.

En la liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. La liquidación del contrato procedía según lo establecido en los artículos 287 y 289 del Decreto 222 de 1983, cuando: (i) se hubiera ejecutoriado la providencia que declarara la caducidad; (ii) las partes dieran por terminado el contrato por mutuo acuerdo, que podría hacerse en todos los casos en que tal determinación no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante; (iii) se hubiera ejecutado la providencia judicial que declarara nulo el

acuerdo, que podría hacerse en todos los casos en que tal determinación no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante; (iii) se hubiera ejecutado la providencia judicial que declarara nulo el contrato; (iv) la autoridad competente lo declarara terminado unilateralmente conforme al artículo 19 del estatuto y (v) en los contratos de suministros y obras públicas una vez se hubieran cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos. El Decreto 222 de 1983 a