CE - 050012331000200702978011SENTENCIA20230815172745

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 05001-23-31-000-2007-02978-01(56427)

Actor: SANDRA PATRICIA GARCÍA

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. PRUEBA TRASLADADAValor probatorio. ORDEN PÚBLICO-El Presidente como jefe de las Fuerzas Armadas dispone de la fuerza pública y conserva en todo el territorio nacional el orden público. FUERZA PUBLICA-El gobernador es agente del Presidente de la República pera mantener el orden público. FUERZA PÚBLICA-El alcalde conserva el orden público del municipio según la ley y las instrucciones del presidente y del gobernador. DEBER DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN-No es absoluto pues el Estado no es un asegurador general. FALLA DEL SERVICIO RELATIVA POR OMISIÓN-Debe tenerse en cuenta la capacidad de las autoridades públicas en su deber de seguridad y protección. FALLA DEL SERVICIO RELATIVA-Límite en los recursos materiales y humanos del Estado. OMISIÓN DEL DEBER DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN-Se requiere de solicitud formulada o que las condiciones personales permitan inferir de manera inequívoca la necesidad de protección.

DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio.

formulada o que las condiciones personales permitan inferir de manera inequívoca la necesidad de protección. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO DE OÍDAS-Valoración probatoria. INTERROGATORIO DE PARTE-Valor probatorio. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 que adicionó el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de enero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 22 de septiembre de 2006, en la vía Medellín-El Santuario, Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga fue atacado con arma blanca por una persona y presentó una denuncia. El 30 de octubre siguiente, la Fiscalía Delegada de El Santuario envió al comandante de la estación de policía de ese municipio, oficio de «orden de protección», y el 28 de diciembre de 2006, una persona le disparó y murió. Alegan omisión en el deber de protección, pues las autoridades conocían la situación de2 Expediente n. 56.427

Demandante: Sandra Patricia García Vargas Niega pretensiones riesgo de Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga, no evitaron la comisión del delito y no lo protegieron.

ANTECEDENTES

Expediente n. 56.427

Demandante: Sandra Patricia García Vargas Niega pretensiones riesgo de Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga, no evitaron la comisión del delito y no lo protegieron.

ANTECEDENTES El 19 de septiembre de 2007, Sandra Patricia García Vargas, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra la NaciónFiscalía General de la Nación y otro. Solicitó 600 SMLMV, por daños morales; $593.898.000, por lucro cesante y 300 SMLMV, por daño a la vida de relación. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que una persona atacó con arma blanca a Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga, este denunció el hecho y la Fiscalía de El Santuario envió oficio de protección al comando de policía de ese municipio. El 28 de diciembre de 2006, una persona le disparó y murió. Alegan omisión en el deber de protección, pues las autoridades conocían la situación de riesgo de Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga y tenía en su favor una medida de protección. El 9 de octubre de 2007 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, alegó el hecho de un tercero. Señaló que el deber de protección no era absoluto, el ataque a Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga fue sorpresivo y la entidad cumplió con la orden de protección de la Fiscalía. La Nación-Fiscalía General de la Nación sostuvo que adelantó la investigación por los delitos de tentativa de homicidio y homicidio, y envió orden

Hoyos Zuluaga fue sorpresivo y la entidad cumplió con la orden de protección de la Fiscalía. La Nación-Fiscalía General de la Nación sostuvo que adelantó la investigación por los delitos de tentativa de homicidio y homicidio, y envió orden de protección a la autoridad competente. Expuso que las amenazas contra el denunciante no se originaron por su participación en un proceso penal y no solicitó el ingreso al programa de protección de víctimas y testigos. El 20 de agosto de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público guardó silencio. El 29 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia accedió parcialmente a las pretensiones al estimar que la Policía tenía conocimiento del riesgo de Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga y que en díasExpediente 11. 56.427

Demandante: Sandra Patricia García Vargas Niega pretensiones anteriores había denunciado ante la Fiscalía una agresión en su contra. Consideró que la entidad no actuó con el fin de verificar los hechos denunciados, ni tomaron medidas preventivas para evitar el homicidio. Por último, declaró la falta de legitimación por pasiva de la Nación-Fiscalía General de la Nación. La NaciónMinisterio de Defensa, Policía Nacional, interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 26 de agosto de 2015 y admitido el 30 de marzo de 2016. La recurrente esgrimió que la Fiscalía tenía a su cargo incluir al denunciante en el programa de protección de testigos y víctimas. Fue la entidad que recibió la

recurrente esgrimió que la Fiscalía tenía a su cargo incluir al denunciante en el programa de protección de testigos y víctimas. Fue la entidad que recibió la denuncia, debió evaluar el nivel de riesgo y grado de amenaza, y a partir de ese estudio ordenar acciones concretas de protección. Agregó que el deber de seguridad y protección no era absoluto, era una obligación de medios y el daño se originó en el hecho de un tercero. El 13 de mayo de 2016 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público conceptuó declarar la responsabilidad de la Nación, Policía Nacional, y Fiscalía General de la Nación. Advirtió que la Fiscalía tenía la obligación de verificar la inclusión del denunciante en el programa de protección a víctimas y testigos, y debió acudir a todos los mecanismos a su alcance para evitar el daño. La policía, por su parte, conocía la solicitud de protección ordenada por la Fiscalía y no realizó el estudio de nivel de riesgo y amenaza para brindar la seguridad.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1% de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129

CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta4

segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta4 Expediente n. 56.427

Demandante: Sandra Patricia García Vargas Niega pretensiones Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $216.850.000!.

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?, en este caso por una omisión que se imputa a varias entidades públicas (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda se interpuso en tiempo -19 de septiembre de 2007— porque Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga murió el 28 de diciembre de 2006 [hecho probado 9.4].

Legitimación en la causa

4. Sandra Patricia García Vargas es la persona sobre la que recae el interés

de septiembre de 2007— porque Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga murió el 28 de diciembre de 2006 [hecho probado 9.4]. Legitimación en la causa

4. Sandra Patricia García Vargas es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que es familiar de Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga, asesinado [hecho probado 9.9]. La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, está legitimada en la causa por pasiva, porque es la entidad a las que corresponde asegurar la convivencia pacífica (artículos 218 y 1 de la Ley 62 de 1993). La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por T Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2007, $433.700, por 500. 2 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303

[fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 746 y 747, disponible en https://bit ly/3gjiduK.5 Expediente n. 56.427

Demandante: Sandra Patricia García Vargas Niega pretensiones pasiva, pues es la entidad encargada de velar por la protección de las víctimas en los procesos penales (art. 250.7 CN y art. 67 Ley 418 de 1997).

Demandante: Sandra Patricia García Vargas Niega pretensiones pasiva, pues es la entidad encargada de velar por la protección de las víctimas en los procesos penales (art. 250.7 CN y art. 67 Ley 418 de 1997). 'l Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuró falla del servicio por incumplimiento del deber de seguridad y protección de persona que presentó denuncia penal por tentativa de homicidio.

[A Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandada, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio.

7. La parte demandante pidió, como prueba trasladada, la investigación penal por los delitos de tentativa de homicidio y homicidio de Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga (c. 4). Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Las pruebas documentales trasladadas podrán ser valoradas, aunque no se hubieran practicado con la intervención de la contraparte, si han obrado en el expediente y no han sido tachadas de falsedad. Los testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación, cuando son allegados a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en ellos, o cuando las dos partes los solicitan como

testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación, cuando son allegados a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en ellos, o cuando las dos partes los solicitan como 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit. ly/3gjiduK.6 Expediente n. 56.427

Demandante: Sandra Patricia García Vargas Niega pretensiones prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación Como la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, manifestó estar de acuerdo con su práctica (f. 57 c. 1) y fueron practicadas con audiencia de la Nación-Fiscalía General de la Nación, serán valoradas.

8. La declaración de parte y el testimonio son especies del género probatorio denominado declaración. Difieren en cuanto a la calidad de la persona que declara. El testimonio proviene de un tercero ajeno a la controversia y la declaración de parte de quienes conforman uno de los extremos del proceso, es decir, es una versión de parte interesada. El artículo 194 CPC dispone que la

declara. El testimonio proviene de un tercero ajeno a la controversia y la declaración de parte de quienes conforman uno de los extremos del proceso, es decir, es una versión de parte interesada. El artículo 194 CPC dispone que la declaración o interrogatorio de parte es la forma en la que se provoca la confesión judicial. La declaración de parte solo se puede apreciar en los términos del artículo 195.2 CPC, es decir, en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria. Debe reunir los siguientes requisitos que establece esta norma: (i) que el confesante tenga capacidad y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; (ii) que recaiga sobre hechos sobre los cuales la ley no exija otro medio de prueba; (ii) que sea expresa, consciente y libre; (iv) que verse sobre hechos personales del confesante y (v) que se encuentre probada, cuando fuere extrajudicial o judicial trasladada. La demandante Sandra Patricia García Vargas rindió interrogatorio de parte. La demandante afirmó que, luego del primer ataque y de la denuncia en la Fiscalía, Sergio Hoyos se quedó en el pueblo de El Santuario y siguió con sus actividades cotidianas, porque se sentía protegido. Él creía que la Fiscalía y la Policía le estaban brindando protección, pero en realidad no fue asi (f. 150-151 c. 1). Como la declaración rendida no trató sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas a la parte demandante o que favorezcan a la demandada, no es posible deducir confesión judicial. No reúne, entonces, los requisitos previstos en

la declaración rendida no trató sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas a la parte demandante o que favorezcan a la demandada, no es posible deducir confesión judicial. No reúne, entonces, los requisitos previstos en 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, Rad. 20.601 [fundamentos jurídicos 12.2.16 y 12.2.17], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 369-370, disponible en https://bit.1y/3gjiduK 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 17 de julio de 2003, Rad. 24231 [fundamento jurídico 1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 374, disponible en https://bit.ly/3gjiduK7 Expediente n. 56.427

Demandante: Sandra Patricia García Vargas Niega pretensiones el artículo 195 CPC y, por ello, carece de valor probatorio.

9. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 9.1. El 24 de septiembre de 2006, Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga ingresó a la Unidad Hospitalaria León XIll de Medellín, por una herida con arma cortopunzante en el cuello. Conforme quedó consignado, médicos de ese hospital lo operaron y el 16 de septiembre siguiente le dieron de alta, según da cuenta copia auténtica de

en el cuello. Conforme quedó consignado, médicos de ese hospital lo operaron y el 16 de septiembre siguiente le dieron de alta, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 153, 155 y 158 c. 1). 9.2. El 30 de octubre de 2006, a las 9:30 a.m., Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga presentó denuncia en la Fiscalía Delegada de El Santuario, Antioquia, por la tentativa de homicidio en su contra. Conforme a la denuncia, el 26 de septiembre de 2006, la víctima iba en su moto por la autopista de El Santuario, un hombre paró la moto y lo atacó por el pecho con un arma punzante. Según se consignó, el denunciante temía por su vida y la única persona que podía estar involucrada en esos hechos era Jair Andrés Jaramillo, según da cuenta copia auténtica de la denuncia (f. 14-15 c. 4). 9.3. El 30 de octubre de 2006, la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de El Santuario abrió investigación previa por el delito de homicidio en ta modalidad de tentativa y decretó pruebas, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 6 c. 4). 9.4. El 28 de diciembre de 2006, Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga murió por impactos de arma de fuego, según da cuenta copia auténtica del registro civil de defunción (f. 35 c. 1). 9.5. El 30 de abril de 2007, la Fiscalía 83 Seccional de El Santuario decretó pruebas dentro de la investigación por tentativa de homicidio de Sergio de Jesús

defunción (f. 35 c. 1). 9.5. El 30 de abril de 2007, la Fiscalía 83 Seccional de El Santuario decretó pruebas dentro de la investigación por tentativa de homicidio de Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga. Conforme al oficio comisorio n”. 757-A, ordenaba a la policía judicial adelantar una labor de inteligencia para recolectar elementos materiales y evidencias físicas para determinar si existía una relación entre la tentativa de8 Expediente n. 56.427

Demandante: Sandra Patricia García Vargas Niega pretensiones homicidio de Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga y su posterior homicidio, y si Jair Andrés Jaramillo está vinculado como determinador de esos hechos, según da cuenta copia auténtica del oficio (f. 27-28 c. 4). 9.6. El 30 de mayo de 2007, la Fiscalía 83 Seccional de El Santuario profirió resolución inhibitoria dentro de la investigación por tentativa de homicidio de Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga. Conforme a la providencia, en ese momento no existían pruebas que comprometieran a alguna persona o un grupo determinado con los hechos denunciados, según da cuenta copia auténtica de la resolución (f. 29-32 c. 4). 9.7. El 16 de mayo de 2008, la Fiscalía 83 Seccional de El Santuario reabrió la investigación penal por el delito de tentativa de homicidio de Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga. Conforme a la providencia, el CTI de la Fiscalía presentó informes que permitían vincular a Jair Andrés Jaramillo Noreña a ese hecho, según da cuenta copia auténtica de la resolución (f. 44 c. 4).

Hoyos Zuluaga. Conforme a la providencia, el CTI de la Fiscalía presentó informes que permitían vincular a Jair Andrés Jaramillo Noreña a ese hecho, según da cuenta copia auténtica de la resolución (f. 44 c. 4). 9.8. El 17 de junio de 2008, la Fiscalía 83 Seccional de El Santuario profirió resolución de apertura de instrucción en contra de Jair Andrés Jaramillo Noreña, por el delito de tentativa de homicidio contra Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga, ordenó vincular por indagatoria a Jair Andrés Jaramillo Noreña y decretó pruebas, según da cuenta copia auténtica de la resolución (f. 64-65 c. 4). 9.9. Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga era cónyuge de Sandra Patricia García Vargas, según da cuenta copia auténtica del registro civil de matrimonio (f. 39 c. 1). Responsabilidad por omisión del deber de seguridad y protección

10. El artículo 1 de la Ley 62 de 1993, en consonancia con los artículos 2 y 218

CN, dispone que la Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.9 Expediente n. 56,427

Demandante: Sandra Patricia García Vargas Niega pretensiones El presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, dirige la fuerza pública (artículo 189.3 CN) y le corresponde conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo cuando

Niega pretensiones El presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, dirige la fuerza pública (artículo 189.3 CN) y le corresponde conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo cuando sea perturbado (artículos 189.4 y 213 y siguientes CN). A su vez, el gobernador es agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público (artículo 303 CN). En consonancia, el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y le corresponde conservar el orden público de éste, de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del presidente de la República y del gobernador (artículo 315.2 CNJ. Por su parte, el artículo 2 de la Ley 48 de 1993, retomado por el mismo artículo de la Ley 1861 de 2017 y en concordancia con los artículos 2 y 217 CN, dispone que las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La jurisprudencia, en vigencia del artículo 16 de la Constitución de 1886” —que corresponde al artículo 2 CN-— concluyó que estos deberes no implican que el Estado sea un «asegurador general»? contra daños, tampoco entrañan una responsabilidad automática derivada exclusivamente de la afectación de un derecho? y encuentran su límite en los recursos materiales y humanos de que dispone las autoridades para disuadir y, en últimas, garantizar la seguridad e integridad!”. Al delimitar su alcance, la jurisprudencia ha considerado que el Estado es responsable patrimonialmente, a título de falla del servicio, por omisión en la

dispone las autoridades para disuadir y, en últimas, garantizar la seguridad e integridad!”. Al delimitar su alcance, la jurisprudencia ha considerado que el Estado es responsable patrimonialmente, a título de falla del servicio, por omisión en la obligación de prestar seguridad a las personas, cuando: (i) se solicita protección $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de noviembre de 2015, Rad. 34.776, [fundamento jurídico 17], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 499, disponible en https://bit.ly/3gjiduK. 7 Introducido por el artículo Y del Acto Legislativo n”. 1 de 1936 que, a su vez, corresponde con el artículo 19 original de la Constitución de 1886. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de julio de 1969, Rad. 541, párr. 62, en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 60, disponible en https://bit.ly/3gjjduK. 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 1990, Rad. 5.737 [fundamento jurídico 2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 68, disponible en https://bit ly/3gjiduK.

jurídico 2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 68, disponible en https://bit ly/3gjiduK. 10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 1998, Rad. 10.747, [fundamento jurídico b], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 88, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.10 Expediente n. 56.427

Demandante: Sandra Patricia García Vargas Niega pretensiones especial, por las particulares condiciones de riesgo en que se encuentra la persona!; (ii) no se solicita expresamente, pero es evidente que la persona necesitaba la protección, porque existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida o sus bienes”? y (iii) se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley??. En estos eventos se configura la responsabilidad civil extracontractual del Estado, pues se puede determinar con precisión el acreedor y el deudor de la obligación de seguridad. La Sala reitera que los deberes, por sí solos, no constituyen obligaciones, pues estas no se predican de personas indeterminadas!?.

11. La Ley 418 de 1997 creó, con cargo al Estado y con la dirección de la Fiscalía

los deberes, por sí solos, no constituyen obligaciones, pues estas no se predican de personas indeterminadas!?.

11. La Ley 418 de 1997 creó, con cargo al Estado y con la dirección de la Fiscalía General de la Nación, el «Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía» para brindar protección integral y asistencia social a quienes se encuentren en riesgo de sufrir agresiones o perder la vida, con ocasión de su intervención en un proceso penal (art. 67). Las personas amparadas por este programa podían tener protección física, asistencia social, cambio de identidad y de domicilio, y demás medidas temporales o permanentes encaminadas a garantizar en forma adecuada la preservación de su integridad física y moral y la de su núcleo familiar (art. 69). Para hacer parte del programa, el funcionario judicial que adelanta la actuación, cualquier otro servidor público, o directamente el propio interesado, puede solicitar a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos la vinculación de una persona determinada al Programa (art. 70). 1 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de julio de 1980, Rad. 10.134 [fundamento jurídico e] S.V. Alfonso Arango Henao; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de febrero de 1983, Rad. 3.331 [fundamento jurídico 2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 62 y 63, disponible en https://bit.ly/3gjjiduK.

Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 62 y 63, disponible en https://bit.ly/3gjjiduK. 12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 30 de octubre de 1997, Rad. 10.958 [fundamentos jurídicos |! y 111], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 412, disponible en https://bit.ly/3gjiduK. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 1998, Rad. 17.004, [fundamento jurídico 2.1.1]. 14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de junio de 2021, Rad. 38.186 [fundamento jurídico 6].11 Expediente n. 56.427

Demandante: Sandra Patricia García Vargas Niega pretensiones

12. Según la demanda, las demandadas incurrieron en falla del servicio por omisión al deber de seguridad y protección de Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga, pues tenían conocimiento de la situación de riesgo. Hoyos Zuluaga había presentado una denuncia y la Fiscalía dictó una orden de protección.

Está acreditado que el 24 de septiembre de 2006, Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga ingresó a la Unidad Hospitalaria León XIll de Medellín por herida de arma cortopunzante en cuello [hecho probado 9.1]. El 30 de octubre siguiente, presentó denuncia ante la Fiscalía Delegada de El Santuario por el delito de tentativa de

cortopunzante en cuello [hecho probado 9.1]. El 30 de octubre siguiente, presentó denuncia ante la Fiscalía Delegada de El Santuario por el delito de tentativa de homicidio en su contra y señaló, como responsable, a Jair Andrés Jaramillo [hecho probado 9.2]. Ese día, la Fiscalía abrió investigación previa por los hechos y decretó pruebas [hecho probado 9.3], y el 28 de diciembre de 2006, Sergio de Jesús Hoyos Zuluaga murió por disparos [hecho probado 9.4]. La Fiscalía 83 Seccional de El Santuario continuó la investigación, luego se inhibió y, el 16 de mayo de 2008, reabrió la indagación y vinculó por indagatoria a Jair Andrés Jaramillo Noreña como presunto responsable de la tentativa de homicidio en calidad de determinador [hechos probados 9.6 a 9.8].

13. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad, de conformidad con el artículo