CE - 050012331000200801006011SENTENCIA20230831171247

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-2008-01006-01 (54.222)

Actor: NELSON ASDRÚBAL SÁNCHEZ Y OTROS

Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE YARUMAL ESP Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA COMPETENCIA DEL SUPERIOR-3e decide sin limitación por apelación de ambas partes. COPIAS SIMPLESValor probatorio. ENTREVISTAS DE POLICÍA JUDICIAL-Valor probatorio. DAÑOS A TERCEROS ORIGINADOS EN ACCIDENTES LABORALES-Procedencia de la acción de reparación. ACTIVIDADES PELIGROSAS-Responsabilidad del Estado. CARGA DE LA PRUEBA-Quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia, artículo 177 CPC. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de enero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de B Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO El 12 de junio de 2007, Andrés Mauricio Sánchez murió por causa de una descarga eléctrica que recibió durante la jornada laboral en Yarumal, Antioquia. Alegan que su empleador, Empresas Públicas de Yarumal, lo sometió a un riesgo mayor del

eléctrica que recibió durante la jornada laboral en Yarumal, Antioquia. Alegan que su empleador, Empresas Públicas de Yarumal, lo sometió a un riesgo mayor del que debía asumir, pues no estaba capacitado -ni dotadopara manipular redes de electricidad. ANTECEDENTES El 28 de julio de 2008, Nelson Asdrúbal Sánchez Henao y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa en contra de Empresas Públicas de Yarumal ESP, para que se le declarara patrimonialmente2 Expediente n. 54.222

Demandante: Nelson Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones responsable por los daños causados por la muerte de Andrés Mauricio Sánchez Henao. Solicitaron como indemnización 300 SLMLV, por perjuicios morales, para cada demandante; 600 SMLMV, por daño a la vida de relación, para cada demandante y $68.258.324, por daños materiales, para los padres de Andrés

Mauricio Sánchez. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que, el 12 de junio de 2007, Andrés Mauricio Sánchez murió al recibir una descarga eléctrica por un cable de alto voltaje cuando desempeñaba labores para la Empresas Públicas de Yarumal. Alegan que Andrés Mauricio Sánchez no tenía la preparación técnica para llevar a cabo la labor que le ordenó su superior, que lo sometió a un riesgo que se concretó en su muerte. El 5 de agosto de 2008 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, Empresas Públicas de Yarumal alegó

concretó en su muerte. El 5 de agosto de 2008 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, Empresas Públicas de Yarumal alegó culpa de la víctima, fuerza mayor y cobro de lo no debido. Sostuvo que no incurrió en irregularidad alguna. La víctima fue imprudente al manipular una línea de conducción de energía sin tener los conocimientos para ello. Agregó que como la administradora de riesgos profesionales indemnizó a los demandantes por la muerte de su familiar, los demandantes pretendían una doble indemnización por el mismo daño. En escrito separado, formuló llamamiento en garantía a la Compañía Suramericana SA, con fundamento en la afiliación a esa administradora de riesgos profesionales. El 15 de abril de 2009 se admitió el llamamiento y se ordenó citar al tercero. Suramericana SA propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y pago, pues asumió la pensión de sobreviviente. El 9 de agosto de 2011, se admitió al municipio de Yarumal como sucesor procesal de Empresas Públicas de Yarumal, que fue liquidada. El 26 de noviembre de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante reiteró lo expuesto y el llamado en garantía agregó que como administradora de riesgos profesionales no respondía por la culpa patronal. El municipio de Yarumal y el Ministerio Público guardaron silencio.3 Expediente n. 54.222

Demandante: Nelson Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones

por la culpa patronal. El municipio de Yarumal y el Ministerio Público guardaron silencio.3 Expediente n. 54.222

Demandante: Nelson Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones El 28 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia negó las pretensiones, al considerar que como no estaban demostradas las circunstancias en las que murió Andrés Mauricio Sánchez, no se acreditaron los elementos de la falla del servicio, título de imputación aplicable a los eventos de daños causados por culpa patronal. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 15 de abril y admitido el 16 de junio de 2015. La recurrente sostuvo que el fallo de primera instancia no valoró todas las pruebas que obraban en el expediente, que daban cuenta de la muerte de Andrés Mauricio Sánchez al tocar un cable de conducción eléctrica. Señaló que el título de imputación aplicable no era la falla del servicio sino el riesgo excepcional, que no exige demostrar la culpa del demandado. El 21 de julio de 2015 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La parte demandante y el llamado en garantía reiteraron lo expuesto. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1% de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 20.2 CPC, el valor de la suma de las4

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Demandante: Nelson Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones pretensiones supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA!, esto es,

$230.750.000?. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?, en este caso por una falla que se imputa a una entidad pública (art. 90 CN, art. 86 CCA y art. 2341 CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda se interpuso en tiempo -28 de julio de 2008porque Andrés Mauricio Sánchez murió el 12 de junio de 2007 [hecho probado 7.11.

Legitimación en la causa

4. María Lidia Henao Franco, Fabio de Jesús Sánchez Vásquez, Sergio Alberto Sánchez Henao, Nelson Asdrúbal Sánchez Henao, Sandra Milena Sánchez Henao y Edisney del Socorro Sánchez Henao son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que conformaban el grupo familiar de Andrés Mauricio Sánchez [hecho probado 7.5]. Empresas Públicas de Yarumal estaba legitimado en la causa por pasiva, por ser la entidad empleadora de Andrés 1 Se aplican las cuantías previstas en la Ley 446 de 1988, pues a la fecha de interposición del recurso de apelación -17 de marzo de 2015ya habían entrado a regir, por Ley 954 del 28 de abril de 2005.

Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2008, $461 500, por 500. 3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 746 y 747, disponible en https://bit.Iy/3giiduK5 Expediente n. 54.222

Demandante: Nelson Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones Mauricio Sánchez [hecho probado 7.2]. El municipio de Yarumal es su sucesor procesal. ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la muerte de un trabajador que manipulaba líneas de tensión eléctrica es imputable a su empleador a título de falla del servicio.

Il. Análisis de la Sala Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC. Hechos probados

5. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio”.

6. Obra en el proceso copia auténtica de las entrevistas practicadas por la Policía Judicial en la investigación del accidente (f. 259-264 y 282-285 c. 1). Las versiones

6. Obra en el proceso copia auténtica de las entrevistas practicadas por la Policía Judicial en la investigación del accidente (f. 259-264 y 282-285 c. 1). Las versiones que no fueron recibidas bajo la gravedad de juramento en esta investigación no pueden ser tenidas como medio de prueba, pues no reúnen las características de la prueba testimonial.

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 7.1 El 12 de junio de 2007, Andrés Mauricio Sánchez murió como consecuencia de 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https: //bit ly/3gjiduK. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 2013, Rad. 20.601 [fundamento jurídico 12.3].6

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Demandante: Neison Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones un “shock cardiogénico” ocasionado por contacto con una línea eléctrica de alta tensión, a través de la palma de la mano derecha, que presentaba un patrón de

Demandante: Neison Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones un “shock cardiogénico” ocasionado por contacto con una línea eléctrica de alta tensión, a través de la palma de la mano derecha, que presentaba un patrón de agarre que dibujaba el conductor de energía eléctrica, según da cuenta copia auténtica del informe técnico de necropsia n. 2007-03011400058 (f. 175-180 c. 1) y copia auténtica del registro civil de defunción (f. 58 c. 1). 7.2 El 14 de agosto de 2007, Empresas Públicas de Yarumal reconoció a María Lidia Henao y Fabio de Jesús Sánchez Vásquez la suma de $350.718, por concepto de las prestaciones sociales de Andrés Mauricio Sánchez, quien laboró en la entidad desde el 9 de enero hasta el 12 de junio de 2007, en la sección de Acueducto, según da cuenta copia auténtica de la Resolución n. 256 de 2007 y respuesta al exhorto n. 046-2010 del municipio de Yarumal (f. 358-360 c. 1). 7.3 El 26 de octubre de 2007, María Lidia Henao Franco fue reconocida como beneficiaria de la pensión de sobreviviente por accidente de trabajo que sufrió su hijo Andrés Mauricio Sánchez, según da cuenta certificado de Suramericana SA (f. 143 c. 1). 7.4 El 8 de octubre de 2008, la Fiscalía General de la Nación archivó las diligencias investigativas por la muerte de Andrés Mauricio Sánchez, al considerar que se trataba de una conducta atípica, según da cuenta copia auténtica del auto de archivo

(f. 287-290 c. 1).

investigativas por la muerte de Andrés Mauricio Sánchez, al considerar que se trataba de una conducta atípica, según da cuenta copia auténtica del auto de archivo (f. 287-290 c. 1). 7.5 Andrés Mauricio Sánchez Henao era hijo de María Lidia Henao Franco y Fabio de Jesús Sánchez Vásquez y hermano de Sandra Milena, Nelson Asdrúbal, Sergio Alberto y Edisney del Socorro Sánchez Henao, según dan cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento (f. 60-65 c. 1). Responsabilidad del Estado por daños causados en accidentes laborales de servidores públicos o contratistas

8. Según algunas decisiones de la Sala, la acción de reparación directa es el mecanismo idóneo para que terceros, es decir, personas diferentes al trabajador o sus causahabientes, afectados por daños derivados de accidentes laborales de7

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Demandante: Nelson Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones servidores públicos -empleados y trabajadores oficiales-, reclamen la indemnización de los perjuicios sufridos, si la causa es imputable a una entidad pública. Asimismo, conforme a ese criterio, dicha acción también procede si el accidente que sufre un servidor público tiene una causa distinta al cumplimiento de la relación laboral o legal y reglamentariaf.

9. La ejecución de una actividad peligrosa puede causar perjuicios que deben ser indemnizados. No obstante, debe diferenciarse entre quienes ejercen la actividad, ya sea en calidad de empleados directos de la entidad o de trabajadores del contratista, y los terceros ajenos a la misma. Frente a los primeros, debe analizarse

indemnizados. No obstante, debe diferenciarse entre quienes ejercen la actividad, ya sea en calidad de empleados directos de la entidad o de trabajadores del contratista, y los terceros ajenos a la misma. Frente a los primeros, debe analizarse si se trata de daños que sufren quienes ejercen la actividad peligrosa que corresponde a la concreción de riesgos propios de su actividad, lo cual supone el estudio bajo el régimen de falla del servicio. En efecto, como el trabajador, sea del Estado o del contratista, participa en la creación del riesgo y se beneficia de un régimen laboral en razón de su oficio, el Estado sólo responde por no adoptar las medidas necesarias para minimizar el riesgo derivado de esa actividad, esto es, por someter al trabajador a un riesgo superior al que debía asumir. Frente a los terceros”, además de este título de imputación, podrá ser aplicable el riesgo excepcional?. En consecuencia, si se cumplen los presupuestos de la falla del servicio -título de imputación por excelencia-, porque se encuentra probada una omisión, retardo, 6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Rad. 15967 [fundamento jurídico 3.2.1] en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 625-628, disponible en https.//bit ly/3gjiduK. El Magistrado Ponente no comparte este criterio y estima que debe ser revisado en providencias futuras. A su juicio, el sistema de seguridad social integral previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas que lo adicionan, modifican o

comparte este criterio y estima que debe ser revisado en providencias futuras. A su juicio, el sistema de seguridad social integral previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas que lo adicionan, modifican o establecen regímenes exceptuados, así como el Código Sustantivo del Trabajo tienen previstos los mecanismos de reclamación de indemnizaciones por accidentes sufridos por servidores públicos, en cumplimiento de un vínculo laboral o legal y reglamentario -riesgos profesionales-. Dichas reclamaciones están sujetas al procedimiento de las normas especiales o al agotamiento de la vía administrativa o gubernativa (privilegio de lo previo) ante la Administración, según sea el caso. Si la decisión es desfavorable al interesado, este podrá acudir al juez laboral o al juez administrativo competente para conocer de asuntos contencioso-laborales, -en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho-, según corresponda. 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Rad. 15.967 [fundamento jurídico 3.4] en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 625 a 628, disponible en https://bit ly/3gjiduK. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2006, Rad. 14694 [fundamento jurídico

párrafo 49] en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 351, disponible en https://bit.ly/3gjiduK. El Magistrado Ponente no comparte este criterio, pero lo respeta y acoge. A su juicio, la letra y el espiritu del artículo 2356 CC no permiten aplicar una presunción de culpa o régimen de responsabilidad objetiva a las “actividades peligrosas”, como se ha dicho desde el célebre fallo de ta Corte Suprema de Justicia del 14 de marzo de 1938, en múltiples pronunciamientos que se alejan del texto del Código Civil.8 Expediente n. 54.222

Demandante: Nelson Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio, acompañada del daño que sufre un particular y la relación de causalidad entre la falta o falla de la Administración y el daño, debe acudirse al régimen subjetivo y, con base en este, estudiar la responsabilidad civil del Estado?.

10. Según la demanda, Andrés Mauricio Sánchez murió por una descarga eléctrica cuando ejecutaba labores para su empleador, Empresas Públicas de Yarumal.

Aunque pertenecía a la sección de acueducto, le impartieron la orden de manipular un cable de alta tensión sin la debida instrucción, capacitación y dotación. De modo que, la entidad demandada sometió a Andrés Mauricio Sánchez a un riesgo excepcional, al ordenarle desempeñar una actividad peligrosa para la que no estaba preparado. El daño, consistente en la muerte de Andrés Mauricio Sánchez, está demostrado a

excepcional, al ordenarle desempeñar una actividad peligrosa para la que no estaba preparado. El daño, consistente en la muerte de Andrés Mauricio Sánchez, está demostrado a través del informe técnico de necropsia n%. 2007-03011400058 y el registro civil de defunción [hecho probado 7.1]. Está acreditado que el 9 de enero de 2007, Andrés Mauricio Sánchez ingresó a trabajar a las Empresas Públicas de Yarumal, hasta el 12 de junio de 2007, en la sección de acueducto [hecho probado 7.2]. Ese día, Andrés Mauricio Sánchez sufrió un “shock cardiogénico” causado por una descarga eléctrica generada por un cable de alta tensión, que agarró con su mano derecha [hecho probado 7.1]. El 14 de agosto de 2007, Empresas Públicas de Yarumal reconoció a María Lidia Henao y Fabio de Jesús Sánchez las prestaciones sociales por el tiempo laborado por su hijo en la entidad [hecho probado 7.2] y el 26 de octubre de 2007, María Lidia Henao fue reconocida como beneficiaria de la pensión de sobreviviente por accidente de trabajo [hecho probado 7.3]. El 8 de octubre de 2008, la Fiscalía consideró que la muerte de Andrés Mauricio Sánchez no tenía incidencia penal y archivó la investigación [hecho probado 7.4]. 9 Cfr, Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 31 de agosto de 1982, Rad. 10625 [fundamento jurídico

párr. 12 a 17], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 631, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.9 Expediente n. 54.222

Demandante: Nelson Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones 10.1 Según la demanda, Andrés Mauricio Sánchez, el 12 de junio de 2007, desempeñaba sus labores como operario de la sección de acueducto cuando recibió la orden de trasladarse hacia un sitio conocido como Talcos de Yarumal, donde se le impartió la instrucción de ayudar a otros trabajadores de ¡zar una línea primaria que se encontraban reparando. Al manipular los cables de alta tensión, sin la preparación y la dotación necesarias, Andrés Mauricio Sánchez recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte.

Al proceso se trasladó la investigación penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación por la muerte de Andrés Mauricio Sánchez, en la que obran unas entrevistas de policía judicial (f. 259264 y 282-285 c. 1), realizadas a los compañeros de trabajo que se encontraban en el lugar de los hechos. Sin embargo, estas entrevistas no tienen valor probatorio, pues no reúnen los requisitos de la prueba testimonial, al no haberse practicado bajo la gravedad de juramento [núm. 6]. El demandante debió procurar la comparecencia de estas personas como testigos en este proceso para que, bajo la gravedad de juramento y con el cumplimiento de los requisitos de validez de la prueba, dieran cuenta detallada de las circunstancias que

demandante debió procurar la comparecencia de estas personas como testigos en este proceso para que, bajo la gravedad de juramento y con el cumplimiento de los requisitos de validez de la prueba, dieran cuenta detallada de las circunstancias que rodearon la muerte de Andrés Mauricio Sánchez. Estas circunstancias de tiempo, modo y lugar, que rodearon el accidente laboral eran necesarias para llevar a cabo el análisis de falla del servicio procedente en los eventos de daños sufridos por empleados o contratistas del Estado, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación [núm. 9]. Según las pruebas, existía un vínculo laboral de Andrés Mauricio Sánchez con las Empresas Públicas de Yarumal; durante ese vínculo se produjo su muerte, que fue calificada como accidente laboral y en virtud de ello se reconocieron y pagaron las prestaciones sociales derivadas de esa relación [hechos probados 7.3 y 7.4]. Sin embargo, no se demostraron las circunstancias que configuran la falla del servicio que se alegó en la demanda. En particular, no se demostró que Andrés Mauricio Sánchez fuera sometido a un riesgo superior al que debía asumir, por recibir la orden de apoyar trabajos de electricidad cuando no estaba preparado para ello y hacerlo sin la dotación necesaria para minimizar los riesgos de esa actividad peligrosa. Aunque está demostrado que Andrés Mauricio Sánchez estaba contratado para trabajar en la sección de acueducto, esa circunstancia no configura10 Expediente n. 54.222

Demandante: Nelson Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones por sí misma la falla del servicio ni prueba las omisiones que se alegaron en la demanda.

Expediente n. 54.222

Demandante: Nelson Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones por sí misma la falla del servicio ni prueba las omisiones que se alegaron en la demanda.

Aunque se acreditó que Andrés Mauricio Sánchez era empleado de las Empresas Públicas de Yarumal, en la sección de acueducto, y que su muerte se produjo por una descarga eléctrica durante el horario laboral, no obran pruebas en el expediente que den cuenta de las circunstancias en las que ocurrió el accidente de trabajo. El demandante no demostró que el señor Sánchez hubiera recibido la instrucción de manipular cables de alta tensión y que lo hubiera hecho sin que su empleador le suministrara los elementos de seguridad y la capacitación necesaria para llevar a cabo esa tarea. Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor — si excepciona— debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones?%, En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. La parte demandante no probó que sufrió un daño cierto, personal y directo, es decir, efectivamente causado y no hipotético. Por ello, la Sala revocará la sentencia apelada para negar las pretensiones.

La parte demandante no probó que sufrió un daño cierto, personal y directo, es decir, efectivamente causado y no hipotético. Por ello, la Sala revocará la sentencia apelada para negar las pretensiones.

14. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 19 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de febrero de 1936 [fundamento jurídico párr. 10] en Gaceta Judicial, Tomo XLIII n”. 1907 - 1908, pp. 334 - 336 y sentencia del 13 de enero de 1971 [fundamento jurídico IV párr. 4] en Gaceta Judicial, Tomo CXXXVIÍl, n. 2340 a 2345, p. 24.11 Expediente n. 54.222

Demandante: Nelson Asdrúbal Sánchez y otros Niega pretensiones FALLA: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 28 de enero de 2015, proferida por el

Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE NICOLÁS Y ho, we ALES

Presidente dela S

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCH UQUE

LGC