CE - 050012331000200101041011SENTENCIA20230816101354

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-2001-01041-01 (38652)

Actor: INCIVILES LTDA,

Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. NUEVO SERVICIO PÚBLICO-Transformaciones constitucionales y legales de un derecho administrativo de la libertad. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-Su Régimen es el derecho privado. ECUACIÓN CONTRACTUAL E INCUMPLIMIENTO-Diferencias. MODIFICACIONES AL CONTRATO-Tienen efectos derogatorios, complementarios o aditivos del contrato inicial y lo integran desde el momento en que se perfeccionan.

OFERTA-Es la propuesta que contiene todos los elementos del contrato. ACEPTACIÓN-Actuación unilateral e inequívoca de aceptación de la oferta. ACEPTACIÓN TÁCITA-Se manifiesta con un hecho inequívoco de ejecución del negocio jurídico propuesto. BUENA FE-Obliga no solo a lo que está expresamente pactado, sino a todo aquello que deriva de la naturaleza de las obligaciones. TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS-Las partes deben comportarse de forma coherente y no pueden contradecir injustificadamente sus conductas anteriores.

TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN-Concepto. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN-Requisitos. TEORÍA DE LA

deben comportarse de forma coherente y no pueden contradecir injustificadamente sus conductas anteriores. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN-Concepto. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN-Requisitos. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN-Diferencia con fuerza mayor y caso fortuito. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN-Permite el reajuste o la terminación del contrato por la vía judicial. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA-Requisitos. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 de dicieinbre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 21 de abril de 1998, Inciviles Ltda. y Empresas Públicas de Medellín celebraron el contrato n. 4102260 para la construcción de canalizaciones de energía en Itagúí. El contratista no construyó ciertos tramos del contrato por decisión de la entidad. Reclamó los perjuicios ocasionados por la menor cantidad de obra y porque la fórmula de reajuste pactada no mantuvo el precio del contrato.

ANTECEDENTES2

Expediente n.” 38.652

Demandante: Inciviles Ltda.

Niega pretensiones El 3 de abril de 2001, Inciviles Ltda., a través de apoderado judicial, formuló demanda de controversias contractuales contra Empresas Públicas de Medellín. Solicitó $143.142.605 por los perjuicios ocasionados por la modificación del contrato y por la fórmula de reajuste, por lucro cesante. En subsidio, solicitó el

demanda de controversias contractuales contra Empresas Públicas de Medellín. Solicitó $143.142.605 por los perjuicios ocasionados por la modificación del contrato y por la fórmula de reajuste, por lucro cesante. En subsidio, solicitó el enriquecimiento sin justa causa de la entidad. En apoyo de las pretensiones, afirmó que la entidad demandada incumplió el contrato n. 4102260 para la construcción de canalizaciones de energía en ltagúí y que se configuró el desequilibrio económico, pues solicitó menos obras a las estimadas inicialmente y la fórmula de ajuste pactada no mantuvo el precio del contrato. El 27 de junio de 2001, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, Empresas Públicas de Medellín propuso la excepción de falta de jurisdicción. Adujo que el contratista no manifestó inconformidad frente a su decisión de no construir ciertos tramos de canalizaciones, a pesar de que fue comunicada con anterioridad al inicio de la obra. Afirmó que la fórmula de reajuste fue una cláusula libremente pactada por las partes. El 17 de septiembre de 2004, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio. El 2 de diciembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia negó las pretensiones, porque la entidad estaba facultada para exigir menor cantidad de obra según el contrato y las partes habían pactado la cláusula de reajuste en ejercicio de la autonomía de la voluntad. La demandante interpuso

negó las pretensiones, porque la entidad estaba facultada para exigir menor cantidad de obra según el contrato y las partes habían pactado la cláusula de reajuste en ejercicio de la autonomía de la voluntad. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 10 de marzo de 2010 y admitido el 29 de junio siguiente. Esgrimió que se le había ocasionado un perjuicio por la menor cantidad de obra contratada y porque la cláusula de reajuste no mantenía el precio del contrato. El 23 de julio de 2010, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandante reiteró lo expuesto. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES3

Expediente n. 38.652

Demandante: Inciviles Ltda.

Niega pretensiones l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1% de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.5 CCA, esto es, $143.000.000!.

Acción procedente

2. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para

supera la suma prevista en el artículo 132.5 CCA, esto es, $143.000.000!. Acción procedente

2. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alega el desequilibrio económico y los perjuicios por el incumplimiento de un contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA).

Demanda en tiempo

3. El artículo 136.10.c CCA dispone que la demanda se puede intentar en los contratos que requieran liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos años contados desde la firma del acta.

Las partes pactaron en la cláusula sexta del contrato n.” 4102260 para la construcción de canalizaciones de energía en Itaguí, en ejercicio de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC), que todas las estipulaciones de la minuta del pliego de condiciones y especificaciones se entendían incorporadas al acuerdo (f. 3-7 c. 1). En la cláusula 5.26 del pliego de condiciones (f. 636 c. 2) se estableció que las partes suscribirían un acta de liquidación final dentro de los 60 días siguientes a la ' Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2001, $286.000, por 500.4 Expediente n. 38.652

Demandante: Inciviles Ltda.

Niega pretensiones recepción de las obras. El 25 de agosto de 1999, las partes suscribieron acta de liquidación final [hecho probado 8.12]. La demanda se interpuso en tiempo —3 de abril de 2001-, pues el 25 de agosto de 1999 las partes suscribieron el acta bilateral de liquidación del contrato, en la que el

liquidación final [hecho probado 8.12]. La demanda se interpuso en tiempo —3 de abril de 2001-, pues el 25 de agosto de 1999 las partes suscribieron el acta bilateral de liquidación del contrato, en la que el contratista declaró no tener ninguna reclamación, salvo la relacionada con el rompimiento del equilibrio económico del contrato [hecho probado 8.12], que sirvió de fundamento a la demanda presentada. Legitimación en la causa

4. Inciviles Ltda. está legitimada en la causa por activa y Empresas Públicas de Medellín por pasiva, pues fueron las partes del contrato n.” 4102260 para la construcción de canalizaciones de energía en Itagúí [hecho probado 8.1]. ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se incumple un contrato cuando el contratante decide que no se construyan ciertos tramos de la obra y el contratista acepta la decisión. La Sala debe verificar también si procede la revisión del contrato si una fórmula de reajuste presuntamente no mantuvo el precio del contrato. En caso de que no prosperen, estudiará el enriquecimiento sin justa causa de la entidad.

Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?. ? Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los

? Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad.5 Expediente n.” 38.652

Demandante: Inciviles Ltda.

Niega pretensiones

7. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art

187 CPC).

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente, se demostraron los siguientes hechos: 8.1. El 21 de abril de 1998, Inciviles Ltda. y Empresas Públicas de Medellín celebraron el contrato n.? 4102260 para la construcción de canalizaciones de energía en ltagúí, según da cuenta copia simple del contrato (f. 3-7 c. 3). 8.2. El 4 de junio de 1998, la interventoría del contrato n.” 4102260 —en boleta de n.” 1166 a Inciviles Ltda.- consignó que los tramos de canalización de la «kra 50

8.2. El 4 de junio de 1998, la interventoría del contrato n.” 4102260 —en boleta de n.” 1166 a Inciviles Ltda.- consignó que los tramos de canalización de la «kra 50 entre calles 29? y 36», «kra 70 entre calles 29? y 36» y «canalización de la calle 36 Quebrada la Manguala» y «16 cámaras» habían sido anuladas, según da cuenta la boleta de interventoría (f. 220 c. 1). 8.3. El 11 de junio de 1998, Inciviles Ltda. y Empresas Públicas de Medellín asistieron al primer comité técnico de obra, en donde se ratificó la reducción de las cantidades de obra en cámaras y canalizaciones, según da cuenta el acta del comité de obra n. 1 (f. 145 c. 3). 8.4. El 21 de agosto de 1998, la interventoría del contrato n. 4102260 —en boleta de n. 1179 a Inciviles Ltda.- consignó que «el tramo de canalización de entre cámaras 34-55» no se debía ejecutar, según da cuenta la boleta de interventoría (f. 221c. 1). 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.6 Expediente n. 38.652

Demandante: Inciviles Ltda.

Niega pretensiones

disponible en https://bit.ly/3gjiduK.6 Expediente n. 38.652

Demandante: Inciviles Ltda.

Niega pretensiones 8.5. El 21 de septiembre de 1998, la interventoría del contrato n.” 4102260 —en boleta de n. 1185 a Inciviles Ltda.- consignó que «los tramos 8-9, 9-10 y 10-11» y las «cámaras 9-10 y 11» no se debían ejecutar, según da cuenta la boleta de interventoría (f. 222 c. 1). 8.6. El 29 de diciembre de 1998, Empresas Públicas de Medellin suscribió acta de recibo de obras. Según el documento, las obras fueron construidas de acuerdo con los planos y especificaciones pactadas en el contrato n.” 4102260, según da cuenta copia simple del acta (f. 2 c. 3). 8.7. En enero de 1999, Inciviles Ltda., en el documento denominado «Evaluación de Reclamaciones», consignó que elevaba una reclamación a la entidad para que se reconociera a su favor las sumas correspondientes a lo dejado de percibir por la decisión de no construir ciertos tramos de la canalización y por la ineficacia de la fórmula de reajuste para mantener el precio del contrato, según da cuenta copia simple del documento (f. 130-241 c. 1). 8.8. El 1 de marzo y el 16 de abril de 1999, el Área de Distribución Eléctrica Centro de Empresas Públicas de Medellin —en oficio a la Unidad Jurídica Distribución Eléctrica— consignó que no reconocería las sumas solicitadas por el contratista

de Empresas Públicas de Medellin —en oficio a la Unidad Jurídica Distribución Eléctrica— consignó que no reconocería las sumas solicitadas por el contratista correspondientes a lo dejado de percibir por la decisión de no construir ciertos tramos de la canalización y a las supuestas pérdidas ocasionadas por la ineficacia de la fórmula de reajuste para mantener el precio del contrato, según de cuenta copia simple de la comunicación (248-259 c. 3). El 23 de abril de 1990, se comunicó la decisión al contratista, según da cuenta copia simple del oficio n.” 899390 (f. 247 c. 3). 8.9. El 26 de abril de 1999, Inciviles Ltda. —en oficio a Empresas Públicas de Medellín— consignó que, ante la negativa de la entidad en reconocer sus reclamaciones, insistía en su solicitud, según da cuenta copia simple del oficio n. 1232 (f. 260-282 c. 3).7 Expediente n. 38.652

Demandante: Inciviles Ltda.

Niega pretensiones 8.10. El 18 de mayo de 1999, el Área de Distribución Eléctrica Centro de Empresas Públicas de Medellín — en oficio a la Unidad Jurídica Distribución Eléctrica— consignó que la solicitud del contratista no era procedente, según da cuenta copia simple del oficio n.? 901036 (288-290 c. 3). 8.11. El 12 de agosto de 1999, Inciviles Ltda. —en oficio n.” 1459 a Empresas Públicas de Medelliín— consignó que había recibido la respuesta negativa definitiva de la entidad frente a sus reclamaciones por la modificación al contrato y la fórmula

Públicas de Medelliín— consignó que había recibido la respuesta negativa definitiva de la entidad frente a sus reclamaciones por la modificación al contrato y la fórmula de reajuste, según da cuenta copia simple del oficio (f. 309 c. 3). 8.12. El 25 de agosto de 1999, las partes —en el acta de liquidación bilateral al contrato n. 4102260consignaron que Empresas Públicas de Medellín recibió a satisfacción las obras y que el contratista no renunciaba las reclamaciones que había elevado por el rompimiento del equilibrio económico del contrato, según da cuenta copia simple del acta de liquidación (f. 323-324 c. 1). El régimen jurídico del contrato

9. El artículo 1 del Acuerdo n. 58 de 1955 creó el establecimiento público denominado EPM, para que dirigiera, administrara y prestara los servicios públicos de energía eléctrica, telefonía, acueducto y alcantarillado en el municipio de Medellín o en otros municipios con los que se celebrara convenios destinados a esa finalidad. En cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, EPM se transformó en empresa industrial y comercial del Estado mediante el Acuerdo n. 069 del 10 de diciembre de 1997.

La Constitución Política de 1991, al regular los servicios públicos domiciliarios, como un apartado especial de la Constitución Económica introdujo un cambio sustancial: el nuevo ordenamiento constitucional dejó atrás la noción de servicio público que lo asimilaba a una proyección de la “función pública' y optó por un 'nuevo servicio público” basado en el modelo competitivo, a la vez, libre e intervenido por el Estado

el nuevo ordenamiento constitucional dejó atrás la noción de servicio público que lo asimilaba a una proyección de la “función pública' y optó por un 'nuevo servicio público” basado en el modelo competitivo, a la vez, libre e intervenido por el Estado en su condición de director general de la economía (arts. 365 y 370 CN). Con esta regulación se superó la teoría clásica de los servicios públicos, que los asimilaba a una función administrativa, para reformularla como una actividad económica8 Expediente n.” 38.652

Demandante: Inciviles Ltda.

Niega pretensiones inherente a las finalidades sociales de nuestro Estado de Derecho. Transformación fundamental hacia un derecho administrativo de la libertacf Con la alteración drástica de esa noción clave del derecho administrativo, es apenas natural que los instrumentos jurídicos que la regulaban también hayan sufrido una significativa transformación. La perspectiva estatista, propia del régimen jurídico anterior a la expedición de las leyes 142 y 143, concebía a los servicios públicos como una actividad monopólica del Estado. Cuando un particular se encargaba de su prestación y al efecto usaba la infraestructura pública lo hacía forzosamente bajo la modalidad de concesión del servicio. Dentro de los múltiples preceptos de promoción de la competencia, contenidos en la Ley 142, ocupan especial lugar las reglas en materia de contratación, las cuales sometieron a un mismo marco jurídico a todos los operadores con independencia de su naturaleza jurídica. Con sujeción a esos postulados, en especial, los de libre iniciativa, competencia y eficiencia económica, los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 dispusieron que los contratos de los prestadores de servicios públicos

de su naturaleza jurídica. Con sujeción a esos postulados, en especial, los de libre iniciativa, competencia y eficiencia económica, los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 dispusieron que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, por regla general, se regirían por el derecho privado. La remisión al derecho privado excluye la aplicación del derecho público, salvo en aquellos casos puntuales previstos en la ley en los que se entiende pueden proferirse actos administrativos”. Así ocurre en las hipótesis reguladas por el artículo 33 de la Ley 142 —desarrollado por los artículos 56, 57, 116 y siguientes—. También lo hizo en los contratos para la concesión de Áreas de Servicio Exclusivo (art. 40). 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de octubre de 2020, Rad. 48009 [fundamento jurídico 3]. En sentido similar, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de mayo de 2004, Rad. AP 020 [fundamento jurídico C]; sentencia del 10 de febrero de 2005, Rad. AP 254 [fundamento jurídico C]; sentencia del 24 de febrero de 2005, Rad. AP 1470 [fundamento jurídico 2.1]; auto del 17 de febrero de 2005, Rad. 27673 [fundamento jurídico 3]; sentencia del 26 de enero de 2006, Rad. AP 1944 [fundamento jurídico 2]; sentencia

del 26 de enero de 2006, Rad. AP 1640 [fundamento jurídico 1]; sentencia del 2 de marzo de 2006, Rad. AP 543 [fundamento jurídico 1.1]; sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 16257 [fundamento jurídico 1]; auto del 18 de julio de 2007, Rad. 29745 [fundamento jurídico 1.3); sentencia del 15 de agosto de 2007, Rad. AP 004 [fundamento jurídico 2]; sentencia del 19 de junio de 2008, Rad. AP 005 [fundamento jurídico 3.1]; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de junio de 2011, Rad. 32018 [fundamento jurídico 4]; sentencia del 15 de noviembre de 2011, Rad. 21178 [fundamento jurídico 1.3], y Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003 [fundamento jurídico 4.1.1.3]. Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de septiembre de 1997 Rad. S-701 [fundamento jurídico f]; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 20 de febrero de 2017, Rad. 56562 [fundamento jurídico 1] con aclaración de voto; sentencia de 8 de junio de 2018, Rad. 38120 [fundamento jurídico 3.6] con aclaración de voto; en sentencia de 30 de septiembre de 2019, Rad.

43036 [fundamento jurídico 3.4.1] con actaración de voto y Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 42003 [fundamento jurídico 61], con votos particulares.9 Expediente n. 38.652

Demandante: Inciviles Ltda.

Niega pretensiones Además, la regulación del inciso segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1993 — antes de la modificación del artículo 3 de la Ley 689 de 2001-— facultó a las Comisiones de Regulación para hacer obligatoria, por vía general, la inclusión de cláusulas excepcionales en cierto tipo de contratos de cualquier empresa de servicios públicos y también autorizó a las comisiones para facultar, previa consulta expresa por parte de los operadores, que se incluyeran en los demás. Esas cláusulas se regían, en lo pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. El 21 de abril de 1998, Inciviles Ltda. y Empresas Públicas de Medellín celebraron el contrato n. 4102260 para la construcción de canalizaciones de energía en Itagúí [hecho probado 8.1]. Como Empresas Públicas de Medellín celebró el contrato en vigencia de la Ley 142 de 1994, su régimen corresponde, en esencia, al derecho privado. Incumplimiento y desequilibrio económico son figuras distintas

10. Inciviles Ltda. reclamó el incumplimiento del contrato n.”? 4102260 por el desequilibrio económico ocasionado, porque (i) la demandada decidió que no se construirían ciertos tramos de la obra, sin cumplir lo acordado en el pliego de

desequilibrio económico ocasionado, porque (i) la demandada decidió que no se construirían ciertos tramos de la obra, sin cumplir lo acordado en el pliego de condiciones, según el cual debía convenir con el contratista los ajustes en el plazo y el precio que dichas modificaciones ocasionaran, y por incumplir los requisitos para tomar decisiones unilaterales, y (ii) por las pérdidas causadas por la ineficacia de la fórmula de reajuste para mantener el precio del contrato. La Sala reitera que la alteración a la ecuación contractual y el incumplimiento del contrato son distintos, pues tienen origen en causas disímiles?. El primero supone una alteración de la ecuación económica por hechos ajenos a la voluntad de las partes, irresistibles e imprevisibles o imputables a la Administración como consecuencia del ejercicio legítimo de su condición de autoridad y, el segundo, tiene por fundamento la inejecución absoluta, la ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la prestación debida. 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 15 de julio de 2020, Rad. 28.794 [fundamento jurídico 12 y 13].10 Expediente n. 38.652

Demandante: Inciviles Ltda.

Niega pretensiones La Sala analizará la reclamación del demandante frente a la modificación de los tramos de obra contratados desde el punto de vista del incumplimiento del contrato, pues en esencia lo que se reclama es el incumplimiento de una obligación cuya fuente es el acuerdo de voluntades de las partes. Respecto a la fórmula de reajuste, estudiará el asunto con fundamento al rompimiento de la ecuación económica, pues

fuente es el acuerdo de voluntades de las partes. Respecto a la fórmula de reajuste, estudiará el asunto con fundamento al rompimiento de la ecuación económica, pues no se está alegando el incumplimiento de obligación contractual alguna. La Sala procederá, entonces, a estudiar estas reclamaciones de forma separada. Modificación al contrato

11. Según la demanda, Empresas Públicas de Medellín incumplió el contrato n.” 4102260, porque eliminó unos tramos de la obra contratada sin convenir en el precio que dicha modificación ocasionó y sin cumplir los requisitos dispuestos en el ordenamiento para la modificación unilateral del contrato.

12. El 4 de junio de 1998, la interventoría del contrato n.” 4102260 —en boleta de n.? 1166 a Inciviles Ltda.— consignó que unos tramos de la obra habían sido anulados

[hecho probado 8.2]. El 21 de agosto y el 21 de septiembre de 1998, la interventoría —en boletas de n. 1179 y 1185 a Inciviles Ltda.— comunicó qué otros tramos de la obra no debían ser ejecutados [hechos probados 8.4 y 8.5]. Las boletas de interventoría son documentos que se presumen auténticos [núm. 7], porque no se tacharon de falsos (art. 252 CPC), y su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas. Acreditan que Empresas Públicas de Medellín decidió que no se debía construir ciertos tramos de la obra contratada a través del contrato n.” 4102260.

13. Se demostró —mediante acta del comité de obra n.”, 1— que el 11 de junio de

debía construir ciertos tramos de la obra contratada a través del contrato n.” 4102260.

13. Se demostró —mediante acta del comité de obra n.”, 1— que el 11 de junio de 1998, Inciviles Ltda. y Empresas Públicas de Medellín ratificaron la reducción de las cantidades de obra en cámaras y canalizaciones [hecho probado 8.3]. Las actas de los comités de obra corresponden a una relación escrita de lo sucedido. Un acta es el documento en el que se deja constancia oficial de un hecho, pues en ella se consigna la relación de las circunstancias que sucedieron en el respectivo trámite.11

Expediente n. 38.652

Demandante: Inciviles Ltda.

Niega pretensiones El acta del comité de obra n. 1, documento que se presume «auténtico» [núm. 7], muestra, entonces, que en el primer comité técnico de obra se ratificó la reducción de las cantidades de obra en cámaras y canalizaciones.

14. Jorge Mario Madrigal Tamayo, primer interventor del contrato (f. 456-458 c. 2), y Oscar Dario Londoño Carvajal, auxiliar de la interventoría (f. 502-505 c. 2), declararon que antes de iniciar la obra, se celebró una reunión para discutir aspectos relativos al contrato. En ella, se informó al contratista la decisión de la entidad de no ejecutar algunos tramos de la obra. Esa decisión fue reiterada posteriormente en varias comunicaciones escritas. Estos testigos, junto con Miguel Ángel Pérez González, interventor del contrato desde septiembre de 1998 (f. 462463 c. 2), afirmaron que el contratista no presentó ninguna reclamación por esa

posteriormente en varias comunicaciones escritas. Estos testigos, junto con Miguel Ángel Pérez González, interventor del contrato desde septiembre de 1998 (f. 462463 c. 2), afirmaron que el contratista no presentó ninguna reclamación por esa circunstancia durante la ejecución de las obras. Nidia Buitrago Castiblanco, ingeniera residente del contrato miembro de Inciviles Ltda. (f. 459-461 c. 2), y Luis Carlos Restrepo Arango, ingeniero asesor del contratista (f. 449-452 c. 2), coincidieron en que antes del inicio de la ejecución de las obras, se celebró la reunión donde se les comunicó que no se construirían ciertos tramos del contrato. Según los testigos, Inciviles Ltda. no presentó reclamación alguna, porque esperaba mitigar el impacto económico a través de eventuales obras adicionales que surgieran durante la ejecución del contrato, circunstancias que no ocurrieron. El relato de los testigos fue claro, responsivo y completo, pues narraron los hechos que presenciaron de forma directa, en su calidad de miembros de la interventoría y asesores del contratista. Además, su dicho es claro y concreto y no se aprecian en su declaración incongruencias, inferencias o afirmaciones que no correspondan con lo que percibió durante la vigencia del contrato. La Sala dará crédito a su dicho frente a la conducta del contratista de ejecutar el contrato con las modificaciones hechas por EPM, sin exigir compensación económica por ese motivo. Este resalto, además, coincide con lo que resultó probado de la ejecución del contrato, es decir, que el contratista decidió realizar las obras con las modificaciones y solo terminado el mismo, como no se produjeron obras adicionales, decidió reclamar el impacto

además, coincide con lo que resultó probado de la ejecución del contrato, es decir, que el contratista decidió realizar las obras con las modificaciones y solo terminado el mismo, como no se produjeron obras adicionales, decidió reclamar el impacto económico por esa modificación.12 Expediente n. 38.652

Demandante: Inciviles Ltda.

Niega pretensiones

15. Las pruebas allegadas al proceso permiten concluir, pues, que se celebró una reunión con el contratista antes del inicio de la ejecución de las obras y que en ella se le informó la decisión de Empresas Públicas de Medellín de eliminar ciertos tramos del contrato. Durante la ejecución del contrato, la interventoría envió varios oficios al contratista informando los tramos anulados. Inciviles Ltda. no manifestó desacuerdo alguno por esa circunstancia y cumplió con las exigencias de la entidad contratante, dado que esperaba mitigar el impacto de la modificación con la ejecución de obras adicionales que se presentaran durante la construcción del proyecto. El contratista únicamente elevó reclamaciones por las modificaciones al contrato después de finalizada la obra, en la que manifestó que no había prestado su consentimiento frente a las citadas modificaciones.

16. Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes (pacta sunt servanda) y, por regla general, sólo puede ser invalidado por su consentimiento mutuo o por causas legales (art. 1602 CC). Las partes del contrato en ejercicio de la autonomía de la voluntad están en libertad de autorregular sus intereses y relaciones. De ahí que, en cualquier momento, puedan modificar de mutuo acuerdo los términos del negocio jurídico inicialmente pactado, para asegurar su correcto