CE - 050012331000200100122011SENTENCIA20230831165716

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001 -23-31-000-2001-00122-01(37732)

Actor: LUIS ENRIQUE ÁLVAREZ CORREA Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE BELLO Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA DEMANDA DE RECONVENCIÓN-La acción de reparación directa procede contra particulares, art. 86 CCA.

LEGITIMACIÓN POR ACTIVA-Demanda de reconvención. APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DECLARACIONES EXTRAJUDICIALES-Exigencia de ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso DAÑO O PERJUICIO-Concepto. DAÑO-Debe ser cierto, personal y directo. CERTEZA DEL DAÑO-Debe ser real y efectivo, no hipotético. PERJUICIO-Elemento esencial constitutivo de la responsabilidad civil. ANTIJURIDICIDAD-Contrariedad al derecho. ANTIJURIDICIDAD-Se predica de la acción que causó el daño y no del deber de la víctima de soportarlo. FALLA DEL SERVICIO O CULPA DE LA ADMINISTRACIÓN-Es la regla general. DOMINIO PÚBLICO MINERO-El Estado es propietario del subsuelo y los recursos naturales no renovables. DERECHOS ADQUIRIDOS-Ley 153 de 1887, art. 28. SUBSUELO-Propiedad de la Nacion, no de los municipios. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY-No impide que

del subsuelo y los recursos naturales no renovables. DERECHOS ADQUIRIDOS-Ley 153 de 1887, art. 28. SUBSUELO-Propiedad de la Nacion, no de los municipios. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY-No impide que una ley regule el ejercicio de un derecho y le imponga cargas racionales y equitativas. CANTERAS-Concepto no asimilable a las minas antes del Decreto 2655 de 1988. CANTERAS-Dominio del Estado, sin perjuicio de los derechos adquiridos. CANTERAS-Propietarios debían inscribirse en el Registro Minero, so pena de extinción del derecho. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 17 de junio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 9 de diciembre de 1999. un alud de tierra cayó en una cantera que era explotada ilegalmente por parte de los demandantes. Alegan que se configuró falla en el servicio, pues las autoridades del municipio no impidieron el desastre ni mitigaron sus efectos. ANTECEDENTES El 19 de diciembre de 2000, Luis Enrique Álvarez Correa y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra el municipio2 Expediente no. 37.732

Demandante: Luis Enrique Álvarez Correa y otros Niega pretensiones de Bello, para que se le declarara patrimonialmente responsable. Solicitaron $544.375.000, por daño emergente, $1.194.074.000 por lucro cesante y $304.000.000, por perjuicios morales. En apoyo de las pretensiones, la parte

$544.375.000, por daño emergente, $1.194.074.000 por lucro cesante y $304.000.000, por perjuicios morales. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el 9 de diciembre de 1999 hubo un derrumbe de tierra sobre el cauce de la quebrada La Mina, que generó un represamiento de agua y sedimentos, que bajaron por la cantera y destruyeron el material extraído e impidieron la explotación de la cantera en un inmueble de su propiedad. El municipio de Bello es responsable del derrumbe por no adoptar medidas para el control de aguas residuales y disposición de residuos por parte de un barrio informal que se asentó en la parte alta de la cantera. El 22 de febrero de 2001 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, el municipio de Bello propuso las excepciones de falta de interés legítimo para demandar, falta de legitimación en la causa por activa, culpa de la víctima, hecho de tercero e inexistencia de falla del servicio. Adujo que la explotación de la cantera era ilegal, pues los demandantes no tenían permiso o licencia para explotarla, que la propiedad sobre los materiales pétreos es del Estado y que el derrumbe ocurrió por la actividad minera y por el manejo inadecuado de las basuras por parte de terceros. Formuló denuncia del pleito contra el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia, este último fue admitido el 1 de marzo de 2002 pero no se notificó. El 27 de julio de 2001, formuló demanda de reconvención contra Luis Enrique Álvarez Correa y otros,

fue admitido el 1 de marzo de 2002 pero no se notificó. El 27 de julio de 2001, formuló demanda de reconvención contra Luis Enrique Álvarez Correa y otros, para que se les declarara patrimonialmente responsables por la explotación ilegal de la cantera. Solicitó $27.861.750.000 por el producto extraído en la cantera en los últimos 35 años. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante en reconvención afirmó que el municipio era propietario de los bienes de conformidad con los artículos 3 y 4 del Decreto 2655 de 1988. El 23 de octubre de 2001, se admitió la demanda de reconvención y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda de reconvención, Luis Enrique Álvarez Correa y otros propusieron la excepción de falta de interés legítimo para demandar y falta de legitimación en la causa por activa, pues el municipio de Bello no era propietario de la cantera ni de sus recursos. El 6 de agosto de 2004, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante adujo que el artículo 3 de la Ley 20 de 19693 Expediente n. 37.732

Demandante: Luis Enrique Álvarez Correa y otros Niega pretensiones reconoció el derecho que tenían los particulares a explotar las minas adjudicadas antes de la entrada en vigencia de esa ley, que la explotación no requería título minero pues esa ley autorizaba la explotación y que debía inaplicarse el artículo 296 del Código de Minas por inconstitucional. El municipio de Bello alegó que no podía

minero pues esa ley autorizaba la explotación y que debía inaplicarse el artículo 296 del Código de Minas por inconstitucional. El municipio de Bello alegó que no podía reconocerse ningún daño por la imposibilidad de explotar la cantera, pues los recursos del subsuelo eran propiedad del Estado. El Ministerio Público guardó silencio. El 17 de junio de 2009, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda principal. Consideró que se configuró la falla del servicio del municipio, pues no atendió oportunamente el desastre y de haberlo hecho no se hubiera presentado el represamiento de las aguas. Declaró probada la falta de legitimación en la causa por activa del municipio de Bello frente a los daños derivados de la explotación de la cantera, pues el Estado era propietario de los materiales pétreos, salvo los casos consagrados en los artículos 3 y 4 del Decreto 2655 de 1988. El municipio de Bello interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 9 de septiembre de 2009 y admitido el 12 de enero de 2010. La recurrente argumentó que la explotación rudimentaria de la cantera por 35 años causó el deslizamiento de tierra y que los demandantes tenían la obligación de reportar que su actividad de explotación de recursos no renovables tenía efectos en el medio ambiente. El 4 de marzo de 2010 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. El Ministerio Público conceptuó que se debía confirmar la sentencia, pues el municipio expuso a los habitantes al riesgo de desbordamiento de la quebrada al permitir el manejo inadecuado de las aguas

alegar de conclusión en segunda instancia. El Ministerio Público conceptuó que se debía confirmar la sentencia, pues el municipio expuso a los habitantes al riesgo de desbordamiento de la quebrada al permitir el manejo inadecuado de las aguas residuales de un asentamiento en la zona y la extracción rudimentaria de material pétreo. No obstante, adujo que debía disminuirse la condena en un 50% porque la parte demandante contribuyó a la causación del daño con su actividad de explotación minera. Las partes guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia4 Expediente n. 37.732

Demandante: Luis Enrique Álvarez Correa y otros Niega pretensiones

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1% de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6

CCA, esto es, $130.050.000. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

CCA, esto es, $130.050.000. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo? (art. 90 CN, art. 86

CCA y art. 2341 y ss. CC). También es la acción procedente frente a la demanda de reconvención (art. 400 CPC), porque según el artículo 86 CCA, las entidades públicas deberán promover esta acción cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda principal se interpuso en tiempo —19 de diciembre de 2000— pues el derrumbe presuntamente ocurrió el 9 de | Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2000, $260.100, por 500. 2 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y

sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744,746 y 747, disponible en https //bit.ly/3qFJIOn.5 Expediente n”. 37.732

Demandante: Luis Enrique Álvarez Correa y otros Niega pretensiones diciembre de 1999. La demanda de reconvención se interpuso en tiempo —27 de julio de 2001-, pues hasta el 9 de diciembre de 1999 los demandantes presuntamente explotaron ilegalmente la cantera que estaba en su predio.

Legitimación en la causa

4. Luis Enrique Álvarez Correa, Luis Alberto Bedoya Santa, Luis Eduardo Granada Flórez y Heriberto de Jesús Muñoz Gómez son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que son propietarios del inmueble con matrícula n. 01N-143601 [hecho probado 7.1]. Flor Alba Guzmán Tamayo y Senovia González Ruíz también están legitimadas, pues la primera era hija de Rogelio Antonio Guzmán Suárez y la segunda era cónyuge de Ramón Bernardo Ibarra Ibarra, propietarios de ese inmueble [hecho probado 7.2]. Germán Nonato

Echavarría Calle y Carlos Miguel Vélez Correa no están legitimados en la causa por activa, pues no acreditaron su condición de propietarios del bien afectado. El municipio de Bello está legitimado en la causa por pasiva, por ser la entidad que tiene funciones relacionadas con la atención y prevención de desastres, contenidas

activa, pues no acreditaron su condición de propietarios del bien afectado. El municipio de Bello está legitimado en la causa por pasiva, por ser la entidad que tiene funciones relacionadas con la atención y prevención de desastres, contenidas en el artículo 62 del Decreto Ley 919 de 1989, artículo 56 de la Ley 9? de 1989 y el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, que establece como determinante de obligatoria observancia en la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, las políticas directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 4.1 Los artículos 3 y 4 del Decreto 2655 de 1988 —anterior Código de Minas—, que invocó el municipio de Bello, como fundamento de la demanda de reconvención, establecen que todos los recursos naturales no renovables del suelo y del subsuelo pertenecen a la Nación en forma inalienable e imprescriptible (art. 332 CN). También le pertenecen las canteras y los demás depósitos de materiales de construcción de origen mineral, así como los pétreos de los lechos de los ríos, aguas de uso público y playas. Como el municipio de Bello, entidad territorial según el artículo 286 CN, no6 Expediente n. 37.732

Demandante: Luis Enrique Álvarez Correa y otros Niega pretensiones era el propietario de los recursos explotados en la cantera, no está legitimado en la causa por activa para reclamar en reconvención el valor de los recursos explotados. !l. Problema jurídico

Niega pretensiones era el propietario de los recursos explotados en la cantera, no está legitimado en la causa por activa para reclamar en reconvención el valor de los recursos explotados. !l. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la explotación minera realizada por los demandantes constituye un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico susceptible de ser indemnizado. HL Análisis de la Sala Como la sentencia fue recurrida por la demandada, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC. Hechos probados

5. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?.

6. La demanda aportó unas declaraciones extrajuicio (f. 25-27 c. 1). Este tipo de declaraciones, al ser sumarias, requieren de ratificación judicial de conformidad con el artículo 229 CPC. Como no fueron ratificadas no serán valoradas.

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 7.1 El 5 de junio de 1974, Ramón Bernardo Ibarra Ibarra, Luis Enrique Álvarez Correa, Luis Alberto Bedoya Santa, Luis Eduardo Granada Flórez, Heriberto de Jesús Muñoz Gómez, Rogelio Antonio Guzmán Tamayo y otros compraron el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n%. 01N-143601, ubicado en el

Jesús Muñoz Gómez, Rogelio Antonio Guzmán Tamayo y otros compraron el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n%. 01N-143601, ubicado en el 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponibles en https://bit ly/3qFJiOn.7 Expediente n?. 37.732

Demandante: Luis Enrique Álvarez Correa y otros Niega pretensiones municipio de Bello, según da cuenta copia simple del certificado de libertad y tradición (f. 5-7 c. 1). 7.2 Flor Alba Guzmán Tamayo era hija de Rogelio Antonio Guzmán Tamayo y Senovia González Ruiz era cónyuge de Ramón Bernardo Ibarra Ibarra, según da cuenta copia auténtica de los registros de nacimiento, matrimonio y defunción (f. 917 c. 1).

Daño antijurídico, presupuesto de la responsabilidad civil del Estado

8. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño. La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la

8. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño. La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la misma: una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico.

Esa afectación relevante para el derecho, al ser opuesta al ordenamiento jurídico — antijuricidad—, permite a su titular obtener una indemnización?. La responsabilidad supone la existencia de un perjuicio. El perjuicio es, pues, uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no nace a la vida jurídica la obligación indemnizatoria. El daño, como tiene determinado la jurisprudencia civil, es la base o punto de partida de toda acción reparatoria?. Según el artículo 90 CN, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ausencia de una definición constitucional de «daño antijurídico», el Consejo de Estado —en algunos pronunciamientos, sustentados en ciertos sectores de la doctrina española— ha entendido que para estudiar la antijuricidad del daño no es relevante la conducta que lo causa, sino que lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una responsabilidad objetiva, es decir, sin importar cómo se causó el daño. Esa tesis, 4 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial,

responsabilidad objetiva, es decir, sin importar cómo se causó el daño. Esa tesis, 4 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial, Tomo CXXXIV, n”. 2297-2299, p.58-65, [fundamento jurídico 2]. 5 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de octubre de 1982 [fundamento jurídico 2].8 Expediente n. 37.732

Demandante: Luis Enrique Álvarez Correa y otros Niega pretensiones sin embargo, fue superada por esta Corporación desde 1993, pues antijuridicidad significa contrariedad al derecho y, por ello, no puede hablarse de antijuridicidad o ilicitud al margen de los actos humanos. Además, la responsabilidad del Estado no puede estar basada en criterios de solidaridad —como el deber de soportar—, que no son propios del juez de la Administración. La regla general, entonces, debe ser la atribución de culpa de la Administración.

Ahora bien, el daño —entendido como una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídicose caracteriza por ser cierto, personal y directo”. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño indemnizable?. En otros términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético. El juicio de responsabilidad, entonces, supone analizar el daño, el nexo

indemnizable?. En otros términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético. El juicio de responsabilidad, entonces, supone analizar el daño, el nexo causal entre la conducta del Estado y ese daño, y un juicio de atribución que permita explicar por qué su causación genera el deber de indemnizar.

9. El artículo 332 CN dispone que el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Esta norma reafirma el dominio público minero que reconocía la Constitución de 1886 en su artículo 202.3.

Este precepto establecía que pertenecían a la República de Colombia las minas de oro, de plata, de platino y piedras preciosas, sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hubieran adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de ellas. Antes del Decreto Ley 2655 de 1988 no existía claridad sobre el concepto de canteras y sobre el dominio público de las mismas, pues se consideraba que las canteras no eran asimilables a las minas y que tenían un régimen normativo diferente. El Consejo de Estado, con fundamento en los artículos 659, 755, 843 y $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 1993, Rad. 7429 [fundamento jurídico párr. 19 a 24] y sentencia del 13 de julio de 1993, Rad. 8163 [fundamento jurídico párr. 12 a 22]. 7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 29 de agosto de 1960 [fundamento jurídico V].

$ Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de agosto de 1976, Gaceta Judicial. Tomo CLII, n. 2393, p 320, [fundamento jurídico 1].9 Expediente n. 37.732

Demandante: Luis Enrique Álvarez Correa y otros Niega pretensiones 2447 CC, sostenía que para las canteras operaba el principio de la accesión como forma de adquirir el dominio, es decir, que las piedras de una cantera son accesorias al suelo y, por tanto, pertenecían al dueño del mismo?.

El Decreto Ley 2655 de 1988, anterior Código de Minas —proferido en ejercicio de facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República por la Ley 57 de 1987-— reafirmó que el subsuelo, los depósitos, yacimientos minerales y las minas contenidas en el suelo o subsuelo pertenecían a la Nación de forma inalienable e imprescriptible y dentro de ese concepto quedaban incluidas las canteras y demás depósitos de materiales de construcción. Esa propiedad pública, con carácter de inalienable e imprescriptible, se extiende a las canteras y demás depósitos de materiales de construcción de origen mineral, así como los pétreos de los lechos de los ríos, aguas de uso público y playas (art. 4). A pesar de ello, el Código de Minas de 1988 dejó a salvo las situaciones jurídicas, subjetivas y concretas, de quienes en su calidad de propietarios de los predios donde se ubicaran dichas canteras, las hubieren descubierto y explotado antes de la entrada en vigencia de esa norma. Frente a estas situaciones jurídicas subjetivas que constituían derechos mineros

su calidad de propietarios de los predios donde se ubicaran dichas canteras, las hubieren descubierto y explotado antes de la entrada en vigencia de esa norma. Frente a estas situaciones jurídicas subjetivas que constituían derechos mineros privados, el artículo 296 del Código de Minas de 1988 dispuso que los títulos mineros anteriores a su entrada en vigencia debían inscribirse en el Registro Minero dentro del término de un año, so pena de declararse su extinción de pleno derecho —¡pso ¡ure—. El demandante, en este proceso, cuestionó la constitucionalidad de esta norma. La Corte Constitucional la declaró exequible, al considerar que el legislador extraordinario había dispuesto que el reconocimiento del derecho minero privado, por parte del Estado y terceros, requería, como todo derecho, de la acreditación de su existencia por parte del interesado, en este caso, la única prueba del derecho minero era su inscripción en el Registro. Sin esa prueba, el Estado sería incapaz de reconocer la existencia del pretendido derecho minero y, por tanto, no podría extender a esa situación particular su tutela jurídica?, El artículo 243 CN dispone que los fallos que la Corte Constitucional dicte, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada ? Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 12 de agosto de 1988, Rad. 555 [fundamento jurídico 3]. 10 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-006 de 1993 [fundamento jurídico 18].10 Expediente n. 37.732

Demandante: Luis Enrique Álvarez Correa y otros Niega pretensiones constitucional. Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tiene fuerza

Expediente n. 37.732

Demandante: Luis Enrique Álvarez Correa y otros Niega pretensiones constitucional. Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tiene fuerza vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los jueces de la República. Si la Corte condiciona la decisión de constitucionalidad de un precepto legal, esa interpretación condicionada descarta expresamente otras interpretaciones posibles. Las sentencias interpretativas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad alteran parcialmente el contenido de la disposición, al tiempo que expulsa del ordenamiento cualquier otra interpretación que admita la norma acusada.

El Decreto Reglamentario 2462 de 1989 definió algunos aspectos relacionados con la explotación de materiales de construcción y canteras. Los propietarios de predios que, de conformidad con el artículo 4 del Código de Minas de 1988, conservaran el derecho sobre canteras ubicadas en ellos no requerían de un título minero otorgado por el Ministerio de Minas y Energía, pero sí debían cumplir con la inscripción en el Registro Minero, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del código. A esa solicitud debían acompañar (i) copia registrada de la escritura pública contentiva del título de propiedad del inmueble donde estaba la cantera, (ii) plano topográfico del predio, (iii) demarcación del polígono que delimitaba el área de las canteras, (iv) descripción geológica de los depósitos y (v) las pruebas de la explotación iniciada antes del 24 de junio de 1989 (art. 6).

10. Según la demanda, el 9 de diciembre de 1999, un alud de tierra cayó en la

antes del 24 de junio de 1989 (art. 6).

10. Según la demanda, el 9 de diciembre de 1999, un alud de tierra cayó en la cantera ubicada en el predio de los demandantes, destruyó bienes e infraestructura utilizadas para la extracción de materiales de construcción y les impidió seguir con esa actividad, que ejercían desde antes de 1969.

Está acreditado que los demandantes desde 1975 tenían un inmueble en el municipio de Bello, entre los barrios Santa Rita y Zamora y la antigua vía a Guarne en límites con la quebrada La Negra y con el asentamiento denominado El Pinal y el barrio número uno [hecho probado 7.1]. De acuerdo con los documentos que obran en el expediente, los demandantes no cumplieron con el requisito de inscripción de su actividad en el Registro Minero, como lo ordenaba el artículo 296 del Código de Minas de 1988 y el artículo 6 del11 Expediente n”. 37,732

Demandante: Luis Enrique Álvarez Correa y otros Niega pretensiones Decreto Reglamentario 2462 de 1989. El 22 de marzo de 2001, el director técnico y la directora de asuntos legales de la gobernación de Antioquia relacionó las licencias otorgadas en el municipio de Bello para la explotación de recursos no renovables y entre ellas no estaba ninguna otorgada a los demandantes (f. 84-87 c. 1).

El 19 de abril de 2001, el jefe de la división ambiental y el director del departamento administrativo de planeación del municipio de Bello señalaron que no existía ningún título minero, registro de propiedad privada, registro minero de cantera ni licencia

El 19 de abril de 2001, el jefe de la división ambiental y el director del departamento administrativo de planeación del municipio de Bello señalaron que no existía ningún título minero, registro de propiedad privada, registro minero de cantera ni licencia de exploración o licencia especial de explotación de materiales pétreos a favor de los demandantes y que la explotación minera en el inmueble era ¡legal y estaba sujeta a las sanciones previstas en el Decreto 2655 de 1988 (f. 81-83 c. 1). El 7 de mayo de 2004, la oficina de impuestos del municipio de Bello informó que los demandantes no estaban registrados como contribuyentes del impuesto de industria y comercio y que no pagaban regalías como explotadores de canteras (f. 245 c. 1). Alfonso Ignacio Ochoa Moreno, funcionario público del municipio de Medellín, declaró que conoció de la cantera ubicada en el predio de los demandantes en ejercicio de sus funciones y que comenzaron a extraer material de construcción en 1966 (f. 198-201 c. 1). Hernando López González, también funcionario municipal, afirmó que visitó la cantera en 1995 cuando trabajaba en un programa de legalización de pequeña minería y constató la explotación de la misma por parte de los demandantes (f. 208-215 c. 1). Estos testimonios son creíbles porque se trata de personas que percibieron directamente los hechos que narraron y explicaron la forma y circunstancias en las que conocieron dicha información. Los demandantes se encontraban en el supuesto de hecho del artículo 4 del Decreto Ley 2655 de 1988, que salvaguardaba su situación jurídica particular relacionada con el derecho a explotar una cantera ubicada en un predio de su propiedad. Por

Los demandantes se encontraban en el supuesto de hecho del artículo 4 del Decreto Ley 2655 de 1988, que salvaguardaba su situación jurídica particular relacionada con el derecho a explotar una cantera ubicada en un predio de su propiedad. Por ello, debieron proceder a solicitar ante el Registro Minero la inscripción de su actividad que, aunque no requería título, sí les exigía aportar ante el Ministerio de Minas y Energía las pruebas exigidas por el artículo 6 del Decreto Reglamentario 2462 de 1989, dentro del término de un año contado a partir de la entrada en vigencia del Código de Minas de 1988 (art. 326), es decir, antes del 24 de junio de12 Expediente n. 37,732

Demandante: Luis Enrique Álvarez Correa y otros Niega pretensiones

1989. De modo que, una