CE - 050012331000200800226011SENTENCIA20230815151028

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 05001-23-31-000-2008-00226-01 (55644)

Actor: SALAMANCA ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.

Demandado: ISAGÉN S.A. E.S.P.

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. RÉGIMEN EXCEPTUADO DE LA LEY 80-No se limita a la ejecución, sino que aplica también a la fase precontractual. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS-Régimen exceptuado de contratación. ACCIÓN PROCEDENTE EN RÉGIMEN EXCEPTUADO-Dependerá de si, de acuerdo con las reglas de la oferta y la demanda, se formó el contrato.

CULPA CONTRACTUAL-Si se formó el contrato el demandante tiene derecho al interés positivo y debe demandarse mediante controversias contractuales. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL EN RÉGIMEN EXCEPTUADO-Si el contrato no se formó se tiene derecho al interés negativo y el medio de control es el de reparación directa. OFERTA EN RÉGIMEN EXCEPTUADO -Contiene los elementos esenciales del negocio jurídico. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA EN RÉGIMEN EXCEPTUADO-No puede ser condicionada. LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS EN CÓDIGO DE COMERCIO-Si la invitación a participar contiene los elementos de una oferta, según el artículo 860 del C.Co., cada postura implica una aceptación y el negocio se

LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS EN CÓDIGO DE COMERCIO-Si la invitación a participar contiene los elementos de una oferta, según el artículo 860 del C.Co., cada postura implica una aceptación y el negocio se formará con el mejor postor. INVITACIÓN A OFERTAR EN RÉGIMEN EXCEPTUADO-No contiene los elementos de una oferta y supone un concurso y la decisión de seleccionar al contratista. RESPONSABILIDAD EN FASE DE FORMACIÓN DEL CONTRATO DE RÉGIMEN EXCEPTUADO-Culpa in contrahendo. CULPA IN CONTRAHENDO-Aplicación a la responsabilidad de futuros contratantes es el régimen de derecho privado. CULPA IN CONTRAHENDO-Se configura cuando quien hizo una invitación a ofertar, se separa abruptamente de las reglas que fijó para el concurso. CULPA IN CONTRAHENDO EN RÉGIMEN EXCEPTUADO-Debe demostrarse que se separó injustificadamente de tas reglas del concurso y que el demandante presentó la mejor propuesta de acuerdo con la invitación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS-Valor probatorio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. INTERROGATORIO DE PARTE-Valor probatorio. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de marzo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 1 de julio de 2004, Isagén S.A. E.S.P —Isagénabrió convocatoria pública para2 Expediente n. 55.644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones

El 1 de julio de 2004, Isagén S.A. E.S.P —Isagénabrió convocatoria pública para2 Expediente n. 55.644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones seleccionar al contratista que prestaría los servicios de alimentaciór, aseo, cafetería, lavandería y administración de alojamientos para las centrales «Jaguas, San Carlos y Miel |» y los primeros tres servicios para la central Termocentro. Alegó que Isagén dividió la adjudicación en dos contratos —entre los primeros dos oferentes— y le adjudicó el de menor valor, aunque era el primero en el orden de elegibilidad. ANTECEDENTES El 26 de mayo de 2005, Salamanca Alimentación Industrial S.A. -Salamanca-, a través de apoderado judicial, formuló demanda contra Isagén. En apoyo de las pretensiones, afirmó que aunque el pliego de condiciones permitía la adjudicación dividida entre los dos primeros proponentes —un contrato para las centrales Jaguas y San Carlos y otro para Miel | y Termocentro—, debió adjudicársele el «ontrato «Jaguas y San Carlos», pues ocupó el primer lugar de elegibilidad y esi era el contrato de mayor cuantía. El 15 de junio de 2005, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín acImitió la demanda. El 28 de noviembre de 2007 ordenó la remisión del expediente a la jurisdicción contencioso administrativa —por la promulgación de la Ley 1107 de 2006—. El 31 de octubre de 2008, el Tribunal Administrativo de Antioquia adecuó la

jurisdicción contencioso administrativa —por la promulgación de la Ley 1107 de 2006—. El 31 de octubre de 2008, el Tribunal Administrativo de Antioquia adecuó la demanda a la acción de reparación directa y la inadmitió. El 3 de junio de 2009, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, Isagén sostuvo que el contrato se regía por el derecho privado. Alegó falta de legitimación en la causa por ¡activa y ausencia de responsabilidad precontractual, porque no se probó una conducta contraria a la buena fe. Explicó que la solicitud pública de ofertas le permitía dividir la adjudicación en dos contratos según su «exclusiva conveniencia». El 12 de febrero de 2015 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio. El 25 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia negó las pretensiones, al estimar que no se acreditó que Isagén vulneró el dber de3 Expediente n. 55.644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones buena fe en la etapa precontractual. La parte demandante interpuso el recurso de apelación, que fue concedido el 5 de agosto de 2015 y admitido el 22 de enero de

2016. La demandante esgrimió que no se siguieron las reglas de adjudicación, pues no se le adjudicó el «mejor contrato» al proponente que quedó primero en el orden

2016. La demandante esgrimió que no se siguieron las reglas de adjudicación, pues no se le adjudicó el «mejor contrato» al proponente que quedó primero en el orden de elegibilidad y la selección fue arbitraria. El 4 de abril de 2016 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1? de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $216.850.000?, Acción procedente

2. La Constitución Política de 1991, al regular los servicios públicos domiciliarios, como un apartado especial de la Constitución Económica introdujo un cambio sustancial: el nuevo ordenamiento constitucional dejó atrás la noción de servicio público que lo asimilaba a una proyección de la 'función pública” y optó por un 'nuevo servicio público' basado en el modelo competitivo, a la vez, libre e intervenido por el

público que lo asimilaba a una proyección de la 'función pública” y optó por un 'nuevo servicio público' basado en el modelo competitivo, a la vez, libre e intervenido por el Estado en su condición de director general de la economía (arts. 365 y 370 CN). Con esta regulación se superó la teoría clásica de los servicios públicos, que los 1 Isagén al momento en que ocurrieron los hechos y se presentó la demanda era una empresa de servicios públicos mixta —con participación pública superior al 50%- (f. 261 y 275 c. 1). 2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2005, $433.700, por 500.4 Expediente n. 55.644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones asimilaba a una función administrativa, para reformularla como una actividad económica inherente a las finalidades sociales de nuestro Estado de Lierecho. Transformación fundamental! hacia un derecho administrativo de la libertad”. Con la alteración drástica de esa noción clave del derecho administrativo, es apenas natural que los instrumentos jurídicos que la regulaban también hayan sufrido una significativa transformación. La perspectiva estatista, propia del régimen jurídico anterior a la expedición de las leyes 142 y 143, concebía a los servicios públicos como una actividad monopólica del Estado. Cuando un particular se encargaba de su prestación y al efecto usaba la infraestructura pública lo hacía forzosamente bajo la modalidad de concesión del servicio. Dentro de los múltiples preceptos de promoción de la competencia, contenidos en las leyes 142 y 143, ocupan especial lugar las reglas en materia de contratación, las cuales someten a un mismo marco jurídico a todos los operadcres con

Dentro de los múltiples preceptos de promoción de la competencia, contenidos en las leyes 142 y 143, ocupan especial lugar las reglas en materia de contratación, las cuales someten a un mismo marco jurídico a todos los operadcres con independencia de su naturaleza jurídica. Con sujeción a esos postulados, en especial, los de libre iniciativa, competencia y eficiencia económica, los articulos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 dispusieron que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se regirían por el derecho privado. A si vez, el parágrafo del artículo 8 y el artículo 76 de la Ley 143 de 1994 previercn que el régimen de contratación para las empresas prestadoras del servicio de electricidad era el derecho privado. La remisión al derecho privado excluye la aplicación del derecho público, salvo en aquellos casos puntuales previstos en la ley en los que se entiende: pueden proferirse actos administrativos. Así ocurre en las hipótesis reguladas por «l artículo 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de octubre de 2020, Rad. n. 48009. En sentido similar, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de mayo de 2004, Rad n”. AP 020; sentencia del 10 cle febrero de 2005, Rad n”. AP 254; sentencia del 24 de febrero de 2005, Rad n”. AP 1470; auto del 17 de febraro de 2005,

Rad n. 27673; sentencia del 26 de enero de 2006, Rad n”. AP 1944; sentencia del 26 de enero ce 2006, Rad n. AP 1640; sentencia del 2 de marzo de 2006, Rad n”. AP 543; sentencia del 2 de mayo de 2307, Rad n'. 16257; auto del 18 de julio de 2007, Rad n”. 29745; sentencia del 15 de agosto de 2007, Rad n”. AP 004; sentencia del 19 de junio de 2008, Rad n”. AP 005; Sección Tercera, Subsección B, sentencia de: 30 de junio de 2011, Rad n”. 32018; sentencia del 15 de noviembre de 2011, Rad n”. 21178, y Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003. 1 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de septierabre de 1997 Rad. S-701 [fundamento jurídico f]; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 20 de febrero de 2017, Rad 56562 [fundamento jurídico 1] con aclaración de voto; sentencia de 8 de junio de 2018, Rad. 38120 [fundamento jurídico 3.6] con aclaración de voto; en sentencia de 30 de septiembre de 2019, Rad. 43036 [fundamento jurídico 3.4.1] con aclaración de voto y Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 42003 [fundamento jurídico 61], con votos particulares.5 Expediente n. 55,644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones

Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 42003 [fundamento jurídico 61], con votos particulares.5 Expediente n. 55,644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones 33 de la Ley 142 —desarrollado por los artículos 56, 57, 116 y siguientes—. También lo hizo en los contratos para la concesión de Áreas de Servicio Exclusivo (art. 40). El parágrafo del artículo 8 de la Ley 143 además facultó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas —-CREGpara hacer obligatoria la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en cierto tipo de contratos, que se regirían por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Isagén —al momento en que ocurrieron los hechos y se presentó la demandaera una empresa de servicios públicos mixta —que tenía participación pública superior al 50%-, constituida como sociedad anónima de carácter comercial. Su objeto social era la producción y comercialización de energía, según da cuenta copia auténtica del Acuerdo n”. 051 de 2002 —manual de contratación de bienes y servicios— y copia auténtica del contrato n”. 46/1587 (f. 261 y 275 c. 1). Por ello, el régimen de contratación de Isagén era el derecho privado.

3. Las consecuencias jurídicas de esta regulación no se circunscriben al ámbito de la celebración y ejecución del contrato, sino que, también, conciernen a los actos de las partes encaminados a su formación. De ahí que cuando la ley —como en el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios— remite a otros regímenes, dicha

la celebración y ejecución del contrato, sino que, también, conciernen a los actos de las partes encaminados a su formación. De ahí que cuando la ley —como en el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios— remite a otros regímenes, dicha regulación no puede limitarse a la fase de ejecución contractual. Como en los regímenes exceptuados toda la actividad contractual —en sentido amplio— se rige por el derecho privado, no se puede limitar a la de ejecución del contrato, sino que abarca todas sus fases, es decir, desde la formación del negocio jurídico hasta la etapa postcontractual. Por ello, en la fase precontractual la regla predominante será, también, la autonomía privada (arts. 1602 CC y 870 C. Co) y las normas supletivas, como se verá a continuación, serán las correspondientes a la regulación de la oferta y la aceptación en la ley mercantil.

4. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido que los particulares tienen la posibilidad de abrir un concurso para la suscripción de un contrato y que en el marco de las reglas del mismo, corresponde, en la etapa de cierre, la «escogencia, dentro las presentadas oportunamente, de la solicitud que reúna las mejores condiciones, cometido que en veces ejecuta el propio anunciante». 5 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 1989, [fundamento jurídico 1 (c) segundo cargo), en G.J. 2435, p. 114.6

Expediente n. 55.644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones La aplicación del derecho privado, en la fase de formación del contrato, implica que

Expediente n. 55.644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones La aplicación del derecho privado, en la fase de formación del contrato, implica que la entidad estatal se encontrará en la misma posición que el particular, es d.=cir, que tiene la posibilidad de escoger un contratista mediante un concurso público, sin que ello signifique que emita actos administrativos. Los actos precontractuales de las entidades de los «regímenes exceptuados», de la misma forma que los de los particulares, no se catalogan como actos administrativos porque estos se fundan en la posición de supremacía de la administración, por virtud de las competencias que les asigna la ley y que les permiten imponer sus decisiones en contra de la voluntad de los particulares. Las decisiones que adoptan en la fase previa de formación del contrato corresponden a actos de gestión contractual, iguales a los que adoptaría un particular, quien por razón de la autonomía privada, define cómo y con quién entablar una relación de naturaleza contractual. Ello no quiere decir que estén exentas de responsabilidad, pues, como se verá más adelante, la apliciación del principio de buena fe exenta de culpa le impone obligaciones durante la etapa de las negociaciones previas [núm. 14]. Con esta perspectiva, la Sala ha subrayado que las decisiones adoptadas durante la etapa de formación del contrato adoptadas por las entidades sometidas a los «regímenes exceptuados», son expresiones de la autonomía privada como las que adoptan los particulares durante la fase de negociación y, por lo mismo, no son actos administrativos, salvo aquellos casos en los cuales la ley disponga expresamente lo contrariof. Como el régimen jurídico del contrato es exclusivamente el derecho privado, los

adoptan los particulares durante la fase de negociación y, por lo mismo, no son actos administrativos, salvo aquellos casos en los cuales la ley disponga expresamente lo contrariof. Como el régimen jurídico del contrato es exclusivamente el derecho privado, los actos precontractuales no son susceptibles de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, pues el daño no proviene de: un acto administrativo, ni lo que se pretende es adelantar un juicio de legalidad sobre una prerrogativa que refleje el poder de imperio del Estado.

5. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que el fundamento de la respectiva obligación resarcitoria dependerá, según las reglas de la oferta y la demanda, de si $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5 de julio de 2018. Rad. (59530) [fundamento jurídico 1], con A.V. Magistrado Guillermo Sánchez Luque.7

Expediente n. 55.644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones «el lazo contractual se ha perfeccionado o no»”. Si se perfeccionó el contrato por la confluencia del consentimiento de las partes, existirá, sin lugar a dudas, un derecho subjetivo al cumplimiento del contrato, de manera que la otra parte será contractualmente responsable de un comportamiento antijurídico que le es imputable y que habilita la reclamación del interés positivo, ya sea mediante la ejecución de la obligación o el pago del valor del objeto del contrato y, en ambos casos, con la indemnización de perjuicios (art. 1546 CC.)?. En este caso, la acción procedente será la de controversias contractuales. A su vez, si el contrato no se formó, pero las negociaciones estaban lo

casos, con la indemnización de perjuicios (art. 1546 CC.)?. En este caso, la acción procedente será la de controversias contractuales. A su vez, si el contrato no se formó, pero las negociaciones estaban lo suficientemente avanzadas para que el demandante considerara que ello iba a producirse o porque las reglas del proceso de negociación suponían que con él debía celebrarse el contrato, el demandante tendrá derecho al «interés negativo o de confianza»? y, en consecuencia, la acción procedente será la de reparación directa. En ejercicio de la autonomía privada o negocial, los sujetos de derecho tienen la libertad de celebrar de manera inmediata el negocio jurídico o luego de surtir un procedimiento formativo diferido en el tiempo. Aunque el Código Civil no regula las etapas de formación del contrato, el Código de Comercio sí lo hace, en los artículos 845 a 864. El artículo 845 define la oferta o propuesta como el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, que deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. La aceptación es un acto jurídico unilateral en el que el destinatario de la propuesta u oferta manifiesta su adhesión o aquiescencia incondicional a los términos de la misma. De conformidad con la ley mercantil sus características son las siguientes: (i) es un acto voluntario; (ii) debe ser pura y simple; (iii) debe ocurrir en tiempo y (iv) debe ser expresa. En relación con los contratos consensuales, su perfeccionamiento requiere que la 7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 1989, [fundamento jurídico 2 segundo cargo], en G.J. 2435, p.114.

7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 1989, [fundamento jurídico 2 segundo cargo], en G.J. 2435, p.114. 8 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de agosto de 1984, [fundamento jurídico 3 cargo único], en G.J. 2415, p. 225. 2 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 27 de junio de 1990, Rad. 239 [fundamento jurídico 1.1.2].8 Expediente n. 55.644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones oferta o propuesta, debidamente comunicada al destinatario, sea aceptada or éste, expresa o tácitamente (art. 864 C. Co.). Si se trata de contratos en los que se exige una formalidad constitutiva para su perfeccionamiento o nacimiento, solemne o real, se debe cumplir y observar adicionalmente la formalidad ad substantiam actus o haberse verificado la entrega de los bienes, según el caso (arts. 1500 CC y 824 C. Co.) El artículo 860 C. Co. establece que en todo género de licitaciones, públicas o privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de un contrato supeditado a que no haya postura mejor. Hecha la adjudicación al mejor postor, se desecharán las demás. De suerte que en el evento en que se haga invitación pública a contratar y esa invitación en sí misma contenga los elementos de una oferta, el contrato se formará con la aceptación presentada, que cumpla con los requisitos previstos en aquella!?.

el evento en que se haga invitación pública a contratar y esa invitación en sí misma contenga los elementos de una oferta, el contrato se formará con la aceptación presentada, que cumpla con los requisitos previstos en aquella!?. No toda intención dirigida a la formación de un contrato, incluso cuendo haya invitación pública, supone la existencia de una oferta, pues puede ocurrir que se trate simplemente de una invitación a contratar o formular ofertas?. En aste caso, la invitación pública no tendrá los efectos de la oferta, porque no tiene los alementos esenciales del artículo 845 C. Co. y, por ende, la sola respuesta a esa invitación no implica la formación del contrato. Esta respuesta será una oferta que podrá ser aceptada por quien invitó a los demás a participar en el proceso, luego de surtido un procedimiento que se caracteriza por un anuncio —que no es oferta, ell concurso en sí mismo y «la escogencia del concursante que reúne las mejores condiciones».1?3

6. Está acreditado que Isagén previó, en su manual de contratación, que para los contratos superiores a 1000 SMLMV se formularía una invitación general a 19 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 8 de marzo de 1395, Rad 4473

[fundamento jurídico 4] y sentencia de 12 de agosto de 2002, Rad 6151 [fundamento jurídico 2] 11 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 19€ 9, [fundamento jurídico 1 (b) segundo cargo], en G.J. 2435, p. 114 y sentencia 12 de agosto de 2002, Rad. 6151 [fundamento jurídico 3].

jurídico 1 (b) segundo cargo], en G.J. 2435, p. 114 y sentencia 12 de agosto de 2002, Rad. 6151 [fundamento jurídico 3]. 12 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 1989, [fundamento jurídico 1 (a) segundo cargo], en G.J. 2435, p. 114. 13 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 1939, [fundamento jurídico 1 segundo cargo], en G.J. 2435, p. 114.9 Expediente n, 55.644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones presentar ofertas —Acuerdo n”. 051 de 2002- (f. 261-273 c. 1). El documento denominado «solicitud pública de ofertas» expresamente dejó consignado que el proponente debía elaborar una propuesta que cumpliera todos los requisitos previstos. Iisagén después de evaluar las propuestas establecería el orden de elegibilidad y adjudicaría el contrato de forma global a un proponente o dos contratos a los dos primeros oferentes (f. 127-191 c. 1). Isagén no formuló una oferta en los términos del artículo 845 C. Co. No se trataba, entonces, de una licitación pública de las reguladas en el artículo 860 de ese código, pues su intención era invitar a que se presentaran «propuestas» para estudiar, de acuerdo con las reglas que estableció en esa invitación, con quienes de esos oferentes celebraría el contrato. Eso quiere decir que los invitados eran los oferentes y la sola presentación de su oferta no suponía el nacimiento del contrato, pues

acuerdo con las reglas que estableció en esa invitación, con quienes de esos oferentes celebraría el contrato. Eso quiere decir que los invitados eran los oferentes y la sola presentación de su oferta no suponía el nacimiento del contrato, pues debían seguirse las reglas previstas por la entidad. Como la invitación a contratar hecha por la entidad no constituyó una oferta, la presentación de las propuestas no supuso la celebración del contrato en los términos del artículo 860 C. Co. y, en tal virtud, la acción de reparación directa es la idónea para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de la fase precontractual. Demanda en tiempo

7. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. La demandante alega que no fue seleccionada para celebrar el «contrato de mayor cuantía», a pesar de presentar la mejor oferta. El término se contará desde el momento en que la demandante envió una comunicación a Isagén para que se reconsiderara la adjudicación, pues en ese momento manifestó que conocía el resultado del proceso de selección -20 de octubre de 2004-— (f. 145 c. 3). Como la demanda se presentó el 26 de mayo de 2005, según da cuenta sello del Juzgado Civil del Circuito, fue presentada en10

Expediente n. 55.644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones tiempo. Legitimación en la causa

2005, según da cuenta sello del Juzgado Civil del Circuito, fue presentada en10 Expediente n. 55.644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones tiempo. Legitimación en la causa

8. Salamanca Alimentación Industrial S.A. está legitimada en la causa por activa, pues participó en el proceso de selección n. 5/309 y presentó oferta [hecho probado 13.2]. lIsagén S.A. E.S.P. está legitimada en la causa por pasiva, pues abrió la solicitud pública de ofertas, evaluó las propuestas y seleccionó a los contratistas

[hechos probados 13.1 a 13.8]. ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configura la responsabilidad de una entidad con «régimen exceptuado» por culpa in contrahendo, cuando se desconocen las reglas de participación y no se le adjudica el contrato de «mayor valor» z: la mejor propuesta.

1. Análisis de la Sala

9. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estucliará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

10. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio!.

11. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el ciocumento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito

ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el ciocumento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.02; [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptcs, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit ly/3ajiduK11 Expediente n. 55.644

Demandante: Salamanca Alimentación Industrial S.A.

Niega las pretensiones probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).

12. El artículo 194 CPC dispone que la declaración o interrogatorio de parte es la forma en la que se provoca la confesión judicial. La declaración de parte solo se puede apreciar en los términos del artículo 195.2 CPC, es decir, en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria. Debe reunir los siguientes requisitos que establece esta norma: (i) que el confesante tenga capacidad y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo

produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria. Debe reunir los siguientes requisitos que establece esta norma: (i) que el confesante tenga capacidad y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; (ii) que recaiga sobre hechos sobre los cuales la ley no exija otro medio de prueba; (iii) que sea expresa, consciente y libre; (iv) que verse sobre hechos personales del confesante y (v) que se encuentre probada, cuando fu