CE - 050012331000201101974011SENTENCIA20231121160300

Radicado: 05001-23-31-000-2011-01974-01 (59332)

Demandantes: Luz Marina Arboleda de Carmona y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 05001-23-31-000-2011-01974-01 (59332)

Demandantes: Luz Marina Arboleda de Carmona y otros Demandados: ESE Hospital General de Medellín, Departamento de Antioquia –Secretaría de Salud –, Coosalud EPS y La

Previsora S.A.

Tema: Responsabilidad por atención médica. Afectaciones por remoción total de la tiroides. Se confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda porque no está probada la imputación del daño al hospital. En todo caso, se demostró que las afectaciones de salud de la paciente se produjeron con la cirugía, y no corresponden a secuelas o a lesiones advertidas con posterioridad; por lo tanto, el término de caducidad debía contarse a partir de la fecha en que se practicó la cirugía.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instanc ia porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo. El Tribunal Administrativo de Antioquia era competente para conocer el proceso en primera in stancia, en razón de la cuantía.

El recurso de apelación se admiti ó mediante auto del 15 de junio de 2017 1. En auto del 6 de julio de 2017 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente2. La ESE Hospital General de Medellín y Coosalud EPS presentaron alegatos; la parte demandante y el Departamento de Antioquia guar daron silencio, y el Ministerio Público no rindió concepto3.

1 Fl. 825 cd 3. 2 Fl. 827 cd 3. 3 Fls. 837 cd 3.Radicado: 05001-23-31-000-2011-01974-01 (59332)

Demandantes: Luz Marina Arboleda de Carmona y otros

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ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 13 de diciembre de 2011 por Luz Marina Arboleda de Carmona (en adelante, la paciente o la víctima directa) y sus familiares . Solicitaron la indemnización de perjuicios morales y materiales por las lesiones sufridas por la víctima directa como consecuencia de

2011 por Luz Marina Arboleda de Carmona (en adelante, la paciente o la víctima directa) y sus familiares . Solicitaron la indemnización de perjuicios morales y materiales por las lesiones sufridas por la víctima directa como consecuencia de la cirugía de remoción total de la glándula tiroides que se le realizó en la ESE Hospital General de Medellín (en adelante, Hospital de Medellín).

2.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

2.1.- La señora Luz Marina Arboleda de Carmona acudió a un médico particular porque tenía dolor y molestias en el cuello. Con base en el resultado de los exámenes ordenados por el médico, este le diagnosticó <<bocio difuso nodular con degeneración quística y con lipoma retro auricular izquierdo de 4x4 cm y otro en antebrazo izquierdo de 1x1>> . Como tratamiento , el méd ico dispuso una cirugía de extirpación de tejidos y le recomendó realizar los trámites pertinentes ante su operador de salud.

2.2.- La cirugía se llevó a cabo, sin complicaciones, el 12 de noviembre de 2009 en el Hospital de Medellín. Se le dio manejo ambulatorio y se le informó que debía asistir a control ocho días después. El 18 de noviembre siguiente la paciente acudió a revisión con el médico otorrinolaringólogo, quien encontró una parálisis vocal del pliegue izquierdo , levemente laterizado. El 23 de noviembre de 2009 fue revisada por un médico cirujano quien advirtió, además de lo anterior, una disfonía y disfagia leve.

vocal del pliegue izquierdo , levemente laterizado. El 23 de noviembre de 2009 fue revisada por un médico cirujano quien advirtió, además de lo anterior, una disfonía y disfagia leve.

2.3.- Posteriormente, la paciente presentó síntomas de hipotiroidismo, trastorno metabólico del calcio y problemas psiquiátricos.

3.- Los demandantes reconocieron que la paciente fue informada sobre los riesgos de la cirugía, entre ellos , la lesión del nervio laríngeo . Sin embargo, alegaron que el consentimiento que otorgó carece de validez por sus condiciones físicas y emocionales, y que su grado de ignorancia (ag ricultora campesina) le impedía comprender lo que estaba autorizando.

4.- Finalmente, indicaron que las demandadas son responsables del perjuicio moral que reclaman, debido a que a la paciente se le practicó una cirugía que no era necesaria, y en el procedimiento quirúrgico se produjo la lesión del nervio laríngeo que le causó disfonía por <<parálisis de la cuerda vocal izquierda>> y trastorno metabólico del calcio -hipocalcemia-.Radicado: 05001-23-31-000-2011-01974-01 (59332)

Demandantes: Luz Marina Arboleda de Carmona y otros

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B.- Posición de las entidades demandadas

5.- Las entidades demandadas se opusieron a las pretensiones de la demanda. COOSALUD EPS, LA PREVISORA S.A ., llamada en garantía , y el Hospital de Medellín formularon la excepción de caducidad de la acción. Indicaron que la cirugía se realizó el 12 de noviembre de 2009 y la demanda se presentó el 13 de

Medellín formularon la excepción de caducidad de la acción. Indicaron que la cirugía se realizó el 12 de noviembre de 2009 y la demanda se presentó el 13 de diciembre de 2011, esto es, por fuera del término de caducidad de dos años.

C.- Sentencia recurrida

6.- En sentencia del 24 de marzo de 2017 el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró no probada la caducidad de la acción . Consideró que, aunque la cirugía se realizó el 12 de noviembre de 2009, la paciente solo advirtió la existencia del hecho dañoso con el examen que se le realizó el 18 de noviembre de 2009. Y, teniendo en cuenta la suspensión del término por la conciliación, consideró que la demanda fue presentada oportunamente el 13 de diciembre de 2011.

El tribunal citó una jurisprudencia del 24 de marzo de 2011 4 del Consejo de Estado en la que se señala que el principio de prevalencia del derecho sustancial <<hace que se aligere o aliviane la disposición del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.>> y, por tanto , el término no puede contabilizarse <<hasta tanto la persona no tenga conocimiento del daño, al margen de que el hecho o la omisión médica se haya concretado en un día distinto o años atrás del momento en el que se establece la existencia de la lesión antijurídica>>.

7.- Precisado lo anterior, el tribunal negó las pretensiones de la demanda porque consideró que los demandantes no demostraron que las lesiones y afectaciones de la paciente se derivaran de un error en la cirugía; consideró cumplido el deber del consentimiento informado; y concluyó que la lesión era temporal.

consideró que los demandantes no demostraron que las lesiones y afectaciones de la paciente se derivaran de un error en la cirugía; consideró cumplido el deber del consentimiento informado; y concluyó que la lesión era temporal.

D.- Recurso de apelación

8.- La parte demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y se concedan las pretensiones de la demanda . Estima que está probada la falla del servicio en la medida en que la paciente fue sometida a una cirugía que no era necesaria y no le fueron informados los riesgos ni los beneficios de la cirugía . Agrega que e l doctor que la operó era un médico general, que la afectación en la salud de la paciente es producto de una mala praxis y que los daños en la voz de la paciente son consecuencia de una cirugía que no debió realizarse.

CONSIDERACIONES

4 Radicado 05001-23-24-000-1996-02181-01 (20836) M.P. Enrique Gil BoteroRadicado: 05001-23-31-000-2011-01974-01 (59332)

Demandantes: Luz Marina Arboleda de Carmona y otros

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I.)- Las pretensiones de la demanda deben rechazarse porque no se probó que el daño reclamado es imputable a la entidad demandada

9.- Acogiendo el criterio mayoritario de la Sala, de acuerdo con el cual el término de caducidad debe contarse desde el 18 de noviembre de 2009, como lo hizo la primera instancia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque de las pruebas obrantes en el expediente se infiere que el daño no es atribuible al Hospital de Medellín.

primera instancia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque de las pruebas obrantes en el expediente se infiere que el daño no es atribuible al Hospital de Medellín.

10.- En efecto del dictamen médico y de los registros de la historia clínica se advierte que el daño no es imputable al Hospital de Medellín. De estas pruebas se evidencia que (i) la paciente sí requería la cirugía; (ii) la afectación que padece en su voz obedece a una complicación propia de la cirugía, y (iii) dicha afectación no fue causada por un error del cirujano en el acto quirúrgico.

10.1.- Sobre la pertinencia de la cirugía, el perito cirujano que rindió la pericia en el proceso señaló que por las evidencias físicas y los síntomas que presentaba la paciente, esta era necesaria. Aclaró que si bien en la cirugía no se presentaron complicaciones, la disfonía evidencia la afectación del nervio laríngeo, que es un riesgo propio de la cirugía que fue debidamente informado a la paciente. El perito dijo textualmente, lo siguiente:

<<El procedimiento –tiroidectomía total - realizado a la paciente sí era pertinente de acuerdo con la evolución de la patología . Paciente con bocio sintomático, con disfagia y crecimiento de la glándula durante 3 años consignados en la historia clínica, el reporte de patología es cada lóbulo de 6x4x3 cm por lo cual mayor a 5cm cada lóbulo que sería la indicación quirúrgica>>.

10.2.- Así mismo, indicó que la cirugía se llevó a cabo el 12 de noviembre de

cual mayor a 5cm cada lóbulo que sería la indicación quirúrgica>>.

10.2.- Así mismo, indicó que la cirugía se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2009 y que no se presentaron complicaciones. Dijo que a pesar de que al día siguiente la paciente presentó <<disfagia>>, después <<disfonía>> y luego <<hipocalcemia>>, no advertía falla en el acto médico . Frente a dichas afectaciones, el perito señaló que estas corresponden a complicaciones o riesgos de la cirugía y que en este caso el médico <<ordenó una fibronasolaringoscopia que evidenció parálisis de la cuerda vocal (posible pr axia del nervio laríngeo recurrente) y adicionalmente presentó hipocalcemia, estas complicaciones, son propias del procedimiento quirúrgico, pero el médico tratante realizó diagnóstico temprano y se inició el manejo de éstas por el personal idóneo>>.

10.3.- Y, agrega que <<antes del procedimiento quirúrgico, a la paciente le fueron advertidos los riesgos de la cirugía, como lo evidencia el consentimiento informado firmado por la paciente>>.

10.4.- De la revisión de la historia clínica, la Sala constata que esta coincide con lo dicho por el perito. En efecto, en la historia clínica que obra en el proceso está consignado que la paciente fue atendida en el Hospital de Medellín y el médicoRadicado: 05001-23-31-000-2011-01974-01 (59332)

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que la revisó señaló: <<paciente de 61 años, acude al servicio de cons ulta

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que la revisó señaló: <<paciente de 61 años, acude al servicio de cons ulta externa el 17 de septiembre de 2009, a evaluación por cirugía general remitida por cirugía interna con cuadro de 3 años de evolución de crecimiento de la glándula tiroides; con eco que reporta glándula aumentada de tamaño, bocio multimodular, con nódulo dominante izquierdo de 13 mm y derecho de 11mm; bacaf del 10 de junio de 2009: lóbulo izquierdo con bocio con degeneración quística no malignidad, refería disfagia para sóli dos, no disfonía ni disnea; al examen físico refiere masa de crecimiento lento dolorosa; el médico recomienda tiroidectomía total. Se realiza tiroidectomía total el 12 de noviembre de 2009 sin complicaciones (…)>>

10.5.- Allí aparece que a la paciente le fueron informados los riesgos de la cirugía y que se le explicaron las ventajas y desventajas de su realización. Y que conocedora de toda la información, la paciente aceptó la práctica de la tiroidectomía total. Dentro de los riesgos que los médicos le man ifestaron, se encuentran: la lesión de nervios, cambios de la voz o disfonía y parálisis de las cuerdas vocales.

En el consentimiento se lee lo siguiente:

<<Doy fe de que el profesional (…) me explicó el procedimiento al cual me voy a someter y las posib les consecuencias, riesgos y complicaciones; me explicó que pondrá a mi servicio todo su conocimiento y técnica pero que se trata de una responsabilidad de medio pues existen factores externos que pueden afectar el

someter y las posib les consecuencias, riesgos y complicaciones; me explicó que pondrá a mi servicio todo su conocimiento y técnica pero que se trata de una responsabilidad de medio pues existen factores externos que pueden afectar el buen resultado como son la respuesta indi vidual de los tejidos y órganos que depende de cada paciente y por ello no se pueden garantizar los resultados. Entiendo que existe otro tipo de tratamiento como NO OPERAR y se me han explicado las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, pero acepto la práctica de TIROIDECTOMÍA TOTAL. También entiendo que como en toda intervención o procedimiento y por causas independientes al actuar del médico, se pueden presentar complicaciones que son comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamiento s complementarios tanto médicos como quirúrgicos, siendo las complicaciones más frecuentes del procedimiento que ha de realizar: Se me han advertido como riesgos, entre otros, infecciones, sangrado, hematoma sofocante, lesiones de nervios, laríngeo recurrente, laríngeo superior, requerir traqueostomía, cambios en la voz o disfonía, parálisis de las cuerdas vocales, cicatrices poco estéticas, requerir reintervenciones, unidad de cuidados intensivos, entre otros, hasta la muerte, pero que existen otros riesgos de imposible previsión o inadvertidos, inclusive la muerte. (…) Se me han explicado y entiendo las condiciones y objetivos del procedimiento que se me va a realizar, los cuidados que debo tener antes y después de él, se me han dado las explicaciones en un lenguaje claro y sencillo, dándome la oportunidad de preguntar y resolver las dudas respectivas (…)>>

10.6.- El documento que contiene la información anterior está firmado por la

dado las explicaciones en un lenguaje claro y sencillo, dándome la oportunidad de preguntar y resolver las dudas respectivas (…)>>

10.6.- El documento que contiene la información anterior está firmado por la señora Luz Marina Arboleda de Carmona y por su hija María Aracely Carmona Arboleda.Radicado: 05001-23-31-000-2011-01974-01 (59332)

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11.- En ese orden de ideas, es evidente que los riesgos de la cirugía y las complicaciones posoperatorias que se podían presentar sí fueron comunicados a la paciente y a su hija. Así, para la Sala es claro que los cambios de la voz o disfonía, y la parálisis de las cuerdas vocales que la paciente presentó luego de la cirugía, corresponden a riesgos que le fueron informados, y estos fuer on aceptados voluntariamente. Y al no existir prueba que acredite que el médico cirujano incurrió en errores en el procedimiento quirúrgico, y estando acreditado que las afectaciones en la salud que aduce la paciente corresponden a riesgos por su realización, la presencia de estas no genera responsabilidad del Hospital de Medellín.

II.)- En cualquier caso, las pretensiones de la demanda también deben rechazarse porque fue presentada luego de vencido el término de caducidad.

12.- Según el artículo 136 del CCA, vigente para el momento de presentación de la demanda, la acción de reparación directa <<caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal

la demanda, la acción de reparación directa <<caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa>>.

12.1.- En responsabilidad médica, la jurisprudencia ha considerado que en casos excepcionales, en los cuales es imposible que el paciente conozca la existencia del daño en la fecha del hecho que lo causó, el término debe contabilizarse desde cuando el paciente pudo conocerlo: así las cosas, si en una cirugía se dejó un elemento extraño que fue el generador del daño y esta circunstancia solo se evidenció con posterioridad, cuando al paciente se le hicieron nuevos exámenes o se le realizó una nueva intervención, se estim a que el término de caducidad debe contabilizarse desde el conocimiento d e daño. En cambio, cuando los efectos de la cirugía se advierten luego de la intervención, que es lo que ocurre en este caso, el término de caducidad se cuenta a partir de la fecha de la cirugía.

Esta discusión se dio en la sentencia del 3 de noviembre de 1992 y, sobre el particular, la Subsección dijo lo siguiente5:

<<La demanda contiene una acumulación de pretensiones, por cuanto en ella se persigue que se pague a la actora los perjuicios ocasionados por diferentes hechos, que se dieron en instancias de distintas épocas, para desatar esta excepción hay que tener en cuenta que los perjuicios se reclaman con consecuencia de dos grupos de hechos, unos productos de las intervenciones

hechos, que se dieron en instancias de distintas épocas, para desatar esta excepción hay que tener en cuenta que los perjuicios se reclaman con consecuencia de dos grupos de hechos, unos productos de las intervenciones quirúrgicas practicadas a la demandante el 15 de diciembre de 1983 y el 3 de junio de 1986; y, los otros como consecuencia de la aguja quirúrgica que se dejó en el

5 Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación número: CE-SEC3-EXP1992-N7336Radicado: 05001-23-31-000-2011-01974-01 (59332)

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cuerpo de la paciente, que solo vino a ser descubierta en la radiografía tomada el 25 de mayo de 1987.

Los perjuicios que se reclaman como materiales fueron clasificados en la demanda en tres grupos: patrimoniales, fisiológicos y sexuales, y se concentraban en que la actora se vio privada la posibilidad de gestación; se le genero un tumor irritativo por gamosa olvidado en su cuerpo, debe evacuar en bolsas, como consecuencia de una colostomía radical; y tiene incrustada una aguja, circunstancias estas que se la han incapacitado para trabajar, además de haber terminado su vida sexual.

Del análisis de las pruebas recaudadas en el proceso, se establece que la señora Gloria Inés Cadavid est á privada de la posibilidad de gestación desde el 15 de diciembre de 1983, cuando en una cirugía se le practicó en esta fecha, se le extrajo el útero con sus anexos, el que fue objeto de un examen patológico

diciembre de 1983, cuando en una cirugía se le practicó en esta fecha, se le extrajo el útero con sus anexos, el que fue objeto de un examen patológico realizado en 20 de diciembre de 1983 (ver folio 5), es decir, desde el 15 de diciembre de 1983 (sic); la demandante esta privada de la posibilidad de gestación, por la que reclama este proceso, inicia do con la demanda presentada el 3 de noviembre de 1988. En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el articulo 136 del C.C.A., cuando se presento la demanda ya había caducado la acción para reclamar por ese hecho, por cuanto habían transcurrido mas de do s años desde la operación o desde la fecha en que se extendió el resultado de patología, en el que se cuenta de la extracción del útero con anexos.

Otro punto de reclamación, se refiere al hecho de que la demandante se ve obligada a evacuar en bolsas, como consecuencia de la colostomía radical que le practicaron el 3 de junio de 1986. Esa operación se hizo para extraer una gamosa que según la demanda, se formó de una gasa olvidada en la primera operación, la acción para reclamar por las consecuencias generadas por esa segunda operación, caducó el 3 de junio de 1988, puesto que desde la intervención quirúrgica, la paciente conoció que no podía evacuar normalmente y que la gomosa que se extraía era producida por un cuerpo extraño, según lo reveló el examen previo a la intervención. En consecuencia, desde esa fecha empezó a correr el término de caducidad, que para el 3 de noviembre de 1988 fecha en que se presentó la demanda, ya había vencido.

extraño, según lo reveló el examen previo a la intervención. En consecuencia, desde esa fecha empezó a correr el término de caducidad, que para el 3 de noviembre de 1988 fecha en que se presentó la demanda, ya había vencido.

Hasta aquí tenemos que está caducada la acción para reclamar la ind emnización derivada de la imposibilidad para gestar y los efectos de la colostomía radical, y así se declarará.

De la última operación practicada, se afirma que la actora le quedó incrustada una aguja en su cuerpo, hecho que descubrió a raíz de una radiografía que se le tomo el 25 de mayo de 1987. La existencia de la aguja en el organismo de la demandante, es un hecho acreditado en el proceso, a través del dictamen pericial (fl. 51) y las radiografías que se aportaron. Según los peritos, las radiografías que ellos revisaron, en donde detectaron la presencia de la aguja, eran del 25 de mayo de 1987 y es a partir de esa fecha que empieza a correr la caducidad para reclamar los perjuicios que le ocasione a Gloria Inés Cadavid, esa aguja quirúrgica que está in crustada en su cuerpo. Aquí el término de caducidad no puede contarse desde la operación, porque a diferencia de los efectos de la colostomia, que sí eran apreciables de inmediato, el hecho de que [en] esa operación se dejó olvidada una aguja quirúrgica en el cuerpo de la paciente, solo pudo ser conocido con la radiografía tomada el 25 de mayo de 1987 y como entre esta fecha y la presentación de esta demanda no alcanzaron a transcurrir dos años, frente a esa reclamación no prospera esa excepción de

solo pudo ser conocido con la radiografía tomada el 25 de mayo de 1987 y como entre esta fecha y la presentación de esta demanda no alcanzaron a transcurrir dos años, frente a esa reclamación no prospera esa excepción de caducidad>>.Radicado: 05001-23-31-000-2011-01974-01 (59332)

Demandantes: Luz Marina Arboleda de Carmona y otros

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En sentencia del 6 de agosto de 19986 esta sección también señaló lo siguiente:

<<La Sala ha manejado con amplitud el tema de la caducidad de las acciones cuando el daño afecta la integridad física de las personas. Para el efecto se ha considerado que la caducidad es una figura jurídica referida al lapso dentro del cual el actor puede accionar legítimamente y entonces se precisa un punto de referencia en el tiempo, que, si bien no es lícito ampliarlo, se flexibiliza en ciertos casos para que opere con criterio cierto.

Necesario es entonces reconocer que el hecho dañino por el cual se demanda en ocasiones permanece oculto en su totalidad y en otras, dada su especial naturaleza, sólo se puede detectar con posterioridad . Así, por ejemplo, una es la fecha de una intervención quirúrgica y otra la fecha en la cual el damnificado se entera de la presencia de un cuerpo extraño en su cuerpo, que por causarle daño lo habilita para demandar...>>

12.2.- La regla del conocimiento se ha mantenido bajo la línea de q ue se demuestre que el afectado no podía conocer la existencia del daño en el momento de su producción. Por ejemplo, cuando por causa de una transfusión sanguínea el paciente adquiere una enfermedad que solo conoce cuando por un

demuestre que el afectado no podía conocer la existencia del daño en el momento de su producción. Por ejemplo, cuando por causa de una transfusión sanguínea el paciente adquiere una enfermedad que solo conoce cuando por un medio publicitario se informa a la comunidad que las transfusiones realizadas en determinada fecha tenían probabilidad del contagio de dicha enfermedad. En ese caso, el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde la fecha en que se hizo la transfusión, sino desde cuando el daño ha sido efectivamente advertido. Así, en sentencia del 29 de enero del 2004, se indicó:

“Con fundamento en las pruebas está demostrado que la señora (…) recibió una transfusión sanguínea en la Clínica (…) de Bogotá, el 6 de octubre de

1989. Se expresa en la demanda que, como consecuencia de dicho procedimiento, se produjo el daño del cual se derivan los perjuicios cuya indemnización se reclama, en cuanto resultó contaminada con el virus de inmunodeficiencia humana VIH. A partir de esta fecha, entonces, tendría que contarse, en principio, el término de caducidad de la acción de reparación directa formulada, que, conforme al artículo 136 del Decreto 01 de 1984, modificado por el Decreto 2304 de 1989, era de dos años contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa (...)’. No obstante, esta Corporación ha expresado, en diferentes ocasiones que, si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de éstos, debe tenerse en cuenta la fecha en

bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de éstos, debe tenerse en cuenta la fecha en la qu e se determina que el perjuicio de que se trata es irreversible y el paciente tiene conocimiento de ello. Con mayor razón, entonces, debe entenderse que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquélla en que el daño ha sido efectivamente advertido. En el caso concreto, está probado que el diario El Tiempo informó, en sus ediciones del 2, 3 y 6 de septiembre de 1993, sobre la existencia de varios casos de contaminación con el virus mencionado, por medio de transfusiones sanguíneas realizadas en la Clínica … de Bogotá, e hizo referencia, concretamente, a la sangre suministrada por un donante identificado como (…), entre enero de 1989 y septiembre de 1990, y por otro

6 Consejo de Estado Sección Tercera. Radicación número: 14749Radicado: 05001-23-31-000-2011-01974-01 (59332)

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donante, cuyo nombre no se mencionó (prueba 1.10.). Est á acreditado, además, que la señora (…) se practicó la prueba respectiva el 8 de septiembre de 1993 (prueba 1.4.) -esto es, pocos días después de la publicación de la noticia -, y que su resultado –‘POSITIVO para VIH’- le fue comunicado el día 13 siguiente. De ello puede inferirse que, efectivamente,

septiembre de 1993 (prueba 1.4.) -esto es, pocos días después de la publicación de la noticia -, y que su resultado –‘POSITIVO para VIH’- le fue comunicado el día 13 siguiente. De ello puede inferirse que, efectivamente, como se expresa en la demanda, fue en razón de la publicación de prensa que la señora (…) pensó que ella podía ser una de las personas afectadas y procedió a practicarse la prueba. Se concluye, así, que la citada señora sólo tuvo conocimiento de su enfermedad en la última fecha indicada, a partir de la cual comenzó a correr el término de caducidad de la acción”7.

12.3.- En otras decisiones, como en la sentencia del 15 de noviembre de 2015, radicado interno 35714 8 , se ha señalado que , aunque los efectos del acto quirúrgico permanezcan en el tiempo, el término de caducidad se cuenta desde el día siguiente al hecho que lo generó, pues -de lo contrario - en eventos de secuelas de carácter permanente no operaría el fenómeno de caducidad. En ese caso como los perjuicios alegados se imputaron a una falla en ese procedimiento, el conteo se inició desde que se practicó la cirugía. Al respecto, esta sección señaló:

<<4. El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. (…)

definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. (…) Ahora, se desestimó la excepción de caducidad formulada porque el daño alegado era permanente o de tracto sucesivo. La Sala se aparta de este criterio, porque el daño fue instantáneo, pues se consolidó con la intervención quirúrgica.

La Sala tiene determinado que, aunque los efectos del daño se prolonguen en el tiempo, el término de caducidad empieza a correr desde el día siguiente al hecho que lo generó, pues -de lo contrario - en eventos de secuelas de carácter permanente no operaría el fenómeno de caducidad:

El término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efe