CE - 050012331000201100451011SENTENCIA20230717151325

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00451-01(59334)

Actor: MARÍA MARLENY NARANJO SUÁREZ Y OTROS

Demandado: ESE METROSALUD Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA IMPEDIMENTO-Intervenir como agente del Ministerio Público artículo 150.12 CPC. COMPETENCIA DEL SUPERIOR-Apelación de ambas partes. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN ACTIVIDAD MÉDICAFalla o culpa de la Administración probada. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN ACTIVIDAD MÉDICA-La carga de la prueba la tiene el demandante. ERROR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO-Eventos. ERROR DE TRATAMIENTO-Eventos. DOCUMENTO PÚBLICOPresunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. INFORME DE AUDITORIA DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-Documento público. HISTORIA CLÍNICA-La ausencia de registros configura indicio de falla del servicio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO DE OÍDAS-Valoración probatoria. PERITACIÓN-Elementos de este medio de prueba. DICTAMEN PERICIAL-Eficacia probatoria.

RESPONSABILIDAD POR ERROR DE DIAGNÓSTICO Y AUSENCIA DE CIRUGÍA-Se probó falla del servicio médico y el nexo causal entre la muerte de la menor y el error de diagnóstico y ausencia de cirugía.

RESPONSABILIDAD POR ERROR DE DIAGNÓSTICO Y AUSENCIA DE CIRUGÍA-Se probó falla del servicio médico y el nexo causal entre la muerte de la menor y el error de diagnóstico y ausencia de cirugía. CONCURRENCIA DE CULPAS-La conducta de la parte demandante no fue determinante para la producción del daño. CONCURRENCIA DE CULPAS-No procede la reducción de la indemnización, art. 2357 CC. BAREMOS EN PERJUICIOS-Las sentencias de unificación sirven como parámetro de guía, pero la tasación del perjuicio depende siempre de la valoración judicial. ARBITRIO JURIS-No es sinónimo de arbitrariedad. DAÑOS MORALES EN CASOS DE MUERTE-Aplicación de los parámetros de sentencias de unificación. PERJUICIO POR ALTERACIÓN A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA-Se subsumen en los perjuicios morales ya reconocidos. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala, de conformidad con lo dispuesto en sesión del 5 de junio de 2020", decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 16 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO El 11 de julio de 2009, a las 6:30 p.m., Laura Camila Naranjo Suárez ingresó a la ESE Metrosalud por fiebre, vómito, diarrea y dolor abdominal con cinco días de evolución. Los médicos diagnosticaron enfermedad diarreica aguda, ordenaron 1 Acta n. 5 de esa fecha.2 Expediente n. 59.334

ESE Metrosalud por fiebre, vómito, diarrea y dolor abdominal con cinco días de evolución. Los médicos diagnosticaron enfermedad diarreica aguda, ordenaron 1 Acta n. 5 de esa fecha.2 Expediente n. 59.334

Demandante: María Marleny Naranjo Suárez y otros Concede pretensiones medicamentos y le dieron de alta por mejoría. El 12 de julio de 2009, a la 1:00 p.m., la paciente ingresó por segunda vez sin signos vitales y cianosis. Los médicos hicieron reanimación y murió por peritonitis por apendicitis. Alegan falla del servicio médico por error de diagnóstico y ausencia de cirugía.

ANTECEDENTES El 10 de agosto de 2010, María Marleny Naranjo Suárez y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa en contra de la ESE Metrosalud. Solicitaron como indemnización 100 SMLMV, por perjuicios morales, para cada demandante, $1.500.000, por daño emergente y 100 SMLMV, por alteración a las condiciones de existencia. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el 11 de julio de 2009, la niña Laura Camila Naranjo ingresó a la ESE Metrosalud, le diagnosticaron enfermedad diarreica aguda, ordenaron medicamentos y autorizaron la salida por mejoría de síntomas. Al día siguiente, la paciente reingresó al servicio sin signos vitales y murió por sepsis de peritonitis por apendicitis. Alegan que la paciente murió por un error de diagnóstico y la ausencia de una cirugía oportuna.

siguiente, la paciente reingresó al servicio sin signos vitales y murió por sepsis de peritonitis por apendicitis. Alegan que la paciente murió por un error de diagnóstico y la ausencia de una cirugía oportuna. El 20 de agosto de 2010 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, la ESE Metrosalud señaló que no hubo error en el primer ingreso, porque la atención se ajustó a los síntomas —vómito y diarrea—, se ordenó tratamiento y se dio de alta por mejoría de síntomas y con instrucciones. Sostuvo que el 11 de julio de 2009, el servicio de urgencias de la Unidad de Castilla estaba congestionado y el personal tuvo que atender a 30 pacientes en un rango de siete horas. La consulta de la menor fue tardía y sus síntomas no reflejaban un cuadro típico de apendicitis aguda. Formuló Llamamiento en garantía a Andrés Alberto Franco Montoya, pues fue médico tratante de la menor Laura Camila Naranjo. El 26 de enero de 2012, se admitió el llamamiento en garantía, pero no se logró la vinculación del médico al proceso. El 21 de julio de 2016 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante alegó que el dictamen pericial probó la falla por error de diagnóstico, ausencia de diagnóstico y falta de tratamiento oportuno. La demandada reiteró lo expuesto y el Ministerio Público conceptuó a3 Expediente n. 59.334

Demandante: María Marleny Naranjo Suárez y otros

oportuno. La demandada reiteró lo expuesto y el Ministerio Público conceptuó a3 Expediente n. 59.334

Demandante: María Marleny Naranjo Suárez y otros Concede pretensiones favor de las pretensiones, porque estaba demostrado el error de diagnóstico y la atención negligente. Advirtió que, aunque la paciente consultó al quinto día de evolución de sus síntomas, la entidad demandada omitió dejar a la menor en observación y no ordenó exámenes confirmatorios ni su remisión a un hospital de mayor nivel.

El 16 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia accedió a las pretensiones, por ausencia de diagnóstico y tratamiento para la apendicitis padecida por la menor Camila Naranjo Suárez. Consideró que los médicos erraron en el diagnóstico y la falta de tratamiento quirúrgico oportuno agravó los síntomas y causó la muerte. El Tribunal estimó que el comportamiento de la demandante también incidió en la producción del daño, porque solicitó atención médica luego de cinco días de sintomas. Concluyó que hubo concurrencia de culpas y redujo el monto de la indemnización en un 50%. Las partes interpusieron recursos de apelación, que fueron concedidos el 28 de abril de 2017 y admitidos el 23 de junio siguiente. La demandante pidió el incremento de los perjuicios, porque la causa directa de la muerte de Camila Naranjo Suárez fue el error de diagnóstico y la ausencia de cirugía. La ESE Metrosalud esgrimió que el diagnóstico y tratamiento inicial fueron adecuados y ajustados a los signos de la paciente. Agregó que los demandantes al consultar de forma tardía —luego

fue el error de diagnóstico y la ausencia de cirugía. La ESE Metrosalud esgrimió que el diagnóstico y tratamiento inicial fueron adecuados y ajustados a los signos de la paciente. Agregó que los demandantes al consultar de forma tardía —luego de cinco días de evolución de la enfermedadcontribuyeron al daño. El 20 de abril de 2018 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandada reiteró lo expuesto. El Ministerio Público conceptuó a favor de las pretensiones por error de diagnóstico y ausencia de cirugía. Advirtió que la auditoría interna de la entidad demandada detectó varias irregularidades en el proceso de atención: examen físico y entrevista deficiente, ausencia de registro de signos vitales, exámenes de laboratorio, observación y valoración periódica. Agregó que, conforme al dictamen pericial, por los cinco días de evolución de la enfermedad, se debió ordenar la remisión para practicar exámenes especializados y que una cirugía oportuna hubiera garantizado la recuperación de la paciente. Por último, indicó que la causa única y directa del daño fue la atención negligente y que se debía condenar por el 100% de los perjuicios.

CONSIDERACIONES4

Expediente n. 59.334

Demandante: María Marleny Naranjo Suárez y otros Concede pretensiones l. impedimento El Consejero Nicolás Yepes Corrales manifestó estar incurso en la causal de impedimento establecida en el artículo 141.12 CGP, pues intervino en el proceso como agente del Ministerio Público. El artículo 150.12 CPC dispone que el juez deberá apartarse del conocimiento de un proceso por haber dado consejo o

impedimento establecida en el artículo 141.12 CGP, pues intervino en el proceso como agente del Ministerio Público. El artículo 150.12 CPC dispone que el juez deberá apartarse del conocimiento de un proceso por haber dado consejo o concepto fuera de la actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. Como los hechos en los cuales se funda el impedimento manifestado se subsumen en la causal invocada, porque en el asunto actuó como Procurador Primero Delegado ante esta Corporación y emitió concepto, se aceptará el impedimento. 'l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129

CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 3” de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 20.2 CPC, el valor de la suma de las pretensiones supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $257.500.0002. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

CCA, esto es, $257.500.0002. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación 2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2010, $515.000, por 500.5

Expediente n. 59.334

Demandante: María Marleny Naranjo Suárez y otros Concede pretensiones estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?, en este caso por una omisión que se imputa a una entidad prestadora de servicios de salud (art. 90

CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC). Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda se interpuso en tiempo —-10 de agosto de 2010-—, porque Laura Camila Naranjo Suárez murió el 12 de julio de 2009 [hecho probado 7.5].

Legitimación en la causa

4. María Marleny Naranjo Suárez, María Soledad Suárez Muñoz y Adán Antonio Naranjo Martínez son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que conforman el grupo familiar de la paciente Laura Camila Naranjo Suárez que recibió la atención médica [hecho probado 7.6]. La

Naranjo Martínez son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que conforman el grupo familiar de la paciente Laura Camila Naranjo Suárez que recibió la atención médica [hecho probado 7.6]. La ESE Metrosalud está legitimado en la causa por pasiva, porque fue la entidad encargada de prestar el servicio médico [hechos probados 7.1 a 7.4].

1. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuró falla del servicio médico por error de diagnóstico y falta de tratamiento oportuno, y si esa falla fue la causa de la muerte de una paciente.

1. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por ambas partes, la Sala resolverá en los términos del artículo 357 CPC. 3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303

[fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 746 y 747, disponible en https://bit.ly/3gjjiduK..6 Expediente n. 59.334

Demandante: María Marleny Naranjo Suárez y otros Concede pretensiones Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio.

Demandante: María Marleny Naranjo Suárez y otros Concede pretensiones Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio.

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 7.1. El 11 de julio de 2009, la niña Laura Camila Naranjo Suárez ingresó a la Unidad Intermedia de Castilla de la ESE Metrosalud por vómito, fiebre, tos seca y dolor abdominal con una evolución de cinco días. Conforme a la historia clínica, a las 7:00 p.m., las enfermeras clasificaron a la paciente en «prioridad amarilla |», pero no se registró la toma de signos vitales. A las 8:10 p.m. un médico la valoró y revisó sus signos vitales. La paciente estaba sin fiebre, sin déficit neurológico, pero tenía dolor difuso a la palpación del abdomen y peristaltismo aumentado. El médico diagnosticó enfermedad diarreica aguda y deshidratación leve y ordenó medicamentos, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica e informe de auditoría de la ESE Metrosalud (f. 196 c. 1). 7.2. El 11 de julio de 2009, a las 8:15 p.m., según la historia clínica, una enfermera suministró a la paciente solución salida, hiocina, dipirona y metoclopramida. A las 9:40 p.m. se agotó el medicamento y un médico ordenó su salida por mejoría de síntomas e hidratación. Conforme quedó consignado, al momento del egreso, la

9:40 p.m. se agotó el medicamento y un médico ordenó su salida por mejoría de síntomas e hidratación. Conforme quedó consignado, al momento del egreso, la paciente no tenía incapacidad funcional y el médico dio instrucciones a su familiar, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 196 c. 1). 7.3. El 12 de julio de 2009, Laura Camila Naranjo Suárez ingresó por segunda vez a la Unidad Intermedia de Castilla de la ESE Metrosalud por vómito, cefalea y diarrea con 8 días de evolución. A las 1:00 p.m., una enfermera clasificó a la paciente y —según quedó consignadoingresó sin signos vitales, pupilas midriáticas, no reactivas y lividez en cuello y dorso. La paciente tenía signos de vómito en «cocido de café», «pediculosis severa», uñas sucias, pero no tenía 1 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.7 Expediente n. 59.334

Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.7 Expediente n. 59.334

Demandante: María Marleny Naranjo Suárez y otros Concede pretensiones signos de violencia, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 197 c. 1). 7.4. El 12 de julio de 2009, a la 1:00 p.m., conforme al formato de evolución, la abuela de la menor informó que la niña «hacía rato no resollaba, vomitó y blanqueó los ojos». El médico que evaluó a la paciente consignó que la menor tenía cianosis generalizada, abdomen duro y distendido y estaba en regulares condiciones higiénicas —con pediculosis, uñas y vestuario sucios—, pero sin signos de violencia. El médico declaró la muerte, informó a la familiar y llamó a la Fiscalía para la necropsia, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 197-198

Cc. 1) y copia auténtica del registro civil de defunción (f. 19 c. 1). 7.5. El 12 de julio de 2009, a las 6:50 p.m., el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó la necropsia al cuerpo de Laura Camila Naranjo Suárez. Según el informe, el cuerpo estaba sin signos de violencia o trauma, pero estaba en mal estado de aseo. En la cavidad abdominal encontraron material purulento adherido alrededor del ileón y el apéndice. El apéndice estaba necrótico

Suárez. Según el informe, el cuerpo estaba sin signos de violencia o trauma, pero estaba en mal estado de aseo. En la cavidad abdominal encontraron material purulento adherido alrededor del ileón y el apéndice. El apéndice estaba necrótico y roto. De acuerdo con el informe, la muerte fue consecuencia natural y directa de sepsis por peritonitis por apendicitis, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 244-245 c. 1). 7.6. Laura Camila Naranjo Suárez era hija de María Marleny Naranjo Suárez y nieta de María Soledad Suárez Muñoz y Adán Antonio Naranjo Martínez, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica (f. 18-21 c. 1). Responsabilidad médico asistencial del Estado

8. La Sala reitera? que la falla del servicio [culpa de la administración] es, ha sido, y seguirá siendo la fuente principal y común de la responsabilidad civil del Estado, que se presenta por un incumplimiento en el funcionamiento normal del serviciof, 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de junio de 2021, Rad. 38.186

[fundamento jurídico 6]. $ Cfr. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 21 de agosto de 1939 [fundamento jurídico párrafo 4], en Gaceta n”. XLVII! p. 63, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de septiembre de 1960, Rad.

[fundamento jurídico 2], en Gaceta n”. LXItl de 1961 pp. 392-395, y sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482 [fundamento jurídico p. 743], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 32 y 33, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.8 Expediente n. 59,334

Demandante: María Marleny Naranjo Suárez y otros Concede pretensiones el desconocimiento de una obligación a cargo del Estado” o, en términos generales, la violación de la ley?. Siempre que esté demostrado el incumplimiento de obligaciones por parte del Estado, se deberá estudiar su responsabilidad bajo el régimen subjetivo, esto es, la falla del servicio. Bajo este régimen de responsabilidad subjetiva, al demandante le corresponde demostrar (i) un daño, (4i) una conducta activa u omisiva de la Administración y (iii) la relación de causalidad entre esta y aquel. La conducta constitutiva de falla del servicio [culpa de la Administración] debe ser tardía, irregular, ineficiente o ausente?.

9. El título de imputación aplicable a la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico asistencial es, a su vez, la falla probada del servicio

[culpa de la Administración]. Luego de acudir a criterios como la «falla presunta» o la «teoría de las cargas dinámicas de la prueba», la jurisprudencia retomó la regla probatoria del artículo 177 CPC, según el cual incumbe a las partes demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.

probatoria del artículo 177 CPC, según el cual incumbe a las partes demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. El demandante debe, pues, demostrar el daño, la falla [culpa de la Administración] por una omisión o una acción negligente o irregular de la entidad estatal y el nexo de causalidad, es decir, que la falla médica [culpa de la Administración] fue la causa adecuada del daño sufrido. A pesar de que la carga probatoria es del demandante, la entidad estatal puede exonerar su responsabilidad si acredita la diligencia y cuidado, o que el daño sobrevino como consecuencia de una causa externa, como la culpa de la víctima o el hecho de un tercero, o que fue el desenlace natural de la patología del paciente. Para acreditar la falla [culpa de la Administración] y el nexo causal, el demandante puede acudir a todos los medios de prueba, pero en materia médica cobra especial importancia el dictamen pericial y los indicios, los que, a su vez, pueden establecerse a partir de conductas procesales de las partes, como no aportar la historia clínica o hacerlo de forma incompleta, en los términos del artículo 249 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, imprenta Nacional, 2018, pp. 32 y 33, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.

8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 1975, Rad. 1389 [fundamento jurídico 8], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 13, disponible en https://bit Iy/3gjiduK. 9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482 [fundamento jurídico 2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 32 y 33, disponible en https://bit.ly/3ajiduK.9 Expediente n. 59.334

Demandante: María Marleny Naranjo Suárez y otros Concede pretensiones CPC. No obstante, la existencia de indicios no es suficiente por sí misma para estructurar los elementos de la responsabilidad. Es necesario que estos sean coherentes con el resto del acervo probatorio, luego de una valoración bajo los criterios de la sana crítica y las reglas de la experiencia?,

10. Uno de los momentos de mayor relevancia en la prestación del servicio médico es el diagnóstico, pues sus resultados permiten elaborar toda la actividad que corresponde al tratamiento médico. El error de diagnóstico, que implica un error en el tratamiento, ocurre (i) por indebida interpretación de los síntomas del paciente; (ii) por la omisión de practicar los exámenes que resultaban indicados para el caso concreto, (iii) cuando no se agotan los recursos científicos y técnicos al alcance para determinar con precisión cuál es la enfermedad que sufre el

paciente; (ii) por la omisión de practicar los exámenes que resultaban indicados para el caso concreto, (iii) cuando no se agotan los recursos científicos y técnicos al alcance para determinar con precisión cuál es la enfermedad que sufre el paciente; y (iv) por no hacer el seguimiento que corresponde a la evolución de la enfermedad, bien para modificar el diagnóstico o el tratamiento!.

11. Según la demanda, la ESE Metrosalud incurrió en falla del servicio médico por error de diagnóstico y tratamiento. Adujo que Laura Camila Naranjo Suárez tenía apendicitis y requería tratamiento quirúrgico urgente. Los médicos ordenaron medicamentos para el dolor y su salida del hospital, sin considerar su edad, condición económica y días de evolución de los síntomas. Alegan que esas fallas agravaron los síntomas y causaron su muerte.

El daño está demostrado puesto que Laura Camila Naranjo Suárez murió el 16 de julio de 2009, por sepsis secundaria a peritonitis por apéndice roto [hecho probado 7.5]. Está acreditado que, el 11 de julio de 2009, Laura Camila Naranjo Suárez ingresó en compañía de un familiara la Unidad Intermedia de Castilla de la ESE Metrosalud por vómito, fiebre, tos seca y dolor abdominal con una evolución de cinco días. Los médicos diagnosticaron enfermedad diarreica aguda y ordenaron medicamentos y su salida por mejoría de síntomas [hechos probados 7.1 y 7.2]. Al día siguiente, la paciente volvió a ese centro médico sin signos vitales [hecho probado 7.3]. Los médicos declararon su muerte y llamaron a la Fiscalía para la

día siguiente, la paciente volvió a ese centro médico sin signos vitales [hecho probado 7.3]. Los médicos declararon su muerte y llamaron a la Fiscalía para la 10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, Rad. 15.772, [fundamento jurídico 4], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 349-350, disponible en https://bit.ly/3ajiduK. 11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011 Rad. 19.846 [fundamento jurídico 2.2].10 Expediente n. 59.334

Demandante: María Marleny Naranjo Suárez y otros Concede pretensiones necropsia [hecho probado 7.4]. Según el informe de necropsia, la muerte fue consecuencia natural y directa de sepsis por peritonitis por apendicitis [hecho probado 7.5].

12. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad, de conformidad con el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 187 CPC.

de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 187 CPC. Obra en el expediente el informe «Investigación caso Castilla 13/07/2009», elaborado por dos médicos auditores de la ESE Metrosalud. Conforme al documento, el 13 de julio de 2009, la Gerencia de la ESE Metrosalud reportó un evento adverso y ordenó investigar el caso de la paciente Laura Camila Naranjo Suárez. El 11 de julio de 2009, la menor ingresó a la Unidad Intermedia de Castilla las 6:30 p.m., los enfermeros la clasificaron a las 7:07 p.m., los médicos la atendieron a las 8:16 p.m. y a las 10:58 le dieron de alta por mejoría de síntomas y con tratamiento ambulatorio. El 12 de julio de 2009, a la 1:00 p.m., la paciente «ingresó fallecida». Según el documento, los auditores encontraron ocho irregularidades en el proceso de atención: /) El 11 de julio de 2009, los médicos no sugirieron la observación de la paciente y no se ajustaron al procedimiento de atención en urgencias; ¡i) en la historia clínica, en la clasificación de urgencias, no se consignaron los signos vitales de la menor y no se ajustaron al procedimiento del triage; ¡¡i) el médico tratante no tuvo en cuenta los días de evolución de los síntomas y hubo una falla en la entrevista a la paciente y su familia; ¡v) no se tomaron los signos vitales antes de ordenar la salida y no cumplieron el procedimiento para dar de alta; v) la

tratante no tuvo en cuenta los días de evolución de los síntomas y hubo una falla en la entrevista a la paciente y su familia; ¡v) no se tomaron los signos vitales antes de ordenar la salida y no cumplieron el procedimiento para dar de alta; v) la historia clínica no tiene notas de enfermería sobre el proceso de atención; vi) el examen físico fue deficiente; vii) la comunicación entre médico y familiar de la paciente fue inadecuada y el médico no tuvo en cuenta que tenía escolaridad limitada; viii) el volumen de pacientes y médicos en el servicio mostraron un11 Expediente n. 59.334

Demandante: María Marleny Naranjo Suárez y otros Concede pretensiones rendimiento de tres pacientes por hora. Hubo, además, varios factores que también incidieron en el evento adverso: falta de supervisión a la paciente en urgencias, ausencia de observación periódica, e ingreso de la paciente después de cuatro o cinco días de evolución. Conforme al documento, las instituciones de la ESE Metrosalud debían implementar un plan de acciones con seis ejes para mejorar la calidad de la atención en urgencias y evitar que volvieran a suceder eventos adversos por irregularidades (f. 44-47 c. 1).

El informe de la auditoría de la ESE Metrosalud es un documento público, porque fue suscrito por los empleados de esa entidad que tenían la función de evaluar el proceso de atención. Existe certeza de las personas que lo elaboraron, pues no se tachó de falso (art. 252 CPC). Su contenido es coincidente con la historia clínica de la paciente sobre los motivos de ingreso, el diagnóstico y las decisiones médicas [hechos probados 7.1 y 7.2], y con la necropsia en cuanto a la causa

de la paciente sobre los motivos de ingreso, el diagnóstico y las decisiones médicas [hechos probados 7.1 y 7.2], y con la necropsia en cuanto a la causa directa de l