CE - 050012331000200801091011SENTENCIA20230623152315

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-2008-01091-01(55509)

Actor: JOSÉ DARÍO ÁLVAREZ NIETO Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE YOLOMBÓ Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DECLARACIONES EXTRAJUICIO-Valor probatorio. PROVIDENCIAS JUDICIALES-Valor probatorio. INDAGATORIAS-Las declaraciones de terceros deben ser recibidas bajo la gravedad de juramento. PRUEBA TRASLADADA-Valor probatorio. RECORTES DE PRENSA-Valor probatorio.

EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Culpa exclusiva de la víctima. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-Eximente de responsabilidad civil extracontractual del Estado. CULPA-Concepto. SOBRECUPO-Exceso de número de pasajeros sobre la capacidad autorizada, Ley 769 de 2002. CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTE Y PASAJEROS-Deben comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, artículo 55 Ley 769 de 2002. PROHIBICIÓN DE LLEVAR PASAJEROS EN LA PARTE EXTERIOR DEL VEHÍCULO O POR FUERA DE LA CABINA-No está permitido salvo aquellos vehículos que

sean aplicables, artículo 55 Ley 769 de 2002. PROHIBICIÓN DE LLEVAR PASAJEROS EN LA PARTE EXTERIOR DEL VEHÍCULO O POR FUERA DE LA CABINA-No está permitido salvo aquellos vehículos que por su naturaleza lo requieran, artículo 88 Ley 769 de 2002. CONFESIÓN JUDICIAL ESPONTÁNEA-Concepto, requisitos y valor probatorio CPC. TESTIMONIO-Crítica testimonial. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMAConducta imprudente, contraria a la que debería haber observado y determinante para la ocurrencia del accidente. CAUSA DIRECTA Y ADECUADA DEL DAÑO-Exclusivamente imputable a la conducta negligente de la víctima. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 21 de agosto de 2006, María del Carmen Bohórquez Henao murió al caer del techo de un vehículo particular, que transitaba con sobrecupo, en la vía CisnerosPuerto Berrío, en la vereda Cantayus, Santo Domingo, Antioquia. Alegan falla del servicio por omisión en la vigilancia de la vía y del servicio de transporte. ANTECEDENTES El 20 de agosto de 2008, José Darío Álvarez Nieto y otros, a través de apoderado2 Expediente n. 55.509

Demandante: José Darío Álvarez Nieto y otros Niega pretensiones judicial, formularon demanda de reparación directa contra el Municipio de

Expediente n. 55.509

Demandante: José Darío Álvarez Nieto y otros Niega pretensiones judicial, formularon demanda de reparación directa contra el Municipio de Yolombó. Solicitaron 1000 SMLMV para cada uno de los demandantes, por perjuicios morales; 200 SMLMV, por alteración a las condiciones de existencia y $440.378.200 por lo dejado de percibir por María del Carmen Bohórquez Henao con ocasión de su muerte, por lucro cesante. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que María del Carmen Bohórquez Henao murió al caer del techo de un vehículo particular en movimiento. Adujo que la demandada omitió su deber de vigilar la vía y el servicio de transporte, al permitir que un vehículo particular con sobrecupo transitara, circunstancia que causó la muerte.

El 23 de septiembre de 2008 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, el Municipio de Yolombó alegó la culpa exclusiva de la víctima, pues María del Carmen Bohórquez Henao estaba ubicada en el techo del vehículo al momento del accidente. Formuló llamamiento en garantía contra la Cooperativa Multiactiva de Transportadores-COOTRANSYOL que, fue aceptado el 3 de marzo de 2009. El llamado en garantía adujo culpa exclusiva de la víctima. El 12 de febrero de 2015 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante y la demandada reiteraron lo expuesto. La llamada en garantía y el Ministerio Público guardaron silencio.

Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante y la demandada reiteraron lo expuesto. La llamada en garantía y el Ministerio Público guardaron silencio. El 27 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia negó las pretensiones, al considerar que no se acreditó la omisión de algún deber de la demandada y que, por el contrario, el accidente ocurrió por culpa del conductor y de la víctima directa, pues no cumplieron las normas de tránsito. La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 15 de julio de 2015 y admitido el 9 de marzo de 2016. Esgrimió que se probó la omisión en la vigilancia de la vía y el servicio de transporte. El 13 de febrero de 2017 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia3 Expediente n. 55.509

Demandante: José Dario Alvarez Nieto y otros Niega pretensiones

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación

instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $230.750.0001. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?, en este caso por una omisión que se imputa al municipio demandado (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda se interpuso en tiempo -20 de agosto de 2008— porque el accidente de tránsito en que murió María del Carmen Bohórquez Henao ocurrió el 21 de agosto de 2006 [hecho probado 12.3]. 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2008, $461.500, por 500. ? Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos

1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2008, $461.500, por 500. ? Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744,746 y 747, disponible en https://bit ly/3gjiduK.4 Expediente n. 55.509

Demandante: José Darío Álvarez Nieto y otros Niega pretensiones Legitimación en la causa

4. Weimar Andrés, Natalia Milena, Viviana Andrea y Valentina Álvarez Bohórquez son las personas sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, pues conforman el núcleo familiar de María del Carmen Bohórquez Henao

[hecho probado 12.8]. El Municipio de Yolombó está legitimado en la causa por pasiva, pues el alcalde es una autoridad de tránsito con funciones regulatorias y sancionatorias a la que le corresponde velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y privadas abiertas al público (arts. 3 y 7 de la Ley 769 de 2001, Código Nacional de Tránsito). ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el Estado es responsable por omisión en el deber de vigilancia en la seguridad vial y en el servicio de transporte, en un

de 2001, Código Nacional de Tránsito). ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el Estado es responsable por omisión en el deber de vigilancia en la seguridad vial y en el servicio de transporte, en un accidente de una persona que cayó del techo de un vehículo en movimiento. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?.

7. El demandante aportó unas declaraciones extrajuicio (f. 39-42 y 200 c. 1). Este tipo de declaraciones, al ser sumarias, requieren de ratificación judicial de 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge.

Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3ajiduK.5 Expediente n”, 55.509

Demandante: José Darío Álvarez Nieto y otros Niega pretensiones conformidad con el artículo 229 CPC. Como no fueron ratificadas no serán valoradas.

Expediente n”, 55.509

Demandante: José Darío Álvarez Nieto y otros Niega pretensiones conformidad con el artículo 229 CPC. Como no fueron ratificadas no serán valoradas.

8. Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales, pero no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento. En cada proceso el juez debe fundarse en las pruebas allegadas al mismo (art. 174 CPC) y las partes deberán tener la oportunidad para contradecirlas.

9. La parte demandante aportó al proceso copia simple de la diligencia de indagatoria rendida por John Jairo Mejía Arango (f. 123-126 c. 1). El artículo 227

CPC dispone que las declaraciones de terceros sean recibidas bajo la gravedad del juramento. Como las declaraciones contenidas en versiones libres e indagatorias no cumplen con este mandato legal, no será valorada.

10. Al proceso se aportó, como prueba trasladada, los testimonios rendidos en la investigación penal adelantada por el presunto homicidio de María del Carmen Bohórquez Henao (f. 108-113 y 140-143 c. 1). Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Las pruebas documentales trasladadas podrán ser valoradas, aunque no se hubieran practicado con la intervención de la contraparte, si han obrado en el expediente y no han sido tachadas de falsedad. Los testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación, cuando

ser valoradas, aunque no se hubieran practicado con la intervención de la contraparte, si han obrado en el expediente y no han sido tachadas de falsedad. Los testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación, cuando son allegados a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en ellos, o cuando las dos partes los solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación?. Como ambas partes solicitaron la prueba (f. 11-17 y 220 c. 1), será valorada.

11. En el expediente obran recortes de prensa (f. 50 c. 1). Las informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellos 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24.844 [fundamento jurídico 3.3.3.2]. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, Rad. 20.601

[fundamentos jurídicos 12.2.16 y 12.2.17], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 18172017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 369-370, disponible en https: //bit.ly/3gjiduK6 Expediente n. 55.509

Demandante: José Darío Alvarez Nieto y otros Niega pretensiones contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas condiciones serán valoradas en este proceso.

12. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al

proceso, se demostraron los siguientes hechos:

Niega pretensiones contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas condiciones serán valoradas en este proceso.

12. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 12.1. El 21 de agosto de 2006, la policía de carreteras informó a la Seccional de Policía Judicial e Investigación de Cisneros sobre un cadáver que se encontraba en una vía. El «hecho se había originado» en un vehículo campero, marca Nissan, color rojo, que conducía John Jairo Mejía Arango. La policía judicial solicitó apoyo a la policía de Yolombó para ubicar el vehículo, al conductor y a sus pasajeros, quienes fueron entrevistados ese día en la tarde, según da cuenta copia simple del oficio n. 452/SIJIN (f. 91-94 c. 1). 12.2. El 21 de agosto de 2006, la Unidad Investigativa de la Policía Judicial de Cisneros de la Fiscalía General de la Nación practicó el levantamiento del cadáver de María del Carmen Bohórquez Henao en la vía de Cisneros-Puerto Berrío, en la vereda Cantayus, Santo Domingo, Antioquia, con señalización, según da cuenta copia simple del acta de inspección de cadáver n.” 012 (f. 102-103 c. 1). 12.3. El 21 de agosto de 2006, María del Carmen Bohórquez Henao murió por «muerte violenta», según da cuenta copia auténtica del certificado del registro civil de defunción (f. 27 c. 1). 12.4. El 21 de agosto de 2006, el comandante de la estación de policía de Yolombó

«muerte violenta», según da cuenta copia auténtica del certificado del registro civil de defunción (f. 27 c. 1). 12.4. El 21 de agosto de 2006, el comandante de la estación de policía de Yolombó dejó a disposición de la Fiscalía Seccional de Cisneros a John Jairo Mejía Arango y al vehículo Campero Nissan Patrol modelo 81, particular, «cabinado», color rojo y crema, placa LXI 508, motor n.” P516291TRANSENV y chasis n.” G6104614 (f. 9596 c. 1). 12.5. El 22 de agosto de 2006, la Unidad Investigativa de la Policía Judicial de Cisneros de la Fiscalía General de la Nación ordenó la entrega provisional del £ Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad. 2011-01378 [fundamento jurídico 4] y sentencia del 1 de marzo de 2006, Rad. 16.587 [fundamento jurídico 3.2]. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 18172017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 377-378, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.- Expediente n?. 55.509

Demandante: José Darío Alvarez Nieto y otros Niega pretensiones vehículo con placa LXI 508 a Gerardo Antonio Mejía Orrego, su propietario, según da cuenta copia simple de la decisión de entrega definitiva del vehículo (f. 149-150

E 12.6. El 22 de noviembre de 2007, la Unidad Investigativa de la Policía Judicial de

da cuenta copia simple de la decisión de entrega definitiva del vehículo (f. 149-150 E 12.6. El 22 de noviembre de 2007, la Unidad Investigativa de la Policía Judicial de Cisneros de la Fiscalía General de la Nación ordenó la entrega definitiva del vehículo con placa LX! 508 a Gerardo Antonio Mejía Orrego, según da cuenta copia simple de la decisión (f. 149-150 c. 1). 12.7. El 5 de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, en sentencia anticipada, condenó a John Jairo Mejía Arango a 28 meses de prisión y 14 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de homicidio culposo de María del Carmen Bohórquez Henao, por haber transportado a pasajeros en el techo del vehículo en estado de embriaguez, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 184-188 c. 2). 12.8. Weimar Andrés, Natalia Milena, Viviana Andrea y Valentina Álvarez Bohórquez eran hijos de María del Carmen Bohórquez Henao, según dan cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento (f. 21, 23, 25 c. 1 y f. 9 c.2). Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad civil del Estado

13. La Sala reitera que el Estado puede exonerarse si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima. Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada

provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima. Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada y para que se configuren deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado”. Frente a la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que este participó y que fue causa eficiente en la producción del resultado o daño?. 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de marzo de 1997, Rad. 10.385 [fundamento jurídico 13] y sentencia del 24 de agosto de 1989, Rad. 5.693 [fundamentos jurídicos 11-13], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 242 y 602-603, disponible en https://bit.ly/3ajiduK. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2000, Rad.11.981 [fundamento jurídico 2.8] y sentencia del 25 de julio de 2002, Rad. 13.744 [fundamento jurídico 3], en Antología8 Expediente n. 55.509

Demandante: José Darío Álvarez Nieto y otros Niega pretensiones El orden jurídico impone a las personas —tanto las naturales, como las jurídicas, estas a través de sus agentesque en todos sus actos procedan con la prudencia

Demandante: José Darío Álvarez Nieto y otros Niega pretensiones El orden jurídico impone a las personas —tanto las naturales, como las jurídicas, estas a través de sus agentesque en todos sus actos procedan con la prudencia y diligencia necesaria, a fin de no causar daño a nadie. La culpa es un error de conducta, en que incurre quien asume un comportamiento —por acción o por omisión— contrario al esperado, por negligencia, imprevisión o impericia. La culpa civil en el ámbito de la responsabilidad civil “tanto de los particulares como del Estadoes la conducta contraria a la que debiera haberse observado (art. 63 CC).

Una conducta desviada, bien por imprudencia, por ignorancia, por torpeza o por otro motivo semejante?.

14. Toda persona debe acatar los mandatos de la Constitución y de las leyes, conforme con los arts. 4” inc. 2, 6 inc. 1 y 95 inc. 2 CN, que retomaron lo dispuesto por los artículos 9 y 18 CC, 56 y 57 CRPM y 66 CCA (hoy 89 CPACA).

La seguridad de los usuarios es uno de los fines —quizá el más importante— del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002 (art. 1). Congruente con el deber jurídico de cumplimiento de la ley al que están obligados nacionales y extranjeros (art. 18 CC), acatar las disposiciones de tránsito busca reducir riesgos y evitar daños en la vida e integridad personal del conductor, de sus compañeros y de terceros. Los mandatos y las prohibiciones legales buscan, respectivamente, encauzar la conducta de las personas hacia un bien deseable —la protección de la vida e

en la vida e integridad personal del conductor, de sus compañeros y de terceros. Los mandatos y las prohibiciones legales buscan, respectivamente, encauzar la conducta de las personas hacia un bien deseable —la protección de la vida e integridad de todos los que se encuentran en las vías públicas—, así como alejarlos de conductas nocivas no deseables, que pongan en riesgo a los usuarios de estas vías. Por ello, la norma general de comportamiento en la vía exige a conductores, pasajeros y peatones actuar en forma que no se obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás; conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables y obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito (art. 55). De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito Terrestre, el sobrecupo es el exceso Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 245, disponible en https://bit.ly/3gjiduK. 9 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de julio de 1912, en Gaceta Judicial, Tomo XXI, n. 1040 a 1041, p. 262, [fundamento jurídico párr. 20] y sentencia del 11 de marzo de 1952, en Gaceta Judicial, Tomo LXXI, n. 2110 a 2111, p. 390, [fundamento jurídico !].9 Expediente n. 55.509

Demandante: José Darío Álvarez Nieto y otros Niega pretensiones de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un vehículo automotor (art. 2) y,

Expediente n. 55.509

Demandante: José Darío Álvarez Nieto y otros Niega pretensiones de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un vehículo automotor (art. 2) y, por ello, constituye una infracción de tránsito sancionada con multa (art. 131, C.15).

Llevar pasajeros en la parte exterior, o fuera de la cabina, es otra conducta prohibida al conducir vehículos, salvo aquellos que por su naturaleza lo requieran, como los vehículos de atención de incendios y recolección de basuras. Tampoco la ley permite la movilización de pasajeros en los estribos de los vehículos (art. 83).

15. Según la demanda, el Municipio de Yolombó es patrimonialmente responsable por el accidente en el que murió María del Carmen Bohórquez Henao, pues omitió su deber de vigilar la vía y el servicio de transporte.

El daño está demostrado, porque María del Carmen Bohórquez Henao murió el 21 de agosto de 2006 en un accidente en la vía Cisneros-Puerto Berrío, en la vereda Cantayus, Santo Domingo, Antioquia [hechos probados 12.2 y 12.3]. Está acreditado que el 21 de agosto de 2006, la policía de carreteras informó a la policía judicial sobre un cadáver que se encontraba en una vía. El «hecho se había originado» en un vehículo campero, marca Nissan, color rojo, conducido por John Jairo Mejía Arango [hecho probado 12.1]. Ese día, María del Carmen Bohórquez Henao murió por «muerte violenta» [hecho probado 12.3] y la policía judicial practicó

Jairo Mejía Arango [hecho probado 12.1]. Ese día, María del Carmen Bohórquez Henao murió por «muerte violenta» [hecho probado 12.3] y la policía judicial practicó el levantamiento del cadáver en la vía Cisneros-Puerto Berrío, en la vereda Cantayus, Santo Domingo, Antioquia [hecho probado 12.2]. También el 21 de agosto, la policía dejó a disposición de la Fiscalia a John Jairo Mejía Arango y al vehículo con placa LXI 508 [hecho probado 12.4]. En 2007, la policía judicial entregó el vehículo con placa LXI 508 a su propietario, Gerardo Antonio Mejía Orrego, [hechos probados 12.5 y 12.6]. En 2009, un juzgado condenó a John Jairo Mejía Arango por el delito de homicidio culposo de María del Carmen Bohórquez Henao, por haber transportado pasajeros en el techo del vehículo, en estado de embriaguez [hecho probado 12.7].

16. El artículo 194 CPC dispone que la confesión judicial espontánea es la que se hace en la demanda y su contestación, o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio. La confesión solo se puede apreciar en los términos del artículo 195.2 CPC, es decir, en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria. Debe reunir los10

Expediente n. 55.509

Demandante: José Darío Álvarez Nieto y otros Niega pretensiones siguientes requisitos que establece esta norma: (i) que el confesante tenga

Expediente n. 55.509

Demandante: José Darío Álvarez Nieto y otros Niega pretensiones siguientes requisitos que establece esta norma: (i) que el confesante tenga capacidad y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado, (ii) que recaiga sobre hechos sobre los cuales la ley no exija otro medio de prueba; (iii) que sea expresa, consciente y libre; (iv) que verse sobre hechos personales del confesante; y (v) que se encuentre probada, cuando fuere extrajudicial o judicial trasladada. Conforme al artículo 197 CPC, la confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 101 CPC.

El hecho cuarto de la demanda afirmó que «al amanecer el día 21 de agosto de 2006, 6 a.m., el vehículo [...] conducido por Jhon Jairo Mejía Arango, mientras hacia el recorrido entre Cisneros y Yolombó, con exceso de cupo transportando pasajeros, arrojó al piso a la señora occisa María del Carmen Bohórquez Henao, quien viajaba encima de la carrocería del vehículo con otros pasajeros» (f. 4 c. 1). La Sala advierte que la parte demandante confesó en la demanda que —al momento del accidente— María del Carmen Bohórquez Henao iba encima de la carrocería del vehículo que, además, transitaba con sobrecupo. De modo que, de la demanda se extrae la confesión de hechos. Confesión que produce consecuencias jurídicas adversas al confesante, recae sobre hechos personales sobre los que la ley no exige otro medio

además, transitaba con sobrecupo. De modo que, de la demanda se extrae la confesión de hechos. Confesión que produce consecuencias jurídicas adversas al confesante, recae sobre hechos personales sobre los que la ley no exige otro medio de prueba, fue libre, expresa y consciente y el demandante y su apoderado tenían capacidad y poder dispositivo para confesarlos, según los artículos 194, 195 y 197 CPC.

17. Claudia Patricia Ramírez Bohórquez —residente del municipio de Yolombó— declaró que estaba con María del Carmen Bohórquez Henao, antes de que abordara el vehículo y que Bohórquez Henao «estaba tomada» (f. 110-111 c. 1). Julián David Ospina Correa, soldado regular adscrito al Batallón Bomboná del Ejército Nacional entidad que no fue demandada en este proceso—, narró que el día de los hechos estaba en servicio en un retén y vio que María del Carmen Bohórquez Henao iba en el techo de un Nissan rojo «con dos manes más» (f. 112-113 c. 1). Claudia Patricia Serna González —pasajera del vehículo al momento del accidente— declaró que María del Carmen Bohórquez Henao estaba en el «capacete» del carro, en estado de alicoramiento y cayó del carro en el trayecto al municipio de Yolombó (f. 140-14311

Expediente n. 55.509

Demandante: José Darío Álvarez Nieto y otros Niega pretensiones c. 1).

Los testigos describieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presenciaron cómo ocurrió el accidente de tránsito. Su dicho es claro, verosímil y no se aprecian inconsistencias, ni lagunas en la versión de los hechos narrados.

Los testigos describieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presenciaron cómo ocurrió el accidente de tránsito. Su dicho es claro, verosímil y no se aprecian inconsistencias, ni lagunas en la versión de los hechos narrados. Estas declaraciones dan cuenta de la conducta de María del Carmen Bohórquez Henao como pasajera del vehículo cuando ocurrió el accidente. Son, además, coincidentes con la confesión de la parte demandante [núm. 16].

18. Conforme a las pruebas de este proceso, María del Carmen Bohórquez Henao estaba en el techo de un campero rojo, con placa LX! 508, que transitaba en la vía Cisneros-Puerto Berrío. El vehículo iba con sobrecupo y Bohórquez Henao estaba en estado de embriaguez cuando cayó del vehículo en movimiento y murió. La apreciación de las pruebas en conjunto permite establecer que la causa directa de la muerte de María del Carmen Bohórquez Henao corresponde a un hecho de la víctima que subió, en estado de alicoramiento, al techo de un vehículo particular, que transitaba con sobrecupo. La conducta de Bohórquez Henao fue imprudente, contraria a la que debería haber observado y determinante para la ocurrencia del accidente. Por ello, la causa directa y adecuada del daño es exclusivamente imputable a su conducta negligente. Ante la situación creada por la propia víctima, la Sala declarará la configuración de una causa extraña que impide que el daño antijurídico sea imputado a la demandada y confirmará la sentencia apelada.

19. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la

19. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998