CE - 050012331000201000027011SENTENCIA20230623152701

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00027-01(54206)

Actor: ALBA LUCÍA ARANGO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL Referencia: REPARACIÓN DIRECTA APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. PRUEBA TRASLADADAValor probatorio. DAÑOS CAUSADOS POR LA FUERZA PÚBLICA-Monopolio del uso de la fuerza debe ser proporcional y razonable. LEGÍTIMA DEFENSA-A los agentes del orden, en el marco de la proporcionalidad, es lícito defenderse. EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Culpa exclusiva de la víctima. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-Eximente de responsabilidad civil extracontractual del Estado. CULPA-Concepto. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICOValor probatorio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO SOSPECHOSO-Valoración probatoria.

PERITACIÓN-Elementos de este medio de prueba. DICTAMEN PERICIAL-No prospera objeción por error grave. DICTAMEN PERICIAL-Eficacia probatoria. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.

grave. DICTAMEN PERICIAL-Eficacia probatoria. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala, de conformidad con el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 6 de abril de 2008, en la recepción de la estación de policía de Copacabana, Antioquia, Juan Carlos Gómez Arango murió por un disparo de arma de fuego. Alegan falla del servicio por indebida custodia y empleo de arma de dotación oficial. ANTECEDENTES El 25 de noviembre de 2009, Alba Lucía Arango de Gómez y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-2 Expediente n. 54.206

Demandante: Alba Lucia Arango y otros Niega pretensiones Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Solicitaron 1.000 SMLMV para cada uno de los demandantes, por perjuicios morales; $6.183.090 a Miriam del Socorro Arango por gastos médicos, por daño emergente; lo que resulte probado, por lucro cesante, y 1.000 SMLMV a cada uno, por daño a la vida de relación. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el 6 de abril de 2008, Juan

cesante, y 1.000 SMLMV a cada uno, por daño a la vida de relación. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el 6 de abril de 2008, Juan Carlos Gómez Arango recibió disparos de arma de fuego, en un comando de policía en Copacabana, Antioquia. Agentes de la estación lo llevaron al hospital San Vicente de Paul y a los cinco días murió. Adujo falla del servicio, porque la muerte se produjo con arma de dotación oficial y por indebida custodia del arma. El 27 de enero de 2010 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al oponerse a las pretensiones, alegó la culpa de la víctima porque Juan Carlos Gómez Arango se disparó. El 4 de septiembre de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, reiteró lo expuesto y expuso que el único signo de violencia sobre el cuerpo de la víctima fue por el disparo. La demandante dijo que no hubo suicidio, porque el disparo no dejó tatuaje, fue a larga distancia, no se descartó si el agente manipuló su arma y los testimonios de los policias no coincidieron con la prueba técnica. El Ministerio Público guardó silencio. El 27 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia negó las pretensiones, al estimar que se acreditó la culpa de la víctima. Consideró que la conducta de Juan Carlos Gómez Arango fue determinante, pues manipuló

El 27 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia negó las pretensiones, al estimar que se acreditó la culpa de la víctima. Consideró que la conducta de Juan Carlos Gómez Arango fue determinante, pues manipuló un arma de dotación sin autorización y se disparó. Estimó, además, que no se probó que un agente le disparó, o falló en la custodia de su arma, pues el comportamiento de la víctima fue imprevisible e irresistible. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 15 de abril de 2015 y admitido el 22 de junio siguiente. Esgrimió que, según las pruebas, la muerte no fue por un suicidio y hubo error grave en el dictamen pericial balístico. El 22 de enero de 2016 se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto y el Ministerio Público guardó silencio.3 Expediente n. 54.206

Demandante: Alba Lucía Arango y otros Niega pretensiones

CONSIDERACIONES Í. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129

CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta

segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $248.450.0007. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?, en este caso por hechos que se imputan a la fuerza pública (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2009, $496.900, por 500. 2 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303

[fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 746 y 747, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.4 Expediente n. 54.206

Demandante: Alba Lucía Arango y otros Niega pretensiones ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble de propiedad ajena por trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda se interpuso en tiempo — 25 de noviembre de 2009porque Juan Carlos Gómez Arango recibió el disparo en la estación de policía de Copacabana el 6 de abril de 2008 [hechos probados 8.1 y 8.4].

Legitimación en la causa

4. Alba Lucía Arango de Gómez, Andrés Fernando, Diana Milena, Cristina Isabel, Santiago, Esteban y Manuela Gómez Arango; Daniel Felipe Bejarano Arango, Diana Vanessa Núñez Gómez; Miryam del Socorro Arango Gómez y Janeth Juliette Rivera Arango son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que conforman el núcleo familiar de Juan Carlos Gómez Arango [hecho probado 8.8]. La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, está legitimada en la causa por pasiva, pues es la entidad a la que corresponde asegurar la convivencia pacífica (artículos 218, 303 y 315.2 CN y 1 de la Ley 62 de 1993) y —según la demandael autor de la lesión y posterior

corresponde asegurar la convivencia pacífica (artículos 218, 303 y 315.2 CN y 1 de la Ley 62 de 1993) y —según la demandael autor de la lesión y posterior muerte fue un agente de la policía. ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la muerte de una persona, por un disparo con arma de fuego, en una estación de policía, es imputable al Estado por falla del servicio. JA Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge.5

Expediente n. 54.206

Demandante: Alba Lucía Arango y otros Niega pretensiones

7. La demandante aportó como prueba trasladada la investigación penal n.” 3731, adelantada por el Departamento de Policía de Antioquia-Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar. Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Como las pruebas fueron practicadas con la audiencia de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, serán valoradas.

primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Como las pruebas fueron practicadas con la audiencia de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, serán valoradas.

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 8.1. El 6 de abril de 2008, a las 3:30 p.m., Juan Carlos Gómez ingresó a la ESE Hospital de Santa Margarita de Copacabana, Antioquia, por un orificio de arma de fuego en región temporal izquierda, en estado de inconciencia y sin signos vitales.

De acuerdo con el formato de atención en urgencias, los médicos diagnosticaron herida por arma de fuego y ordenaron la remisión al hospital de San Vicente de Paul para evaluación por neurología, según da cuenta copia auténtica del formato de remisión de pacientes (f. 2 c. 3) y del formato de atención en urgencias (f. 179 c. 1). 8.2. El 6 de abril de 2008, el paciente ingresó al Hospital San Vicente de Paul. Conforme al formato de epicrisis, los médicos diagnosticaron un trauma craneoencefálico severo y ordenaron su traslado a la unidad de cuidados intensivos, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 4 c. 3). 8.3. El 6 de abril de 2008, el Cuerpo Técnico de Investigación-CTlI recibió el reporte de unas lesiones por arma de fuego en la estación de policia de Copacabana, Antioquia. Según el informe ejecutivo, un grupo del CTI llegó a la estación y practicó diligencias de policía judicial. Describieron el lugar, las

reporte de unas lesiones por arma de fuego en la estación de policia de Copacabana, Antioquia. Según el informe ejecutivo, un grupo del CTI llegó a la estación y practicó diligencias de policía judicial. Describieron el lugar, las pertenencias de la víctima y tomaron muestras de residuo de disparo en mano de Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit ly/3gjjduK.6 Expediente n. 54.206

Demandante: Alba Lucía Arango y otros Niega pretensiones un subintendente y de la víctima. La muestra de Jhon Valencia Ríos —subteniente— se tomó a las 6:35 p.m. y la de Carlos Gómez Ríos —víctima—, a las 10:45 p.m., según da cuenta copia auténtica del informe ejecutivo del CTI de la Fiscalía (f. 9296 c. 4) y del registro de la toma de residuos (f. 172 y 173 c. 4). 8.4. El 11 de abril de 2008, la condición de salud de Juan Carlos Gómez Arango se agravó, tuvo un deterioro neurológico y murió, según da cuenta copia auténtica de la epicrisis (f. 4 c. 1) y copia auténtica del registro civil de defunción (f. 4 c. 1)

se agravó, tuvo un deterioro neurológico y murió, según da cuenta copia auténtica de la epicrisis (f. 4 c. 1) y copia auténtica del registro civil de defunción (f. 4 c. 1) 8.5. El 5 de junio de 2008, Diana Milena Gómez Arango —hermana de la víctima— presentó queja disciplinaria en contra de los agentes adscritos a la estación de policía de Copacabana. Conforme al escrito, miembros de la policía causaron la muerte de su hermano, según da cuenta copia auténtica de la queja (f. 279-281 c. 4). 8.6. El 15 de septiembre de 2008, la Fiscalia 217 Seccional de Copacabana, Antioquia ordenó el archivo de las diligencias investigativas. Conforme a la providencia, no se probó que el agente Jhon Valencia Ríos causó las lesiones y muerte de Juan Carlos Gómez Arango, pero la indagación se reanudaría si surgían nuevos elementos probatorios, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 338-341 c. 4). 8.7. La Procuraduría General de la Nación adelantó investigación disciplinaria contra el subintendente Jhon Henry Valencia Ríos por la muerte de Juan Carlos Gómez Arango y ordenó el archivo definitivo de la investigación. Según la decisión, no se advirtió irregularidad en el actuar del agente y las pruebas dieron cuenta que la víctima tomó un arma de manera voluntaria y «se quitó la vida». También se estimó que el actuar de Juan Carlos Gómez Arango fue imprevisible e irresistible para el oficial, según da cuenta copia auténtica de la decisión

cuenta que la víctima tomó un arma de manera voluntaria y «se quitó la vida». También se estimó que el actuar de Juan Carlos Gómez Arango fue imprevisible e irresistible para el oficial, según da cuenta copia auténtica de la decisión disciplinaria (f. 237-243 c. 4). 8.8. Juan Carlos Gómez Arango era hijo de Alba Lucía Arango de Gómez, hermano de Andrés Fernando Gómez Arango, Diana Milena Gómez Arango, Cristina Isabel Gómez Arango y de Daniel Felipe Bejarano Arango; tío de Diana Vanessa Núñez Gómez, Santiago, Esteban y Manuela Gómez Arango; sobrino de7 Expediente n. 54,206

Demandante: Alba Lucía Arango y otros Niega pretensiones Miryam del Socorro Arango Gómez y primo de Janeth Juliette Rivera Arango, según da cuenta copias auténticas de los registros y certificados de registro civil de nacimiento y de matrimonio (f. 2 y 3-15 c. 1).

Responsabilidad del Estado por daños causados por la fuerza pública

9. El artículo 1 de la Ley 62 de 1993, en consonancia con los artículos 2 y 218 CN, dispone que la Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Para el cumplimiento de estos deberes, la fuerza pública —Fuerzas Militares y Policía Nacional- (art. 216 CN) tiene el monopolio de la coacción, a través de las armas, y está autorizada para el ejercicio legítimo de la

Colombia convivan en paz. Para el cumplimiento de estos deberes, la fuerza pública —Fuerzas Militares y Policía Nacional- (art. 216 CN) tiene el monopolio de la coacción, a través de las armas, y está autorizada para el ejercicio legítimo de la fuerza. El uso de esta facultad encuentra su límite en el respeto a los derechos inalienables de las personas (art. 5 CN), en la dignidad humana (art. 1 CN) y en la supremacía de los derechos fundamentales (art. 85 CN). Por ello, debe ser proporcional y razonable. La ley faculta a la Policía Nacional, a través de sus agentes, para el empleo de la fuerza y de otros medios coercitivos solo cuando sea estrictamente necesario para impedir perturbaciones, restablecer la tranquilidad y seguridad de la comunidad (arts. 29 y 30 del Código de Policía Nacional, Decreto 1355 de 1970, vigente para la época de los hechos, retomados por los arts. 149.12 y 155 de la Ley 1801 de 2016). Por su parte, los artículos 34 y 37 de la Ley 1015 de 2006 —Régimen Disciplinario para la Policía Nacional vigente para la época de los hechos— establecen como falta de sus agentes el trato violento a los ciudadanos, la extralimitación de sus funciones por uso de armas sin justificación y la ejecución de actos que atenten contra las garantías de los ciudadanos. Con esa perspectiva, el derecho inviolable a la vida (art. 11 CN) reviste una 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 1967 Rad. 138 [fundamento jurídico 1] en Graves Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derechos Internacional Humanitario

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 1967 Rad. 138 [fundamento jurídico 1] en Graves Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derechos Internacional Humanitario Jurisprudencia Básica del Consejo de Estado, Bogotá, Imprenta Nacional, 2016, pp. 186, disponible en bit.ly/2EaveT?7.8 Expediente n. 54.206

Demandante: Alba Lucía Arango y otros Niega pretensiones protección especial, como postulado rector del ejercicio legítimo de la fuerza por parte de las autoridades y presupuesto de existencia y ejercicio de los demás derechos. Así, desde el viejo mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución de 1886, que corresponde al artículo 3 del Acto Legislativo n”. 3 de 1910, el legislador no puede imponer la pena capital. Esta prohibición, que continúa vigente (art. 11 CN), tiene un carácter absoluto, cobija a todas las ramas del poder público y vincula a todas las autoridades como un genuino principio, punto de partida, de todo el ordenamiento constitucional?.

El ejercicio legítimo de la fuerza para el mantenimiento del orden público y la guarda de la seguridad implica, entonces, obrar con prudencia, mesura y hacer uso de los medios necesarios y proporcionados en relación con la causa o motivo de perturbación. Así, aunque el Estado debe estar preparado en todo momento para contener amenazas al orden público, la fuerza pública solo debe emplear los instrumentos suficientes y adecuados para su restablecimiento. De modo que el obrar de los agentes estatales debe ser proporcional al peligro que enfrentan, pues en un Estado de derecho, la Administración responde por las omisiones o

instrumentos suficientes y adecuados para su restablecimiento. De modo que el obrar de los agentes estatales debe ser proporcional al peligro que enfrentan, pues en un Estado de derecho, la Administración responde por las omisiones o extralimitaciones de agentes, en el ejercicio de sus funciones. Ello no quiere decir que, frente a una perturbación o agresión grave, los agentes enviados a restablecer el orden tengan que tolerar situaciones contra su integridad. A todo ser humano le es lícito protegerse, en el marco de la proporcionalidad, conforme al postulado de la legítima defensaf. Culpa exclusiva de la. víctima como eximente de responsabilidad extracontractual civil del Estado

10. La Sala reitera que el Estado puede exonerarse si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima. Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, Rad. 17.318 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 418-419, disponible en https://bit.ly/3gjiduK. $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 1967, Rad. CE-SEC3-1967-04-28

[fundamento jurídico 5], en Antología Jurisporudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 431-432, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.9 Expediente n. 54.206

Demandante: Alba Lucía Arango y otros Niega pretensiones demandada y para que se configuren deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado”.

Frente a la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que este participó y que fue causa eficiente en la producción del resultado o daño?. El orden jurídico impone a las personas —tanto las naturales, como las jurídicas, estas a través de sus agentesque en todos sus actos procedan con la prudencia y diligencia necesaria, a fin de no causar daño a nadie. La culpa es un error de conducta, en que incurre quien asume un comportamiento —por acción o por omisión— contrario al esperado, por negligencia, imprevisión o impericia. La culpa civil en el ámbito de la responsabilidad civil —tanto de los particulares como del Estadoes la conducta contraria a la que debiera haberse observado (art. 63 CC). Una conducta desviada, bien por imprudencia, por ignorancia, por torpeza o por otro motivo semejante.

11. Según la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, incurrió en falla del servicio, pues un agente le disparó a Juan Carlos Gómez Arango.

Adujo que (i) la versión de los policías de la estación de Copacabana, Antioquia,

en falla del servicio, pues un agente le disparó a Juan Carlos Gómez Arango. Adujo que (i) la versión de los policías de la estación de Copacabana, Antioquia, de un suicidio, no era creíble porque Juan Carlos Gómez Arango recibió el disparo en presencia de más de cinco agentes; y (ii) si se llegaba a probar el suicidio, también hubo falla del servicio por indebida custodia del arma de dotación oficial. El daño está demostrado porque Juan Carlos Gómez Arango murió el 11 de abril de 2008, por herida en cráneo por proyectil de arma de fuego [hechos probados 8.1, 8.2 y 8.4]. Está acreditado que el 6 de abril de 2008, Juan Carlos Gómez Arango ingresó a la ESE Hospital de Santa Margarita de Copacabana por un disparo en la cabeza 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de marzo de 1997, Rad. 10.385 [fundamento jurídico 13] y sentencia del 24 de agosto de 1989, Rad. 5.693 [fundamentos jurídicos 11-13], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 242 y 602-603, disponible en https://bit.ly/3gjiduK. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2000, Rad.11.981 [fundamento

jurídico 2.8] y sentencia del 25 de julio de 2002, Rad. 13.744 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 245, disponible en https://bit ly/3gjiduK. 2 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de julio de 1912, en Gaceta Judicial, Tomo XXI, n%. 1040 a 1041, p. 262, [fundamento jurídico párr. 20] y sentencia del 11 de marzo de 1952, en Gaceta Judicial, Tomo LXXI, n. 2110 a 2111, p. 390, [fundamento jurídico |].10 Expediente n”. 54.206

Demandante: Alba Lucía Arango y otros Niega pretensiones

[hecho probado 8.1] y se ordenó su remisión a otro hospital [hecho probado 8.2]. Ese día, el CTI de la Fiscalía recibió el reporte de un herido en la estación de policía de Copacabana, llegó a la estación, recaudó pruebas y tomó muestras de disparo [hecho probado 8.3]. El 11 de abril siguiente, Juan Carlos Gómez Arango murió [hecho probado 8.4]. La Fiscalía inició una investigación contra el subteniente Jhon Valencia Ríos por la muerte de Gómez Arango, pero ordenó el archivo de las diligencias al considerar que no se probó que Valencia Ríos le disparó a Gómez Arango [hecho probado 8.6]. La hermana de Gómez Arango

archivo de las diligencias al considerar que no se probó que Valencia Ríos le disparó a Gómez Arango [hecho probado 8.6]. La hermana de Gómez Arango presentó queja disciplinaria por su muerte [hecho probado 8.5] y la Procuraduría General de la Nación archivó la investigación, porque la conducta de la víctima fue imprevisible e irresistible para el investigado [hecho probado 8.7].

12. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad, de conformidad con el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 187 CPC. 12.1. Obran en el expediente informes de novedad de los libros de población y guardia de la estación de policía de Copacabana. Conforme a los documentos, el 6 de abril de 2008, en la tarde, un joven llegó a la estación y solicitó a los agentes la dirección del centro de rehabilitación «Crecer». Luego, el subintendente Jhon Valencia Ríos entró a la estación a hacer unas anotaciones de vigilancia. «Mientras el agente Valencia escribía y daba la espalda al ciudadano, este se le acercó a la chapuza del oficial y se disparó a la cien con el arma dentro de la

Valencia Ríos entró a la estación a hacer unas anotaciones de vigilancia. «Mientras el agente Valencia escribía y daba la espalda al ciudadano, este se le acercó a la chapuza del oficial y se disparó a la cien con el arma dentro de la misma». Los agentes Jhon Valencia Ríos y Giovanni Posada trasladaron al herido a un hospital (f. 163, 171-172 y 175-176 c. 1). Según las anotaciones del libro de población, en el lugar de los hechos estaban — además de los involucrados en el «incidente»— el subintendente y secretario, Ebrinton Ríos Cossio; el patrullero, Giovanni Posada Mazo y el civil, José Londoño Giraldo, encargado de labores de aseo de la estación de policía (f. 176 c. 1).11 Expediente n. 54.206

Demandante: Alba Lucia Arango y otros Niega pretensiones Conforme a las notas del libro de guardia, el mismo día, a las 8:30 p.m., en la estación de policía de Copacabana, el subintendente Jhon Valencia Rios entregó al CTI de la Fiscalía un revólver Smith 8£ Wesson n”. AAUO659, una chapuza, munición y una vainilla. En el momento de la entrega —según las notas de novedad-— se dejó constancia de que la chapuza tenía un orificio de disparo en la parte inferior. También se dejó constancia de que el arma nunca salió de la chapuza, porque «estuvo dentro de ella antes y después del incidente» (f. 163 y

17Zc. 1), 12.2. Obra en el expediente informe de necropsia al cadáver de Juan Carlos

chapuza, porque «estuvo dentro de ella antes y después del incidente» (f. 163 y 17Zc. 1), 12.2. Obra en el expediente informe de necropsia al cadáver de Juan Carlos Gómez Arango, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Seccional Antioquia. Conforme al documento, «el cuerpo tenía un orificio de entrada irregular de 1.8 cm por 1 cm en sien izquierda sin tatuaje ni ahumamiento (...) con salida de masa encefálica y sin orificio de salida». Se extrajo del cuerpo el proyectil y se entregó embalado y rotulado. La causa de la muerte fue un shock neurogénico por herida en cráneo por proyectil de arma de fuego. Según el informe, la muerte fue violenta y planteó —como hipótesisun homicidio (f. 195-200 c. 1). 12.3. Obra en el expediente el informe técnico balístico del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Antioquia. Según el documento, el proyectil extraído del cuerpo de Juan Carlos Gómez Arango fue disparado por el arma de fuego tipo pistola, marca Smith 8 Wesson, calibre 38 largo, n. AAV 0659 —entregada para estudio— y existía uniprocedencia macroscópica y microscópica entre el proyectil y esa arma (f. 163-168 c. 4). 12.4. También obra el análisis de residuos de disparo en mano elaborado por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Según el informe de laboratorio, el estudio practicado a Jhon Henry Valencia Rios —subteniente de policía de la estación Copacabana- «arrojó resultado negativo-incompatible con residuos de

Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Según el informe de laboratorio, el estudio practicado a Jhon Henry Valencia Rios —subteniente de policía de la estación Copacabana- «arrojó resultado negativo-incompatible con residuos de disparo» (f. 344-345 c. 4). Los libros de población y de guardia, la necropsia, y los informes técnico balístico y de residuos de disparos son documentos públicos, porque fueron suscritos por los funcionarios a cargo de la estación de policia y de la investigación. Se12 Expediente n. 54.206

Demandante: Alba Lucía Arango y otros Niega pretensiones presumen auténticos, es decir, existe certeza de las personas que los suscribieron, porque no se tacharon de falso (art. 252 CPC). Su contenido debe analizarse con las demás pruebas en conjunto (art. 187