CE - 050012331000200901037011SENTENCIA20230131162129

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Radicación: Acción de nulidad 05001-23-31-000-2009-01037-01

Demandante: Santiago Vélez Penagos.

Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. – EPM E.S.P.

Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA PRINCIPIO DE

CONGRUENCIA/ RECURSO DE APELACIÓN NO ES LA

OPORTUNIDAD PROCESAL PARA ALEGAR ARGUMENTOS

NUEVOS / ACTOS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS

PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ALCANCE DEL OBJETO SOCIAL

DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

/ ACTIVIDADES PRINCIPALES Y SECUNDA RIAS DEL OBJETO

SOCIAL / ACTIVIDADES QUE SE ENTIENDEN INCLUIDAS EN EL

OBJETO SOCIAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da, en contra de la sentencia del 21 de febrero de 2014 , proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, que declaró la nulidad del acto administrativo demandado.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

Mediante escrito 1 presentado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el ciudadano SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS , actuando en su propio nombre y

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

Mediante escrito 1 presentado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el ciudadano SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS , actuando en su propio nombre y representación, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 8 4 del Código Contencioso Administrativo – CCA en contra de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM), con miras a obtener las siguientes declaraciones:

«Demando la nulidad del decreto #1692 de septiembre de 2008, por medio del cual se fijan las condiciones generales para implementación del programa de financiación social de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.»

I.1.1.- Los hechos que sustentan la demanda

Los hechos relevantes que sustentan la demanda son los siguientes:

1 Fls. 1 - 11 Cuaderno 1 del Tribunal.2

RADICACIÓN: 05001-23-31-000-2009-01037-01

DEMANDANTE: SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS

DEMANDADO: EPM E.S.P.

1. EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., en adelante EPM, es una entidad descentralizada del orden municipal, creada mediante el Acuerdo del Concejo Municipal de Medellín No. 58 del 6 de agosto de 1955 , como un Establecimiento Público Autónomo. Posteriormente, fue transformada en empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, por Acuerdo No. 069 de 10 de diciembre de 1997 expedido por el Concejo de Medellín.

2. Indicó que EPM, como empresa industrial y comercial del Estado, está dotada de

comercial del Estado del orden municipal, por Acuerdo No. 069 de 10 de diciembre de 1997 expedido por el Concejo de Medellín.

2. Indicó que EPM, como empresa industrial y comercial del Estado, está dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, capital independiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 489 de 1998. Los estatutos vigentes para EPM se encuentran en el Acuerdo 12 de 1998, modificado por el Acuerdo 32 de 2006, expedidos por el Concejo de Medellín , mediante el cual se adicionó el artículo 17bis, creando el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

3. EPM tiene como objeto la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía y distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural y demás servicios de telecomunicaciones. También puede prestar el servicio público de aseo, así como las demás actividades complementarias propias de cada uno de los servicios públicos y el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos.

4. El gerente de EPM expidió el Decreto 1692 de 2008 con el fin de implementar el denominado «Programa de Financiación Social».

I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación

I.1.2.1.- Normas violadas

5. La parte demandante enunció la violación de normas superiores y legales así:

1. Constitución Política arts. 122,123 y 209.

2. Artículos 3º, 17, 18 y 19 de la Ley 142 de 1994.

5. La parte demandante enunció la violación de normas superiores y legales así:

1. Constitución Política arts. 122,123 y 209.

2. Artículos 3º, 17, 18 y 19 de la Ley 142 de 1994.

3. Artículos 15, 16, 38 y 68 de la Ley 489 de 1998.

I.1.2.2.- El concepto de la violación

6. La parte actora consideró que el acto administrativo acusado fue expedido con: i) violación a las normas procesales y sustanciales en que debería fundarse; ii) falta de competencia , y iii) falta de motivación. Para ello, f ormuló los cargos de la

siguiente manera:

1. Respecto de la vulneración de las normas superiores en que debía fundarse el acto acusado

• Violación de las Leyes 142 de 1994 y 489 de 19983

RADICACIÓN: 05001-23-31-000-2009-01037-01

DEMANDANTE: SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS

DEMANDADO: EPM E.S.P.

7. La parte actora arguyó que la Ley 142 de 1994 estableció el régimen de las empresas de servicios públicos domiciliarios y en el artículo 19 determina que, en lo no previsto en esta ley, se regirán por las normas del Código de Comercio sobre sociedades anónimas. Sin embargo, resaltó que debido a que EPM E.S.P. era una empresa de servicios públicos oficial, entendida como aquella cuyo capital es de la Nación, las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas por ser propietarias del 100% de los aportes, en lo no p revisto por la Ley 142 de 1994

empresa de servicios públicos oficial, entendida como aquella cuyo capital es de la Nación, las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas por ser propietarias del 100% de los aportes, en lo no p revisto por la Ley 142 de 1994 deberá regirse exclusivamente por la Ley 489 de 1998.

8. Aseguró que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, a EPM E.S.P. le es aplicable dicha ley y , en tal virtud, se regirá por los principios de la función administrativa, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia . Destacó que, según lo señalado por el artículo 3 de esa ley , estos principios se aplican igualmente en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.

9. Refirió que el artículo 18 de la Ley 142 de 1994 dispuso que el objeto de las empresas de servicios públicos se restringe a la prestación de uno o más servicios públicos a los que señala dicha ley, o a realizar las actividades complementarias a estos. Por tanto, sostuvo que las actividades que puede desarrollar una empresa de servicios públicos , en adelante ESP, se restringen a aquellas que sean necesarias para la prestación de uno o varios de los servicios públicos domiciliarios o sus actividades compleme ntarias, establecidas en el régimen de servicios públicos.

10. Recordó que el artículo 99 del Código Comercio dispone que las empresas solo podrán desarrollar aquellas actividades contempladas en su objeto social. Así las

o sus actividades compleme ntarias, establecidas en el régimen de servicios públicos.

10. Recordó que el artículo 99 del Código Comercio dispone que las empresas solo podrán desarrollar aquellas actividades contempladas en su objeto social. Así las cosas, en tanto el objeto social de l as ESP es la prestación de servicios públicos domiciliarios y sus actividades complementarias, la capacidad de la ESP se restringe a las mencionadas actividades.

11. Estimó que debido al límite que tienen las ESP para el desarrollo de actividades distintas, con el Decreto 1692 de 2008 expedido por el gerente de EPM E.S.P. se están vulnerando las normas previamente citadas, pues crea la posibilidad de ofrecer, a sus usu arios, planes de financiación para la adquisición de artículos de uso doméstico asociados al consumo de los servicios públicos que presta dicha empresa. Consideró la parte actora que dicha actividad no puede ser considerada como una actividad complementar ia en los términos definidos por la Ley 142 de 1994, pues no se considera una actividad conexa, relacionada o inherente a la prestación de ninguno de los servicios públicos que presta EPM E.S.P.

12. Explicó que, en su sentir, la financiación de televisores, equipos reproductores de video, equipos de sonido, hornos o lavadoras no guarda conexión alguna con la4

RADICACIÓN: 05001-23-31-000-2009-01037-01

DEMANDANTE: SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS

DEMANDADO: EPM E.S.P.

mayor eficiencia en la prestación del servicio . Por lo tanto, resulta ajena al objeto social de EPM E.S.P.

13. Adicionalmente, al dedicarse a una actividad distinta al giro de sus negocios hace

mayor eficiencia en la prestación del servicio . Por lo tanto, resulta ajena al objeto social de EPM E.S.P.

13. Adicionalmente, al dedicarse a una actividad distinta al giro de sus negocios hace que EPM E.S.P. incursione en el mercado de distribución y financiación de electrodomésticos, y entre a competir con los comerciantes del sector en el departamento de Antioqu ia, en condiciones financieras y económicas muy superiores a estos.

• Vulneración del artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 – principios de la función administrativa.

14. Aludió que el acto demandado desconoció los principios generales del ejercicio de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3º de la Ley 489 de 1998, especialmente los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, eficiencia, responsabilidad y transparencia.

15. Explicó que, respecto del principio de igualdad , este se veía vulnerado por cuanto EPM E.S.P. tenía la posibilidad de capturar a los clientes de electrodomésticos de su lista de usuarios y suscriptores de servicios públicos y garantizar el pago de las cuotas de la financiación a través de la factura de servicios públicos. Explicó que los comercializadores de electrodomésticos no tienen como competir en condiciones de igualdad frente a la capacidad financiera y logística de

EPM E.S.P.

16. Mencionó que también contraviene el principio de moralidad administrativa pues el programa de financiación de electrodomésticos se implementó sin divulgación a la comunidad y sin estudios económicos que respaldaran la decisión

EPM E.S.P.

16. Mencionó que también contraviene el principio de moralidad administrativa pues el programa de financiación de electrodomésticos se implementó sin divulgación a la comunidad y sin estudios económicos que respaldaran la decisión de EPM E.S.P. Puso de presente que EPM E.S.P. como administrador de recursos públicos debe velar porq ue éstos se inviertan con criterios de razonabilidad y prudencia, basados en estudios económicos y técnicos . Afirm ó que el programa carece de estudios que permitan establecer la conveniencia o no de que EPM E.S.P. se dedique a financiar ese tipo de productos a sus usuarios o suscriptores.

17. Señaló que EPM E.S.P. con el plan de financiación de electrodomésticos atenta contra el principio de eficiencia, pues no está en condiciones de competir con el sistema financiero en la implementación de líneas de crédito para sus usuarios .

Consideró que la financiación de este tipo de productos no entra dentro del objeto social de EPM, ni siquiera con el argumento de que está promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de sus suscriptores.

18. Aseguró que , de no funcionar las líneas de crédito por falta de pago de los usuarios, las pérdidas deberán correr por cu enta de la comunidad. En tal sentido, estimó que tal circunstancia repercute en la falta de eficiencia en la utilización de los recursos de una entidad de carácter estatal.5

RADICACIÓN: 05001-23-31-000-2009-01037-01

DEMANDANTE: SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS

DEMANDADO: EPM E.S.P.

19. En el mismo sentido, se afectan los principios de responsabilidad y

DEMANDANTE: SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS

DEMANDADO: EPM E.S.P.

19. En el mismo sentido, se afectan los principios de responsabilidad y transparencia de la función administrativa, al incursionar en actividades ajenas al objeto social de una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, más si se tiene en consideración que no hay evidencia de la realización de estudios técnicos ni de viabilidad financiera que fundamenten la adopción de un programa de tal naturaleza.

1. Falta de competencia

20. Indicó que el acto demandado vulnera los artículos 122 y 123 de la Constitución Política al desconocer que no habrá empleo público que no tenga funcione s detalladas en ley o reglamento. Igualmente, el acto cuestionado pasa por alto que, según el inciso segundo del artículo 123 Superior , los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y, por tanto, deberán ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

21. Así las cosas, aseguró la parte actora que el gerente de EPM E.S.P. es un servidor público de libre nombramiento y remoción. En tal condición, para proferir un acto administrativo como el que se cuestiona, debe contar con competencias para ello. Puso de presente que el único sustento de derecho que aduce el gerente de EPM E.S.P. para la adopción del programa de financiación es el literal m ) del artículo 20 del Acuerdo 12 de 19982.

22. La parte actora alegó que el gerente de EPM E.S.P. se abrogó facultades que la ley no le da, por cuanto en el acto demandado, el gerente está creando actividades

artículo 20 del Acuerdo 12 de 19982.

22. La parte actora alegó que el gerente de EPM E.S.P. se abrogó facultades que la ley no le da, por cuanto en el acto demandado, el gerente está creando actividades o servicios no consagrados en la Ley de Servicios Públicos ni constituyen actividades conexas o complementarias a dichos servicios. Tampoco se encuentra habilitado por los Estatutos de la empresa para otorgar líneas de crédito para la compra de electrodomésticos, en tanto esa actividad, reiteró resulta ajena a su objeto3.

23. Por lo tanto, el gerente de EPM E.S.P. no esta ba facultado para crear e implementar este programa. En gracia de discusión, si se aceptara que tal actividad

2 «Además de las que le señale la ley y los presente estatutos, el gerente general ejercerá todas aquellas atribuciones que se relacionen con la organización y funcionamiento de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. que no se hallen expresamente atribuidas a otro órgano.»

3 Acuerdo 12 de 1998 del Concejo de Medellín. «Artículo 3. Objeto Social. El objeto social de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN tiene como objeto la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, distribución de gas combustible, telefonía pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, y demás servicios de telecomunicaciones. Podrá también prestar el servicio público domiciliario de aseo, así como las actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos y el tratamiento y aprovechamiento de las basuras.

de telecomunicaciones. Podrá también prestar el servicio público domiciliario de aseo, así como las actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos y el tratamiento y aprovechamiento de las basuras. Para el cumplimiento de su objeto social, las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. sin menoscabar la propiedad de sus activos, podrán desarrollar todo tipo de contratos o asociarse o formar consorcios con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, prestadoras o usuarias, con el fin de lograr la universalidad, calidad y eficacia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios a sus usuarios, procurando siempre el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, atendiendo precisos criterios técnicos, rigor jurídico, costos de operación y prestación de los servicios, y solidaridad y redistribución de ingresos. PARÁGRAFO: Con igual propósito podrá realizar alianzas estratégicas, asociaciones a riesgo compartido y suscribir cualquier tipo de convenios o contratos de colaboración empresarial, que le permitan el cumplimiento de su objetivo; participar en actividades para el fomento de la innovación, investigación científica y el desarrollo tecnológico, en los campos relacionados con los servicios públicos que constituyen su objeto y suscribir convenios para ofrecer o recibir cooperación técnica, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia; y, en genera l, todas aquellas actividades que se encuentren dentro de su objeto social o sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.»6

RADICACIÓN: 05001-23-31-000-2009-01037-01

DEMANDANTE: SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS

DEMANDADO: EPM E.S.P.

resulta conexa o complementaria de los servicios públicos domiciliarios prestados

DEMANDANTE: SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS

DEMANDADO: EPM E.S.P.

resulta conexa o complementaria de los servicios públicos domiciliarios prestados por EPM E.S.P., en todo caso debía ser adoptada por el máximo órgano y no por el gerente.

1. Falta de motivación

24. Insistió la parte actora que EPM E.S.P. no estaba habilitada para otorgar créditos a los usuarios para la adquisición de electrodomésticos por no encontrarse dentro de las actividades de su objeto social. Adicionalmente, reiteró que este se había adoptado a través de un acto administrativo carente de motivación.

25. Resaltó que, además de las presuntas facultades alegadas por el gerente de EPM E.S.P., no se expresa ningún otro sustento legal o reglamentario que permita la adopción de un programa en ese sentido . Tampoco se explican las razones de hecho, esto es, de conveniencia, oportunidad o pertinencia para su implementación.

Adolece de los soportes necesarios que fundamenten la decisión, pues no da cuenta de la existencia de estudios técnicos y económicos que avalen el programa adoptado.

26. Afirmó que el acto se limita a señalar que el programa busca la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios y mejorar la calidad de vida. Criticó dicha motivación por resultar genérica e imprecisa. Adujo que ésta se limita a coincidir con los fines del Estado Colombiano, sin que aporte claridad sobre el propósito o la necesidad del programa para lograr mejorar la calidad de vida.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, en adelante

necesidad del programa para lograr mejorar la calidad de vida.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, en adelante

EPM E.S.P.

27. EPM E.S.P., por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda4. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual, señaló, en síntesis, las siguientes

razones de defensa:

a) Respecto de la vulneración de las normas superiores en que debía fundarse el acto acusado.

• Ausencia de ilegalidad del Decreto 1692 de 2008 expedido por el

Gerente General de EPM E.S.P.

28. La parte demandada advirtió que no es cierto , como lo afirma la parte demandante, que el Decreto 1692 de 2008 sea ilegal. Señaló que EPM E.S.P., para la expedición del «Programa de Financiación Social EPM -UNE» había evaluado el marco legal que la cobija y los conceptos de la Superintendencia de Servicios

4 Folios 69-88 del Cuaderno 1 del Tribunal7

RADICACIÓN: 05001-23-31-000-2009-01037-01

DEMANDANTE: SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS

DEMANDADO: EPM E.S.P.

Públicos Domiciliarios 5, en adelante SSPD, sobre la viabilidad que tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios de prestar actividades distintas a aquellos.

29. También refirió que, en esa línea, la Subdirección Jurídica Institucional de EPM E.S.P. conceptuó6 sobre la viabilidad jurídica del Programa de Financiación Social.

aquellos.

29. También refirió que, en esa línea, la Subdirección Jurídica Institucional de EPM E.S.P. conceptuó6 sobre la viabilidad jurídica del Programa de Financiación Social.

Indicó que en dicho concepto se manifestó que el objeto social no se puede interpretar de manera estricta y limitada a los actos o actividades que explícitamente se señalan en la disposici ón estatutaria sino que deberá abarcar aquellas actividades que resulten necesarias para el desarrollo del mismo.

30. Señaló que debía tenerse en consideración que en el artículo 3º de los Estatutos de EPM E.S.P. contiene las actividades principales a las que se dedica la empresa.

Por lo tanto se deberán entender contenidas en el objeto social los actos relacionados – que prevé la ley comercial, específicamente el artículo 99 del Código de Comercio – y que se trata de aquellos que la persona jurídica podrá ejecutar para lograr el efectivo cumplimiento de su objeto social.

31. Aseguró que, según los conceptos de la SSPD, en especial los SSPD -OJ-20030177 y SSPD -OJ-2007-182, las empresas de servicios públicos tienen el régimen previsto en el artículo 19 de la L ey 142 de 1994 y en lo no previsto en ella, se le aplicaran las normas del Código de Comercio para las sociedades anónimas. Indicó la SSPD que una interpretación sistemática de las normas aplicables a las ESP, «las empresas de servicios públicos pueden re alizar o prestar otros servicios diferentes de los que trata la Ley 142 de 1994, siempre y cuando estén previstos en su objeto social y ello no ponga en riesgo la eficiente y continua prestación del servicio público a su cargo».

diferentes de los que trata la Ley 142 de 1994, siempre y cuando estén previstos en su objeto social y ello no ponga en riesgo la eficiente y continua prestación del servicio público a su cargo».

32. Mencionó que , partiendo d e las premisas señaladas, el Programa de Financiación Social adoptado en el Decreto 1692 de 2008 se encuentra dentro del objeto social de EPM E.S.P. Lo anterior, por cuanto se enmarca dentro del

5 Mencionó los Conceptos SSPD-OJ-2003-177, SSPD-OJ-2007-182 y SSPD-OJ-2007-235 emitidos por la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 6 Folios 91 a 92 del Cuaderno 1 del Tribunal. Del concepto resaltó: «[…] En desarrollo de la actividad comercial, pues, no queda ninguna duda desde el punto de vista de las previsiones legales mencionadas, que el logro de los propósitos a ella (la actividad comercial) señalados pasa por la creación de las condiciones – jurídicas, económicas, financieras, comerciales, operativas, etc.- que hagan posible su realización. L uego, componentes como los que se invocan dentro del proyecto – cultura de pago, construcción de relaciones de confianza, bancarización, generación de nuevos negocios, etc. - ingresan legítimamente dentro de las actividades que ha de llevar a cabo la empresa para el adecuado cumplimiento de su “objeto”, y jurídicamente lo hacen bajo la forma de los ya mencionados “actos relacionados”. […]

9. Bajo esta perspectiva, las Empresas Públicas de Medellín son, sin duda alguna, parte integral de la administración municipal y su papel no puede entenderse al margen de los lineamientos y directrices que traza

[…]

9. Bajo esta perspectiva, las Empresas Públicas de Medellín son, sin duda alguna, parte integral de la administración municipal y su papel no puede entenderse al margen de los lineamientos y directrices que traza ésta para el desarrollo social, económico, político y demás de la ciudad y sus habitantes. En esa línea, entonces, caben los objetivos específicos que se traza el proyecto bajo los conceptos de “calidad de vida”, ofrecimiento de “una canasta de energética más eficiente”, neutralización del “impacto por la unificación tarifaria” y “reducción de la vulnerabilidad a (sic) la pobreza”. Si estos son, o caben como, propósitos efectivos de la administración municipal – vía planes de desarrollo, programas de inserción social, etc. -, sin duda constituyen guía y criterio para el desarrollo de las actividades de las entidades descentralizadas adscritas al Municipio de Medellín y ello, más que legitimar el cumplimiento de tal tipo de programas, los impone en el rango de deberes efectivos de administración […]».8

RADICACIÓN: 05001-23-31-000-2009-01037-01

DEMANDANTE: SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS

DEMANDADO: EPM E.S.P.

compromiso de Responsabilidad Social Empresarial adoptado por la Junta Directiva de EPM E.S.P. En el desarrollo de dicho comprimo, EPM E.S.P. adopta programas que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos de interés y, en particular, con sus clientes.

33. Resaltó que la Contraloría General de Medellín se pronunció sobre el Programa de Financiación Social de EPM E.S.P. y concluyó que este se encontraba ajustado al objeto social de las entidades que participaban en su desarrollo. En ese sentido,

33. Resaltó que la Contraloría General de Medellín se pronunció sobre el Programa de Financiación Social de EPM E.S.P. y concluyó que este se encontraba ajustado al objeto social de las entidades que participaban en su desarrollo. En ese sentido, concluyó el Ente de Con trol que «[…] la inversión destinada a la financiación de electrodomésticos relacionados con la prestación de los servicios públicos de energía, gas, agua y telecomunicaciones está relacionada, conexa y se ajusta, por lo señalado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al objeto social de EPM, cumpliendo así, con el principio de legalidad.»

34. Manifestó que, en consecuencia, el Programa de Financiación Social EPM – UNE, es un proyecto asociado a la razón de ser de EPM E.S.P., cuyo propós ito fundamental es atender necesidades básicas de los usuarios mediante el otorgamiento de créditos para la adquisición de electrodomésticos de última generación y de materiales para pisos, cocinas y baños. Lo anterior, con el fin de optimizar el uso eficiente de los servicios públicos a cargo de la empresa. También es un mecanismo de fidelización de clientes, teniendo en cuenta que se trata de un sector económico en abierta competencia, según lo dispone la Ley 142 de 1994.

35. Reiteró que el Programa de Fin anciación Social EPM – UNE se enmarca en el modelo de gestión de Responsabilidad Social Empresarial EE.PP.M y EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y constituye una nueva alternativa para contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de la c omunidad que atienden esas dos empresas. Explicó que, mediante el uso de la Tarjeta EPM – UNE, los

Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y constituye una nueva alternativa para contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de la c omunidad que atienden esas dos empresas. Explicó que, mediante el uso de la Tarjeta EPM – UNE, los clientes de ambas empresas tendrán acceso a créditos de consumo con amplios plazos y tasas de interés adecuadas, para adquirir electrodomésticos de última generación.

36. Indicó que, indudablemente, estos artículos que puedan adquirirlos los usuarios, repercutirán en el mejoramiento de su calidad de vida diaria en el hogar y les permitirán el uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios. Aseguró que el Programa de Financiación Social está focalizado exclusivamente en promover el bienestar de la familia.

• Vulneración del artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 – principios de la función administrativa.

37. Frente a este cargo, EPM E.S.P. a seguró que con el Decreto 1692 de 2008 se respetaron los principios de la función administrativa. Frente al principio de igualdad, recordó que éste se predica de la identidad entre iguales, por lo tanto, no se puede pretender que se comparen circunstancias o personas de naturaleza distinta para que se les deriven las mismas consecuencias legales. Así las cosas,9

RADICACIÓN: 05001-23-31-000-2009-01037-01

DEMANDANTE: SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS

DEMANDADO: EPM E.S.P.

se predica la igualdad ante la ley cuando se trate de personas en el mismo supuesto de hecho.

DEMANDANTE: SANTIAGO VÉLEZ PENAGOS

DEMANDADO: EPM E.S.P.

se predica la igualdad ante la ley cuando se trate de personas en el mismo supuesto de hecho.

38. En esa línea, no puede pr etenderse que se apliquen iguales reglas jurídicas a EPM E.S.P. y a los comerciantes de electrodomésticos, pues resulta de bulto la diferencia entre ambos. Indicó que es indudable que para EPM E.S.P. se derivan cargas mayores por su responsabilidad para el cumplimiento de los fines del Estado, mientras que los particulares sólo tienen un interés de lucro de carácter individual.

39. Aclaró que nunca ha tenido como propósito generar competencia con los proveedores de electrodomésticos, pues, por el contrario, éstos, después de los usuarios de EPM E.S.P., serán los mayores beneficiados con la dinamización de sus ventas con un flujo de cartera sano a través de pagos oportunos. Además, tendrán nuevos clientes, por cuanto, a quienes va dirigido el Programa de Financiación Social son aquellas personas que no tienen fácil acceso al sistema financiero y que, de otra manera, no podrían acudir a adquirir los productos que éstos venden.

40. En consecuencia, recalcó que el Programa de Financiación Social que se implementó con el Decreto 1692 de 2008 beneficia a toda la comunidad del Departamento de Antioquia, tanto a los usuarios como a los comerciantes de electrodomésticos.

41. Frente al principio de moralidad administrativa, la parte demandada indicó que este principio aboga por que el acto responda al interés de la colectividad y al desarrollo de los fines que se buscan en las facultades concedidas al funcionario

41. Frente al principio de moralidad administrativa, la parte demandada indicó que este principio aboga por que el acto responda al interés de la colectividad y al desarrollo de los fines que se buscan en las facultades concedidas al funcionario que expide el acto o ejecuta el hecho. En ese contexto, el Programa de Financiación Social respeta el principio de moralidad administrativa pues su propósito es el beneficio de la comunidad – interés de la colectividad – y el mejoram