CE - 050012331000201002161011SENTENCIA20230221121946

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2022

Radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01 (57.759)

Actor: William Alveiro López Ceballos y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad (Ley 600 de 2000) - Daño especial

Síntesis del caso: El demandante fue vinculado a la investigación penal por la presunta comisión de los delitos de secuestro extorsivo y hom icidio agravado . La fiscalía le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y posteriormente profirió resolución de preclusión

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la Sentencia proferida el 1 9 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la

pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad co n lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 21 de octubre de 2010 , William Al veiro López Ceballos , con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la

1 De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).Radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01 (57.759)

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reparación de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de su libertad2. La medida de aseguramiento de detención preventiva se le impuso dentro del

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reparación de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de su libertad2. La medida de aseguramiento de detención preventiva se le impuso dentro del proceso penal adelantado en su contra por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado.

2. En la demanda se presentó la siguiente pretensión declarativa (se trascribe):

“1.- Se declare que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, es administrativamente responsable por el daño antijurídico causado a los solicitantes: WILLIAM AL BEIRO LÓPEZ CEBALLOS, FLOR MARLENY VALDERRAMA y MARÍA JUDITH CEBALLOS DE LÓPEZ, por haber sido sometido el primero de los citados, a la privación injusta de la libertad y vinculación a un proc eso penal entre los días 11 de agosto de 20 06 y 12 de agosto de 2008, cuando se profiere la preclusión de la instrucción, ya que se configura la figura de LA NO COMISIÓN DE LA CONDUCTA QUE SE LE IMPUTABA, por los punibles de secuestro extorsivo en concurso material heterogéneo con homicidio agravado”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitó que se condenara a la entidad demandada al pago de los siguientes perjuicios:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios morales William Al veiro López Ceballos3 Víctima directa 100 SMLMV María Judith Ceballos de López Madre de la víctima directa 100 SMLMV Flor Marleny Valderrama Compañera permanente de la víctima directa

200 SMLMV

María Judith Ceballos de López Madre de la víctima directa 100 SMLMV Flor Marleny Valderrama Compañera permanente de la víctima directa 200 SMLMV Daño emergente y lucro cesante William Alveiro López Ceballos Víctima directa $150.000.000

4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en

síntesis, los siguientes hechos4:

5. 1) El 11 de agosto de 2006, William Alveiro López Ceballos fue capturado debido a su presunta participación en la comisión de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado.

6. 2) El 19 de abril de 2007, la Fiscalía 18 delegada ante los Jueces Penales del c ircuito especializados de Medellín resolvió “no revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva” en su contra.

2 Folios 8 al 44 Cuaderno del Tribunal No. 2. 3 Se advierte que la demanda refirió al demandante principal con el nombre de William Albeiro López Ceballos, sin embargo, en su registro civil de nacimiento y su cédula de ciudadanía se constata que en realidad corresponde a William Alveiro López Ceballos. 4 La Sala advierte que la información sobre las actuaciones que se surtieron al interior del proceso penal se soportan en los fundamentos fácticos presentados en la demanda y de lo consignado en la providencia de 12 de agosto de 2008 proferida por la Fiscalía 24 Delegada ante los Jueces Penales del circuito especializados de Medellín. Folios 29 al 44 del

los fundamentos fácticos presentados en la demanda y de lo consignado en la providencia de 12 de agosto de 2008 proferida por la Fiscalía 24 Delegada ante los Jueces Penales del circuito especializados de Medellín. Folios 29 al 44 del Cuaderno del Tribunal No. 2.Radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01 (57.759)

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7. 3) Esta decisión fue revocada el 25 de mayo de 2007 por la Unidad de Fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Medellín – Fiscalía 3, quien ordenó la libertad del demandante al considerar que no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 para mantener la medida de aseguramiento.

8. 4) El 12 de agosto de 2008, la Fiscalía 24 delegada ante los Jueces Penales del circuito especializados de Medellí n profirió resolución de preclusión de la investigación a favor de William López Ceballos porque concluyó que no tuvo participación en los hechos por los cuales era investigado.

1.2. Posición de la parte demandada

9. El 15 de junio de 20 11, la Fiscalía General de la Nación presentó contestación a la demanda, en la que indicó no constarle los hechos y se opuso a las pretensiones allí formuladas 5. En su escrito afirmó haber actuado en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, sin extralimitación o

contestación a la demanda, en la que indicó no constarle los hechos y se opuso a las pretensiones allí formuladas 5. En su escrito afirmó haber actuado en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, sin extralimitación o abuso de sus competencias, por lo que advirtió la inexistencia de un error judicial, defectuoso funcionamiento en la administración de justicia o privación injusta de la libertad.

10. En ese sentido , sostuvo que la medida de aseguramiento se ajustó a los requisitos legales exigidos para su imposición , por lo que fue proporcional y razonable. Finalmente, propuso las excepciones que denominó “aplicación de la teoría de las cargas públicas ”, “ausencia de daño antijurídico ”, “prudencia, diligencia y cuidado de la Fiscalía General de la Nación al resolver la situación jurídica al apoyarse en dos indicios graves de responsabilidad, de acuerdo con el mandato legal”, “actuación conforme a derecho y en cumplimiento de un deber – poder legal” y la “inexistencia de la obligación de indemnizar”.

1.3. Sentencia de primera instancia

11. El 19 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia dictó Sentencia de primera instancia , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda 6. Para el efecto, estableció la responsabilidad de la Fiscalía

5 Folios 68 al 77 del Cuaderno del Tribunal No. 2. 6 Folios 448 al 457 del Cuaderno del Consejo de Estado. En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente: “ 1. DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los daños antijurídicos

6 Folios 448 al 457 del Cuaderno del Consejo de Estado. En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente: “ 1. DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los daños antijurídicos ocasionados a los demandantes derivados de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor WILLIAM ALVEIRO LÓPEZ CEBALLOS desde el 11 de agosto de 2006 y el 29 de mayo de 2007, esto es por el espacio de 9 meses y 8 días, conforme a lo expuesto. //2. CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar en la proporción indicada en la parte motiva de este fallo, los valores por concepto de los perjuicios causados a los demandantes que se disciernen en el siguiente cuadro consolidado: 2.1.- Perjuicios morales

NOMBRE CALIDAD PERJUICIOS MORALES

William Albeiro López Ceballos Víctima 80 S.M.L.M.V. María Judith Ceballos de López Madre 80 S.M.L.M.V. Flor Marleny Valderrama Compañera permanente 80 S.M.L.M.V.Radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01 (57.759)

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General de la Nación bajo los presupuestos de un régimen objetivo, según el cual, ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, el aquí demandante habría sufrido un daño que no estaba en la obligación jurídica de

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General de la Nación bajo los presupuestos de un régimen objetivo, según el cual, ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, el aquí demandante habría sufrido un daño que no estaba en la obligación jurídica de soportar. Por lo anterior, reconoció para William Alveiro López Ceballos, su madre y su compañera permanente, el equivalente a 80 SMLMV, para cada uno, por concepto de perjuicios morales . Además, la suma de $ 40.976.698 a título de lucro cesante.

1.4. Recurso de apelación

12. El 1 de febrero de 2016, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia de primera instancia 7, en el que insistió en el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, por lo que señaló que no se reunían los presupuestos necesarios para la configuración de la responsabilidad estatal. Además, la medida de aseguramiento de detención preventiva estuvo debidamente fundamentada y observó los requisitos legal es exigidos para su adopción, de modo que no se hab ía ocasionado una carga desproporcionada al entonces procesado. Asimismo, sostuvo que la legalidad de la medida de aseguramiento fue avalada por el juez de garantías competente, por lo que estaba configurada su falta de legitimación pasiva en la causa.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la existencia de un daño especial; 2.4. Entidad a la que se le atr ibuye el

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la existencia de un daño especial; 2.4. Entidad a la que se le atr ibuye el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

13. La parte demandante solicita la indemnización de los perjuicios ocasionados por la privación injusta de la libertad de William Alveiro López Ceballos, en desarrollo de la investigación penal adelantada por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado . En esta instancia, la Fiscalía General de la Nación adujo que su actuación se ajustó a sus deberes legales y constitucionales, p or lo que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales , y la detención que sufrió el demandante principal correspondía a una carga que estaba obligado jurídicamente a soportar.

14. Dentro del expediente se encuentra probado que, William Al veiro López Ceballos fue privado de su libertad, desde el 17 de agosto de 2006 hasta el 29

2.2. Perjuicios materiales - Lucro cesante-: Se reconoce a favor del señor William Al veiro López Ceballos la suma de cuarenta millones novecientos setenta y seis mil seiscientos noventa y ocho pesos ($40.976.698). // TERCERO. NEGAR las demás súplicas de la demanda (…)”. 7 Folios 238 al 257 del Cuaderno del Tribunal No. 1.Radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01 (57.759)

Actor: William Alveiro López Ceballos y otros

7 Folios 238 al 257 del Cuaderno del Tribunal No. 1.Radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01 (57.759)

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de mayo de 20078, con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado, que finalizó el 12 de agosto de 2008 con resolución de preclusión, proferida por la Fiscalía 24 delegada ante los Jueces Penales del circuito especializados de Medellín9.

15. La Sala decidirá el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, si bien no se cuenta con la constancia de ejecutoria de la decisión que puso fin al proceso penal , de acuerdo con las respectivas normas procesales, ésta debió quedar en firme el 25 de agosto de

200810. A partir de lo anterior, en principio, la parte demandante tenía hasta el 26 de agosto de 20 10 para presentar la demanda de manera oportuna. Sin embargo, este plazo se suspendió entre el 12 de agosto y el 20 de octubre de 2010, en virtud de la solicitud de conciliación presentada ante la Procuraduría 113 Judicial Administrativa de Antioquia11. En consecuencia, dado que el escrito se radicó el 21 de octubre de 201012, se concluye que la acción de reparación directa se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

se radicó el 21 de octubre de 201012, se concluye que la acción de reparación directa se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

16. De acuerdo con lo anterior, la Sala anuncia que modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido de mantener la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía G eneral de la Nación, pero ajustará los perjuicios materiales e inmateriales, de conformidad con los criterios desarrollados por esta Subsección en casos similares. Si bien en el expediente no obra la providencia que le impuso la medida de aseguramiento al demandante principal, lo que impide determinar si se configuró una falla en el servicio, lo cierto es que William Alveiro López Ceballos sufrió un daño especial que no estaba en el deber jurídico de soportar.

17. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará la existencia de un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad. Luego, dado que no se cuenta con la providencia que impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva, profundizará en las razones anunciadas por las cuales se causó un daño especial. Ante la ausencia de la

8 Según la constancia emitida por el INPEC el 27 de abril de 2015. Folio 143 del Cuaderno del Tribunal No. 2. 9 Folios 29 al 45 del Cuaderno del Tribunal No. 2. 10 En el expediente no se cuenta con la constancia de ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación , proferida el 12 de agosto de 2008. Sin embargo, si se tienen en cuenta los artículos 178 y 179 de la Ley 600 de 2000 –norma

10 En el expediente no se cuenta con la constancia de ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación , proferida el 12 de agosto de 2008. Sin embargo, si se tienen en cuenta los artículos 178 y 179 de la Ley 600 de 2000 –norma procesal vigente -, que regulan las notificaciones, person al y por estado, de una providencia interlocutoria, dicha decisión debió quedar, por lo menos, ejecutoriada el 25 de agosto de 2008. En efecto, según la legislación procesal penal, primero, se intentará realizar la notificación personal de la providencia, dentro de los 3 días siguientes a la fecha de su expedición -en este caso, 13, 14 y 15 de agosto-. Si los sujetos procesales no concurren, se notificará por estado tres días después de la fecha en la que se efectuó la citación, la cual debía realizarse, a más tardar, el día hábil siguiente a la fecha de la providencia -13 de agosto. Por tanto, la fijación del estado debía hacerse el 20 de agosto y, después, correría el término de ejecutoria, es decir, 21, 22 y 25 de agosto de 2008. Por tanto, este último día habría quedado ejecutoriada la aludida providencia. 11 Folios 45 al 47 del Cuaderno del Tribunal No. 2. 12 Folio 56 del Cuaderno del Tribunal No. 2Radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01 (57.759)

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culpa de la víctima, como causal eximente de responsabilidad posible en estos

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culpa de la víctima, como causal eximente de responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el daño a la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.

2.2. Identificación del daño

18. En el expediente se encuentra probado que, William Alveiro López Ceballos sufrió un daño consistente en la restricción de su derecho a la libertad, desde el 17 de agosto de 2006 hasta el 29 de mayo de 2007, esto es, por un período de 9 meses y 13 días.

2.3. Análisis de la existencia de un daño especial

19. Mediante la Sentencia de unificación de 5 de julio de 2018 13, la Corte Constitucional precisó que los artículos 90 de la Constitución Política de Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un título específico de imputación, sino que, por el contrario, prevén la posibilidad de que el ju ez adecúe la situación específica al título pertinente. Además, recordó que la falla en el servicio es el título de imputación preferente y que los títulos de responsabilidad objetiva son residuales, reservados para aquellos casos en que el régimen subjetivo es insuficiente para resolver la situación determinada14.

20. La Corte Constitucional también señaló que, “la posibilidad que tienen los administrados de ser resarcidos cuando el Estado les ocasione un daño que no estaban

el régimen subjetivo es insuficiente para resolver la situación determinada14.

20. La Corte Constitucional también señaló que, “la posibilidad que tienen los administrados de ser resarcidos cuando el Estado les ocasione un daño que no estaban en el deber de soportar en el marco de la privación injusta de la libertad es un derecho que se deriva de la efectividad de los derechos, la igualdad y la libertad, al paso de estar previsto en el artículo 90 de la Constitución y, en tal virtud, el criterio de sostenibilidad fiscal no se er ige en una barrera para ofrecer la protección efectiva de tales derechos”.

21. A partir de dichas consideraciones, y como lo ha definido la Sala en pronunciamientos anteriores, el juez de la responsabilidad tiene el deber de analizar, en primera medida, si el Estado actuó o no conforme a derecho. Por tanto, si su actuación no estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, el caso deberá abordarse bajo la óptica de la falla del servicio. En caso contrario, el juzgador deberá determinar si el perjuicio que sufre la víctima debe ser reparado bajo la consideración de que es un daño especial -no lo sufre la generalidad de

13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018. 14 En la providencia se afirmó: “Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial - del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios

artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia14, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante”.Radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01 (57.759)

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la poblacióny, por su gravedad, no podría considerarse que debe soportarlo o tolerarlo por el solo hecho de vivir en sociedad. Bajo este título de im putación denominado por la jurisprudencia como daño especial, debe considerarse que, a partir de la gravedad y anormalidad del daño, debe establecerse el derecho a la indemnización.

22. En efecto, es posible que el Estado, con su actuar legítimo, inflija daño s a particulares, lo que conlleva, por razones de igualdad -frente a las cargas públicasy de equidad, que la persona no deba soportarlo, como se predica en este caso respecto del demandante principal. Este análisis, como se mencionó,

particulares, lo que conlleva, por razones de igualdad -frente a las cargas públicasy de equidad, que la persona no deba soportarlo, como se predica en este caso respecto del demandante principal. Este análisis, como se mencionó, resulta acorde con el mandato del artículo 90 de la Constitución Política y lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-072 de 201815.

23. Así, resulta desproporcionada la privación de la libertad del procesado que fue exonerado de toda responsabilidad penal, a l no demostrarse su injerencia en la comisión de un determinado comportamiento punible. Por ello, la afectación del derecho a la libertad, el cual ha sido considerado una garantía básica del ser humano, no puede considerarse como una carga que deba soportar un ciudadano como contraprestación propia de vivir en sociedad, dado que, al mantenerse vigente su presunción de inocencia frente a los cargos que le fueron imputados, no se justifica dicha restricción durante el tiempo que finalmente se prolongó.

24. La Sala advierte que, en el expediente no obra la providencia mediante la cual se le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva al demandante principal, por lo que no es posible realizar un análisis de dicha decisión, con el fin de constatar si se profirió de manera legal o no. Pero, ante la posibilidad de que haya ocurrido un daño especial, se analizará el caso bajo un régimen objetivo de responsabilidad.

25. La providencia de 12 de a gosto de 200 8 proferida por la Fiscalía 24 delegada ante los Jueces Penales del circuito especializados de Medellín, que profirió resolución de preclusión de la investigación a favor de William Al veiro

25. La providencia de 12 de a gosto de 200 8 proferida por la Fiscalía 24 delegada ante los Jueces Penales del circuito especializados de Medellín, que profirió resolución de preclusión de la investigación a favor de William Al veiro López Ceballos, acogió los mismos motivos que llevaron a la Fiscalía 3 delegada ante el Tribunal de Medellín a revocar la medida de aseguramiento.

26. En esta decisión se e xplicó que William López Ceballos prestó un servicio de transporte como conductor de taxi, sin tener conocimiento previo de los planes de sus ocasionales clientes, quienes posteriormente secuestraron y le dieron muerte a Rodrigo de Jesús Salazar García. Ante la denuncia form ulada por la cónyuge de la víctima de secuestro, se ordenaron una serie de

15 Al respecto ver, entre otras, las providencias de esta Subsección: Sentencia de 6 de febrero de 2020, Exp. 42.409, Sentencia de 13 de febrero de 2020, Exp. 43.482, Sentencia de 13 de noviembre de 2020, Exp: 51.049; Sentencia de 13 de noviembre de 2020, Exp: 50.394; Sentencia de 6 de noviembre de 2020, Exp: 45.161, entre otras.Radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01 (57.759)

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interceptaciones telefónicas que fueron adelantadas por la DIJIN de la Policía Nacional. En ellas, se logró identificar que los presuntos captores realizaron dos

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interceptaciones telefónicas que fueron adelantadas por la DIJIN de la Policía Nacional. En ellas, se logró identificar que los presuntos captores realizaron dos llamadas a la resid encia del demandante, sin embargo, se desconocía el contenido del diálogo sostenido, y ante tal vacío probatorio, se determinó que las llamadas correspondieron al pedido de los autores del hecho para ser recogidos en el municipio donde se encontraban y tra sladarlos nuevamente a Medellín. Solicitud a la cual William López se habría negado.

27. De otro lado sostuvo que, ante la negativa de William López Ceballos de prestar nuevamente un servicio, se tomó por cierto que no había adquirido un compromiso previo c on los delincuentes . Además, consideró que tampoco existió un sobrepago por el servicio prestado, pues el viaje habría costado $50.000 más gasolina y peajes, precio justo y usual por un transporte desde Medellín hasta El Peñol. A partir de lo anterior, concluyó que la imputación de los delitos se fundó en conjeturas y sin el debido respaldo probatorio, pues no fue posible comprobar un acuerdo previo . Así lo sostuvo el fiscal delegado (se

transcribe):

“El meollo del asunto radica, según quedó consignado atrás, en que mientras la Fiscalía de primer grado encontró que López Ceballos estaba enterado de cuáles eran los planes de los individuos que transportó en el taxi hasta el municipio El Peñol en esa madrugada del tres de agosto del año pasado, la defensa aduce que su asistido se limitó a prestarles el servicio de transporte, sin conocer con qué intenciones viajaban a la citada municipalidad.

Peñol en esa madrugada del tres de agosto del año pasado, la defensa aduce que su asistido se limitó a prestarles el servicio de transporte, sin conocer con qué intenciones viajaban a la citada municipalidad.

Y la realidad es que la prueba recaudada no permite arribar a la conclusión que llegó la Fiscal instructora, so pena de entrar en conjeturas y suposiciones, de manera que, de una vez hay que anunciar, las glosas del recurrente son procedentes.”

28. Como puede observarse, en el proceso penal no se probó, con el grado de certeza necesario la responsabilidad del ahora demandante en los hechos investigados, razón por la cual se profirió resolución de preclusión a su favor ante la insuficiencia de material probatorio que diera cuenta de su participación en los hechos investigados.

29. Así las cosas, se encuentra que el entonces procesado estuvo privado de la libertad por un tiempo considerable, debido a una investigación penal que cursó por delitos de notoria gravedad, pero en la que el Estado no pudo desvirtuar su presunción de inocencia, ante las importantes dudas que existían acerca de su participación en las conductas investigadas. Por lo anterior, al no existir ningún título jurídico que pueda justificar, de manera definitiva, la privación provisional de su libertad, se le generó un daño anormal, especial y grave, que deberá ser indemnizado, como así se ordenará.Radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01 (57.759)

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