CE - 050012331000201001897021SENTENCIA20230808163757

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-31-000-2010-01897-02

Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actores: LUZ STELLA PALACIO AGUIRRE Y OTROS

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. NO SE AGOTÓ LA

VÍA GUBERNATIVA RESPECTO DEL ACTO QUE CORRIGIÓ LOS

LINDEROS DEL INMUEBLE QUE POSTERIORMENTE FUE

EXPROPIADO. EL ACTO DE DECLARATORIA DE URGENCIA NO

INCURRIÓ EN FALSA MOTIVACIÓN. EL DICTAMEN OFICIAL NO FUE

DESVIRTUADO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por los apoderados de los señores MARTHA LUCIA, MARÍA TERESA, LUZ MARLENE, LUZ STELLA y JHON FERNANDO PALACIO AGUIRRE contra la sentencia de 21 de julio de 2014, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por la cual se denegaron las súplicas de la demanda.2

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I.- ANTECEDENTES

I.1. LUZ STELLA PALACIO AGUIRRE y otros , por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, tendiente a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1ª. Son nulos los siguientes actos:

a) La Resolución núm. 082 de 2009 , “por medio de la cual se declara la situación de urgencia para la adquisición de inmuebles para la centralidad de Calazania Blanquizal de la ciudad de Medellín” , expedida por el Municipio de Medellín.

b) La Resolución núm. 341 de 2009 , “por medio de la cual se adiciona y aclara la Resolución 082 de marzo 2 de 2009” , expedida por el Municipio de Medellín.

c) La Resolución núm. 2506 del 23 de diciembre de 2009, “por la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un bien inmueble”, expedida por el Municipio de Medellín.3

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inmueble”, expedida por el Municipio de Medellín.3

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d) La Resolución núm. 0354 de 1º de marzo de 2010, “por medio de la cual se decide un recurso de reposición” , contra la anterior resolución, expedida por el Municipio de Medellín.

e) La Resolución núm. 5031 de 2009, mediante la cual se fijan las áreas de los predios con matrícula 5084980 y 960072333, expedida por la Subsecretaría de Catastro de Medellín.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se restituya el lote de terreno identificado con la matrícula 01N5084970 al patrimonio de la familia Palacio Aguirre.

3ª. Que se indemnicen los perjuicios causados a la Familia Palacio Aguirre por la declaratoria de nulidad de los actos acusados.

4ª. Subsidiariamente, que se reajuste el precio en los términos de la Ley 388 de 1997 ; y, en consecuencia, se indemnicen los daños causados a la familia Palacio Aguirre.

5ª. Que se condene en costas al demandado.4

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5ª. Que se condene en costas al demandado.4

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I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes hechos:

1º. Que l a familia Palacio Aguirre era propietaria de un lote de terreno identificado con la Matrícula Inmobiliaria núm. 01N-5084970, ubicado en la Calle 55 núm. 85D-90, de aproximadamente 40.000 mts2, ubicado en el sector Altos de Calasanz, el cual se sometió a la formulación del Plan Parcial, instrumento de planificación complementaria al Plan de Ordenamiento Territorial. Es así, como el lote se incluyó en el Plan Parcial Altos de Calasanz , a través del Decreto 397 de marzo 6 de 2007.

2°. Agregó que la Alcaldía de Medellín expidió dos resoluciones, por medio de las cuales se declaró la situación de urgencia para adquirir predios en el sector, lo cual permitió surtir el procedimiento previsto en la Ley 388 de 1997, a través de la compra y, posteriormente, con la expropiación por vía administrativa, la cual fue decretada para dicho lote mediante la Resolución 2506 de 23 de diciembre de 2009.

3°. El lote de terreno de propiedad de la familia Palacio Aguirre fue

la expropiación por vía administrativa, la cual fue decretada para dicho lote mediante la Resolución 2506 de 23 de diciembre de 2009.

3°. El lote de terreno de propiedad de la familia Palacio Aguirre fue integrado al Decreto de Plan Parcial 397 de marzo 6 de 2007, “por el cual se adopta en suelo de expansión urbana el Plan Parcial5

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de Desarrollo Altos de Calasanz”, dentro del cual se identificó el lote en cuestión como la Unidad de Actuación Urbanística Número 3, el cual concede a los propietarios el derecho de explotar económicamente, a través de la urbanización, los predios incluidos en el mismo.

4°. Luego, por Resolución núm. 082 de 2009, se declaró la situación de emergencia para la adquisición de inmuebles en la centralidad de Calsanía - Blanquizal, en la cual se señaló que los terrenos se requerían para la construcción de equipamientos educativos y de salud.

5°. Por oficio de 20 de abril de 2009, con radicado núm. 200900147252, dirigido al Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín, ante el cual se surte el proceso de simulación del contrato de compraventa que tiene como objeto el lote en cuestión, se indicó que la entidad demandada deseaba comprar parte del lote de la

200900147252, dirigido al Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín, ante el cual se surte el proceso de simulación del contrato de compraventa que tiene como objeto el lote en cuestión, se indicó que la entidad demandada deseaba comprar parte del lote de la familia Palacio Aguirre y requería inscribir la resolución por la cual se dispone su expropiación por vía administrativa.

6°. Señaló que solo hasta el 16 de septiembre de 2009 se expidió la Resolución núm. 1474 , “por la cual se inicia n las diligencias6

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tendientes a la adquisición por negociación voluntaria expropiación por vía administrativa y se formula ofertas de compra”, por lo que desde el mes de abril se ofició al Juzgado para inscribir la resolución de expropiación por vía administrativa, por parte de la administración municipal , sin haber formulado siquiera oferta de compra para abrir la posibilidad de enajenación voluntaria.

7°. Adujo que, en el mes de octubre de 2009, el Municipio de Medellín recortó el área del lote, sin fundamentos legales y sin revisiones de linderos, mediante la Resolución núm. 5031 de 2009, expedida por la Subsecretaría de Catastro Municipal, violando el debido proceso en cuanto al procedimiento para estable cer el área real del lote expropiado.

linderos, mediante la Resolución núm. 5031 de 2009, expedida por la Subsecretaría de Catastro Municipal, violando el debido proceso en cuanto al procedimiento para estable cer el área real del lote expropiado.

8°. Sostuvo que la División de Catastro Municipal pag ó al mismo precio el metro cuadrado de terreno del predio beneficiado con el Plan Parcial y el del predio que no tenía esta Ley de urbanismo; así, ambos fueron valo rados en $60.000 pesos el m2, realizando un tratamiento igualitario por lo bajo del lote que tenía ya sus normas de construcción, situación agravada por el hecho de que el Municipio de Medellín pagó los mts2 resultantes después de haber disminuido y unido irregularmente su área que quedó en 32578.89 mt2.7

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9°. Indicó que se interpuso recurso de reposición contra la Resolución 2506 de diciembre 23 de 2009, que dispuso la expropiación administrativa del terreno de propiedad de la familia Palacio Aguirre, el cual fue resuelto por el Municipio de Medellín por Resolución núm. 0354 de 1o. de marzo de 2010.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de las siguientes disposiciones: Ley 388 de 1997; el Acuerdo 062 de 1999;

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de las siguientes disposiciones: Ley 388 de 1997; el Acuerdo 062 de 1999; el Decreto Nacional 21 81 de 2006 ; el Acuerdo 046 de 2006 ; el Decreto 397 de 2007 ; el Decreto 1420 de 1998 ; y la Ley 223 de 1995.

Como cargos de violación adujo, la violación directa de la ley ; falsa motivación y la violación al debido proceso . Para tal efecto, manifestó:

Que no se invocan los motivos de urgencia en las actuaciones demandadas, sino que se limitan a proveer fórmulas justificadoras en abstracto, ya que los motivos de necesidad de equipamentos en salud y educación no son reales, de manera tal que existen a menos de 200 metros dos colegios y lotes cercanos donde se puede n8

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desarrollar los proyectos de educación y salud y que no están cobijados bajo la normatividad del plan parcial.

Que el Plan Parcial encuentra su marco normativo en la Ley 388 de 1997, en el Acuerdo 062 de 1999 y en el Decreto Nacional 2181 de 2006, a través de los cuales se establece el procedimiento de adopción de los citados planes, l o cual debe armonizarse con el Acuerdo 046 de 2006 , Plan de Ordenamiento Territorial para el

2006, a través de los cuales se establece el procedimiento de adopción de los citados planes, l o cual debe armonizarse con el Acuerdo 046 de 2006 , Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín.

Que, conforme con lo anterior , la Resolución núm. 2506 de 23 de diciembre de 2009, “por medio de la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un bien inmueble” , busca modificar lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, norma esta que posee una jerarquía superior, pues pretende a través de un proceso menor desconocer el trabajo del Plan Parcial que posibilita el desarrollo urbanístico de la zona.

Insiste en que dicha Resolución 2506 viola una norma superior, pues quebranta la norma en que debió fundarse porque para modificar la planificación existente para un territorio, debió surtirse el mismo proceso que para su expedición; y, en este caso , el acto9

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administrativo contradice al Plan de Ordenamiento Territorial y lo modifica a través de una Resolución; es decir, que se pretende revocar un decreto del Alcalde a través de una resolución, acto este de menor jerarquía.

Que el Plan Parcial Altos de Calazans ha dispuesto un área de cesiones que soporta las cargas de las urbanizacio nes circundantes,

revocar un decreto del Alcalde a través de una resolución, acto este de menor jerarquía.

Que el Plan Parcial Altos de Calazans ha dispuesto un área de cesiones que soporta las cargas de las urbanizacio nes circundantes, con un área aproximada de 40.000 mt2 ; y que el Municipio de Medellín a través de una resolución expropia un inmueble de un área de poco más de 32.000 mt2, para la construcción de equipamientos de vivienda y salu d, con lo que está desconoc iendo lo dispuesto previamente en el Plan Parcial.

Señaló que el acto administrativo cuestionado incurre en el vicio de falsa motivación, debido a que la motivación es insuficiente y no responde al por qué de la expropiación del lote de terreno de la familia Palacio Aguirre, ya que tras estar en plena negociación para la explotación comercial del inmueble, el Municipio de Medellín ordenó su expropiación, lo que impidió a la parte actora beneficiarse del Plan Parcial; y que, en su lugar , la entidad demanda da se aprovechó de un lucrativo negocio.10

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Que la administración municipal parte del avalúo realizado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, para realizar una oferta de compra y, posteriormente, expropiar el inmueble, ya que pone al

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Que la administración municipal parte del avalúo realizado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, para realizar una oferta de compra y, posteriormente, expropiar el inmueble, ya que pone al propietario en desventaja al momento de negociar el predio, lo que constituye violación al debido proceso.

Que la Ley 223 de 1995 establece que la valoración del bien inmueble tiene como fin el cobro del impuesto predial , valor catastral que no debe ser inferior al 40%; que para el presente caso la Secretaría de Hacienda de Medellín precisó que el avalúo catastral corresponde al 50% del valor comercial del bien inmueble, de tal suerte que entre el precio ofrecido por el Municipio de Medellín de $1.923.3713640 y el avalúo comercial resultante, hay una diferencia de $704.470.360.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Municipio de Medellín , mediante apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Que el artículo 58 de la Ley 388 de 1997 definió los motivos de utilidad sobre los cuales se adelantaron los procesos de adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación.11

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Esta norma, entre otras, sirvió de sustento para decretar la expropiación teniendo en cuenta que en la unidad de actuación se van a desarrollar proyectos de vivienda tipo 1 y tipo 2 y los equipamientos constituyen usos complementarios al uso principal, usos estos que se ajustan a los motivos de utilidad pública señalados en los literales a) y b) del citado artículo 58.

Que la adquisición de los lotes de la unidad de actuación núm. 3, a través de la figura de la expropiación, previo el agotamiento de la enajenación voluntaria, se sustenta en el hecho de que dichos lotes resultan estratégicos para la construcción de los equipamientos de salud y educación, en orden a satisfacer las necesidades de una población que se localiza alrededor del área de planeamiento del Plan Parcial. Así las cosas, está sustentado en tres instrumentos: en el Plan de 2009 “Visión Colombia segundo Centenario”; en el Plan de Ordenamiento Territorial; y en el Plan de Desarrollo, que definen las políticas generales para el desarrollo del territorio.

Explica que el Plan Parcial para la unidad de actuación núm. 3 plantea como uso principal, vivienda tipo 1 y tipo 2; desde el punto de vista del Plan de Ordenamiento Territorial se permite la construcción de12

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del Plan de Ordenamiento Territorial se permite la construcción de12

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equipamiento de orden barrial orientado a satisfacer necesidades educativas y de salud de la población del sector.

Sostuvo que la Subsecretaría de Catastro Municipal, tiene la facultad, por Ley , de realizar el avalúo comercial en forma objetiva, transparente y veraz. Refiere que los evaluadores del Municipio de Medellín están facultados para la realización de los avalúos comerciales mediante el artículo 20 del Decreto 1420 de 1998, el cual reza “El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como la entidad que cumple sus funciones y las personas naturales o jurídicas y autorizadas por la Lonja en sus informes de avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación”. Asimismo, la Resolución 620 de 2008, por la cual se establece la metodología para la realización de los avalúos ordenados por la Ley 388 de 1997, enuncia cuatro métodos posibles en la elaboración de los avalúos ; y en su artículo 6° dispone la posibilidad de utilizar cualquiera de ellos.

Añadió que la Unidad de Cartografía al revisar la información sobre áreas y linderos de los inmuebles con matrículas inmobiliarias núms.

posibilidad de utilizar cualquiera de ellos.

Añadió que la Unidad de Cartografía al revisar la información sobre áreas y linderos de los inmuebles con matrículas inmobiliarias núms. 5084970 y 96556, pudo determinar, mediante un estudio jurídico, que13

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el inmueble con matrícula 5084970 tiene un plano protocolizado en la Escritura Pública núm. 903 de 7 de marzo de 1997 de la Notaria 20, que permitió corregir los linderos de este y también del inmueble con matrícula 96559, por encontrarse incluido parte de este último en el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 5084970, motivo por el cual disminuye el área del lote de 38.446 mt2 a 32.578.89 mt2.

Propuso las excepciones de: falta de agotamiento de vía gubernativa frente a la Resolución núm. 5031 del 8 de octubre de 2009, que modificó los datos de los predios identificados con matrículas 5084970 y 96559 a partir del 1o. de enero de 2007, contra la cual procedían los recursos de reposición y , en subsidio, de apelación, no siendo interpuesto este último; caducidad de la acción, teniendo en cuenta

y 96559 a partir del 1o. de enero de 2007, contra la cual procedían los recursos de reposición y , en subsidio, de apelación, no siendo interpuesto este último; caducidad de la acción, teniendo en cuenta que la Resolución 0354 de 1o. de marzo de 2010 fue notificada el 5 de marzo de 2010 y la demanda se presentó el 20 de septiembre de 2010, esto es, por fuera del término legal previsto para ello; incumplimiento del requisito de procedibilidad e ineptitud sustantiva; falta de norma constitucional y legal para controvertir motivos de utilidad pública o interés social de expropiación; y falta de causa para pedir.

I.5. Tercero Interesado:14

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Dentro del proceso se ordenó vincular como tercero interesado al señor JHON FERNANDO PALACIO AGUIRRE, al cual se le nombró curador ad litem quien se adhirió a las pretensiones formuladas en la demanda y solicitó que se le tuviese en cuenta como demandante dentro del proceso.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 21 de julio de 2014, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa frente a la Resolución

Mediante sentencia de 21 de julio de 2014, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa frente a la Resolución núm. 5031 de 2009, y se inhibió para pronunciarse sobre los aspectos de fondo que de ella se derivaran; asimismo, denegó las demás pretensiones de la demanda . Lo anterior, con base en los razonamientos que pueden resumirse, así:

En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, el Tribunal de instancia señaló que la Resolución núm. 5031 de 8 de octubre de 2009, mediante la cual se fijan las áreas de los predios con matrículas 5084980 y 960072333, en su parte resolutiva determinó,15

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en el artículo sexto, que contra esa decisión procedían el recurso de reposición y el de apelación, de forma directa y subsidiaria.

Que no se aportó al plenario prueba del agotamiento de los recursos que, en el presente caso, debieron interponerse para poder acudir ante la Jurisdicción, por lo que declaró prob ada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de dicho acto y se inhibió para pronunciarse sobre los aspectos de fondo que de él se deriven, como las áreas del predio y la modificación de los mismos.

agotamiento de la vía gubernativa respecto de dicho acto y se inhibió para pronunciarse sobre los aspectos de fondo que de él se deriven, como las áreas del predio y la modificación de los mismos.

Con relación a la excepción de caducidad, consideró que no estaba llamada a prosperar, habida cuenta que la Resolución 2506 de 23 de diciembre de 2009, fue notificada a los interesados el 5 de marzo de 2010; y que , no obstante , la demanda se presentó el 20 de septiembre de 2010, obra constancia de conciliación de esa fecha, reflejando que la solicitud se presentó el 6 de julio de 2010.

Que, conforme a lo anterior, para el momento en que se presentó la solicitud de conciliación aún no se cumplía el término de 4 meses previsto en la Ley, pues restaba un día para el vencimiento : y que como se desprende de la Certificación de la Procuraduría 113 Judicial16

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I Administrativa, a la fecha en que se expidió la misma, se acudió a la jurisdicción.

Acerca de la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, consideró que tampoco estaba llamada a prosperar pues, en la audiencia de conciliación ante la Procuraduría se hizo expresa referencia de los actos demandados, así no se hubiera hecho en la respectiva solicitud de conciliación.

procedibilidad, consideró que tampoco estaba llamada a prosperar pues, en la audiencia de conciliación ante la Procuraduría se hizo expresa referencia de los actos demandados, así no se hubiera hecho en la respectiva solicitud de conciliación.

En cuanto a los cargos relativos a la falta de motivación y los motivos de declaración de urgencia y la violación a las normas superiores , adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que, el cargo de fal ta de motivación no está llamado a prosperar , toda vez que no se aportó sentencia que determine incumplimiento de la obligación de uso del bien expropiado y no se aportaron pruebas que demostraran que el bien inmueble no está siendo utilizado con los fines para los cuales fue objeto de expropiación; es decir, que no se demostró que hubiese discordancia entre la realidad fáctica y la motivación del acto (necesidad del inmueble para desarrollar programas de salud, educación, recreación y generación de espacios públicos urbanos), pues lo s supuestos de hecho exis tentes fueron17

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jurídicamente bien calificados para proceder a la expropiación por vía administrativa.

Que, contrario a lo afirmado por la parte actora , los actos acusados no contradicen el Plan de Ordenamiento Territorial, p ues el Decreto 397 de 2007 deli mitó el proyecto en la Unidad de Actuación

administrativa.

Que, contrario a lo afirmado por la parte actora , los actos acusados no contradicen el Plan de Ordenamiento Territorial, p ues el Decreto 397 de 2007 deli mitó el proyecto en la Unidad de Actuación Urbanística para el predio expropiado que puede ser usado para fines residenciales y complementarios entre los que se permiten los equipamientos públicos y privados de salud, educación y deportes, el cual es precisamente el objeto de la medida de urgencia y el motivo de utilidad descrito en los actos demandados.

Respecto de la declaración de urgencia , consideró que los motivos señalados en las resoluciones núms. 082 de 2009 y 341 de 2009 se integran dentro de lo s de utilidad pública prevista en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, esto es, la ejecución de un proyecto de infraestructura de salud, educación, recreación y generación de espacios públicos urbanos.

Que el Decreto núm. 397 de 2007 delimitó el proyecto en la Unidad de Actuación Urbanística para el predio expropiado, disponiendo que el mismo puede ser usado para fines residenciales y18

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complementarios, entre los que se permiten los equipamiento s públicos y privados de salud, educación y deportes, el cual e s, precisamente, el objeto de la medida de urgencia y el motivo de

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complementarios, entre los que se permiten los equipamiento s públicos y privados de salud, educación y deportes, el cual e s, precisamente, el objeto de la medida de urgencia y el motivo de utilidad pública descrito en los actos demandados , de lo cual se concluye que no prospera el cargo de violación de normas superiores.

Asimismo, precisó que los actos demandados siempre re conocieron los derechos y el porcentaje del propietario JOHN FERNANDO

PALACIO AGUIRRE.

En cuanto al valor indemnizatorio, el Tribunal de instancia sostuvo que se designó un auxiliar de la justicia para realizar el avalúo comercial de los inmuebles, con el fin de establecer la veracidad del realizado por la administración municipal ; e indicó que el dictamen fue descartado teniendo en cuenta que se presentaron inconsistencias, como que los datos que se obtuvieron lo fueron de conformidad con el año 2006 y no para el momento en que se realizó el peritaje o para el momento en que se expropió el bien ; además, porque el auxiliar de la justicia no explicó , de manera integral , por qué se aval uó el proyecto en el marco de vivienda de interés prioritario y no en o tro tipo de venta para comercio, y no tiene en19

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Actores: LUZ STELLA PALACIO AGUIRRE Y OTROS.

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cuenta lo dispuesto en el Decreto 397 de 2007, respecto de los usos

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cuenta lo dispuesto en el Decreto 397 de 2007, respecto de los usos del Plan Parcial ni se hizo un estudio comparativo.

Finalmente, indicó que, en relación con los perjuicios reclamados, si bien se allegaron constancias de diversas empresas interesadas en realizar negocio con los propietarios del predio, no se consigna en las mismas el valor por el que se pensaba realizar la transacción, lo que permita definir si con la compra de a lguna de estas empresas se recibiría mayor valor al otorgado por el Municipio de Medellín, para derivar un detrimento.

En consecuencia, el Tribunal de instancia denegó las demás pretensiones de la demanda.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

III.1. JHON FERNANDO PALACIO A GUIRRE, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando, en síntesis, lo siguiente:

1. “Indebido e incompleto análisis sobre los motivos de los actos administrativos demandados con falsa motivación”:20

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Sostuvo que si el acto administrativo que resolvió la expropiaci ón

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Sostuvo que si el acto administrativo que resolvió la expropiaci ón administrativa del bien de propiedad de los demandantes ( Resolución 2506 de 2009), estuvo motivado, entre otras, por la Resolución 082 de 2009, que definió las especiales condiciones de urgencia, se debe analizar y efectuar el debido control de legalidad a efectos de determinar si dichos motivos de utilidad pública o de interés social estuvieron acordes con el resultado de la expropiación del bien inmueble objeto del presente proceso.

Resaltó que la motivación de la declaratoria de urgencia por parte del Municipio de Medellín estuvo dada expresamente para la adquisición de un inmueble con fi