CE - 050012331000200403615011SENTENCIA20231127133259

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Radicado: 05001 2331 000 2004 03615 01

Demandante: INVERSIONES SANSIN COLOMBIA S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.concejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 05001 2331 000 2004 03615 01

Demandante: INVERSIONES SANSIN COLOMBIA S.A.

Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Tema: No incurren en falsa motivación las Resoluciones 1394 y 1526 de 2003 expedidas por el Alcalde de Medellín , por medio de las cuales se ordenó la expropiación administrativa de un bien inmueble de propiedad de

Inversiones Sansín Colombia S.A.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 24 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por la sociedad INVERSIONES SANSIN COLOMBIA S.A. en contra del

MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

incoada por la sociedad INVERSIONES SANSIN COLOMBIA S.A. en contra del

MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, la sociedad INVERSIONES SANSIN COLOMBIA S.A. , a través de apoderado judicial, demandó al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, con el objeto de que se accediera a las siguientes:

1.1.1. Pretensiones2

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“1. Que se declare nula la Resolución Nro. 1394 de octubre 6 de 2003 expedida por el doctor Luis Pérez Gutiérrez, Alcalde de Medellín, Por la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un bien inmueble, en lo concerniente al área total real del inmueble expropiado y en lo relativo al valor total real de este inmueble.

2. Que se declare nula la Resolución Nro. 1526 de noviembre 4 de 2003, expedida también por el doctor Luis Pérez Gutiérrez, Alcalde de Medellín, “Por medio de la cual se decide un recurso de reposición".

3. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 numerales 7, literal d) y 8 de

expedida también por el doctor Luis Pérez Gutiérrez, Alcalde de Medellín, “Por medio de la cual se decide un recurso de reposición".

3. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 numerales 7, literal d) y 8 de la Ley 388 de 1997, se restablezca el derecho de INVERSIONES SANSIN COLOMBIA S.A en el sentido de que se ordene al Municipio de Medellín, cancelar de contado a mi representada la indemnización correspondiente a la totalidad del área que le fue expropiada y al valor real del metro cuadrado en el mercado inmobiliario de tal inmueble, a la fecha en que quedó en firme la expropiación.

4. Que se ordene al Municipio de Medellín , cancelar de contado a mi representada el mayor valor del metro cuadrado del inmueble expropiado en su área total, a la fecha en que quedó en firme la expropiación, el cual estimamos para efectos de la demanda en una suma de OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M.L. ($817.236.000.oo) o la mayor que se logre demostrar en el proceso.

5. Que se ordene al Municipio de Medellín, cancelar de contado a mi representada, la suma anterior, pero actualizada al valor que corresponda a la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.

6. Que se ordene al Municipio de Medellín, cancelar de contado a mi representada, la suma a que se refiere el numeral 4 de este acápite, de acuerdo con los intereses bancarios corrientes que tal cifra haya producido desde el momento en que la expropiación quedó en firme, y hasta el momento en que

representada, la suma a que se refiere el numeral 4 de este acápite, de acuerdo con los intereses bancarios corrientes que tal cifra haya producido desde el momento en que la expropiación quedó en firme, y hasta el momento en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso.

7. Que se dé cumplimiento a la sentencia respectiva, en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

8. Que se condene en costas y agencias en derecho al MUNICIPI O DE

MEDELLIN.”1

1.1.2. Los actos acusados

En este proceso se pretende la nulidad de la Resolución número 1394 del 6 de octubre de 20032, expedida por el Alcalde de Medellín, por medio de la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de una f ranja de 9.327 m2, del inmueble ubicado en la Calle 16 por carrera 28, barrio Asomadera No. 1 en la ciudad de Medellín, de propiedad de INVERSIONES

1 Cuaderno Principal, folios 112 y 113. Escrito de reforma de demanda, en el cual se integra la demanda inicial conforme lo indicó la parte actora a folio 111 del expediente. 2 Cuaderno Principal, folios 39 a 47.3

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SANSIN COLOMBIA S.A. (antes Ltda.) ; se establece como valor del precio

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SANSIN COLOMBIA S.A. (antes Ltda.) ; se establece como valor del precio indemnizatorio la suma de $1.467.904.000; y se indica como destinación del inmueble la ejecución del “Proyecto Vial Las palmas (Tramo II) po r avenida 34”.

De igual forma, se pretende la nulidad de la Resolución No. 1526 del 4 de noviembre de 20033, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la sociedad INVERSIONES SANSIN COLOMBIA S.A., en el sentido no reponer la Resolución número 1394 del 6 de octubre de 2003.

1.1.3. Fundamentos de hecho

Mediante la Resolución No. 1094 del 13 de agosto de 20034, expedida por el Alcalde de Medellín, se realizó una oferta de compra consistente en la adquisición mediante enajenación voluntaria directa del derecho de dominio y posesión de un lote de terreno, denominado lote No. 36, identificado con matrícula inmobiliaria No. 001-117887 con un área de 9.327,00 m2, ubicado en la Calle 16 por c arrera 28 de la actual nomenclatura urbana (Vía las Palmas) barrio Asomadera No. 1 , de propiedad de INVERSIONES SANSIN COLOMBIA S.A. (antes Ltda.), por valor de $1.467.904.000,oo de acuerdo al avalúo Nº. AE-1184 del 4 de junio de 2003 elaborado por la Subsecretaría

COLOMBIA S.A. (antes Ltda.), por valor de $1.467.904.000,oo de acuerdo al avalúo Nº. AE-1184 del 4 de junio de 2003 elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal 5; inmueble que sería destinado a la ejecución del “proyecto intersección vial las palmas (tramo 2) y la Avenida 34”.

El 1 de septiembre de 2003, la sociedad Renta Bienes Ltda. por medio del avaluador Luis Fernando Echeverri Correo presentó a la demandante avalúo indicando que el valor comercial del inmueble ubicado en el costado norte de la Carrera 38 vía Las Palmas de propiedad del demandante era de $2.235.860.000. En este documento se indicó que el área del bien era de 10.163 m2 y que el valor por cada metro cuadrado era de $220.0006.

Mediante informe Nro. RAE -1572 de 16 de septiembre de 2003 la Subsecretaria de Catastro municipal de la Alcaldía de Medellín rindió concepto7 sobre el avalúo comercial elaborado por la firma Renta Bienes Ltda. en el que asegura que en dicho documento no se tuvo en cuenta variables objetivas para determinar el precio. En este informe se ratificó los valores dados en el avalúo comercial Nº. AE-1184 del 4 de junio de 2003, esto es:

Área lote: 9.109,00 m2 a $160.000 $1.457.440.000

Área ret qb.: 218,00 m2 a $ 48.000 $ 10.464.000

3 Cuaderno Principal, folios 76 a 80.

Área ret qb.: 218,00 m2 a $ 48.000 $ 10.464.000

3 Cuaderno Principal, folios 76 a 80. 4 Folios 22 a 29 del cuaderno principal. “Por la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa y se formula una Oferta de Compra” 5 cuaderno principal, folios 30 a 36 y 272 a 279. 6 Cuaderno principal, folios 58 a 67. 7 Ibidem, folios 82 a 85.4

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El 29 de septiembre de 2003 la sociedad actora radicó comunicación8 en la Secretaría de Hacienda Municipal de Medellín, expresando su desacuerdo con el área objeto de la oferta de compra , así como con el valor del metro cuadrado del avalúo. Señaló que de acuerdo con la escritura de compraventa No. 6.337 de 30 de diciembre de 1993 del bien inmueble el área del lote no era 9.321 m2 sino de 10.163 m2 e incluso de 10.387 m2 conforme el plano del lote elaborado por el topógrafo Jorge Londoño.

Mediante la Resolución No. 1394 del 6 de octubre de 20039, el Alcalde de Medellín ordenó la expropiación por vía administrativa de una franja de

del lote elaborado por el topógrafo Jorge Londoño.

Mediante la Resolución No. 1394 del 6 de octubre de 20039, el Alcalde de Medellín ordenó la expropiación por vía administrativa de una franja de terreno con un área de 9.327 m2, ubicada en la calle 16 por carrera 28 barrio Asomadera No. 1 en la ciudad de Medellín , de propiedad de INVERSIONES SANSIN COLOMBIA S.A. (antes LTDA.). En este acto se señaló que el valor del precio indemnizatorio conforme el Avalúo No. AE-1184 del 4 de junio de 2003 elaborado por la Subsecretaria de Catastro del Municipio de Medellín es la suma de $1.467.904.00010.

Contra el anterior acto administrativo la sociedad INVERSIONES SANSIN COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición 11, el cual fue decidido mediante la Resolución No. 1526 del 4 de noviembre de 200312, en el sentido de no reponer el acto recurrido.

1.1.4 Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión de la parte actora los actos acusados infringen los artículos 2, 4, 58, 83, 209 y 315-1 de la Constitución Política; 61 y 67 de la Ley 388 de 1997, y 3 y 4 de la Ley 489 de 1998, con fundamento en los siguientes cargos:

• Falsa Motivación

Señaló que el acto demandado incurre en falsa motivación por error de hecho ya que sus fundamentos no coincide n con la realidad. Específicamente, afirmó que incurre en error al determinar el área real de

• Falsa Motivación

Señaló que el acto demandado incurre en falsa motivación por error de hecho ya que sus fundamentos no coincide n con la realidad. Específicamente, afirmó que incurre en error al determinar el área real de inmueble expropiado, así como al valorar el metro cuadrado del inmueble, ya que, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso el inmueble tiene una extensión mayor a la reconocida y, de igual forma, un mayor valor.

• Vulneración de la ley

8 Ibidem, folios 37 y 38. 9 Ibidem, folios 39 a 47. 10 Ibídem, folios 30 a 36 y 272 a 279. 11 Ibídem, folios 48 a 50. 12 Ibídem, folios 76 a 80.5

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Manifestó que los actos enjuiciados desconocen los artículos invocados como vulnerados, toda vez que acarr ean una lesión al derecho de propiedad privada, a la justicia que debe regir las relaciones entre el estado y los particulares, al respeto por el derecho a la igualdad y a que el Estado no abuse de sus competencias y prerrogativas enriqueciéndose a costa de l correlativo empobrecimiento del particular como, en su criterio, ocurre en el presente caso. Para el efecto, citó la providencia del 10 de mayo de 2001, proferida dentro del expediente número 1178313.

correlativo empobrecimiento del particular como, en su criterio, ocurre en el presente caso. Para el efecto, citó la providencia del 10 de mayo de 2001, proferida dentro del expediente número 1178313.

1.2. Contestación de la demanda. El Municipio de Medellín contestó la demanda y se opuso a las pretensiones , con fundamento en las siguientes razones de defensa:

Indicó que el que no coincida en la escritura pública el área del inmueble con la realidad, obedece a que con frecuencia el área que se anuncia es aproximada, por ello en las cláusulas finales se indica que se vende como cuerpo cierto.

Aseguró que el levantamiento realizado por el señor Jorge Londoño no es aceptable ya que la Unidad de Cartografía de la Subsecretaria de Catastro Municipal realizó la corroboración del área del lote y mediante oficio GT-461 del 9 de julio de 2004 ratifica que corresponde a 9.237 m2 según levantamiento planimétrico. En ese sentido, estima que la parte actora está tomando como de su propiedad fajas de predios del municipio de Medellín identificados con matrículas 170263 y 170364 y 3 predios de particulares con matrículas 390934, 133129 y 133753, detalles que se verifican los planos que se adjuntan.

Destacó, respecto del valor del inmueble, que en el Oficio RAE-087 del 12 de julio de 2004 expedido por el Subsecretario de Catastro Municipal se explicó que el avalúo comercial de la firma Renta Bienes Ltda. no tuvo en cuenta el uso más apropiado y eficiente que se le pueda dar a un lote,

de julio de 2004 expedido por el Subsecretario de Catastro Municipal se explicó que el avalúo comercial de la firma Renta Bienes Ltda. no tuvo en cuenta el uso más apropiado y eficiente que se le pueda dar a un lote, tampoco investigó a fondo las posibilidades de ofertas inmobiliarias sobre el lote y el establecimiento de alternativas y comparaciones que indiquen los precios posibles del bien; al igual que no analizó el monto del área realmente útil de la propiedad. Resaltó que en dicho avalúo se estima que el lote es 100% aprovechable, sin considerar que se encuentra afectado por un retiro de quebrada equivalente a 218 m2 y que tiene una topografía del 30%.

Precisó que la anotación que utiliza el actor para señalar que la demandada sólo compró una faja y no la totalidad del inmueble, no tiene incidencia, ya que, mediante comunicación de 2004001487 de 10 de mayo de 2004, se solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la corrección de dicha inscripción, petición que fue acogida por dicha autoridad en la anotación No. 26 del folio de matrícula inmobiliaria.

13 Cuaderno principal, folios 119 a 123.6

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Manifestó que, en la jurisdicción del Municipio de Medellín, la Subsecretaría

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Manifestó que, en la jurisdicción del Municipio de Medellín, la Subsecretaría de Catastro adscrita a la Secretaría de Hacienda es la entidad que hace las veces del Instituto Geográfico Agustín Codazzí , por lo que es la autoridad autorizada para la elaboración de los avalúos comerciales de los proyectos que adelante la Administración Municipal.

Afirmó que la Subsecretaría de Catastro establece que los documentos necesarios para la determinación del valor de alguna negociación son: copia de la escritura, copia del certificado de libertad, copia de la ficha catastral, planos de las fajas a negociar, normat ividad urbanística expedida por e l departamento Administrativo de Planeación Municipal, incluyendo afectaciones y restricciones ambientales, y la investigación de mercado directa e indirecta de negociaciones recientes o de ofertas Inmobiliarias que se encuentren en el sector. Aseguró que con base en esa información y de acuerdo con la metodología prevista por los peritos de la Subsecretaría se establece el valor de la faja comprometida , la cual, en el presente caso, permitió establecer que el área por negociar era de 9.327 m2, de los cuales 218 m2 constituían retiro de quebrada y lote de topografía pendiente y semi pendiente, con un 30%.

Indicó que teniendo en cuenta que las zonas de retiro a quebrada tienen limitaciones que impiden su utilización plena, se ha establecido un “quiebre” o “castigo” dentro de la metodología de avalúos. Agregó que, gran parte de

Indicó que teniendo en cuenta que las zonas de retiro a quebrada tienen limitaciones que impiden su utilización plena, se ha establecido un “quiebre” o “castigo” dentro de la metodología de avalúos. Agregó que, gran parte de la faja a negociar hace parte de espacio público, ya que de acuerdo con el artículo 35 del Acuerdo 62 de 1999, Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín, la carretera Las Palmas en parte urbana se definen 25 metros de retiro (15 públicos y 10 privados) a cada lado del eje proyectado para su ampliación o doble calzada. En ese sentido, señaló que las disposiciones urbanísticas que reglamentan la potencialidad de edificación de cada predio son factores que tienen gran incidencia en el valor del suelo.

Aseguró que los predios a los que se refiere el informe del perito contratado por el demandante copiado en el dictamen pericial están localizados en sectores con disposiciones urbanísticas diferentes , en donde se permiten aprovechamientos superiores en construcción a l del predio que fue objeto de expropiación y objeto de la presente demanda.

Reiteró que el área de l inmueble objeto de expropiación se encuentra limitada para su desarrollo en algunas partes por los retiros de quebrada y además se localiza en la carretera Las Palmas que correspondía al área de retiro de vía definida (artícu lo 35 de l Acuerdo 62 de 1999) , p or tanto, existían limitaciones para la construcción y utilización de este inmueble, siendo así, su valor no puede ser igual a otros predios que de conformidad con las normas urbanísticas puedan desarro llarse y construirse sin estas limitaciones.7

existían limitaciones para la construcción y utilización de este inmueble, siendo así, su valor no puede ser igual a otros predios que de conformidad con las normas urbanísticas puedan desarro llarse y construirse sin estas limitaciones.7

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II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 24 de agosto de 201614, negó las pretensiones de la demanda , con fundamento en las siguientes consideraciones:

Señala que el avalúo elaborado por la firma Renta Bienes Ltda., así como el informe topográfico realizado por el señor Jorge Alberto Londoño Estrada no pueden ser tenidos en cuenta como prueba pericial por no cumplir con los requisitos exigidos por la ley, pues no fueron aducid os como tal, ni se les corrió el traslado para ejercer su contradicción en los términos de la normativa vigente, esto es, del artículo 228 del CGP, razón por la que se le reconocerá el mérito probatorio propio de documentos al momento absolver los cargos.

Indica que se descarta el dictamen pericial practicado dentro del proceso, en razón a que no precisó la metodología utilizada para la valoración del inmueble, además de presentar inconsistencias relacionadas con los datos frente a tipo de edificaciones y la actividad importante en el sector las cuales se obtuvieron para el año 2008 y no para el momento en que se expropió el

inmueble, además de presentar inconsistencias relacionadas con los datos frente a tipo de edificaciones y la actividad importante en el sector las cuales se obtuvieron para el año 2008 y no para el momento en que se expropió el bien. Adicionalmente, resalta que el auxiliar de la justicia frente al interrogante planteado acerca del área del lote al momento de la expropiación se limita a realizar un recuento histórico de los diferentes documentos en los que aparecen las áreas objeto de discusión, sin aportar elementos conclusivos ni pruebas, alejado de la realidad del bien para el momento de los hechos.

Manifiesta que no prospera la objeción por error grave formulada por la parte demandada contra el dictamen pericial practicado dentro del proceso, en razón a que los errores alegados por dicha parte no implican, en sí mismo, un cambio en las cualidades propias del objeto analizado, ni menos aún su desnaturalización. Indica que cuando la experticia no genera certeza al fallador, carecerá de eficacia probatoria. Para el caso particular, asegura que la prueba pericial practicada al interior del proceso no conlleva elementos suficientes que desvirtúen el avalúo realizado por el ente accionado al momento de la expropiación, es decir, no se acredita que en aquel se haya incurrido en errores o en imprecisiones.

Concluye que dentro del proceso no se demostró que el precio pagado por el Municipio de Medellín fuera inferior al valor comercial del inmueble, como tampoco que lo expropiado por la administración fuera solo una franja del terreno, ya que se advierte que las fichas prediales allegadas al plenario que se estaba tomando como propio algunas franjas de terreno de cinco bienes de propiedad de terceros y del ente demandado. Por lo que la planimetría inicial

terreno, ya que se advierte que las fichas prediales allegadas al plenario que se estaba tomando como propio algunas franjas de terreno de cinco bienes de propiedad de terceros y del ente demandado. Por lo que la planimetría inicial levantada al lote que acompaña la escritura No. 6337 del 30 de diciembre de 1993 consignó erróneamente dicha medida, situación que ya fue corregida en

14 Cuaderno de primera instancia, folios 954 a 965.8

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el certificado de libertad y tradición del inmueble expropiado; lo que no permite evidenciar la vulneración de las normas que regulan la materia, ni falsa motivación de los actos administrativos con este fundamento.

III.- EL RECURSO DE APELACIÓN

La sociedad demandante, INVERSIONES SANSIN COLOMBIA S.A., interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

Manifestó que el avalúo realizado por Renta Bienes Ltda., así como el estudio topográfico elaborado por el señor Jorge Alberto Lodoño Estrada cumplen con los requisitos exigidos para ser valorados como prueba pericial, además de que se permitió su contradicción en el proceso.

Alegó, respecto de l avalúo de Renta Bienes Ltda. , que cumple con lo

con los requisitos exigidos para ser valorados como prueba pericial, además de que se permitió su contradicción en el proceso.

Alegó, respecto de l avalúo de Renta Bienes Ltda. , que cumple con lo dispuesto en los artículos 22 y 25 del Decreto 1420 de 1998, ya que se hace una relación detallada de los aspectos físicos y jurídicos del inmueble ; los documentos observados para realizar el avalúo, usos del suelo, la normatividad que los regula, normas de construcción y vías obligadas; la dotación de redes y acometidas de servicios públicos; y las vías de acceso y transporte. Resaltó que el método empleado para la determinación del valor comercial, fue el método comparativo o de mercado, lo que se advierte del acápite denominado “Política del avalúo”. Agregó que en el expediente obra la declaración extra proceso rendida por el señor Luis Fernando Echeverri Correa el día 20 de mayo de 2004, en la cual manifiesta bajo gravedad de juramento su profesión, experiencia en la materia, y se ratifica en las conclusiones a las cuales llegó en el avalúo realizado el 1 de septiembre de 2003, indicando la metodología empleada, documentos y fuentes consultadas para estos fines. Destacó que , contrario a lo manifestado en la sentencia recurrida, el anterior a valúo si fue objeto de contradicción y prueba de ello es el pronunciamiento que la parte demandada hace frente al mismo en la contestación a la demanda.

Precisó con relación al levantamiento planimétrico y topográfico del inmueble expropiado realizado por el Topógrafo Jorge Alberto Londoño Estrada, que es una prueba determinante para demostrar que el área real

Precisó con relación al levantamiento planimétrico y topográfico del inmueble expropiado realizado por el Topógrafo Jorge Alberto Londoño Estrada, que es una prueba determinante para demostrar que el área real del bien es de 10.387 m2 , la cual fue realizada directamente en el lote al momento de la expropiación, por un profesional con 25 años de experiencia. Resaltó que las conclusiones del estudio fueron ratificadas en la declaración extrajuicio rendida por el topógrafo, en la que además se explica la metodología empleada para su experticio. Agregó que la prueba fue conocida por el demandado quien tuvo la oportunidad de controvertirla tanto en la contestación de la demanda como en la audiencia del 23 de noviembre de 2006 donde rindió declaración. Precisó que en la declaración se indica que durante la medición ninguna persona manifestó que se estaba haciendo9

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la medición en predio ajeno, y qu e se hizo referencia a las condiciones topográficas del lote, en cuanto a que sobre la vía tenía un talud de aproximadamente 3 metros y en la parte interior una pendiente aproximada de 15 o 20%, lo que lo hacía un terreno apto para la construcción.

Insistió que, en la sentencia impugnada, hay ausencia de pronunciamiento y valoración por parte del fallador frente a estas pruebas, pese que fueron objeto de contradicción en el proceso, y que no fueron desvirtuadas por el

Insistió que, en la sentencia impugnada, hay ausencia de pronunciamiento y valoración por parte del fallador frente a estas pruebas, pese que fueron objeto de contradicción en el proceso, y que no fueron desvirtuadas por el Municipio de Medellín.

Cuestionó que el a quo desestimara las anteriores pruebas con fundamento en el art ículo 228 del Código General del Proceso, norma que no se encontraba vigente para el momento de su decreto ni de su práctica.

Aseguró que el dictamen efectuado por el perito Oscar Octavio Hernández Paucar que se practicó dentro del proceso y que concluyó que el área del inmueble es de 10.387,33 m2 y el valor del metro cuadrado es de $230.000, cumple con las exigencias de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1420 de 1998 para determinar el valor comercial del inmueble expropiado, se ajust a al método de comparación o de mercado, y fue elaborado por un tercero imparcial experto en la materia, por lo que debe ser valorado como dictamen pericial de conformidad con el artículo 237 del CPC vigente para el momento de su decreto y práctica. Resaltó que, aunque en el dictamen no se señala expresamente la metodología utilizada para la valoración del inmueble, de la lectura integral del documento se concluye que el método empleado por el perito fue el de comparación o de mercado . Alegó que si bien, en el dictamen se hace referencia a edificaciones y proyectos existentes al momento de realizarse el avalúo, es decir, en el año 2008, para describir las condiciones actuales del inmueble, también hace referencia a las edificaciones, v ías, demanda comercial de los inmuebles y actividades

momento de realizarse el avalúo, es decir, en el año 2008, para describir las condiciones actuales del inmueble, también hace referencia a las edificaciones, v ías, demanda comercial de los inmuebles y actividades importantes, existentes para la época de la expropiación, esto es, año 2003. Agregó que no es cierto que el avalúo se hubiese limitado a describir los diferentes documentos en los que aparecen las áreas objeto de discusión , ya que de la lectura del avalúo se observa que además de realizar una revisión de dichos documentos se aportaron las pruebas para soportar el área del terreno indicada en el dictamen pericial.

Resaltó que, contrario a lo señalado en la sentencia recurrida, la cabida total del terreno es de 10.163 M2, tal como se concluye del certificado de libertad y tradición del inmueble, de la escritura Nro. 6337 del 30 de diciembre de 1993, de la planimetría inicial levantada al lote, del estudio topográfico y levantamiento planimétrico realizado al predio en julio de 2003 y de los dictámenes de avalúo obrantes en el expediente , pruebas aportadas al proceso.

Indicó que el juez de primera instancia no valoró la totalidad de las pruebas solicitadas, decretadas y válidamente practicadas en el proceso, violando el principio de unidad de la prueba. Específicamente, no se valoró el dictamen10

Radicado: 05001 2331 000 2004 03615 01

Demandante: INVERSIONES SANSIN COLOMBIA S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 05001 2331 000 2004 03615 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.concejodeestado.gov.co

del perito avaluador Óscar Octavio Hernández Paucar ; el avalúo realizado por la firma Renta Bienes Ltda. y la declaración de su gerente avaluador Luis Fernando Echeverri Correa ; el plano con levantamiento planimétrico y topográfico realizado por el topógrafo Jorge Alberto Londoño Estrada y su declaración en el proceso; la escritura pública de adquisición y el certificado de libertad y tradición del inmueble expropiado; y las declaraciones de los testigos Marco Fidel Acosta Saldarriaga, Ricardo Andrés Ochoa Zozaya, y Ramón Rodrigo García Gil.

Resaltó, respecto de la declaración del asesor inmobiliario Marco Fidel Acosta Saldarriaga, que en ésta se explicó que la parte actora nunca había sido demanda por algún vecino por los linderos, los cuales estaban debidamente cercados y mojonados, que el retiro de la quebr