CE - 050012331000201002094011SENTENCIA20230706170524

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 05001-23-31-000-2010-02094-01 (57.297) Actor: Jairo Escobar Arias y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA – Daños causados a trabajador por un ataque armado proveniente de un grupo al margen de la ley, cuando realizaba actividades relacionadas con su empleo / INOPERANCIA DEL FUERO DE ATRACCIÓN EN ESTE CASO / Falta de jurisdicción en relación con las pretensiones form uladas en el sub lite por la parte actora frente a la empresa Empleamos S.A. / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – Se ciñe a los cargos formulados contra el fallo del a quo por el apelante único / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – En el empleador recae la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos con ocasión de la labor desempeñada por sus empleados, en este caso a través de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se analiza la responsabilidad pat rimonial de las demandadas por las lesiones irrogadas a una persona por miembros de un grupo armado mientras realizaba

mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se analiza la responsabilidad pat rimonial de las demandadas por las lesiones irrogadas a una persona por miembros de un grupo armado mientras realizaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos, trabajo para el que fue contratado por una empresa privada.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 31 de marzo de 2016, mediante la cual decidió la demanda de reparación directa presentada 1 por Jairo Escobar Arias (víctima directa), Luz Stella Pérez Molina

(compañera permanente), quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor Tatiana Escobar Pérez, y Sorani Escobar Pérez (hijas), en contra de la empresa Empleamos S.A., la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional, el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Agencia Presidencial para la Acción Socia l y la Cooperación Internacional -en adelante Acción Social-, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables por

1 Folios 4-22 c. ppal.Radicación: 05001-23-31-000-2010-02094-01 (57.297) Actor: Jairo Escobar Arias y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

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las lesiones sufridas por el primero de los mencionados, en hechos ocurridos el 29 de mayo de 2009, en la zona rural del munici pio de Valdivia, Antioquia.

Referencia: Reparación directa

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las lesiones sufridas por el primero de los mencionados, en hechos ocurridos el 29 de mayo de 2009, en la zona rural del munici pio de Valdivia, Antioquia.

2. Como consecuencia, solicitaron una indemnización por concepto de perjuicios morales, daño a la vida de relación, lucro cesante y por la pérdida de la capacidad laboral de carácter permanente de la víctima directa.

3. Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que el 29 de mayo de 2009, el señor Jairo Escobar Arias fue víctima de un ataque armado realizado por un grupo al margen de la ley mientras trabajaba en la erradicación de cultivos ilícitos en zona rural del municipio d e Valdivia, Antioquia. En este hecho, el demandante resultó herido de gravedad en su pierna izquierda, hecho que le produjo la pérdida de su capacidad laboral.

4. A juicio de la parte actora, las demandadas están llamadas a responder a título de falla del servicio, por no garantizar la “seguridad” de los erradicadores, dado que no impidieron que los grupos que delinquían en el sector realizaran ataques armados contr a los civiles que adelantaban las labores de erradicación, pues de haberse contado con la presencia efectiva de la fuerza pública en el lugar, seguramente se hubiera evitado la ocurrencia del hecho dañoso 2. Al lado de lo anterior, sostuvo que también se ha llaba configurado un daño especial -en tanto el señor Escobar Arias fue víctima de la acción terrorista de grupos al margen de la ley-, así como un riesgo excepcional, debido a que la actividad que se encontraba

anterior, sostuvo que también se ha llaba configurado un daño especial -en tanto el señor Escobar Arias fue víctima de la acción terrorista de grupos al margen de la ley-, así como un riesgo excepcional, debido a que la actividad que se encontraba realizando era de alto riesgo y no podía ser delegada por el Estado a un civil que no contaba con la formación ni protección suficientes.

La defensa

5. En su contestación de la demanda, Acción Social adujo que no tenía legitimación en la causa en este caso, dado que la víctima directa no fue contratada por el Estado sino por la empresa Empleamos S.A., sociedad q ue asumió siempre sus prestaciones sociales. Agregó que no tenía dentro de sus funciones brindar seguridad en el área en la que se iba a llevar a cabo la erradicación manual de cultivos ilícitos, pues esas labores se coordinaban en apoyo de las fuerzas militares, como efectivamente se realizó en este caso, quienes debían despejar el perímetro y verificar la presencia de minas antipersonales 3.

6. A su turno, la Dirección Nacional de Estupef acientes argumentó que no tenía a su cargo funciones de custodia y cuidado de las personas que adelantaban la erradicación manual de cultivos ilícitos y que no existía una relación jurídica entre la entidad y la empresa Empleamos S.A., ni el actor, por man era que no se configuró una falla del servicio ni un daño especial que le fuera imputable. Tampoco existió un riesgo excepcional, en tanto el demandante no se hallaba en ejercicio de una actividad peligrosa. En ese sentido, formuló las excepciones de: (i) hecho de un

2 En palabras textuales de la demanda: “ la Fuerza Pública y las demás entidades demandadas no cumplieron

actividad peligrosa. En ese sentido, formuló las excepciones de: (i) hecho de un

2 En palabras textuales de la demanda: “ la Fuerza Pública y las demás entidades demandadas no cumplieron con las obligaciones y deberes impuestos para velar por la seguridad y vida de las personas que se contratan como erradicadores de cultivos ilícitos, puesto que no les brindan una adecuada seguridad y permiten que grupos ilegales ataquen en dichos sitios”. 3 Folios 113-122 c. ppal.Radicación: 05001-23-31-000-2010-02094-01 (57.297) Actor: Jairo Escobar Arias y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

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tercero; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, y (iii) ausencia de nexo causal4.

7. Por su parte, la Policía Nacional manifestó que el señor Escobar Arias aceptó voluntariamente el riesgo inherente a la actividad de erradicación de cultivos ilícitos al momento de suscribir el contrato de trabajo con la empresa Empleamos S.A.; por consiguiente, era esta última la única llamada a sufragar los emolumentos laborales e indemnizaciones causadas en el desarrollo de dicha labor. Agregó que a pesar de que el personal adscrito a la institución brindó el correspondiente acompañamiento para garantizar la seguridad, la obligación de protección de los ciudadanos no tiene un carácter absoluto, de ahí que, como el ataque que le ocasionó las lesiones al demandante fue cometido por integrantes de un grupo al margen de la ley, se configuró la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de un tercero 5.

demandante fue cometido por integrantes de un grupo al margen de la ley, se configuró la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de un tercero 5.

8. Finalmente, la empresa Empleamos S.A. señaló que sólo fue contratada para elegir al personal que desarrollaría la tarea de erradicación manual de cultivos ilícitos pero no estaba a su cargo la obligación de prestar seguridad a los erradicadores, en tanto dicha labor incumbe únicamente al Estado. Agregó que cumplió con el protocolo de seguridad del manual de antinarcóticos y que la lesión del aquí demandante fue debidamente atendida, para lo cual la ARL determinó que su pérdida de capacidad laboral era inferior al 5%, porcentaje que no permitía estimarla como una incapacidad permanente parcial. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de: (i) inepta demanda, pues las obligaciones que le asistían como empleadora, fueron debidamente cumplidas; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la seguridad de los trabajadores corría por cuenta del Estado; (iii) buena fe exenta de culpa; (iv) fuerza mayor o caso fortuito, y

(v) culpa exclusiva de la víctima, pues el señor Escobar Arias inaplicó las directrices que le fueron impartidas en las capacitaciones brindadas sobre los riesgos de la actividad6.

9. Las demás entidades guardaron silencio.

10. Surtida la etapa probatoria 7 , la parte actora adujo que ninguna de las demandadas se esforzó por demostrar las acciones que emprendieron para evitar

4 Folios 164-184 c. ppal. 5 Folios 190-194 c. ppal. 6 Folios 203-239 c. ppal.

demandadas se esforzó por demostrar las acciones que emprendieron para evitar

4 Folios 164-184 c. ppal. 5 Folios 190-194 c. ppal. 6 Folios 203-239 c. ppal. 7 Mediante auto del 14 de febrero de 2012 se decretaron las siguientes pruebas: (i) Testimoniales de los señores Arturo Celis Eranada, Rubiela González Palomino, Luz Miryan Castro González, Antonio Luis López, Norber Antonio Bedoy a, Lucelly Úsuga, Mauricio Ortiz, Jaime Ortiz Gómez, María Rubiela Arias Hernández, Uriel Hernán Echavarría Zapata, Ana María Escobar Montoya, Jazmín Morales Patiño, Mónica María Marín Álvarez y Édgar Mauricio Angulo Ariza (ii) Documental: la prueba arrima da con la demanda y las contestaciones; (iii) Oficios dirigidos a la empresa Empleamos S.A., AL Hospital Cesar Uribe Piedrahita, IPS SaludCoop, Personería del Municipio de Valdivia, Defensoría del Pueblo del municipio de Valdivia, Brigada del Ejército y Policía Nacional con sede en el municipio de Valdivia, Departamento administrativo de la Presidencia de la República y Dirección Nacional de Estupefacientes para que allegaran los documentos solicitados en la demanda; además oficiar al Ministerio de Defensa Nacional, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Acción Social; (iv) Dictamen pericial solicitado por la parte demandante sobre la afectación psicológica que los hechos le habrían ocasionado al señor Escobar Arias, y (iv) interrogatori o de parte a la señora Amparo Montoya Gómez Representante Legal de Empleamos S.A. (Folios 442-446 c. ppal). En el proceso se practicaron las siguientes pruebas:

ocasionado al señor Escobar Arias, y (iv) interrogatori o de parte a la señora Amparo Montoya Gómez Representante Legal de Empleamos S.A. (Folios 442-446 c. ppal). En el proceso se practicaron las siguientes pruebas:

1. Registros civiles de nacimiento de los demandantes.Radicación: 05001-23-31-000-2010-02094-01 (57.297) Actor: Jairo Escobar Arias y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

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el daño y planteó imputaciones concretas en contra de Acción Social 8, Empleamos S.A. 9 y la Policía 10 y Ejército Nacional 11 . Por su parte, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antes Acción Social, adujo que el hecho dañoso emanaba de la omi sión de la Policía Nacional de su deber de prestar seguridad12, mientras que la Policía Nacional reiteró los planteamientos expuestos en la contestación de la demanda 13.

11. El Ministerio de Justicia, en su condición de sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes, argumentó que no tenía relación con la gestión del programa de erradicación de cultivos ilícitos ni la protección de las personas que trabajaba en este y afirmó que a la empresa Empleamos S.A. le correspondía asegurar los riesgos de s us empleados y, por ende, era la responsable por el accidente de trabajo14.

12. Los otros demandados y el Ministerio Público guardaron silencio 15.

2. Documentos en los que constan órdenes de i ncapacidades laborales emitidas al señor Jairo Escobar Arias y múltiples prórrogas.

12. Los otros demandados y el Ministerio Público guardaron silencio 15.

2. Documentos en los que constan órdenes de i ncapacidades laborales emitidas al señor Jairo Escobar Arias y múltiples prórrogas.

3. Certificados de licencias o incapacidades elaborados por SaludCoop EPS en el que consta como origen: “accidente de trabajo” y se disponen prórrogas.

4. Historia clínica del señor Jairo Escobar Arias en la que consta la atención en urgencias y las múltiples consultas y tratamientos ordenados con ocasión del “accidente de trabajo” padecido.

5. Informe para presunto accidente de trabajo del empleador o contratante.

6. Contrato de obra suscrito entre Empleamos S.A. y Jairo Escobar Arias.

7. Oficio del 8 de enero de 2010 suscrito por la ARL Positiva S.A. dirigido al señor Escobar Arias.

8. Documento titulado “Aspectos técnicos requeridos para contratar una empresa de servicios temporales para el envío de trabajadores en misión para la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en el desarrollo de la estrategia Grupo Móvil de erradicación del programa presidencial contra cultivos ilícitos, con el fin de cumplir con las metas establecidas para el año 2007”.

9. Contrato de prestación de servicios suscrito entre Acción Social y Empleamos S.A. con los correspondientes otrosíes a que estuvo sujeto.

10. Publicación de “El Bosque” titulada “Los cultivos ilícitos que afectan a la comunidad”.

11. Informe de gestión 2009 del Grupo Móvil de Erradicación de Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos.

12. Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor Escobar Arias.

11. Informe de gestión 2009 del Grupo Móvil de Erradicación de Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos.

12. Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor Escobar Arias.

13. CD en el que consta el Manual de Antinarcóticos para la erradicación manual de cultivos ilícitos.

14. Oficio del 27 de marzo de 2012 de la Armada Nacional en el que informa que en el departamento de Antioquia no se realizan operaciones de seguridad a Grupos Móviles de Erradicación.

15. Oficio del 31 de marzo de 2012 elaborado por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

16. Oficio del 26 de abril de 2012 proferido por la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

17. Oficio No. 54 del 9 de abril de 2012 proferido por la Personería del municipio de Valdivia, Antioquia.

18. Protocolo de coordinaciones en terreno GME Fuerza Pública.

19. Oficio suscrito por la Unidad Administrativa para la consolidación territorial.

20. Oficio del 10 de agosto de 2012 suscrito por el Batallón de Infantería No. 10 Girardot.

21. CD en el que consta el Conpes 3669 “POLÍTICA NACIONAL DE ERRADICACIÓN MANUAL DE CULTIVOS

ILÍCITOS Y DESARROLLO ALTERNATIVO PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL”.

22. Testimonios de los señores María Rubiela Arias Hernández, María Rubiela González Palomino, Luz Miriam Castro González, Lucelly Usuga , Carlos Arturo Celis Granada, Norbey Antonio Bedoya Álvarez, Mauricio de Jesús Ortiz Campiño, Yasmín Eugenia Morales Patiño, Luz Aide Osorio Agudelo y Mónica María Marín Álvarez.

Castro González, Lucelly Usuga , Carlos Arturo Celis Granada, Norbey Antonio Bedoya Álvarez, Mauricio de Jesús Ortiz Campiño, Yasmín Eugenia Morales Patiño, Luz Aide Osorio Agudelo y Mónica María Marín Álvarez.

23. Dictamen médico pericial en salud mental realizado por la Universidad CES al señor Jairo Escobar Arias.

8Sobre Acción Social, adujo que “(…) es la llamada a responder porque (…) era la encargada de velar por el funcionamiento de este y de que los trabajadores contratados cuenten con un sistema de seguridad por parte de la fuerza pública y así aminorar el riesgo (…) esta celebró un contrato con Empleamos S.A. para alcanzar el objetivo y se comprometió a entregarle los trabajadores en la misión de erradicación”. 9 En cuanto concierne a esta demandada, argumentó que “(…) Empleamos S. A. fue la empresa que buscó y empleó a Jairo Escobar Arias, un señor completamente inexperto en el oficio de erradicación manual, porque se dedicaba a la agricultura, adicional no le brindó una debida y completa capacitación (…)”. 10 Sobre estas instituciones sostuvo que “(…) La Policía Nacional y el Ejército Nacional deben evitar los ataques para que se cumpla a cabalidad con el plan del Gobierno, los erradicadores sufren un riesgo excepcional mientras prestan su servicio, sin que a ellos se les pueda imput ar la aceptación del riesgo, toda vez que son simples campesinos (…)”. 11Folios 780-805 c. 2. 12 Folios 753-757 c. 2. 13 Folios 758-760 c. 2. 14 Folios 767-769 c. 2. 15 Folio 806 c. 2,Radicación: 05001-23-31-000-2010-02094-01 (57.297)

13 Folios 758-760 c. 2. 14 Folios 767-769 c. 2. 15 Folio 806 c. 2,Radicación: 05001-23-31-000-2010-02094-01 (57.297) Actor: Jairo Escobar Arias y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

Referencia: Reparación directa

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La sentencia de primera instancia

13. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Antioquia se limitó a analizar la responsabilidad de las demandadas bajo el título de imputación de falla del servicio y no se pronunció sobre el daño especial y riesgo excepcional alegados en la demanda. Para este efecto, sostuvo que si bien la Fuerza Pública debía garantizar la seguridad de los erradicadores de cultivos ilícitos, se probó que para el día de los hechos, la Policía Nacional cumplió sus obligaciones, habida cuenta que hizo acompañamiento del grupo de erradicación que fue atacado de manera sorpresiva, de ahí que no incurrió en ninguna falla del servicio, al tiempo que concluyó que las demás entidades no eran directamente responsables de prestar protección y seguridad a los erradicadores -imputación sobre la que se fundamentó la demanda -, razón por la cual no estab an llamadas a responder por un daño respecto del cual no tenían ningún deber legal de evitar, el cual fue determinado por el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

14. Finalmente, agregó que la empresa Empleamos S.A. cumplió con sus obligaciones laborales y le otorgó indemnización a forfait al demandante, teniendo en cuenta los riesgos inherentes a la labor que desarrollaba, los cuales además

14. Finalmente, agregó que la empresa Empleamos S.A. cumplió con sus obligaciones laborales y le otorgó indemnización a forfait al demandante, teniendo en cuenta los riesgos inherentes a la labor que desarrollaba, los cuales además fueron conocidos por el señor Escobar Arias, pues fue debidamente capacitado sobre las condiciones en que debía desempeñar sus labores; así pues, deter minó que las anteriores circunstancias evidenciaron el cumplimiento de los deberes que le correspondían a las demandadas Acción Social y Empleamos S.A. 16.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

15. En su apelación, la parte actora adujo que la sola presencia de la Fuerza Pública en el lugar de los hechos no era suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores y que las lesiones padecidas por el demandante se produjeron por la falta absoluta de protección por parte de las fuerz as del orden, quienes no sólo debían proteger a los erradicadores, sino que debieron verificar la zona antes de que iniciaran sus labores, pues era una zona recurrentemente atacada por miembros de grupos al margen de la ley, por manera que los hechos resul taban previsibles para las autoridades.

16. Agregó que la erradicación de cultivos ilícitos es una labor que está en cabeza de la fuerza pública y que se trasladó a particulares sin garantizar su seguridad e integridad física, quienes además no estaban capacitados para desempeñarla con la suficiente formación para reaccionar a este tipo de situaciones de riesgo, en relación con lo cual alegó que los testimonios de los empleados de la empresa Empleamos S.A. no eran suficientes para acreditar que el demandante fue

la suficiente formación para reaccionar a este tipo de situaciones de riesgo, en relación con lo cual alegó que los testimonios de los empleados de la empresa Empleamos S.A. no eran suficientes para acreditar que el demandante fue debidamente capacitado para la activid ad que desempeñaba. Finalmente, reiteró que también debía analizarse la imputación de responsabilidad con base en el título

16 Folios 807-816 c. del Consejo de Estado.Radicación: 05001-23-31-000-2010-02094-01 (57.297) Actor: Jairo Escobar Arias y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

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de daño especial, en tanto el señor Escobar Arias resultó lesionado como consecuencia de una acción terrorista dirigida contra la fu erza pública17.

17. Al alegar de conclusión, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional reiteró que cumplió su obligación de prestar seguridad a los erradicadores 18 y la parte demandante adujo que también debía analizarse la imputación a título de riesgo excepcional, en tanto el Estado expuso al señor Escobar Arias a un riesgo que no estaba obligado a soportar y para el que no estaba suficientemente capacitado19. Las demás partes guardaron silencio 20.

18. En su concepto, el Ministerio Público solicitó revo car la sentencia recurrida, dado que se probó que las entidades demandadas incurrieron en una falla del servicio por la omisión de su deber de protección y seguridad de los erradicadores de cultivos ilícitos21.

III. CONSIDERACIONES

dado que se probó que las entidades demandadas incurrieron en una falla del servicio por la omisión de su deber de protección y seguridad de los erradicadores de cultivos ilícitos21.

III. CONSIDERACIONES

19. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

1.1. Jurisdicción competente para conocer del presente asunto , en el cual se discute la culpa patronal y la responsabilidad extracontractual del Estado

20. En el libelo inicial, los demandantes imputaron responsabilidad , además de a las entidades estatales, a la empresa Empleamos S.A. empleadora del señor Jairo Escobar Arias, con la cual éste último suscribió un contrato de trabajo para la erradicación de cultivos ilícitos.

21. En las condiciones analizadas, la Sala verificará si, en efecto, esta jurisdicción se encuentra habilitada para conoc er de las referidas pretensiones.

22. En virtud del fuero de atracción22, esta jurisdicción tiene competencia para fallar las pretensiones formuladas frente a los sujetos de derecho privado cuando se les demande de manera conjunta con una entidad pública, siempre que los hechos e n los que se sustenten las imputaciones formuladas en contra de la entidad y el

17 Folios 817-822 c. del Consejo de Estado. 18 Folios 831-832 c. del Consejo de Estado. 19 Folios 840-842 c. del Consejo de Estado. 20 Folio 851 c. del Consejo de Estado. 21 Folios 844-849 c. del Consejo de Estado. 22 “El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública (...) en conjunto con otras

19 Folios 840-842 c. del Consejo de Estado. 20 Folio 851 c. del Consejo de Estado. 21 Folios 844-849 c. del Consejo de Estado. 22 “El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública (...) en conjunto con otras entidades o incluso con particulares (…), por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para conocer del asunto (…). Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura, al demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esta jurisdicción y a otra entidad privada, cuya competencia le correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera –Jurisdicción Contenciosa Administrativa –, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas. “Para que se pueda aplicar el fuero de atracción, se requiere de un fundamento jurídico y fáctico sólido” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, provide ncia del 18 de junio de 2015, expediente 51.714, M.P. Hernán Andrade Rincón; además: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 1° de marzo de 2018, expediente 43.269, y del 28 de agosto de 2019, expediente 52603.Radicación: 05001-23-31-000-2010-02094-01 (57.297) Actor: Jairo Escobar Arias y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

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Actor: Jairo Escobar Arias y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros

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particular sean los mismos 23 y que tengan la misma fuente, puesto que se parte de la existencia, bien sea de un litisconsorcio necesario por pasiva o de una concausalidad24, en virtud de la cual los dos sujetos eventualmente contribuyeron con su conducta a generar el daño y, por ende, son responsables de los perjuicios causados 25 ; de lo contrario, lo procedente será declarar probada la falta de jurisdicción frente al asunto de car ácter particular, competencia que no se agota en el curso del trámite procesal, pues es un supuesto para dictar la sentencia.

23. Esta Subsección26, en sentencia del 20 de noviembre de 2020, precisó que tal supuesto no se configura cuando al Estado y al particular demandado se le imputan pretensiones de distinta naturaleza: extracontractual a las entidades y contractual al privado, razonamiento con fundamento en el cual se concluyó que en el caso analizado en esa oportunidad no resultaba aplicable el fuer o de atracción 27 y, por ende, lo procedente era declarar probada la excepción de falta de jurisdicción frente al asunto contractual de carácter particular.

24. De este modo, al juez le corresponde determinar la naturaleza y la fuente de la responsabilidad imputada a cada sujeto, con el fin de evitar que la jurisdicción que debe conocer el asunto sea alterada de manera temeraria 28, sino que, en efecto, la autoridad judicial que conozca del proceso sea habilitada para tal fin 29.

25. En suma, en virtud de la garantía del juez natural y del derecho a que un asunto

autoridad judicial que conozca del proceso sea habilitada para tal fin 29.

25. En suma, en virtud de la garantía del juez natural y del derecho a que un asunto sea definido de acuerdo con la normativa procesal y sustantiva previamente definida por el legislador, así como del carácter de orden público de las normas que rigen la jurisdicción, la aplicación del fuero de atracción debe ser estricta y excepcional, en tanto la modificación de la competencia de las autoridades facultadas para conocer de una controversia no pueden quedar al arbitrio de las partes, máxime cuando cada una de las jurisdicciones conocen de acciones, pretensiones y procesos soportados en la especialidad y la naturaleza sustantiva fijada por el legislador a partir de concretos y precisos mandatos constitucionales.

23 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 1° de junio de 2020, expediente 25000-23-26-000-2010-00966-01(52337). 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del: i) 22 de marzo de 2017, expediente 38.958; ii) 11 de abril de 2019, expediente 45205; iii) 25 de julio de 2019, expediente 51.687; iv) 28 de agosto de 2019, expediente 52.603; v) 12 de diciembre del 2019, expediente 45.978, M.P. María Adriana Marín. 25 El criterio del fuero de atracción ha sido establecido de tiempo atrás por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Entre las providencias en las que inicialmente se delimitó su alcance y se analizó la concausalidad se

25 El criterio del fuero de atracción ha sido establecido de tiempo atrás por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Entre las providencias en las que inicialmente se delimitó su alcance y se analizó la concausalidad se encuentran las proferidas el 10 de septiembre de 1993, el 12 y el 28 de octubre de 1993, expedientes 8549, 8148 y 8043, M.P. Julio Cesar Uribe Acosta y Carlos Betancur Jaramillo 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de noviembre de 2020, expediente 50.433, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 27 Frente a la divergencia en la responsabilidad imputada, se sostuvo “[d]e acuerdo con lo expuesto, en tanto que no se trata de los mismos hechos, no es posible mediante el fuero de atracción estudiar un asunto contractual entre particulares, en tanto la demanda se presentó junto con una presunta falla de la administración que es un asunto extracontractual”. 28 Así lo ha sostenido de tiempo atrás esta Corporación: “no se puede manejar con ligereza conceptual, ni con valoración descuidada de la realidad fáctica, pues se corre el riesgo de desnaturalizar la jurisdicción, ya que bastaría buscar un centro de imputación jurídica, de cuyos hechos, actos y omisiones conozca la jurisdicción de lo contencioso - administrativo, pa ra que justicia ordinaria sea relevada, sin causa, motivo o razón, del conocimiento de los asuntos que le están asignados por la ley” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de no