CE - 050012331000200101293011SENTENCIA20231213064017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: PIEDAD ESTELLA TORRES AGUDELO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados por la acción de grupos subversivos . Responsabilidad del Estado por muerte o lesión de miembros de la fuerza pública . Hecho del Tercero.

Valor probatorio de las copias simples, de los recortes de prensa y de los testimonios. Demandante no cumplió con la carga de la prueba.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 14 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 10 de julio de 1999, siendo las 19:00 horas, aproximadamente 300 hombres integrantes de los frentes 5 y 34 de las FARC hicieron presencia en el municipio de Campamento - Antioquia y destruyeron el Comando de Policía de esa municipalidad con granadas, pipetas de gas y armas de largo alcance. Como consecuencia de estos hechos resultaron heridos 6 miembros de la Policía Nacional y fallecieron

Campamento - Antioquia y destruyeron el Comando de Policía de esa municipalidad con granadas, pipetas de gas y armas de largo alcance. Como consecuencia de estos hechos resultaron heridos 6 miembros de la Policía Nacional y fallecieron otros 3 integrantes, entre ellos el agente Jhon Jairo Lozada Caicedo , cuyo grupo familiar demanda que esta “muerte […] no debió presentarse […] pues […] la condición de indefensión en que se encontraba e l agente Jhon Jairo Lozada Caicedo, al tener su capacidad de combate mermada […] en un 35.63%, [lo hacían no apto] para prestar el servicio” pero, “haciendo caso omiso no solo a las órdenes superiores sino al sin número de solicitudes de traslado efectuadas por el agente2

Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

Jhon Jairo Lozada Caicedo (QEPD), los comandantes de la Policía Nacional lo ubicaron en el puesto de policía ubicado “CAMPAMENTO” (sic) Antioquia, sitio este de alto riesgo, […] del dominio de la guerrilla” . Asimismo, los demandantes consideran que “existió una falla en el servicio […] por la falta de solidaridad , compañerismo y apoyo logístico demostrada por la Policía Nacional, […] puesto que [el apoyo policial ] llegó en las horas del amanecer del día 11 de julio de 1999 , es decir, después de que la guerrilla había destrozado toda la estación y habían acabado en una desigual batalla con la vida de estos valientes”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

decir, después de que la guerrilla había destrozado toda la estación y habían acabado en una desigual batalla con la vida de estos valientes”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 8 de mayo de 2001 1, Juan de Jesús Torres Barrera , María Betsabé Agudelo Molina, Piedad Estel la Torres Agudelo, Tatiana Alexandra Lozada Torres , Magdalena Caicedo de Lozada, Elsy Lozada de Gálv is, César Lozada Caicedo, Doris Lozada Caicedo, Dora Alicia Lozada Caicedo, María Luisa Lozada Caicedo, Graciela Lozada Caicedo, Gloria Amparo Lozada Caicedo, Luz Dary Lozada Caicedo y Jesús Esteban Lozada Caicedo, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción d e reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados con la muerte del agente de policía Jhon Jairo Lozada Caicedo.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar “las cantidades que se prueben dentro del presente proceso ” por daño emergente, lucro cesante y daño moral , con aplicación de las fórmulas y criterios acogidos por la jurisprudencia . Para el efecto, fijó la estimación razonada de la cuantía en $314.193.271.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que en el año 1992 Jhon Jairo Lozada Caicedo ingresó a la Policía Nacional.

de la cuantía en $314.193.271.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que en el año 1992 Jhon Jairo Lozada Caicedo ingresó a la Policía Nacional.

1 Fl. 97 a 145, C. 1.3

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Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

Sostiene que en el año 1995 Jhon Jairo Lozada Caicedo recibió una herida con arma de fuego que le ocasionó una pérdida de la capacidad laboral relativa permanente del 35.63% . Como consecuencia de tal d isminución debía ser reubicado en funciones administrativas por no ser apto para el servicio policial.

Indica que en fecha indeterminada Jhon Jairo Lozada Caicedo fue asignado al puesto denominado “Campamento” d el departamento de Antioquia , considerado “zona gobernada por las guerrillas”.

Informa que el 10 de julio de 1999 , a las 7 :00 p.m., el puesto de policía “Campamento” fue atacado por un numeroso grupo de guerrilleros que ocasionaron la muerte de varios agentes, entre ellos la de Jhon Jairo Lozada Caicedo.

Advirtió que el apoyo policial llegó en horas de la mañana del 11 de julio de 1999.

Los demandantes consideran que “la muerte […] del agente Jhon Jairo Lozada Caicedo […] no debió presentarse […] pues no era acto (sic) para prestar el servicio […] por la condición de indefensión en que se encontraba e l agente Jhon Jairo Lozada Caicedo, al tener su capacidad de combate mermada […] en un 35.63% ,

[…] por la condición de indefensión en que se encontraba e l agente Jhon Jairo Lozada Caicedo, al tener su capacidad de combate mermada […] en un 35.63% , [pero] existió una falla en el servicio ” porque, “haciendo caso omiso no solo a las órdenes superiores sino al sin número de solicitudes de traslado efectuadas por el agente Jhon Jairo Lozada Caicedo (QEPD), los comandantes de la Policía Nacional lo ubicaron en el puesto de policía ubicado “CAMPAMENTO” (sic) Antioquia, sitio este de alto riesgo, pues el sector en donde esta (sic) ubicado es del dominio de la guerrilla”. Asimismo, la parte actora considera que “existió una falla en el servicio […] por la falta de solidaridad , compañerismo y apoyo logístico demostrada por la Policía Nacional, […] puesto que [el apoyo policial] llegó en las horas del amanecer del día 11 de julio de 1999 , es decir, después de que la guerrilla había destrozado toda la estación y habían acabado en una desigual batalla con la vida de estos valientes”.4

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Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

.2. Contestación

El 26 de julio de 20012, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional3 advirtió que los hechos en los que falleció el agente Jhon Jairo Loza da Caicedo correspondieron a los riesgos propios del servicio que el funcionario conocía y aceptó cuándo ingresó a

en los que falleció el agente Jhon Jairo Loza da Caicedo correspondieron a los riesgos propios del servicio que el funcionario conocía y aceptó cuándo ingresó a las filas de la institución policiva . Igualmente, la entidad demandada señaló que el agente Lozada Caicedo desempeñaba funciones administrativas en el Comando del Municipio de Campamento (Antioquia). Presentó las excepciones de caducidad de la acción, hecho de un tercero e indebida representación respecto de la demandante Dora Alicia Lozada Caicedo, al considerar que esta no suscribió el poder otorgado al abogado que interpuso la demanda de reparación directa.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 11 de septiembre de 20034 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El extremo activo5 reiteró lo dicho en el escrito de demanda.

3.2. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional6 reiteró lo dicho en el escrito de contestación a la demanda . Además, indicó que el insuceso en el que falleció Jhon Jairo Lozada Caicedo tuvo por causa el hecho del tercero . Igualmente, afirmó que el fallecimiento del agente Lozada Caicedo dio lugar a reconocimientos e indemnizaciones laborales preferenciales, pues la institución calificó su muerte como ocurrida en actos especiales o meritorios del servicio, dando lugar al ascenso póstumo de la víctima y al incremento de las indemnizaciones y la pensión post mortem vitalicia de sus beneficiarios.

2 Fl. 150 a 151, C. 1.

lugar al ascenso póstumo de la víctima y al incremento de las indemnizaciones y la pensión post mortem vitalicia de sus beneficiarios.

2 Fl. 150 a 151, C. 1. 3 Fl. 154 a 157, C.1. 4 Fl. 268, C. 1. 5 Fl. 269 a 280, C. 1. 6 Fl. 309 a 311, C.1.5

Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 14 de mayo de 2013 7, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la responsabilidad patrimonial de la demandada , al considerar establecida la falla en el servicio, consistente en que la Policía Nacional desatendió las directrices de reubicación del agente Lozada Caicedo. Por otro lado, advirtió no acreditada la falla del servicio por la tardanza en los refuerzos policiales.

Al efecto, sostuvo que: “resulta inocultable que, la entidad demandada, en efecto desatendió las directrices que le fueron impartidas en relación con el señor LOZADA CAICEDO, en lo que atañe a la obligación de reubicarlo laboralmente, pues si bien podría aceptarse que se le destin ó la labor de ejercer funciones administrativas en algunas ocasiones […], lo cierto es que no se tuvo en cuenta que por tratarse de un uniformado discapacitado, no resultaba atinado mantenerlo en una estación que estuviere gravemente afectada por el orden público, como resultó ser la que se

algunas ocasiones […], lo cierto es que no se tuvo en cuenta que por tratarse de un uniformado discapacitado, no resultaba atinado mantenerlo en una estación que estuviere gravemente afectada por el orden público, como resultó ser la que se asentó en el Municipio de Campamento - Ant.- […] Para la Sala resulta inocultable el hecho de la ausencia de prueba certera que denote la actuación negligente y defectuosa que se predica respecto de la entidad demandada, en relación con la oportunidad en que, los refuerzos policiales, arribaron al Municipio de Campamento

• Ant.-“

Así, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la entidad demandada a pagar por daño moral la suma de 100 SMLMV para Piedad Estella Torres Agudelo, Tatiana Alexandra Lozada Torres y Magdalena Caicedo de Lozada ; y 50 SMLMV para Elsy Lozada de Gálvis, César Lozada Caicedo, Doris Lozada Caicedo, Dora Alicia Lozada Caicedo, María Luisa Lo zada Caicedo , Graciela Lozada Caicedo, Gloria Amparo Lozada Caicedo, Luz Dary Lozada Caicedo y Jesús Esteban Lozada Caicedo. De igual forma, el a quo reconoció, a título de lucro cesante, las sumas de $297.967.881,16 para Piedad Estel la Torres Agudelo y $ 219.520.883,86 para Tatiana Alexandra Lozada Torres.

7 Fl. 320 a 370, C. Ppal.6

Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

7 Fl. 320 a 370, C. Ppal.6

Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

No condenó en costas, por cuanto no encontró probada una actuación temeraria de las partes, y denegó las demás pretensiones de la demanda.

5. Recurso de apelación

El 17 de junio de 2013 la parte demandada interpuso el recurso de apelación, el cual fue concedido el 12 de junio de 20148 y admitido el 6 de agosto del mismo año9.

5.1. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional10 reiteró que los hechos en los que murió en el agente Jhon Jairo Lozada Caicedo corresponden a los riesgos propios del servicio por él asumido s con su ingreso a la institución , los cuales quedan cobijados con la indemnización a for-fait efectuada por la entidad a favor de sus beneficiarios, de modo que no hay lugar a los reconocimientos adicional es peticionados en la demanda y concedidos por el a quo.

Igualmente, la entidad demandada reiteró que los hechos en los que resultó abatido el agente Lozada Caicedo son imputables al hecho del tercero , concretamente, a los frentes 36 y 5 de las autodenominadas Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia – FARC.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 4 de septiembre de 201411 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

Colombia – FARC.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 4 de septiembre de 201411 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional12 reiteró lo expuesto en instancias anteriores.

6.2. El Ministerio Público presentó concepto en el que consideró que debía confirmarse la sentencia condenatoria, advirtiendo que la entidad demandada expuso negligentemente la vida del agente Jhon Jairo Lozada Caicedo al asignarlo

8 Fl. 394, C. Ppal. 9 Fl. 398, C. Ppal. 10 Fl. 372 a 378, C. Ppal. 11 Fl. 400, C. Ppal. 12 Fl. 401 a 404, C. Ppal.7

Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

a una Estación de Policía ubicada en un área que presentaba problemas de orden público.

6.3. La parte demandante guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 14 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 13, de

puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 13, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del Código Contencioso Administrativo.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8614 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

13 La estimación razonada de la cuantía se fijó en $314.193.271 , lo cual es superior a 500 SMLMV del año en que ésta se presentó ($143.000). 14 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.”8

o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.”8

Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

3. Vigencia de la acción

La contestación a la demanda propuso la excepción de caducidad de la acción y la sentencia de primera instancia estimó que tal fenómeno no se produjo. Sin embargo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio15.

En este orden, c on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general16, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pret ende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 17, ofrecer estabilidad del

El establecimiento de dichas oportunidades legales pret ende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 17, ofrecer estabilidad del

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera q ue, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 16 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 17 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no e s absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las9

Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

derecho de manera que las situaciones controversiales que requier an solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bi fronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide

Este fenómeno procesal, de carácter bi fronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, e s un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure18 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia19, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación

acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los

solidificar el concepto de derechos adquiridos 18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la co nducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 19 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionad o derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.10

Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.10

Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo , teniendo en cuenta: i) que la muerte de Jhon Jairo Lozada Caicedo tuvo ocurrencia el 10 de julio de 1999 (hecho probado 7.1.10.); y ii) que la demanda se presentó el 8 de mayo de 2001, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal , corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis.

4.1. Juan de Jesús Torres Barrera (suegro), María Betsabé Agudelo Molina (suegra), Piedad Estel la Torres Agudelo (cónyuge) y Tatiana Alexandra Lozada Torres (hija) son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa. Al respecto se estableció que los primeros, quienes demandan en calidad de suegros de la víctima, son los progenitores de Piedad Estella Torres Agudelo, quien era casada con Jhon Jairo Lozada Caicedo (víctima) y estos, a su vez, eran padres de Tatiana Alexandr a

progenitores de Piedad Estella Torres Agudelo, quien era casada con Jhon Jairo Lozada Caicedo (víctima) y estos, a su vez, eran padres de Tatiana Alexandr a Lozada Torres, según dan cuenta las copias auténticas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento y matrimonio20.

4.2. Magdalena Caicedo de Lozada (madre), Elsy Lozada de Gálv is (hermana), César Lozada Caicedo (hermano), Doris Lozada Caicedo (hermana), Dora Alicia Lozada Caicedo (hermana), María Luisa Lo zada Caicedo (hermana), Graciela Lozada Caicedo (hermana), Gloria Amparo Lozada Caicedo (hermana), Luz Dary Lozada Caicedo (hermana) y Jesús Esteban Lozada Caicedo (hermano) son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, puesto que la primera es la progenitora de Jhon Jairo Lozada Caicedo (víctima) y los siguientes son sus hermanos, según dan

20 Fl. 22 a 25, C.1.11

Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

cuenta las copias auténticas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento21.

A su turno, e s de anotar que en la contestación a la demanda , la Policía Nacional excepcionó que la demandante Dora Alicia Lozada Caicedo no suscribió el poder con el que facultaba al apoderado para interponer la acción de reparación directa .

A su turno, e s de anotar que en la contestación a la demanda , la Policía Nacional excepcionó que la demandante Dora Alicia Lozada Caicedo no suscribió el poder con el que facultaba al apoderado para interponer la acción de reparación directa . Sin embargo , la Sala advierte que el poder fue debidamente otorgado mediante diligencia de reconocimiento surtida en la Notaria Primera de Ipiales22.

4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, pues según el libelo introductorio esta es la entidad patrimonialmente responsable por la muerte de Jhon Jairo Lozada Caicedo.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar : i) si los hechos en los que murió en el agente Jhon Jairo Lozada Caicedo corresponde n a los riesgos propios del servicio por él asumidos con su ingreso a la institución , cobijados con la indemnización a forfait efectuada por la entidad a favor de sus beneficiarios ; y ii) si los hechos en los que resultó abatido el agente Lozada Caicedo son imputables al hecho del tercero.

6. Solución al problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, responsabilidad del Estado por muerte o lesión de miembros de la fuerza pública y el hecho exclusivo del tercero.

21 Fl. 43 a 63, C.1. 22 Fl. 13 a 14, C.1.12

Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

22 Fl. 13 a 14, C.1.12

Radicación: 05001233100020010129301 (51606)

Demandante: Piedad Estella Torres Agudelo y Otros

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 23 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho 24, que contraría el orden legal 25 o que está desprovista de una causa que la justifique26, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida27, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra el fenómen o lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño ant